El comportamiento de los medios masivos de comunicación en Colombia frente a los temas políticos y económicos es un buen indicador para medir el compromiso de la burguesía con el gobierno. Después que se ofrecieron como maquilladores para engrandecer la figura de un político de provincia y promoverlo como un Mesías que salvaría la patria, librándola del flagelo de la guerrilla convertida en terrorista;
después que se ofrecieron como tapete absorbente para sostener su figura impoluta durante ocho años, a pesar del sinnúmero de escándalos políticos impresentables en que se vio envuelto, hoy parecen inclinarse hacia un lado distinto. El afecto de los medios, según revela su posición frente a las últimas jugadas políticas del presidente Uribe Vélez, parece disminuir cada vez más rápido. Ello no puede leerse sino como un cambio de estrategia de la burguesía colombiana y transnacional dueña de estos grandes medios para preservar el enorme poder político y económico acumulado durante estos años de gobierno contra los pobres.
No hay nada realmente novedoso en los últimos acontecimientos políticos protagonizados por el gobierno. Los medios hoy se aceleran a entrevistar a los opositores de la emergencia social que posibilitó la expedición de los decretos supuestamente para salvar la crisis de la salud, y hacen todo lo posible por magnificar la crítica y el despropósito del gobierno con estos decretos. Pero el sistema de salud en Colombia siempre ha sido precario. Y el golpe de gracia no se lo acaba de asestar el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con la declaratoria de esta emergencia social sino que se lo propinó el mismo personaje en 1993, cuando era senador de la República y se sacó de la manga la famosa ley 100, que logró convertir la salud de los colombianos en un jugoso negocio, fuente de enriquecimiento de los viejos y los nuevos gamonales. Y en ese entonces poco chistaron los medios, apenas sí atendieron la algarabía desordenada de las centrales obreras.
Es más, este mismo personaje acabó de hundir el banderillazo sobre el lomo de los colombianos cuando a inicios de su segundo periodo de gobierno propuso una reforma a la ley 100 para atar los pocos cabos que le habían quedado sueltos. La aplanadora uribista en el congreso la aprobó a pupitrazo limpio, con miles de trampas para evadir el debate que la oposición reclamaba. Y los medios masivos ni se inmutaron, apenas pasaron el asunto como una noticia más.
Lo mismo puede decirse de su propuesta de construir un contingente de informantes en los planteles educativos con un sueldo de cien mil pesos mensuales. El mismo presidente en su burda simpleza ha respondido que la propuesta fue presentada en su programa de gobierno en las campañas electorales, donde insistía en sostener la política de seguridad democrática en un ejército de informantes, lo cual ha cumplido al pie de la letra. Los medios privados y masivos que hoy se ruborizan ante tal despropósito, y abren sus cámaras y micrófonos para que los críticos se desahoguen son los mismos que han fungido como caja de resonancia del gobierno en los partes de guerra, exhibiendo las capturas masivas realizada con base en montajes y testimonios falsos de estos informantes; son los mismos que han guardado silencio cuando, al cabo de seis meses o menos, estos detenidos recuperan su libertad por falta de pruebas.
Y la Corte Constitucional ahora se debate frente a la constitucionalidad o no de una segunda reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez, partiendo de una propuesta del magistrado Sierra Porto para negarla. Es la misma Corte Constitucional que no encontró ningún reparo en la primera reelección de Uribe, a pesar de todas las sombras que se cernían sobre su trámite en el Congreso; a pesar de estar demostrada la presión paramilitar en varias regiones del país para votar a favor de Uribe con lo cual se cuestionaba la legitimidad del propio presidente en el primer periodo; a pesar de las pruebas fehacientes de intervención de los ministros de cabecera manipulando el Congreso. A pesar del cohecho comprobado.
Difícil creer en una toma súbita de conciencia en los medios masivos y en sus dueños, y más difícil aceptar la actitud de la Corte como un repentino compromiso con el país. Todo apunta más bien a que la burguesía ha decidido que Uribe no va más. Pero no en una retaliación contra Uribe sino más bien porque para ella, la burguesía, el gobierno de Uribe ha realizado la tarea que tenía encomendada. Durante ocho años ha gobernado para fortalecer el poder del sector financiero y para el posicionamiento de los nuevos ricos en el espectro de la élite nacional y el reposicionamiento de los terratenientes legalizando la contrarreforma agraria realizada por los paramilitares en su favor. A todo ello hay que sumarle la supuesta disolución de las autodefensas y la construcción de un aparente escenario de paz y orden, no solo en materia de orden público sino sobre todo en el aspecto jurídico para garantizar la acumulación sin medida de capital de las grandes corporaciones, nacionales y transnacionales.
Pero no se piense que esto marca un punto de inflexión y que a partir del próximo gobierno empezará un proceso de democratización de la sociedad colombiana en un marco de justicia social, donde las desigualdades exacerbadas por los dos períodos de Uribe se reviertan. Es todo lo contrario. Uribe ha consolidado el proceso de derechización de Colombia y su modelo neoliberal, ha entregado definitivamente la soberanía a los intereses norteamericanos y ha abierto una herida tremenda en el territorio nacional con las bases militares entregadas al Águila del norte para que sobrevuele y meta en cintura los países del sur que han osado sacudirse su tutela. Uribe ha convertido a Colombia no solo en la punta de lanza de la contrarrevolución bolivariana sino en modelo a seguir en el nuevo escenario de recolonización de América Latina inaugurado con el despliegue de la cuarta flota imperial y seguido con el golpe de estado en Honduras, la ocupación militar de Haití y la diseminación de bases militares gringas en Colombia y Panamá, y que tiene como objetivo final frenar el proceso revolucionario en Venezuela, Ecuador y Bolivia y cualquier intento de otros países de acercarse a este sueño.
Como decíamos en el editorial pasado, ninguno de los candidatos a la presidencia de Colombia presenta una alternativa a Uribe, todos ellos aspiran a perpetuar la abyección y el arrodillamiento ante Estados Unidos. Por eso la mejor respuesta de los movimientos populares será la abstención masiva. Pero no puede quedarse allí, porque en el fortalecimiento de la organización popular en Colombia y de su construcción social y política no depende solo Colombia sino toda América Latina.