En diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional de Rumania anuló los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, ganadas por el ultranacionalista Calin Georgescu. La decisión fue tomada debido a un ataque cibernético orquestado por Rusia en favor del ganador. Según las investigaciones de los servicios de inteligencia, fueron creadas más de 25.000 cuentas en la red social de TikTok para promover al extremista Georgescu.
Lo de Rumania se ensayó y se avisó varios años antes. En 2018, el mundo se enteró de que Cambridge Analytica, una empresa británica especializada en la minería de datos y la comunicación estratégica con fines electorales, recopiló sin consentimiento los datos de más de 50 millones de usuarios de la red social Facebook. La información robada fue utilizada para crear perfiles psicológicos y focalizar publicidad política personalizada que alentara los votos en favor de Donald Trump y el Brexit en 2016.
A casi 10 años de este experimento inédito en la contienda democrática, cada vez son más los expertos en la materia y antiguos empleados de compañías tecnológicas que alertan sobre el peligro que representan las redes sociales y la inteligencia artificial para las frágiles democracias occidentales. En febrero de 2026, salieron a la luz los resultados de una investigación hecha por la revista Nature, que después de analizar 4.956 perfiles de la red social X (antes Twitter) concluyó que el algoritmo de la plataforma estaba diseñado para darle mayor difusión al contenido con posturas de derecha, y a fomentar que los usuarios siguieran cuentas de orientación conservadora. Respecto a la inteligencia artificial, investigadoras de la Universidad de Los Andes y de Quantil demostraron en un estudio que las respuestas de chats de inteligencia artificial como Gemini, Claude, Deepseek, Meta, Lexi y GPT-4o reproducen estereotipos de género, clasismo, racismo y xenofobia.
Existe información de sobra para afirmar que las grandes tecnológicas y las plataformas sociales no son neutrales y sus algoritmos se han convertido en árbitros capaces de inclinar la balanza de los relatos que se disputan en la batalla de ideas. La minoría más rica en la historia de la humanidad tiene el poder de regular editorialmente la dieta informativa y la opinión pública. Redes como X, Instagram, Facebook y Tik Tok han bloqueado actores sociales y políticos, a la par que amplifican la circulación de otros. En época de elecciones, sus propietarios han denigrado candidatos que no son de sus afectos y han manifestado su apoyo abierto a líderes de extrema derecha. Además, la realidad demuestra que hay mayor promoción del contenido de activistas y se opaca el de los medios de comunicación, lo que aumenta las probabilidades de que la ciudadanía esté influenciada por fuentes de desinformación.
Los marcos institucionales de nuestras democracias no previeron la amenaza, ni cuentan con las herramientas legales para ponerle freno al poder de las plataformas. Algunos países han empezado a impulsar regulaciones que sienten un precedente. En nuestro país, la Fundación Karisma identificó que para la legislatura 2023-2024 se presentaron 54 proyectos de ley con menciones a la tecnología, mientras que para la legislatura 2024-2025 fueron 75 proyectos de ley sobre temas diversos: inteligencia artificial, ciberseguridad, ciberdelitos, protección de datos e identificación, violencia de género digital, entre otros. En su análisis, la fundación concluye que la cantidad de iniciativas fragmentadas son incompatibles con la articulación institucional; que se quieren importar modelos normativos sin considerar la realidad colombiana; y que las problemáticas que se pretenden abordar carecen de un enfoque integral en temas como la protección de datos y la regulación de la inteligencia artificial.
Si los algoritmos no premiaran los discursos negacionistas, machistas, racistas, xenófobos y fascistas que creímos que habían quedado en el pasado, Latinoamérica no sufriría la gobernanza de los bukeles, los mileis y los bolsonaros, mandatarios que sin sonrojarse han incentivado el odio por aquel que es diferente y han manifestado su desprecio por los derechos humanos y las mínimas reglas democráticas.
Probablemente, la próxima vez que circule este periódico, Colombia ya tendrá nuevo presidente. Con el abanico de aspirantes mucho más claro, ya empiezan a tomar forma las campañas de odio y de desinformación que se propagan, sobre todo, a través de las redes sociales. En un país que parece acostumbrado a campañas sin propuestas novedosas, plagadas de discursos simplistas, torpes, y de falsas afirmaciones que ambientan y justifican posibles actos violentos contra aquellos que supuestamente son un peligro para “los valores de la sociedad”, resulta urgente una regulación estructural que ponga límites a la injerencia que tienen las tecnologías y las plataformas en nuestros resultados electorales. Y en lo particular, la realidad le exige a Iván Cepeda y su equipo que diseñen una estrategia comunicativa para que el país conozca a fondo las propuestas del candidato sobre este y los demás asuntos que componen su programa político; y que además sirva para contrarrestar las estrategias mediáticas en su contra, pues es peligroso el triunfalismo que siente una parte de la izquierda con las recientes encuestas.
