Tres meses después de conocida una conversación telefónica efectuada en la oficina de la rectoría de la universidad, entre el rector de la Universidad Industrial de Santander (UIS), Jaime Alberto Camacho Pico, y un personaje paramilitar llamado Félix, para efectuar el plan pistola en la Universidad, la situación en dicha Alma Máter tiende a agudizarse debido a las irrisorias explicaciones que ha dado la administración universitaria por estos deplorables hechos.
El pasado 10 de junio, en horas de la noche, el “Consejo Académico” de la UIS decidió cancelar el semestre académico en la sede central y la facultad de salud, argumentando las continuas interrupciones de la actividad académica de la universidad. Esta decisión fue tomada luego que los estudiantes, en un acto de rechazo rotundo a la actual administración universitaria y exigiendo una explicación seria y contundente respecto a la conversación del señor rector Jaime Alberto Camacho Pico y un paramilitar conocido como Félix, levantaran un muro en la entrada del edificio administrativo de la universidad. Esta acción fue en acatamiento de la decisión de la asamblea general de estudiantes de impedir el acceso a la universidad del rector y su cuerpo directivo.
Al día siguiente, cerca de 1000 estudiantes se agruparon en las afueras del campus universitario para efectuar una marcha por las principales calles de la ciudad de Bucaramanga como un acto de protesta frente a la cancelación de semestre. En un acto sin precedentes en la historia del movimiento estudiantil, 19 estudiantes de la Universidad Industrial de Santander decidieron ocupar de manera pacífica la Catedral de la Sagrada Familia y cerca de 500 integrantes de la comunidad universitaria, con padres de familia, trabajadores, estudiantes, profesores y miembros de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos resolvieron acompañarlos en el parque Santander en pleno centro de la ciudad de Bucaramanga. Ya el día 10 de junio, de forma sorprendente, los miembros del “Consejo Académico” de la Universidad Industrial de Santander habían sido sacados y literalmente expulsados del campus universitario por estudiantes de dicha universidad.
“Ya era tiempo de sacar a estos sinvergüenzas que tanto daño le están haciendo a la academia y a la ciencia”, replicaba un grupo de estudiantes, mientras otros decían: “Ahora los estudiantes los expulsamos a ustedes, pues no son dignos de estar en la UIS”.
El actual conflicto
La gran mayoría de universidades públicas en Colombia no solo tienen que afrontar el problema de la autofinanciación de sus recursos, sino que además se están viendo en la obligación de aceptar al candidato que el gobierno nacional desea instaurar por secula seculorum en cada uno de los cargos de la rectoría, argumentando que son personas con un excelente Curriculum Vitae y que proceden de las familias más prestantes de la región. Es decir, hay que dejar un buen mayoral en estos centros académicos en aras de seguir controlando a estas instituciones. No podemos olvidar que desde las altas esferas del gobierno existe ese incendiario discurso apoyado en la falsa premisa que las universidades públicas son focos de terroristas y que allí hay personas apátridas que son peligrosas para la dadivosa política de la Inseguridad “democrática”
Desde el pasado 6 de mayo, el estamento estudiantil de la UIS viene exigiendo el retiro inmediato de Jaime Alberto Camacho Pico y de su gabinete rectoral que hace presencia en el mal llamado “Consejo Académico”. Desde que se hizo pública la grabación de la conversación, los argumentos planteados por la administración universitaria han sido demasiado vagos, y el directamente implicado en los hechos no ha tenido la noble intención de dar explicaciones a la comunidad universitaria para tratar de calmar los ánimos de las partes en conflicto. Dicho gabinete está conformado por un director de planeación, 3 vicerrectores y una secretaría general, los cuales imponen y nombran de forma ilegítima a 5 decanos y un director de escuela, sin consentimiento alguno por parte de la comunidad universitaria.
La situación de inseguridad para trabajadores, profesores y estudiantes se enmarca en un contexto deplorable y en una serie de hechos muy cuestionables. Hechos que están acompañados de la anulación de cualquier espacio de disenso al interior del Alma Máter, rayando al punto de posesionar un régimen autoritario que desconoce espacios democráticos como la asamblea general estudiantil.
Respuestas de la rectoría a las protestas
Como respuesta para solucionar los justos reclamos de los estudiantes y en aras de mantener el control sobre la situación que se estaba presentando en la universidad (Asambleas por facultades, desobediencia académica, marchas pacíficas, pupitrazos, actos simbólicos), el señor rector decidió salir de la ciudad rumbo a Bogotá y darse una licencia vacacional para asesorarse de un grupo de abogados, y de esta forma sortear el problema de gobernabilidad. Dicha licencia fue auspiciada por todos los miembros de su Consejo “Académico”, los cuales le dieron su respaldo en varias ocasiones en pronunciamientos públicos, donde resaltan la alta capacidad de gestión del señor Camacho Pico, dejando a un lado la formación integral que debe tener un funcionario público, en especial un rector de una universidad estatal en la que su representante legal y su cuerpo directivo se deben destacar por alta formación académica, ética y humanística, en concordancia con la misión y visión de la universidad.
Un segundo intento para acallar las voces de protesta que crecían de manera exponencial en nuestro claustro, con resonancia local y nacional, fue intentar ponerse como víctima por tan vergonzosos hechos. En un pronunciamiento público, Jaime Alberto Camacho expresa: “Es importante informar que en días previos a la fecha límite de inscripción como candidato a rector, recibí varios mensajes que sugerían desistir de mi aspiración en dicho proceso, por la existencia de una grabación”.
Hay un tercer intento para dilatar las protestas que cada vez tenían más miembros de la comunidad universitaria empoderada de la situación y, por tanto, consciente de las consecuencias que puede tener la presencia del paramilitarismo en las universidades públicas. El día viernes 29 de mayo, en el periódico local El Frente, se afirma lo siguiente: “El rector, acompañado por miembros de la Fuerza Pública, coordinó con el jefe de Comunicaciones de la UIS, para que hiciera la grabación y la guardara”. Pero este hecho fue desmentido en una carta enviada al periódico por la misma directora de comunicaciones de la UIS, Johanna Delgado Pinzón, que dejó claro que dicha coordinación no se presentó y tampoco la acción de custodiar o guardar algún registro de audio. Por otro lado, ningún organismo de seguridad del Estado ha certificado que efectivamente el señor rector se encontraba con miembros de algún ente de seguridad que lo estuviera asesorando en la tarea de grabar dicha conversación, y tampoco han corroborado que se tratara de una operación encubierta, como ha pretendido la dirección de la universidad.
Posteriormente, los periodistas que trabajaban en el área de comunicaciones y televisión de la UIS hicieron pública las intenciones de un grupo de directivos de la universidad para que grabaran a estudiantes que participaran en manifestaciones, protestas, asambleas, reuniones informativas durante el segundo semestre del 2007 (tiempo por el cual se efectúa el dialogo entre el rector y el jefe paramilitar) con el único objetivo de utilizar dicho material para judicializarlos.
La política de instalación de cámaras de vigilancia en lugares estratégicos donde se efectúan asambleas estudiantiles, reuniones de profesores y trabajadores es ya oficial, solo basta con detenerse y mirar de forma detallada lo que hay alrededor de los sitios donde se congregan los estudiantes. El incremento injustificado de la vigilancia privada en la Universidad llegó a tal punto que la última contratación con la empresa TECNISEG rondó los 1700 millones de pesos, notándose un aumento de 500 millones respecto a la contratación inmediatamente anterior.
Es importante resaltar que los integrantes de la vigilancia privada son utilizados para realizar seguimientos a los miembros de la comunidad universitaria, y además son ellos los únicos testigos fidedignos en las investigaciones disciplinarias que adelanta la universidad contra estudiantes, profesores y trabajadores; sus declaraciones han sido un sustento para que el policíaco Consejo “Académico” emita sanciones en las cuales se encuentran 2 estudiantes expulsados, 7 con cancelación temporal de la matrícula y más de veinte con matrícula condicional.
El apoyo a los estudiantes en su lucha
La ocupación pacífica de la Catedral de la Sagrada Familia y del Parque Santander por parte de los estudiantes y padres de familia de la UIS recibió un amplio respaldo de organizaciones sociales, comités jurídicos de la ciudad, sindicatos de trabajadores, colectivos de abogados, organizaciones estudiantiles nacionales y de fuera del país como Ecuador y Dinamarca, La Asamblea Departamental de Santander, y de la comunidad santandereana, en general.
El intento de cancelar el primer semestre académico del 2009 se le fue desmoronando al “Consejo Académico”, desde que más de 800 tutelas fueron interpuestas por miembros de la comunidad universitaria entre los días 16 y 17 de Junio. Era grato ver como padres de familia y estudiantes acudían al Palacio de Justicia de Bucaramanga para presentar acciones de Tutela contra la Universidad Industrial de Santander, solicitando la protección de derechos fundamentales como la educación, libre desarrollo de la personalidad e igualdad, libre escogencia de profesión, debido proceso, y mínimo vital.
Por su parte, la comisión de derechos humanos de la cámara de representantes, en cabeza de su presidente Germán Reyes, pidió la renuncia inmediata del rector de la UIS, al afirmar que había argumentos suficientes para separar del cargo al señor Jaime Alberto Camacho. Igualmente Iván Cepeda, del Movimiento de víctimas de crímenes de estado-MOVICE, dio un respaldo pleno al movimiento estudiantil que exige la salida de Camacho Pico y de su gabinete.
La intervención de la gobernación
Sorprendentemente, el Gobernador, y presidente del Consejo Superior de la Universidad, Horacio Serpa, citó al viceministro de educación para efectuar una reunión con padres de familia y voceros estudiantiles. De dicha reunión le quedó claro al delegado del ministerio de educación que es necesario el retiro inmediato del rector y que deben existir garantías mínimas para que los estudiantes regresen a sus clases, tales como permitir la reforma al estatuto general de la universidad y no efectuar procesos disciplinarios a los estudiantes que vienen trabajando y acompañando este proceso de lucha.
Cabe destacar que, gracias a la presión ejercida por las distintas organizaciones sociales y acatando algunas exigencias de la comunidad universitaria, el gobernador Horacio Serpa, en un Consejo Superior extraordinario, sugirió la no permanencia del señor rector en el cargo y revocar el acuerdo por el cual se cancelaba el primer semestre del 2009. Como era de esperarse, los integrantes del Consejo Superior solo coincidieron en solicitarle al denominado Consejo Académico revocar dicho acuerdo en el cual cancelaban el semestre. Es decir, el Gobierno nacional, a través del Consejo Académico de la UIS donde tiene dos representantes que marcan los lineamientos de la Universidad, insiste en mantener a su anacrónico y belicista rector. El gobernador de Santander, finalmente, es muy poco lo que puede hacer cuando toma una posición contraria a los demás miembros del Consejo porque son siete votos de consejeros que tienen relación directa con el gobierno nacional.
Hasta la salida del rector Camacho Pico
La entrega de la Catedral de la Sagrada Familia se hizo el 23 de junio, 13 días después de haberse efectuado la ocupación pacífica de dicha Catedral; el parque Santander también fue entregado a la comunidad santandereana. Delegados de la defensoría del pueblo, secretaría de gobierno y organismos de derechos humanos hicieron parte de la comisión encargada de la verificación del buen estado en que se entregó la Catedral y el Parque. El triunfo de retomar el semestre académico después del 15 de julio se debe a la presión ejercida por la sociedad santandereana, la cual no solo se identificó con nuestra lucha, sino que además, por primera vez, centró la mirada en estos universitarios, jóvenes comuneros que seguirán luchando por una universidad crítica, pluralista e incluyente, demostrándonos que son las mayorías nacionales y no la oligarquía las que deben esbozar el futuro de la nueva Colombia.
En este sentido, llamamos a los sectores progresistas del país, a los colectivos de trabajo del departamento, organizaciones defensoras de derechos humanos, a los sectores sindicales y estudiantiles a hacer uso de ese compromiso político y ético que nos ha unido: La defensa de la vida y de la autonomía de la universidad por encima de cualquier interés politiquero mercantilista.