En el tercer consejo de ministros televisado, el presidente Gustavo Petro hizo un examen público de lo que su gabinete ha hecho y planea hacer en el Cañón del Micay, territorio caucano que los grupos armados le arrebataron a las comunidades y al Estado. Los evaluados se rajaron. El mandatario le reprochó al Ministro de las TIC por entregar computadores en un territorio donde no hay conectividad, “muy chévere el negocio de los computadores, pero los niños y niñas no pueden usarlos porque no hay red”; al Viceministro de Vivienda lo interrumpió cuando anunció los 431 mejoramientos de vivienda, “no me ha entendido usted […] no necesitamos 150 viviendas mejoradas, necesitamos miles en el Micay”; al Director del Departamento para la Prosperidad Social no lo dejó ni explicar la focalización de otros 200 mejoramientos, “hermano Bolívar […] focalizar es neoliberal […] la tarea de los transformadores no es focalizar sino el derecho universal”; “como no hay presupuesto para universalizar, estamos priorizando las viviendas más deterioradas”, le respondió el funcionario. Con esas rendiciones de cuentas, Petro ha dicho que pretende ser transparente con las y los colombianos. Y en efecto ha dejado al desnudo la gran brecha que existe entre sus órdenes y lo que su gabinete es capaz de ejecutar.
El “Gobierno del cambio” no ha sido capaz de varias cosas. Entre ellas, comunicar y capitalizar sus aciertos. Por ejemplo, que el área sembrada en 2024 (5.770.866 hectáreas) y la cosechada (4.664.707 hectáreas) sea el registro más alto de los últimos 13 años; que hayamos exportado más e importado menos productos agropecuarios, alcanzando la balanza comercial más positiva de los últimos cuatro años; que el desempleo rural fuera de 6,4 %, siendo el mejor indicador de los últimos 14 años, y posicionando al sector agropecuario como la segunda fuente de empleo, por delante de sectores como la construcción, la industria y la administración pública.
Tampoco ha sido capaz de cumplir con varias de sus promesas: terminar la vía Medellín-Quibdó, construir un tren que conecte Buenaventura y Barranquilla, entregar 2,9 millones de hectáreas a campesinos, construir 26 sedes universitarias y generar 500.000 cupos nuevos de educación superior, condonar las deudas del Icetex, liberar a los jóvenes encarcelados por participar en el estallido social, solo por mencionar algunas.
Petro sabe que su salida está cerca y no le sobran cosas por mostrar. Han sido casi tres años traumáticos, incluso a un medio internacional le dijo que: “Esto es de una infelicidad absoluta. Es un sacrificio”. Su plan inicial salió mal. Pensó que dándole cuotas a la derecha y al establecimiento, podría desarrollar su agenda progresista. Pero el tiempo, y los hechos más recientes, le demuestraron que ni con clientelismo la oligarquía empresarial y política permitirá las transformaciones que reclamaron millones de colombianas y colombianos.
Sin tiempo ni margen de maniobra, el presidente luce impotente y descuadernado. Primero, aseguró que si no queríamos ver el ascenso de la peor de las derechas, la izquierda radical debía renunciar a su sectarismo y tranzar con el gatopardismo de la progresía. Luego, al mejor estilo de Álvaro Uribe Vélez, señaló y criminalizó a las organizaciones sociales del Catatumbo, las que lo ayudaron a llegar al poder, afirmando que estaban “permeadas y subordinadas a las armas”.
Ahora, Petro anuncia una consulta popular y vuelve a pedirle al movimiento obrero, indígena, campesino y estudiantil que se movilice en la calle y en las urnas para salvar sus reformas; consulta con la que, de manera solapada, quiere lanzar un anzuelo para saber quiénes se sumaran a su “Frente Amplio” en las próximas elecciones presidenciales.
Aunque no sea su principal característica, si de verdad es tan revolucionario, Petro debe hacer una autocrítica. Una de sus principales banderas, la paz, se estrelló con su enfoque y sus formas. Difícil será superar el conflicto armado sin antes construir un movimiento por la paz que luche por la profundización de la democracia, la redistribución de la riqueza, la reforma agraria y las transformaciones económicas, políticas, ambientales, sociales y culturales. Pero esa agenda solo será posible con las organizaciones populares, mas no con la derecha santista que ha truncado los cambios.
También le corresponde al movimiento social reflexionar si su aterrizaje multitudinario en el primer gobierno progresista de Colombia sirvió para profundizar el autogobierno popular y sus apuestas, o si, tal como sucedió en otros países del continente, fue víctima de la cooptación institucional, el aplauso fácil, la renuncia a su horizonte anticapitalista y la aceptación del Estado como límite de toda acción política. Habrá que tener madurez política para asimilar los pasos dados en falso y las críticas justas. Pero a pesar de los errores, que los hubo, si hay alguien con quien debe intentar el cambio es con la izquierda.
