Por: Juan Alejandro Echeverri
Fotos: David Alejandro Pérez
El elemento más abundante en el planeta, es el más escaso en el Resguardo indígena Pijao Ilarquito. El agua cubre el 70% de la superficie total de la Tierra; tan obvia es su abundancia en ciertos puntos planetarios, que resulta inútil medir la cantidad exacta de líquido disponible. En estas fogosas y resecas praderas del sur del departamento de Tolima, donde hace tres meses las canillas abiertas apenas gotean, saben el agua que les falta y, sobre todo, la cantidad exacta de la que disponen: la empacada en unas cuantas bolsas plásticas que se enfrían en el congelador de la caseta comunal, el balde que haya podido llenar alguien después de caminar más de una hora, la que queda en un lago que se niega a morir de sed.
“Ese es siempre el problema en tiempo de verano: el agua. Tenemos un acueducto, pero en estos tiempos no llega hasta acá”, se lamenta William Payanene. Nunca fue abundante, pero años atrás, incluso en épocas de sequía, “llegaba un día, dos días, y se iba, pero al menos llenaba la alberca. Ahorita no, la alberca se está rajando porque no hay agua. Cuando no estaba el acueducto, había aljibes, ahora hasta los aljibes se secan”, complementa pesaroso el gobernador del Resguardo.
Para muchos el colapso ambiental parece una advertencia, para comunidades como la de Pijao Ilarquito, que son mucho más dependientes del temperamento climático, es una realidad. Aun estando secos, en el Resguardo ninguna persona con la que compartimos denigró del sol. Sin él tampoco funcionaría el proyecto de energía alternativa que los ha convertido en referentes globales. No es que el agua sea más necesaria que el sol, o viceversa, lo realmente importante es el —extinto— equilibrio natural.
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Ante la ley, Ilarquito es un Resguardo joven. Entre las 15 familias que lo habitan, hoy solo viven 2 de los primeros 15 fundadores. El Cabildo, figura reconocida por la constitución colombiana como una organización sociopolítica especial que representa legalmente a una comunidad indígena, lo constituyeron en 1992. Cuatro años después se adueñaron del lote a cambio de 500.000 pesos de la época, y en el 2000 constituyeron el Resguardo, es decir que la norma les certificaba como dueños de una propiedad colectiva que gozaba de las mismas garantías de cualquier propiedad privada. Marceliano Liz, asesinado por grupos paramilitares en 2002, y a quien los habitantes recuerdan con especial gratitud y nostalgia, fue el pionero de todo.
William recuerda que al tomar posesión “no había cercas. No era sino un lote. No había lagos. No había divisiones. No había nada. Puro rastrojo, un monte de espinas. Eran unas nubes de moscos que uno a caballo ni se veía”.
El Resguardo abarca 108,086 hectáreas de Coyaima, municipio localizado al sur del Tolima, departamento que hace las veces de bisagra andina entre el centro y el sur de Colombia. Al 15,1% de la tierra le dan un uso agrícola, el otro 84% está destinado a la ganadería, y el 0,8% restante lo ocupan las diferentes infraestructuras.
Una de las primeras fotos del Resguardo, conservada por la comunidad con orgullo, da fe de un par de árboles en unos pastizales de tono marrón, con algunas cercas, como si estuvieran recién rozados, y que parecieran terminar donde empieza el cielo. Hoy, pese a la sequía, en los patios de las casas bailan al vaivén de la brisa algunos cultivos, el ganado merodea en busca de pasto, y arbustos de diferentes tamaños interrumpen la monotonía de un valle seco y enjaulado entre imponentes vértebras montañosas.
“Aquí han venido personas de muchas partes: Alemania, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Francia, Brasil, Costa Rica, Honduras, pero no le hemos podido mostrar al mundo en pleno porque no hay vía”, asegura el gobernador, quien además agrega que la carretera no solo es un problema porque en época de invierno quedan aislados, sino que, llueva o haga sol, no pueden comercializar las cosechas de limón, mango y hojas de cachaco.
Aunque la carretera no esté pavimentada y la erosión genere cráteres y desnude piedras puntiagudas difíciles de sortear, ello no impidió que la Corporación Grupo Semillas, con el apoyo financiero, técnico y operativo de otras empresas colombianas y extranjeras, instalaran en el territorio cinco paneles solares, dos controladores, una bomba solar, un voltímetro, alambre galvanizado, mangueras, entre otros dispositivos necesarios para que funcione un sistema fotovoltaico.
Cuatro paneles, capaces de generar 330 vatios de electricidad, permitieron usar la luz solar para instalar aproximadamente 10.000 metros de cerca eléctrica, y así evitar que el ganado siguiera comiéndose los cultivos de pancoger o traspasara los límites del Resguardo. Con la bomba solar, las mangueras y el panel restante pudieron llevar el agua del lago hasta un tanque, y garantizar la irrigación a cultivos y casas en épocas de verano.
“Esto partió de una necesidad. La iniciativa nos llamó mucho la atención porque acá el servicio de energía es pésimo. La comunidad nunca pensó ni creyó que iba a ver este proyecto de energías renovables. Estamos reduciendo costos y contribuyendo con el medio ambiente”, manifiesta Eliza Fernanda Liz Prieto, quien actualmente es la tesorera del Resguardo, pero era la gobernadora cuando inició el proyecto.
“Son proyectos que nos ayudan a dar soluciones a comunidades que el gobierno prácticamente tiene olvidadas. Ilarquito ha sido una comunidad pujante, a pesar de que es pequeña han podido sacar este territorio adelante. Al ver que esto avanza, la gente también quiere volver al territorio, o prefiere no irse. Las mujeres han tenido un cambio impresionante. Se vuelven más seguras, participativas, no les da miedo estar enfrentando todos estos temas”, plantea Jazmín Lorena Mora Pérez, integrante de Semillas que ha sido testigo del proceso de Pijao Ilarquito.
En el sur del Tolima, Semillas también impulsó proyectos piloto de energía fotovoltaica comunitaria en los Resguardos Indígenas de Tamirco y Palma Alta: en el primero sirvieron para solucionar necesidades de refrigeración, bombeo e iluminación; y en el segundo para incubación, bombeo y elaboración de concentrados.
Pero la organización no se conforma con instalar paneles, le importa, sobre todo, dejar capacidades instaladas en las comunidades; fortalecer sus autonomías, de manera que tengan fecha de retiro y las comunidades no dependan de una ONG o la cooperación internacional. Durante dos años y medio formaron a algunas personas de las tres comunidades, de las cuales diez se graduaron como gestores comunitarios. Son ellos quienes tienen el conocimiento técnico y la responsabilidad de analizar y, de ser posible, reparar algún daño del sistema. Conscientes de que la capacitación fue básica, Semillas cuenta con un técnico más avezado que acompaña a los diferentes gestores y trata de resolver lo que ellos no pueden.
En Pijao Ilarquito el sistema fotovoltaico empezó a funcionar en 2021, sin embargo, el legado de Semillas empezó antes. En 2014 visitaron el Resguardo e invitaron a la comunidad a participar en la escuela Agroecológica y Territorial Manuel Quintín Lame. Luego, una de las sesiones se desarrolló en Pijao Ilarquito. El proceso de formación y el compartir de saberes con otros territorios les sirvió para que mejoraran sus huertos tradicionales y fortalecieran su soberanía alimentaria, también para optimizar la captación, el manejo y gobernanza del agua.
En 2017, gracias al apoyo y la gestión de Semillas, en 7.430 hectáreas sembraron 12.300 árboles de acacio, matarratón, leucaena, melina, gualanday, entre otros forestales frondosos. Pese al verano, decidieron ensayar un sistema de ganadería silvopastoril, sistema pecuario que logra integrar árboles, forrajes y reses en un mismo espacio. Territorios llanos como este son favorables para este tipo de agroforesta que evita la erosión del suelo, aumenta la calidad y la producción bovina, reduce la emisión de metano del ganado, y atrae especies de fauna.
Pijao Ilarquito terminó convertido en el reflejo de la perspectiva integral con la que Semillas intenta solventar las necesidades organizativas, productivas, económicas y vitales de los territorios. En 2016 la organización, de la mano de la Cooperativa Multiactiva Coosaviunidos, gestó un fondo rotario con el que ha financiado 140 créditos para proyectos comunitarios que tengan sintonía con alguna de sus cuatro líneas: la agrícola, la pecuaria, la de transformación, la de educación y tecnología. En ocho años, el fondo ha financiado secadores, huertos energéticos, biodigestores, cosechas de agua, hornillas ahorradoras, entre otras iniciativas de diversa índole, en municipios del sur del Tolima como Ortega, Natagaima, Chaparral, Ataco, Planadas y Coyaima.
Nubia Carmenza Vargas, representante legal de Coosaviunidos y promotora del área de economía social y solidaria del Semillas, asegura que “todos los proyectos van ligados a unidades productivas para que puedan retornar el capital al fondo. Es un apoyo que, de una u otra manera, va despegando las familias de los bancos y del gota a gota”.
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Su nombre se mencionó con recurrencia durante nuestra estancia en Ilarquito. Fernando Castrillón fue uno de los primeros integrantes de Semillas en poner su saber al servicio del territorio. Antes de pisar el norte de Tolima, este agrónomo de formación, que desde muy joven estuvo vinculado con comunidades indígenas, estaba acostumbrado a un país distinto: “Venía de trabajar en la selva, en el Bajo Atrato, toda esa zona del Darién, del Zinú”. Todas zonas anfibias que pasaban parte del año inundadas.
Fernando reconoce que al llegar al resguardo y las comunidades aledañas “me impactó mucho la sequedad del territorio. Para mí eso fue muy fuerte, pero también que había una cultura viva, que, a pesar de haber perdido su lengua, era una comunidad que tendía hacia la organización comunitaria. Si no hay organización, no hay construcción de otros capitales. No hay tampoco evolución en los planes propios de desarrollo, no hay un relacionamiento adecuado con el Estado, o no hay una interlocución más política con los actores armados o los actores económicos”.
Hace 10 años, recuerda él que la sequía en la zona fue mucho más fuerte que la vivida por el departamento y el país este año. Como anticipándose a los tiempos, en ese entonces Fernando y otros colegas escucharon a las mujeres del territorio plantear acuerdos básicos y trascendentales para sobreponerse a las condiciones climáticas y los conflictos socioambientales: “ponerle raya al hambre y al desierto”. Otra cosa que lo impresionó fue que había unos huertos, lo que él llama “unas islas verdes”, en las que la temperatura era 6 grados más fresca. “Las mujeres enfriaron el territorio. Había unas acciones para trazar estrategias a futuro. No había que inventar propuestas, ya estaban ahí”, plantea Castrillón.
El tiempo se encargó de develarle más pormenores que le parecieron “sacados del mundo macondiano”: el nacimiento de muchas personas mayores estaba registrado el 31 de diciembre; se guiaban por los pájaros o por las hormigas para saber si venía sequía o no; y los truenos en los abechucos, nombre que reciben los cerros que circundan el territorio, eran augurios del dios del agua.
Agrónomo al fin y al cabo, entre todo ese surrealismo descubrió algo mágico: el huerto pijao. Un sistema de cultivo que brota en torno al igua, un árbol alto y frondoso de la familia pseudosamanea. Según Fernando, no hay otro árbol en el trópico cuya sombra permita que crezca algo debajo de él. Al norte del Tolima las comunidades indígenas desarrollaron un sistema por estratos en torno al árbol. En el primer estrato tenían plantas medicinales; en el segundo, piña, maíz, plátano; en el tercero frutales como mangos y mamoncillos; en el último y más alto, árboles colosales como el caracolí o el dinde. “Uno encuentra que efectivamente hay comida en cualquier parte del año, que hay un conjunto de plantas que le permiten a la familia no depender de un solo producto. Que el suelo está permanentemente cubierto aún en las épocas más duras del año. Pero eso se lo mostraban a uno como lo último, la gente no veía la grandeza de su universo. El huerto pijao es una de las disputas a plantear. La academia y la agroecología no se pueden apropiar perversamente de esas cosas y decir que eso es agroecología. No, son sistemas tradicionales de pueblos indígenas”, afirma Castrillón.
Al desestimar y prescindir de esos saberes propios, comunidades como la de Ilarquito que están en la primera línea de impacto del colapso climático, pierden su capacidad de mitigar sus efectos. En el sur del Tolima es evidente el aumento de la temperatura, las lluvias han disminuido y cada vez se concentran en menos tiempo. En septiembre, el fuego arrasó con 16.000 hectáreas en Natagaima, municipio vecino. Uno de los cerros, nos dijo el gobernador William, “duró 20 días ardiendo”.
En el mismo mes, 45.000 hectáreas se quemaron en Colombia. La Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD) contabilizó 491 incendios que afectaron a 236 municipios. Según Nelson Lozano, coordinador de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, Tolima es uno de los 22 departamentos que para el 2050 tendrían variaciones significativas en la idoneidad climática; dato que debería preocupar a las autoridades locales si se tiene en cuenta que en el Censo Nacional Agropecuario del 2016, el 60% del departamento estaba destinado al cultivo de alimentos y animales.
Fernando plantea que el presente y el futuro climático también han sido provocados por el Estado, los gobiernos locales y el Ministerio de Agricultura, toda vez que, unos días antes de la entrevista, ese ministerio seguía entregando en la zona semillas transgénicas y glifosato, un pesticida prohibido en otras partes del mundo. Según él, este tipo de paquetes tecnológicos han acabado la vida del suelo, incapaces en la actualidad de retener el agua:
“Cualquier aguacero se está yendo por el río Magdalena a La Mojana o a [la desembocadura del río] Bocas de Ceniza, y con eso se va también las posibilidades de la gente de tener vida digna —complementa Castrillón—. La política pública de Colombia frente al cambio climático no opera en los territorios. Hay un montón de tecnócratas en eventos en Bogotá, y personas con doctorado en el Ideam [Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales] analizando datos, pero los proyectos del Ministerio de Agricultura por el otro lado ahondando la crisis. La Corporación Autónoma Ambiental, Cortolima actúa como policía mirando donde hay aljibes para cobrar impuestos por el agua, pero nunca se ha preocupado por la gestión y el gobierno adecuado del agua. La región tenía que tener un plan de zonas secas, aparece realizado, pero nunca lo hicieron. Lo que le está pasando al planeta, pasa también por prácticas regionales, por políticas públicas, por falta de leer con las comunidades y sus propuestas. La alcaldía de Coyaima no le presta atención a cosas como las que hace la comunidad de Ilarquito”.
Para el integrante de Semillas, el tránsito a un ordenamiento alrededor del agua se ha quedado en meros discursos. Tampoco ve pasos concretos hacia una transición socioproductiva, pues dice que la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) sigue promoviendo proyectos de monocultivo. Políticas públicas desacertadas que afectan luego al sur del departamento. Desde el 2000, la ADR inició la construcción del Triángulo del Tolima, una megaobra que prometió garantizar el regadío de agua en esta zona que carecía de ella. La obra está inconclusa, según Fernando, porque los gamonales locales, benefactores del monocultivo de arroz, no permiten que cambie la destinación y uso del recurso, y por ende el modelo de producción agropecuario. “Les interesa seguir vendiendo veneno y sembrar arroz sin ningún control. Efectivamente en el Tolima vas a ver que el cambio climático está más cerca de lo que creemos. La pérdida de semillas locales y la pérdida de la fauna se ha acelerado de una manera dramática”, sentencia Fernando.
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La transición energética fue uno de los pilares del Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno. El pasado 11 de octubre, el Ministerio de Minas y Energía anunció con júbilo que “ya funcionan en Colombia 100 comunidades energéticas que están en manos de la gente”. Son esas comunidades energéticas la estrategia central con la que ejecutivo ha intentado materializar esa transición energética para descarbonizar la economía, pese a que la matriz energética colombiana es bastante limpia si se tiene en cuenta que según XM, la empresa que administra el mercado de energía en el país, a corte del 30 de junio de 2024, 63,7% de la energía fue producido con métodos hidráulicos, 30,2% con tecnologías térmicas, y el 6,1% restante provenía de fuentes solares.
El Gobierno ha intentado publicitar la transición energética como un mandato novedoso en el país, olvidando que desde hace más de 10 años varias organizaciones de base han ingeniado maneras concretas y exitosas de dar ese paso que las corporaciones y la sociedad tratan de postergar. Esas experiencias están agrupadas en la Mesa de Energías Comunitarias (MEC), integrada por la Red Colombiana de Energías de la Biomasa (RedBioCol), la Fundación para la Producción Agropecuaria, Tropical Sostenible (UTA), las Comunidades Sembradoras de Territorios, Aguas y Autonomías (Comunidades Setaa), Censat Agua Viva, la Corporación Grupo Semillas, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), y la Cooperativa Multiactiva Coosaviunidos.
La MEC entabló diálogos con el Ministerio de Minas y Energía para mostrarle lo que han hecho, lograr financiación y promoción, y que incluyera sus perspectivas en la política de comunidades energéticas. Las organizaciones trataron de acomodarse en la propuesta de Gobierno, pero con el tiempo y la puesta en marcha del Decreto 2236 de 2023 —que reglamenta las comunidades energéticas— se dieron cuenta de que el Gobierno hablaba un idioma distinto. Dadas las diferencias prácticas y conceptuales, las partes acordaron crear una política pública independiente, lo que no fue posible, según el Ministerio, porque ya existía el decreto 2236. Como plan b, en diciembre de 2024 firmaron un memorando en el que el Gobierno se comprometió a emitir una resolución que atendiera las exigencias de la MEC. La Mesa presentó su propuesta de resolución en abril de 2024, desde entonces el Ministerio no ha dado razón de su revisión.
“Teníamos otras esperanzas. El cambio de funcionarios para nosotros ha sido terrible, no permite que las cosas avancen, ya llevamos más de un año y medio, y no se ha podido lograr mayor cosa”, manifiesta Jazmín Mora de Semillas.
Las diferencias entre la política pública del Gobierno y la perspectiva de la Mesa son profundas: “Las empresas extractivistas que están generando impactos en el territorio montan granjas solares, entran a vender la tecnología y controlar el conocimiento, hay entonces un ligero cambio de la matriz, pero si la energía sigue en manos de ellos no hay ninguna transición. Transición es que las personas puedan usar esa energía para transformar sus condiciones, no para hacerlos usuarios. Para nosotros el objetivo no es que las comunidades se conviertan en usuarios, sino que deben de gobernar el sistema energético en su propia comunidad”, afirma Fernando Castrillón.
Para Alexander Bautista Romero, integrante del Resguardo Indigena Pijao de Palma Alta, es un error pensar que se puede lograr la transición energética instalando paneles solares y sistemas fotovoltaicos por todo el país. El electricista y técnico comunitario en energías renovables de Semillas, explica que esta alternativa tecnología no es para cualquier persona o territorio. Aunque se piense que es energía gratis, es una tecnología costosa. A excepción de los paneles, los tornillos, cables, tuercas, y demás materias primas necesarias están gravadas con IVA. Además, el kilovatio por hora producido con sistemas fotovoltaicos cuesta el doble de lo que vale el kilovatio convencional. Alexander afirma que cuesta aproximadamente 3.000 pesos. Es decir que en caso de necesitar 20 kilovatios, el precio sube a 60.000; y 20 kilovatios es lo mínimo con lo que se carga un celular.
“Un sistema básico podría estar costando 20 millones de pesos. Si vamos a hacer cuentas, en cuánto tiempo recuperamos ese dinero. Este tipo de sistema para una casa sale muy costoso. Si esa tecnología se usa para un proyecto productivo que genere rentabilidad [como la fábrica de hielo que tiene Alexander] puede ser una alternativa. Yo he criticado mucho la propaganda que se le da a los sistemas. Dicen que transición energética justa, ¿pero para quiénes justa? ¿Para las megas empresas, los mega proyectos, o para las comunidades que sí la necesitan?”, se pregunta el técnico comunitario.
En esa misma línea, Fernando Castrillón plantea que: “El modelo de comunidades energéticas sigue anclado en una visión corporativista. Fenoge [Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, responsable de financiar y ejecutar proyectos de energía alternativa] destina los proyectos a dedo y quienes salen ganando son los operadores de los proyectos. A las comunidades no les queda sino hacer parte de la justificación y del modelo cuando aparecen como usuarios que tienen que pagar un servicio público, que tienen que someterse a unas reglas que definan el modelo, no que autodefine la comunidad”.
La transición energética de Colombia persigue un norte equivocado. Enfocarse en modelos económicos, e importar patrones extranjeros como el de Alemania o España, la ha alejado de elementos vitales como el agua y el alimento. De preguntarse, ¿cuánto cuesta mover el agua o mover el agua para qué? “Para aplicarle herbicidas, fertilizantes de síntesis químicas, y dañar el suelo como lo hacen las arroceras o las grandes piscicultoras en Tolima. Eso no es transición energética, eso es abrir un hueco en un lado para llenar un hueco en otro”, expresa Fernando.
De seguir así, las únicas beneficiadas serán las operadoras y comercializadoras de la energía. Para Fernando hay una captura corporativa de la transición energética. Además, señala que en el país no existe la formación necesaria en este campo; que somos importadores netos de tecnologías; y que hay mucho intermediario vendiendo discursos y falsas soluciones.
“Deben llegar personas con mayor idoneidad a ser parte de esas decisiones, sino vamos a profundizar con un bello nombre unas inequidades. Un biodigestor hecho por una comunidad cuesta de 2 a 3 millones de pesos. Las corporaciones lo quieren vender a 12 millones y el Ministerio en 18. De entrada, eso muestra que no es la transición, sino la oportunidad de negocios con ese nombre. Los privados han tomado ventaja porque el Estado está diseñado para que los privados intervengan en todo. Y también hay una soberbia para entender y escuchar las comunidades y las organizaciones. Algo que contradice el mandato mismo del presidente cuando dice: hagamos esto con la gente. Hay mucho miedo a trabajar desde abajo”.
Censat Agua Viva es otra de las organizaciones que hace parte de la MEC. Esta ONG ambiental, junto con las otras organizaciones, lleva varios años preguntándose la energía para qué y para quién. También problematizando la mirada convencional y mercantil sobre la energía. “Para nosotros, la energía involucra el alimento, el sol, las relaciones humanas con la naturaleza. Las comunidades energéticas pueden estar muy descontextualizadas y centradas en el desarrollo tecnológico. No nacen de procesos comunitarios que son a la final lo que le dan sostenibilidad a largo plazo”, plantea Eliana Carrillo, antropóloga del área de energía y justicia climática de CENSAT Agua Viva.
Fruto de esas meditaciones, las organizaciones acuñaron un término: las energías comunitarias. Y para visibilizar las experiencias ya existentes, no solo en Colombia sino en toda Latinoamérica, CENSAT abanderó en 2020 la primera exhibición virtual de experiencias comunitarias de transición energética justa. El caso de Pijao Ilarquito fue reconocido y premiado en la tercera exhibición realizada en 2023.
“La exhibición es una excusa para movilizar estas discusiones sobre la energía. Siempre resaltamos que la transición energética no es el cambio de matriz o de tecnologías. Tiene que ver también con un cambio en las maneras de producir, consumir y relacionarse con la naturaleza. Lo mismo con las tecnologías, que sean apropiadas, contextualizadas, y relacionadas con los saberes tradicionales. Para nosotros es muy importante que la experiencia sea comunitaria, que estén conectadas con la defensa de los territorios. El caso de Ilarquito, por ejemplo, está relacionado con la justicia agraria, la justicia social, está peleándose cosas muy integrales”, explica Eliana, quien dinamizó la exhibición virtual el año en que fue reconocida la iniciativa de Pijao Ilarquito.
Al momento de nuestra visita, el sistema de bombeo en Pijao Ilarquito llevaba varias semanas dañado. Después de hacer la revisión frente a nosotros, Alexander Bautista, el técnico de Semillas, dedujo que el problema debía estar en la bomba, pues el panel estaba surtiendo la cantidad de energía necesaria para que funcionara el controlador.
En la próxima visita, Alexander y los demás integrantes de Semillas esperan volver con la solución bajo el brazo. La comunidad tiene la pujanza para esperar unos días más, ya es costumbre pasar quince días o dos meses sin energía, vivir a merced de lo que tarde una empresa en arreglar el transformador o levantar un poste.
William, con su cadencia serena, tiene claro que cuando llueve en aquel cerro ubicado al occidente, el agua no llegará hasta el resguardo. Además, el gobernador sabe muy bien cuál es el embrollo en el debate de la energía y la transición energética. También plantea una posible solución: “Pueden llenar el municipio de paneles solares, pero eso no va a beneficiar al municipio ni a las comunidades, porque esa energía es para venderla y que nos la revendan luego. Lo que queremos son energías comunitarias que sean de la comunidad”.
*Este trabajo fue realizado gracias al proyecto Narremos la TEJ en América Latina, financiado por Artyc, PxP, Transforma y Comunidad Planeta.
