Por: Programa Somos Defensores
Entre enero y junio de 2026, incrementó en un 17% las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos si se le compara con el mismo período de 2025. El 40% de los 401 ataques se concentró en mayo y junio, meses de las elecciones presidenciales.
El riesgo en escenarios electorales se ha agravado para liderazgos sociales que participan en política. Si se contrastan las cifras sobre liderazgos comunitarios que han sido atacados en los primeros semestres de años electorales, se observa que cada vez se les protege menos y se les agrede más: fueron objeto de 65 agresiones en los primeros seis meses del año 2018; de 94 en el mismo período del 2022; y finalmente de 102 entre enero y junio del 2026. Particularmente en este último año, no hubo la atención esperada por parte del Estado colombiano ni de su ciudadanía, que entre otras cosas se centró en una agenda marcada por el fútbol y las campañas políticas. Pero la violencia persistió: durante los partidos que jugó la selección Colombia en la fase de grupos del Mundial de la FIFA, 5 liderazgos fueron asesinados y 3 víctimas de atentados.
Durante el primer semestre del año, se presentaron 59 asesinatos de personas defensoras, lo que representa una disminución del 24% en la población general, pero no en el caso de las mujeres: las defensoras y lideresas tuvieron un incremento del 20% (2 casos más) en los asesinatos. Los departamentos donde se presentaron más asesinatos en contra de defensoras de derechos fueron Antioquia (4 casos), Cauca (2 casos) y Valle del Cauca (2 casos). Su panorama no mejora si se tienen en cuenta las demás formas de violencia: ellas fueron víctimas de 108 agresiones, lo que representa un aumento del 30% si se le compara con el mismo período del año anterior.
Seis de las 11 agresiones a las que hace seguimiento el Programa Somos Defensores presentaron incrementos, sobresaliendo las amenazas en un 38% (67 hechos más); los atentados un 68% (15 hechos más); los hechos de tortura un 400% (4 hechos más) y los secuestros que aumentaron en un 60% (6 hechos más). En el caso de las detenciones arbitrarias y los hechos de violencia sexual, que en el mismo período del año anterior no contaban con registros, en los primeros seis meses de este año se documentaron 2 hechos en cada caso. Llama la atención lo ocurrido con las amenazas, en la medida en que los tres primeros medios utilizados para amenazar fueron los hostigamientos, seguidos de los correos electrónicos y las redes sociales, y luego los panfletos, que en la primera mitad del año pasado -y en general antes del 2025- eran el medio predilecto para intimidar.
Respecto al comportamiento territorial de todas las agresiones, sobresale el Cauca, que continúa siendo el territorio con mayor violencia selectiva y tuvo un aumento el 19%; seguido de Antioquia, donde hubo un incremento de 76% con más de la tercera parte de las agresiones concentradas en Medellín, donde se dirigieron contra liderazgos que tenían una participación activa en política electoral; y luego Norte de Santander, que igualmente aumentó en 28%. En el caso de la región de la Andino Amazonía, los departamentos con índices más altos fueron Caquetá y Guaviare, donde las agresiones se dirigieron principalmente contra campesinos y comunales respectivamente.
Entre los 12 tipos de liderazgo a los que hace seguimiento el Sistema de Información del Programa Somos Defensores, el liderazgo indígena continuó concentrando la mayoría de las agresiones con el 28% de las mismas, seguido de los liderazgos comunitarios con el 25% y los comunales con el 15.5%. Este último caso llama la atención, no solamente porque tuvieron unas elecciones propias a nivel nacional el pasado mes de abril y porque presentaron un incremento del 32% de la violencia selectiva (con 15 hechos más), también porque hacen parte de las Juntas de Acción Comunal (JAC), una forma organizativa instituida formalmente en 1958 que actualmente es objeto de diversas formas de violencia por parte de grupos armados ilegales en distintas regiones del país.
El informe dedica el primer capítulo a esta figura, haciendo un recuento histórico de la misma y subrayando tanto su importancia en la vida campesina como los riesgos que actualmente tiene. En este último aspecto, ilustra cómo en los últimos 10 años, los liderazgos comunales han sido objeto de 929 hechos de violencia en su contra, afectando principalmente a quienes se desempeñan como dignatarios, dignatarias e integrantes de las JAC que se encuentran en veredas, quienes concentran el 52% de las mismas. A nivel territorial, el departamento de Antioquia concentra el 17% de estos ataques, seguido de Norte de Santander (con el 10%), Cauca (con el 9%) y Arauca (con el 7%), regiones donde las victimizaciones recientes se han atizado con ocasión de las disputas entre actores armados ilegales y los combates que estos han sostenido con la fuerza pública con ocasión del aumento de la militarización. Y no solo eso.
El Programa Somos Defensores (PSD) también advierte sobre el peligro en que se encuentra la autonomía de esta figura en algunas regiones debido a la violencia y presiones a las que están sometidas, incluso en los escenarios electorales en que participan. Un grupo poblacional que, señala el informe, debería gozar de la máxima protección estatal y por siguiente estar dentro de la agenda del gobierno de Abelardo de la Espriella, presidente de la república desde el pasado 7 de agosto. Contrario a lo esperado, se señala que el actual Gobierno ha desconocido al sujeto campesino, una condición indispensable para garantizar mecanismos de protección apropiada y localizada.
En el segundo capítulo, el PSD advierte sobre nueve motores de riesgo para las personas defensoras y los liderazgos sociales en Colombia tras su posesión, dentro de los cuales se encuentran: (i) el cierre del espacio cívico, (ii) la estigmatización contra territorios, pueblos étnicos y campesinos, (iii) “el fin de la paz negociada y la remilitarización de los territorios”, (iv) la agenda extractiva que profundiza los daños a la naturaleza, (v) el retroceso en garantía de derechos de los pueblos étnicos e invisibilización del campesinado, (vi) el desmonte de instituciones del Estado y ahogamiento del Acuerdo de Paz, (vii) el fortalecimiento de lo que se ha denominado fascismo societal, (viii) la “regresividad en la agenda de derechos de las mujeres y la población sexo genérica diversa”, y (ix) la posibilidad de no avanzar y/o de regresividad en la agenda garantías para personas defensoras de derechos humanos.
En el documento se desarrollan cada uno de estos aspectos, señalando entre otras cosas los riesgos derivados de reforzar narrativas con base en binomios (buenos-malos/amigos-enemigos), hacer señalamientos y generalizaciones a comunidades vulnerables del país, desconocer avances en la transición energética, el cambio climático y la justicia ambiental, la imposición de una agenda militarista y el incremento de ciudadanos que sientan un respaldo discursivo al emprender agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, entre otras. Tras hacer un detallado análisis de este escenario, el informe cierra haciendo un recuento de lo que queda del mandato del expresidente Gustavo Petro en materia de garantías para ejercer el derecho a defender derechos y las obligaciones que el gobierno electo tiene en esta materia.
Lea el informe completo en: https://somosdefensores.org/?p=7506
