A propósito de la polémica sobre la emergencia social declarada por el gobierno para hacerle frente a la crisis de la Salud, hablamos con el doctor Germán Reyes Forero, ex-presidente de la Asociación médica- Asmedas y actual representante a la Cámara, quien nos ilustra a propósito de los antecedentes y las consecuencias de la emergencia.
Según el representante a la cámara por Antioquia, la declaratoria de emergencia social por parte del gobierno tiene varios antecedentes: Primero, la población viene confrontando a las aseguradoras con la exigencia de los tratamientos y medicamentos por fuera del POS, a través de tutelas. Esto llevó a la sentencia de jurisdicción de la Corte Constitucional en 2008, en donde se redefine el criterio del derecho a la salud; ya no es sólo relacionado con el derecho a la vida, sino que se entiende como un derecho esencial y fundamental de la población. El segundo antecedente tiene que ver con la discusión que se dio en el Congreso de la República en torno a la necesidad de la reforma a la ley 100 de 1993. Y uno más tiene que ver con varias discusiones dadas al interior del Congreso de la República y específicamente en un foro convocado por el representante Germán Reyes a dónde concurrió el ministro de protección social, los prestadores de servicio de la salud y los trabajadores de la salud y la asociación nacional de clínicas y hospitales.
En ese foro, según el doctor Reyes, se develó la situación financiera de la red pública y la red privada prestadoras de servicios de salud, que tenían una cartera de 3,7 billones de pesos, de los cuales 1,7 billones eran de la red pública hospitalaria y 231 mil millones de pesos de la red pública del departamento de Antioquia. Pero lo más grave es que el 46% de esa deuda está a más de un año, lo cual implica que los hospitales están en situación de iliquidez.
El otro antecedente es la situación de los departamentos a de raíz dos leyes que se aprobaron en el Congreso de la República. Primero, la ley de transferencia que le quitó dinero a los departamentos y a los municipios. El segundo hecho es que a los municipios y departamentos les sacaron dinero de sus fondos de salud para cofinanciar los carné del primer nivel de atención que antes estaban única y exclusivamente a cargo del Fondo de Solidaridad y garantías- FOSYGA. A los departamentos les quitaron plata para responder por las atenciones de los pacientes de segundo, tercero y cuarto nivel del SISBEN y a quienes no tenían el SISBEN. “Es decir, desfinanciaron a los departamentos para responder por las atenciones de mediana y alta complejidad.
Por otro lado está la presión de las EPS, que reclaman al FOSYGA una deuda de 1.8 billones de pesos aproximadamente, según ellas por las atenciones no contempladas en el Plan Obligatorio de Salud – POS.
La emergencia social no era la alternativa
Según el doctor Reyes, en esta declaración de emergencia el gobierno nacional pasa por encima del Congreso de la República, le quita facultades legislativas y las asume para él. Además, los problemas de funcionamiento de la ley 100 de 1993 han sido crónicos, y en este caso no existía ningún hecho nuevo, por eso no se justifica que el presidente usurpe los fueros del Congreso dictando decretos ley.
Por otro lado, según el representante a la Cámara y candidato a esta misma corporación en las próximas elecciones, el gobierno tenía otras alternativas, como disponer de recursos del presupuesto nacional para igualar los planes de salud. “Además- dice el congresista-, yo hice la propuesta para sacar el 20 o 30% del impuesto al patrimonio, aprobado ya por el Congreso de la República, para financiar eso y el gobierno respondió que era prioridad la seguridad democrática”. Lo que hizo el gobierno fue apropiar 300 mil millones de pesos del presupuesto nacional para igualar los planes de salud hasta las personas mayores de 12 años.
“La otra alternativa – explica el doctor Reyes- era la propuesta del Polo Democrático Alternativo de derogar la ley 100 y hacer una nueva ley. Que sacáramos los intermediarios, las EPS, para diseñar un modelo financiero y administrativo con una estructura distinta a la que hoy existe. El gobierno nacional dijo que no aceptaba esa propuesta porque implicaba indemnizar a las EPS. Yo dije que eso se daría siempre que las EPS demostraran que sacaron recursos propios para armar estructuras propias o para armar todo el plan administrativo. Pero es evidente que las EPS han hecho estructuras, se han capitalizado, se han enriquecido con base en los recursos que eran para los usuarios, por eso niegan servicios”. Según el doctor Reyes, existen pruebas de que las EPS están ganando cerca del 25 al 30%, en detrimento del servicio brindado a los usuarios. Por tanto, prescindiendo de su trabajo, el Estado estaría ganando el 25 o 30% para dar cumplimiento al fallo de la Corte.
Consecuencias desastrosas
El representante Germán Reyes asegura que los decretos de emergencia social no sólo son arbitrarios, sino que van en contravía de los fallos de la Corte Constitucional porque reducen el plan obligatorio de salud del régimen subsidiado, reducen el Plan de Salud Obligatorio a solamente las actividades del primer nivel de atención. Todo lo que sea de mediana y alta complejidad sale del Plan Obligatorio de Salud para convertirse en un nuevo concepto de Prestaciones Excepcionales de Salud. Para que la gente pueda acceder a estos servicios tendrá que comprarle a la EPS una póliza adicional con carga al bolsillo de los contribuyentes, o recurrir a los fondos de cesantías, que antes solo se podían retirar para educación o vivienda. Si no tiene cesantías tiene que ir al sistema bancario para que le preste el dinero correspondiente, en contrario, no será atendido.
“Lo más grave- explica el doctor Reyes- es que las personas que están afiliadas al régimen subsidiado- Sisbén, que antes se atendían por fuera del Plan de Salud con dineros de los departamentos o con dineros del FOSYGA, ahora están condicionados a que esos dineros existan, si no, están condenados a muerte. Porque el gobierno nacional dice en sus decretos que la tutela sólo se podrá interponer sobre el nuevo Plan Obligatorio de Salud. Las enfermedades que requieran atención especializada tendrá que pagarlas el enfermo. Pacientes que requieren diálisis, pacientes con hemofilia, con VIH o transplantados, quedarán desprotegidos, porque el gobierno prefiere invertir plata para la guerra y no en la salud”.
Según esto, los decretos emitidos al amparo de la emergencia social no son una solución a la crisis, sino más bien un golpe certero que dan a los usuarios, a la red pública y a la red privada hospitalaria y a los médicos en particular. Un médico que formule por encima del Plan Obligatorio de Salud nuevo se considera que está atentando contra la seguridad financiera del sistema y es objeto de proceso disciplinario a cargo del tribunal de ética médica. Y susceptible de multa hasta de cincuenta salarios mínimos. Así las cosas, como dice el doctor Reyes, “Sólo el pueblo, mediante una gran movilización y una lucha sin tregua, logrará reversar las tropelías de un gobierno que favorece excesivamente a los ricos, negando prácticamente el acceso a la salud de la inmensa mayoría de colombianos”.