En 1977, La American Internacional Gold Mines, empresa norteamericana que le había comprado a la Frontino Gold Mines su derecho de explotación en las minas de Segovia, acosada por las presiones de los grupos insurgentes de la región y por la beligerancia de uno de los sindicatos más combativos en la historia de Colombia, decidió abandonar aquí sus negocios. En un documento notariado en Nueva York, dejaba la empresa a trabajadores y pensionados como pago de sus acreencias con ellos. Paradójicamente, a febrero de 2011, la empresa aún no es de los acreedores, y en un acto de malabarismo jurídico, el Estado está a punto de subastarla a una empresa transnacional.
La empresa norteamericana, desde que compró, nunca cotizó para salud ni pensiones de los trabajadores. Al irse del país dejaron la empresa prácticamente botada. “Dejaron las minas sin reservas, sin maquinarias, sin repuestos, sin reservas de mineral, varias minas ahogadas, inundadas, sin bonos pensionales”, comenta Mario Piedrahita, uno de los trabajadores, que estuvo en la parte de dirección.
Pero al menos reconocieron la deuda con los trabajadores y pensionados, al mismo tiempo que reconocieron que no tenían con qué pagarles. En una reunión sostenida en un notariado de Nueva York con el director de la Superintendencia de Sociedades, el cónsul y el Ministro de Trabajo, firmaron un documento en el que se decidía que la empresa entrara en concordato durante el siguiente año, a fin de conformar un fondo de pensionados para asegurar el futuro de los jubilados y los trabajadores retirados forzosamente. Después la empresa debía pasar a manos de trabajadores y pensionados. Allí nombraban como directivo transitorio, durante el periodo del concordato al señor Hernando Franco Idárraga.
El concordato, que estaba planeado por un año, fue prorrogado, sin embargo, periodo tras periodo, con la firma de los dirigentes sindicales de entonces, hasta que completó la bobadita de 27 años. “Yo no creo que los dirigentes sindicales hayan actuado de mala fe- opina Mario Piedrahita-. Simplemente los administradores hicieron muy bien su trampa. Les decían a los sindicalistas que ellos no podían recibir la empresa, ya que estaban muy estigmatizados. El gerente los convenció de que si se empeñaban en que les devolvieran la empresa, lo primero que iba a hacer el Estado era prohibirle al ejército que les vendiera dinamita con la falacia de que era para la guerrilla”.
¿Y para quién, entonces, administraban estos señores, si ya no tenían que rendirle cuentas a los anteriores dueños, y tampoco lo hacían a los trabajadores y pensionados? Pues para ellos, y el pequeño grupo selecto que los rodeaba. Siempre con la complicidad y la anuencia de la Superintencia de Sociedades, contrariando su función de vigilar que el concordato efectivamente sirviera para conformar el fondo de pensionados.
El problema es que el documento en el que estaba la firma del presidente de la American International Gold Mine, del Superintendente de Sociedades y el Ministerio del trabajo permaneció oculto durante muchos años para el grueso de los trabajadores. Hasta que a mediados del año 2000, los trabajadores empezaron a meterse a la superintendencia regional para revisar los expedientes del concordato de La Frontino, para ver finalmente cómo se manejaban los acuerdos concordatarios. Fue ahí cuando descubrieron la escritura pública que se firmó en Nueva York ante el notario Antony Ansalone.
En ese documento del 6 de marzo de 1977 oficialmente se liquidaba la Frontino Gold Mines y todos sus bienes pasaban en dación de pago a sus empleados y pensionados. Ni Franco Idárraga ni la Superintendencia protocolizaron el documento en Colombia y, por el contrario, lo mantuvieron siempre oculto.
La estratagema de la liquidación
Entre tanto, y sin que las cosas hubieran cambiado mucho, el gobierno de Uribe Vélez decidió que era hora de ponerle fin al concordato y liquidar la empresa. Dicha liquidación empezó en septiembre de 2004, con el señor Daniel Lacotur. Pero ¿liquidación de qué?, se preguntan los acreedores de la empresa, pues la Frontino Gold Mines ya había sido liquidada en 1977, y según esa liquidación sus bienes debían entregarse en dación de pago por las acreencias de la empresa con trabajadores y pensionados.
El argumento del gobierno era precisamente que el concordato no había cumplido con su propósito: formar y consolidar un fondo de pensiones para los pensionados de la empresa minera, y eso era cierto. Pero ¿tenían que pasar 27 años para que se dieran cuenta de esto? En realidad, los gerentes de la empresa durante el concordato nunca tuvieron como intención conformar dicho fondo. La prueba es que hoy, después de tantos años, el Fondo de Pensionados, Fonmineros, apenas cuenta con 45 mil millones de pesos para atender a más de 1500 pensionados.
Y eso que después de la retirada de los empresarios norteamericanos se produjo un boom en el precio del oro. Históricamente hasta entonces el precio del oro se había mantenido alrededor de 34 dólares la onza. Y de pronto empezó a subir hasta que alcanzó un precio de 245 dólares la onza, eso entre 1976 y 1980. Entonces, según cuentan los pensionados, la empresa empezó a gastar como loca. “Los administradores arreglaron sus casas y convirtieron su club en uno de los mejores de Colombia. Los gerentes supieron hacer sus cosas: hubo años en que se pagaron hasta 24 sueldos por las bonificaciones. Y entonces los trabajadores estaban contentos. Aunque de fondo de pensiones, nada”.
Pero tampoco Uribe estaba interesado en la conformación del fondo, y eso se dejó ver muy pronto. Y es que también esta es una época de boom histórico en el precio del oro, lo que hace tremendamente rentable el negocio en las minas de Segovia, una de las de mayores reservas auríferas del mundo. Hoy la onza de oro se cotiza alrededor de los 1400 dólares, cosa que hace muy atractiva la empresa para el capital transnacional.
Hoy por hoy, y desde agosto del año pasado, la empresa es administrada por la Sandor Capital, filial de la Medoro Resources, y es una de las empresas fachadas manejadas por el grupo de la familia Araujo, justamente de María Consuelo Araujo, la canciller consentida del gobierno de Uribe, que, sin embargo, tuvo que renunciar por los escándalos de su padre y su hermano acusados de vínculos con los paramilitares. Parece que el acuerdo entre la Sandor y la superintendencia de sociedades se fundamenta en una promesa de compraventa con una oferta ridícula de esta compañía , que no supera los 380.000 millones de pesos, monto que desde luego no alcanza para asegurar las pensiones de jubilados y trabajadores, dado que el pasivo pensional supera los 420.000 millones de pesos.
Por lo demás, hay una presión sobre los pensionados para entregar en tiempo record una serie de papeles, supuestamente con el propósito de realizar el trámite con el Instituto de Seguros Sociales para que éste reciba a los Pensionados. Pero el propio Carlos Julio Díaz, presidente de la CUT., seccional Antioquia, quien curiosamente es el revisor fiscal de la Frontino Gold Mines, les ha advertido que no se trata de una conmutación de las pensiones con el seguro, sino que el Seguro se haría cargo solamente como administrado del fondo que se conformaría con la venta de la empresa. Eso significa, ni más ni menos, dejar a los pensionados tirados, pues nada más por la administración del fondo el seguro se cobraría 300 millones de pesos.
Cómo cae la máscara
En una visita que hizo a Segovia el entonces presidente Uribe, a mediados de su gobierno, declaró que no era necesario liquidar la empresa, ni venderla. Y entonces les propuso a los trabajadores y jubilados que consiguieran un socio inversionista, tal vez presintiendo que no serían capaces de encontrarlo. Pero lo encontraron, y rápido. Se trataba de un grupo canadiense: El Samariam Group, que ofrecía 250 millones de dólares para conmutar el fondo de pensiones, y aparte de eso ponía a disposición 100 millones de dólares más para la reactivación técnico-económica de la empresa. Las pretensiones del Samariam Group no eran comprar la empresa sino participar como socio de ella y por un periodo limitado: 10 años.
A cambio, el grupo económico pedía ser la única compradora del oro extraído de las minas de Segovia; además, solicitaba en concesión aproximadamente la mitad del total de las 25 mil hectáreas de terreno que son propiedad de la Frontino en los alrededores de la mina. La idea era una reactivación agroindustrial para la zona.
Pero ni el gobierno ni la Superintendencia quisieron escuchar la propuesta. En cambio, optaron por la venta de la empresa a la Sandor Capital, cuyo monto ofrecido ni siquiera cubre lo necesario para conmutar pensiones. “Y es que como la Samariam Group no pretende comprar- explica uno de los trabajadores-, entonces el liquidador y el superintendente se pierden la comisión, que es del 3%. Esto es un platal”.
Arremetida contra los trabajadores
Iniciada la liquidación de la empresa empezó también el golpe definitivo y brutal contra jubilados y trabajadores. Se hicieron varias masacres laborales, de las cuales la más reciente se realizó en el pasado mes de septiembre y desató una huelga tenaz de los trabajadores y un paro cívico en Segovia. Esa vez fueron despedidos más de 800 trabajadores, la mayoría de los trabajadores sindicalizados (800 personas que son dueñas de la empresa y sin embargo son despedidos por un liquidador que ni conocen).
Lo curioso es que casi a la mitad de los trabajadores despedidos los vuelven a enganchar al trabajo de la mina por medio de las famosas cooperativas asociativas de trabajo, muchas de ellas fundadas precisamente por la familia Araujo. Entre tanto, la arremetida continúa. Incluso a los dirigentes sindicales ya les notificaron que les van a quitar el fuero sindical, pues al no haber trabajadores desaparece también el sindicato.
La Lucha Jurídica: ¿Un David contra Goliat?
Después de un estudio jurídico, de una reclamación inútil ante la Superintendencia de Sociedades, Francisco Jaramillo hizo protocolizar, en 2003, la escritura pública de la empresa notariada en Nueva York en la notaria novena, bajo el número 1850 del 6 de agosto del 2003. Así el documento quedaba protocolizado para efectos legales en Colombia.
El 3 de junio del 2004, la Superintendencia de Sociedades citó una asamblea, con representantes del gobierno central, departamental, de la cúpula militar a nivel nacional, de la administración de la empresa y de las organizaciones sindicales. Ahí se levanta un acta en la que por primera vez el Estado colombiano, en cabeza de la Superintendencia de Sociedades, reconoce que la Frontino Gold Mines se había liquidado en el año 77, que los bienes pertenecen a jubilados y trabajadores y que a ellos había que entregárselos. “Pero la vaina económica es tan tremenda- explica Jaramillo-, que, al ver que hay un negocio muy redondo, todo se queda paralizado. Más bien decidieron, un año después, el 1 de septiembre del 2004, entrar en un proceso de liquidación de una empresa que ya había sido liquidada”.
“En el 2005 acudimos a los 17 juzgados laborales que hay en Medellín- explica Francisco Jaramillo-, y ninguno se le midió al caso por físico miedo. Y es que en ese momento había una parte de los paramilitares del Bloque Central Bolívar en una de las minas de la empresa, y eso les estaba arrojando ganancias de más de 10 mil millones de pesos mensuales; todos los jueces aquí sabían esa situación. Solamente el juez Javier Echeverri del juzgado 5to laboral asumió el caso y dictó las medida cautelares, que son el embargo de los bienes a nombre de los jubilados y trabajadores”.
Y es que el Superintendente de Sociedades, al mirar que estaba perdiendo autoridad, le comunica al juez 5to laboral que el único que puede conocer del proceso es el superintendente de sociedades por ser el juez del proceso de liquidación. Que por tanto, debe devolverle el expediente, o solicitar comisión de competencias. El juez 5to se decidió por lo último. Un año después, el 1 de noviembre del 2006, el Consejo Superior de la Judicatura falló corroborando la decisión del juez 5to laboral y ordenándole suscribir escritura a nombre de jubilados y trabajadores. De esta manera los trabajadores y pensionados fueron dueños de la Frontino Gold Mines por veinte días. Pero justo a los veinte días los sacaron de nuevo, con un piquete de la fuerza pública, casi a bayonetazos.
Y es que la superintendencia, como último recurso, presentó acción de tutela ante el Tribunal Superior de Medellín, en cabeza del doctor Carlos Alberto Lebrun, quien inmediatamente mandó por el expediente al juzgado 5to. “La tutela ingresó en el tribunal a eso de las cuatro y media de la tarde- explica Jaramillo-. Y ese mismo día, a las 9 pm, ya estaba celebrando la administración, porque, supuestamente, habían ganado la tutela. Nosotros pensábamos: un magistrado cómo va a leer más de 8000 folios en menos de 3 horas, eso era imposible. Pero al otro día, antes de la 8 am, un comandante de policía encargado, de apellido Madrid, se presentó con los antimotines porque nos iba sacar cómo fuera. Supuestamente había recibido la orden del propio magistrado Carlos Alberto Lebrum, por teléfono”.
El 5 de diciembre, agotado el tiempo para impugnar, los trabajadores impugnaron la tutela. Se trasladó entonces el expediente a la Corte Suprema de Justicia, sala de casación laboral. El 7 de febrero del 2007, ésta derogó la tutela dejando firmes las decisiones del Consejo Superior de la Judicatura y del juzgado 5to, fallando nuevamente a favor de jubilados y trabajadores. La Superintendencia, sin embargo, pidió a la Corte Constitucional que revisara los fallos. Pero también esta Corte declaró el caso cosa juzgada. Ahí ya no hay mecanismo jurídico que tumbe una cosa juzgada. “Ahora sí la empresa es de nosotros”, se dijeron los acreedores.
Sin embargo, en una jugada maestra, que no se sabe bien de dónde viene, el juez 5to laboral fue removido y sancionado disciplinariamente por haber aceptado la demanda. En su remplazo trajeron de Bogotá a la doctora Miriam del Socorro Marín Echeverri. Ella les dio al liquidador y a la Superintendencia la oportunidad de presentar la misma tutela que habían presentado antes, pero en una sala diferente, la 4ta. “Uno no entiende cómo sucedió. El caso es que ya en ese proceso compraron las conciencias, tanto de los magistrados del Tribunal como de la Corte. El juez falló en su favor, aunque advirtiendo que era un fallo transitorio, mientras la justicia ordinaria falla. Así que aquí vamos de nuevo. A iniciar el proceso en la justicia ordinaria”.