Esta frase fue una consigna repetida por los asistentes al Foro Política Minero-Energética, Despojos y Resistencias en Colombia, realizado en la ciudad de Medellín los días 16 y 17 de febrero de este año. Esta es una muestra del malestar de las comunidades que ejercen la pequeña minería en relación a la actitud del gobierno nacional de perseguirlas y condenarlas, mientras que a las grandes empresas mineras se les ha concesionado más del 40% del territorio nacional. En este contexto Gleis Naranjo, participante del Foro y representante de la Asociación Agrominera del Bajo Cauca Antioqueño, nos habló de las necesidades de su comunidad, de por qué se han asociado, sus proyecciones y sus apuestas por ejercer la minería con planes de recuperación ambiental.
Andrés “Germen” Markez: ¿Quiénes deciden asociarse y por qué?
Gleis Naranjo: Somos 23 asociados mineros y 39 que trabajan el agro en los siete municipios del bajo Cauca y en los municipios de Segovia y Remedios -nordeste antioqueño-. Con la reforma al código minero –ley 685 de 2001- se estigmatiza mucho al pequeño minero, porque exige trabajar en asociación, cooperativa, empresa o microempresa para hacer el proceso de legalización. De ahí que para tener nuestro propio título minero nos asociamos legalmente. Tenemos dos mil hectáreas (ha) de tierra compradas y el Plan de Trabajo y Obras en el Ministerio de Minas. El título minero lo obtuvimos el 27 de octubre de 2010, está por 29 años y puede ser renovable a otros 30 años más.
El título cobija sólo al municipio de Cáceres, y las demás titulaciones de este municipio están en manos de entes particulares y de algunas personas forasteras del lugar. Queremos frenar esa titulación, y que los títulos que existen pasen a manos de las comunidades. Hay 70 mil hectáreas concesionadas para exploración minera sólo en Cáceres. Para explotación hay 4300 ha., entre ellas las 2000 de nosotros. Las otras dos mil 300 son de particulares, ajenos a la región. Estas personas particulares sacan los títulos de exploración y los venden, sea aquí o afuera, preferiblemente en la bolsa de valores del extranjero, donde vale mucho más que aquí.
Entre tanto en la región los problemas del conflicto y las difíciles condiciones de la comunidad se agudizan. En la vereda en que vivo -San Pablo-, por ejemplo, es inexistente la prestación de servicios públicos. Hay acueducto porque lo ha hecho la comunidad, en otras veredas no. Corantioquia –Corporación Autónoma Regional- nos dijo que había que pedir concesión porque el agua es del Estado. “Saquen el permiso o la concesión y yo se los firmó y salen pagando una bobadita”, nos dijo un representante de esta entidad. Por otro lado, no tenemos alcantarillado, cada quien tiene su letrina. Todo el bajo Cauca tiene una gran deficiencia en ese aspecto. Además, la prestación de energía no existe, a pesar de ser parte de un departamento importante en generación de energía eléctrica. Hay un proyecto denominado “Antioquia Iluminada”, de Empresas Públicas de Medellín, y lleva desde hace tres años prometiendo electricidad a nuestro territorio, pero no ha llegado.
En cuanto a la producción agrícola, hay gente que tiene su parcelita y vive de ella. Se produce yuca, plátano, se crían marranos, etc., pero se ha venido desmoronando porque, por ejemplo, el plátano criollo no se comercializa tan fácil frente al plátano transgénico; no se puede tener cerdos criollos porque las normas sanitarias no lo permiten: hay que construir chiqueros con estándares que exige la ley, y eso necesita de un buen capital. Prácticamente la comida está llegando de afuera. Tenemos en mente un proyecto para conseguir tres trilladoras de arroz para las 8 veredas que lo producen. La zona ha sido de tradición arrocera, pero la gente tiene miedo de sembrar, por la avioneta. Es cierto que las plantaciones de coca se fueron acabando por las fumigaciones y los erradicadores, pero también acabó con la comida.
Además, la producción de coca alimentó el conflicto. La mayoría de las muertes que ha habido en el bajo Cauca ha sido por el conflicto de la coca. La disputa por la comercialización de la coca pone a llevar del bulto siempre al campesino.
A.G.M: ¿Se han visto obligados a salir del territorio?
Gleis: Muchas veces. Todavía no hemos podido decir que en esta zona se ha vivido un año de paz. Primero llegó la guerrilla del ELN. Cuando los campesinos se empoderaron del territorio surgieron algunos personajes que hacían parte de esa organización y empezaron a imponer la ley y hacer masacres y desplazamientos. El pueblo se alzó y empezó a reclamarles. En esos momentos llegaron los paramilitares. Ese primer grupo fue el MAS –Muerte a Secuestradores-, una organización del Estado, del mismo gobierno. Entró en complicidad con el DAS y con el F2. Inclusive incursionó desde mucho antes de la masacre de Segovia, con masacres también en el bajo Cauca. Luego entraron las autodefensas de Fidel y Carlos Castaño.
Por estos días tenemos un problema con las FARC en nuestra vereda. Echaron a una familia, todo porque los hijos están en el Ejército. Inclusive mataron a un muchacho que vino a tomar vacaciones con la familia; a otra familia también la echaron, con la suerte de que uno de ellos se les voló. El ELN todavía hace presencia. Sospechamos de la presencia de los paramilitares camuflados en la población. Como comunidad les hemos exigido a todos los grupos armados, legales e ilegales, que salgan del territorio.
A.G.M: Algunos sectores en el Foro cuestionaron toda la actividad minera, grande o pequeña ¿Qué postura asumen ustedes?
Gleis: De todas maneras, cada quien defiende su territorio. En estos momentos nosotros no podemos estar en contra de la minería. Para decir que estamos en contra de toda actividad minera es porque ya poseemos unos proyectos de vida para las personas que están sosteniendo a sus familias y hoy están viviendo de la minería. En estos momentos esas capacidades –y condiciones- económicas aún no las tenemos.
Toda clase de minería contamina. Por decir, si usted trabaja barequeando, para sacar el oro usted tiene que hacer un hueco. En ese hueco es difícil que crezca vegetación; allí se llena de agua, se contamina, y se pudre. Eso es daño que le causamos al ecosistema. Toda actividad hace impacto. O mire la ganadería, la tala de árboles, etc. Lo que estamos buscando es como regular esos impactos. La idea es que el lugar donde se interviene pase por un proceso de recuperación, y que no acabemos con lo que tenemos en dos o tres días porque así el impacto será mayor.
A.G.M: ¿Cómo desarrollan ustedes esos planes de recuperación?
Gleis: Tenemos unos viveros para la reforestación, con árboles nativos y árboles frutales; unos agrónomos que trabajan para la asociación están en eso. Estamos esperando la llegada de la maquinaria para complementar este trabajo. Luego, cada poseedor de un lote puede ser el mismo que reforesta. Vale aclarar que cada asociado tiene su frente de mina y sus trabajadores, y en estos momentos se está organizando todo lo relacionado con las prestaciones sociales de los trabajadores. Por otro lado, estamos reduciendo el uso de químicos para lavar el oro. Se está trabajando todavía con el mercurio y en dos veredas con cianuro, pero no se están depositando en las fuentes de agua sino en unas retortas –pozos-. Estamos a la espera de unas máquinas peruanas que sirven para separar el oro de otros minerales y así no utilizar mas químicos.
