El proyecto de la Ley de Tierras, que actualmente está siendo discutido por las bancadas de los partidos autodenominados de unidad nacional, es uno de los proyectos bandera del gobierno de Santos. Y mientras en las altas esferas se define qué podrá pasar con miles de hectáreas de tierras que fueron despojadas por el narco paramilitarismo en los últimos veinte años, en las comunidades y organizaciones sociales es uno de los temas más olvidados de la agenda participativa. Periferia tuvo la oportunidad de estar en uno de los pocos espacios en los que la Ley de Tierras está siendo discutida por las comunidades: en la zona norte del Cauca, inmediaciones de Santander de Quilichao.
La importancia de la Ley de Tierras es nada más ni nada menos que acabar con el conflicto armado y social que ha vivido el país en los últimos cuarenta años. No hay que desconocer que el punto principal de las demandas hechas por las FARC en su creación fue la inminente necesidad de una ley de tierras, lo que posteriormente llevaría en los años 80’s a la creación de los grupos paramilitares en respuesta a las fuertes arremetidas y altísimos impuestos cobrados por la guerrilla a los grandes terratenientes del país. Así se configuró una lógica guerrerista en torno al tema de la tenencia de las tierras en el país.
Esto degeneró lo que en los últimos veinte años. Hemos conocido cómo la guerra del narco paramilitarismo por el control y tenencia de las tierras a lo largo y ancho del país, utilizando cualquier medio que tengan a su alcance, principalmente la estrategia del miedo, despojó a los campesinos y comunidades. A parte de ser violentados, estos campesinos han sido expulsados de sus propias tierras y obligados a migrar a otras partes del país para engrosar el ya enorme número de pobres en situación de desempleo y condiciones indignas de vida (servicios públicos y de vivienda precarios). Todo para que del otro lado los grandes terratenientes y adinerados colombianos se sigan llenando sus bolsillos y barrigas.
En cifras nos encontramos ante algo tan escalofriante como lo que señala la revista Semana en su artículo La tierra prometida –edición 1479-: “las fincas de más de 500 hectáreas que hace 20 años ocupaban el 32 por ciento de la tierra útil hoy ocupan el 62 por ciento y pertenecen a no más del 4 porciento de los propietarios; y, del otro lado uno de cada cuatro campesinos fue expulsado de su terreno”. No hace falta ser un genio de las matemáticas para comprender la grave situación que se presenta en nuestro país en términos de que un 25 por ciento de los campesinos ha sido despojado de sus tierras.
Claro está que la Ley de Tierras no es algo nuevo y flamante que nos sacará de la pobreza y el conflicto social que vivimos ya que históricamente no es la primera vez que se quiere convencer al pueblo de amasar una idea idílica, en los términos en que el gobierno lo plantea. Como se dice por ahí no hay mejor predictor que la historia, y en Colombia los gobiernos de los presidentes Alfonzo López Pumarejo, Alberto Lleras, Carlos Lleras y Virgilio Barco ya han planteado proyectos de ley del mismo corte. Ahora bien, ¿por qué será que no han resultado como se espera? Sencillamente hay que mirar los intereses económicos de los cuales estamos hablando. Es claro que el gobierno de Santos no es un gobierno progresista que esté dispuesto a cambiar las estructuras organizativas y económicas del país para beneficiar a los pobres y desfavorecer a los ricos.
El tema del control y la fuerza que tienen los grupos narco paramilitares en éste país es algo que no podemos dejar de lado u olvidar, ya que en términos reales es lo que está condicionando los posibles cambios que se puedan llevar a cabo con la Ley de Tierras. Y, como previamente se mencionó, sin que se de un cambión estructural en la economía nacional, que repercuta en lo socio-económico de cada una de las regiones, no tendremos el tan anhelado cambio en las formas de tenencia y explotación de nuestro país.
Tal como se señaló durante el foro llevado a cabo por el consejo de la zona norte del CRIC, este es un proyecto fiscalmente inviable, en términos de que el gobierno no podrá mantener todas sus “locomotoras”. Su fracaso generará, en primera medida o un empobrecimiento a largo plazo u otro fallido intento de ley de tierras, que pasará a los anaqueles de la historia como el proyecto de ley que subió y mantuvo la popularidad del presidente Santos, para luego terminar defraudando al pueblo, al mejor y único estilo de la oligarquía rancia que ha gobernado nuestro país desde hace poco menos de doscientos años.
Otro punto por el cual los indios de la zona norte del Cauca ponen sobre la mesa de discusión la Ley de Tierras es sencillamente porque en ningún momento se les ha llamado o consultado sobre lo que opinan con respecto a esto. Es decir, no están siendo escuchadas las verdaderas voces que gritan y sufren día a día el problema de la tenencia de la tierra en Colombia. Entonces, si ni siquiera se conoce la problemática real, fuera del mundo de las cifras, cómo se espera dar una verdadera solución.
Lo que se planteó en el Foro organizado por la comunidad se enmarca en varias opciones de reparación. No es sólo el dinero o las tierras; también proponen, en palabras de Alcibiades Escué, uno de los asistente y ponente en el Foro: “Podríamos pensar que la reparación fuera también el fortalecimiento organizativo en educación en la región”. Además de ello, exigen que la reparación sea algo colectivo y no individual, como lo está planteado el gobierno nacional. Su visión cosmopolita del mundo no concibe que seamos individuos sino que todas y todos somos una colectividad, exigiendo el respeto a sus creencias.
A manera de corolario, podemos utilizar una parte del discurso pronunciado por Danilo Secue, uno de los panelistas del foro: “Nosotros no podemos aceptar la estructura que tiene éste proyecto de ley, como camino propongo: 1. plantear una discusión política. Hacer un pronunciamiento diciendo que no aceptamos, que este proyecto de ley no nos representa y no recoge nuestra realidad como víctimas y territorios agredidos por el conflicto del país. 2. En la parte propositiva, pensar en la construcción de un texto o artículo que recoja las pretensiones y el enfoque diferencial que tendría que tener ese proyecto de ley; es difícil construirlo y para hacerlo necesitamos incorporar el enfoque cultural y para eso tendríamos que participar activamente en los eventos y la agenda de discusión. Primero arrancar en un evento regional del CRIC, que estén los sectores de la Minga Social y Comunitaria y crear un capítulo que reconozca lo diferencial. Tener como ACIN y CRIC y luego como Minga Social y Comunitaria la capacidad de convocar un debate nacional con víctimas de los diferentes sectores”.
El llamado que se hace es a que nos hagamos activamente partícipes, por medio del debate, la movilización o cualquier medio que cuestione e inclusive condicione el cómo se lleve a cabo la propuesta sobre la Ley de Tierras. Porque si no, podríamos estar asistiendo a un Agroingreso Seguro II o la reedición del caso Carimagua.