Más desplazados en un lugar que lo pintan importante para el desarrollo. En un municipio en donde el proyecto hidroeléctrico de Pescadero-Ituango es la nueva insignia del progreso de Antioquia, los campesinos más pobres pagan las consecuencias de una guerra por el control de un territorio rico en recursos naturales. Ellos no saben o no entienden bien porque sus predios cada año se convierten en verdaderos campos de batalla. Periferia conversó con los desplazados.
El ultimo enfrentamiento armado se dio aproximadamente hace dos meses y medio y provocó el mas reciente desplazamiento de campesinos de las veredas El Castillo, San Agustín de Leones, Alto de San Agustín y Montenegro, al norte del municipio de Ituango, que limita con el sur del departamento de Córdoba. Estas veredas son consideradas como el amortiguamiento de la reserva natural “El Nudo del Paramillo”, lugar importante porque allí nacen los ríos Sinú y San Jorge que sirven para alimentar las represas como Urrá I en el sur de Córdoba y el río Pescadero para la represa Pescadero-Ituango en el norte de Antioquia. Ráfagas de metralla, bombardeos, explosiones y sobrevuelos, son el pan de cada día para los campesinos de esta zona y que hasta el momento, afortunadamente, no han dejado victimas mortales pero si innumerables perdidas sobretodo con la muerte de reces que reciben los impactos de fuego.
Los campesinos nos comentaron que el ejercito se apodero del camino que utilizan para comunicarse con el casco urbano para poder vender lo que producen y para abastecerse. Con la presencia militar en los caminos, la guerrilla los minó y ya no podían transitar esas vías. Los altos mandos militares negaron su presencia en la zona, pero los campesinos aseguran que la situación se tornó insoportable en los últimos meses porque las tropas habían creado pistas de aterrizajes para helicópteros en los caminos y allí formaron campamentos militares, incluso que una de las pistas estaba cerca de una casa a menos de 100 metros. Además denuncian que en varias oportunidades fueron objeto de agresiones y de acusaciones por parte de los soldados, sobretodo cuando transitaban por los caminos que comunican las veredas con el casco urbano municipal, señalándolos de ser integrantes o cómplices de la guerrilla. “Una cosa es cuando uno se los encuentra en el pueblo y otra muy distinta cuando se los encuentra en las veredas porque allí hacen de las suyas”.
Para empeorar la situación, las restricciones del ejército sobre el abastecimiento de alimentos perjudican a los campesinos. “Nosotros vamos a vender al casco urbano las cositas que cosechamos. Cuando lo hacemos, aprovechamos para abastecernos de las cosas que no producimos como los artículos de aseo, los aceites, entre otras; entonces viajamos cada mes o dos meses porque es muy extenuante el recorrido, son dos jornadas de camino que nos demoramos y eso que en bestia; es por eso que el mercado debe cubrir este periodo de tiempo. Pero cuando salimos del casco urbano hay un reten militar, le preguntan a uno para donde va con todo eso y luego nos dicen que tanto mercado pareciera que fuera para la guerrilla” manifestaron. Con los caminos minados y con estas restricciones, los campesinos estaban acorralados. Optaron por buscar ayudas en Acción Social de la Presidencia para que les brindara alimentos porque ya estaban con las últimas raciones de comida pero no recibieron respuesta satisfactoria. Por todo esto, 1072 campesinos decidieron irse, abandonando sus casas y sus fincas en busca de la supervivencia, arriesgándose por viejas trochas agrestes que habían sido minadas en años pasados por paramilitares y guerrilleros, minas que no se activaron. Para evitarlo, echaban adelante las pocas bestias que los acompañaban como carne de cañón.
Fueron dos días de travesía por las montañas, descendiendo por cascadas y quebradas, abriendo monte con sus machetes, superando el miedo y el cansancio; se asentaron en el parque de Ituango pero posteriormente fueron trasladados por la administración municipal al colegio Pedro Nel Ospina. Atrás dejaron los sembradíos abandonados, el fruto de su trabajo, con la certeza de que no quedarán ni las vacas ni las gallinas y mucho menos los cultivos del fríjol, maíz, caña o el plátano cuyas cosechas estaban listas para recoger. “Lo que pedimos al ejercito y al estado que nos colaboren con eso, que no se queden ahí tan cerca de nosotros permanentemente porque están muy cercanas las casas lo que implica peligro para nosotros” manifestó Omar de Jesús Rey, líder campesino.
Lugar sin estado
Como si fuera poco, los campesinos tienen que enfrentar otro tipo de problemas como la carencia de centros de salud. La atención médica sólo la reciben ocasionalmente cuando la administración municipal realiza jornadas por estos lugares tan remotos de Ituango. El centro de salud más cercano esta en la cabecera municipal, a la que tienen que llegar las veredas mas retiradas después de hacer un recorrido de hasta 4 o 5 días en bestia. Pero no solo en esto hay ausencia del estado. La administración de justicia y la información sobre los macroproyectos son a cargo de las FARC; así lo confirman los desplazados: “Las reuniones también las hacen cuando ven que hay problemas entre los vecinos, mas que todo las reuniones son para solucionar conflictos entre nosotros. Allá no hay otra autoridad de ningún tipo. Allá no se acercan los políticos ni nadie.” Las FARC los ha convocado varias veces a reuniones para informarles sobre las implicaciones de ciertas políticas del gobierno, por ejemplo el proyecto hidroeléctrico Pescadero-Ituango. Sin embargo, se podría creer que la presencia del grupo también va ligada a la actividad del cultivo de coca, pero ante esto los campesinos manifestaron que esas siembras están distantes de sus tierras a eso de 4 horas de camino y que ninguna persona de las 4 veredas desplazadas trabaja con ellos y específicamente con el narcotráfico.
El retorno
El 27 de julio los desplazados emprendieron el retorno a sus hogares luego de que sus lideres sostuvieron negociaciones con el secretario de gobierno departamental, Andrés Julián Rendón Cardona, y el director del DAPARD, John Fredy Rendón Roldán, en donde acordaron para el regreso brindar algunas garantías de seguridad. La Secretaria de Gobierno se comprometió a retirar las tropas del ejército de los caminos de acceso a las veredas el Castillo y San Agustín de Leones mientras que el DAPARD y la Cruz Roja Internacional facilitaron mercados para cada familia. En la primera semana de agosto, las mujeres y los niños permanecieron en la vereda Santa Lucía a la espera de que sus esposos y líderes comunitarios verificaran el estado de los caminos, principalmente para asegurarse por donde transitar. Al cierre de esta edición, se confirmó que todas las personas desplazadas ya habían retornado a sus hogares.
Por ahora las cosas están en tensa calma, la zozobra de un nuevo éxodo queda en la mente de estos campesinos. No se ve en el horizonte posibles soluciones concretas y definitivas a una problemática que parece permanecerá por mas tiempo y peor aún en silencio, ya que los principales medios de comunicación no se han interesado en ellos, ni en su situación. Además las noticias sobre guerra y desplazamiento no le hacen bien a la propaganda de la seguridad democrática. Lo cierto es que Ituango es un lugar en donde la riqueza de unos, es guerra y pobreza para otros.