Por: Caribe Investigación
La presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), Luz Stella Murgas, pidió este 30 de septiembre “reparar y reabrir lo antes posible” el gasoducto binacional Antonio Ricaurte. Lo dijo en Caracas, durante la celebración de una cumbre de petróleo y gas, donde pidió una inversión de US$66 millones y la aprobación de la OFAC para reactivar el proyecto. Vale recordar que Murgas fue una de las más enconadas opositoras a la reactivación del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, impulsada por el gobierno de Petro.
En 2023, en el marco del Congreso de Naturgas, Murgas fue categórica: “No veo viable la importación de gas desde Venezuela”. Dijo que el gasoducto estaba fuera de operación desde 2015, que recuperarlo requería tiempo e inversión, y que en Maracaibo, capital del occidental estado Zulia (Venezuela), la tubería no estaba conectada con los principales campos de producción venezolanos. Incluso señaló que Colombia tenía potencial propio costa afuera para exportar, no para importar.
Cuando el expresidente Petro planteó de nuevo recuperar el gasoducto en 2024, Murgas insistió en que no había viabilidad técnica. Y en agosto de 2022, frente al anuncio de la entonces ministra Irene Vélez sobre no firmar nuevos contratos de exploración, Naturgas advirtió que importar gas venezolano encarecería el servicio hasta 5 veces.
El gasoducto binacional Antonio Ricaurte, también conocido como gasoducto transcaribeño, es una infraestructura de integración energética inaugurada en 2007 (Chávez-Uribe) que conecta los campos de gas de La Guajira, en Colombia, con la región del lago de Maracaibo, en Venezuela. Tiene la capacidad de trasegar 500 millones de pies cúbicos diarios de gas natural.
El cambio de posición de Naturgas no responde a una repentina viabilidad técnica, sino a una reconfiguración del tablero geopolítico y económico en la que confluyen los intereses de Washington (doctrina Donroe), del gobierno de De la Espriella y del propio sector gasífero colombiano para hacerle frente a la crisis por déficit de gas proyectado debido a la caída de la producción nacional.
Lo segundo que pesa es el control que Estados Unidos está ejerciendo sobre Venezuela, principalmente sobre las reservas de petróleo, gas y oro. Además, para que pueda reactivarse este gasoducto, haría falta una licencia específica de la OFAC, es decir, que Washington tome la decisión.
Este escenario supone que solo las empresas alineadas con los intereses de EE.UU. pueden jugar en este tablero. Y en este punto debemos detenernos: Naturgas y los empresarios colombianos del sector importador y/o comercializador de gas, que antes se oponían a la reactivación del gasoducto, pueden quedarse fuera del negocio. Porque será el Gobierno de Trump el que decida quiénes operarán esa transacción y hacia dónde fluirán las ganancias.
Este giro no significa mayor dificultad para el Gobierno De La Espriella. La disputa ideológica con Venezuela dejó de interesarle porque quien manda sobre su vecino país es Donald Trump, su jefe político inmediato. La visita de Marco Rubio a Barranquilla no fue para hablar sobre la similitud de la capital del Atlántico con Miami; vino a bajar líneas claras sobre los intereses de la Administración Trump en la región, y una de ellas gira en torno a la relación con Venezuela y sus recursos: Estados Unidos es el pivote y centro en la toma de decisiones sobre los temas energéticos de Venezuela (incluso en cuanto a la energía eléctrica).
Por todo ello, el vicepresidente José Manuel Restrepo habló recientemente de la maravillosa oportunidad para invertir en Venezuela: “Se abren oportunidades muy importantes para los inversionistas colombianos en el marco de ese relacionamiento Colombia-Estados Unidos-Venezuela. Esta inversión puede generar una dinámica de crecimiento tanto en Venezuela como en Colombia”, afirmó.
No hubo una reconversión ideológica, simplemente un cambio en la balanza de poder. El Gobierno De La Espriella y un sector empresarial colombiano se están adaptando por subordinación y necesidad.
