Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (edición 78)
Por: Caribe Investigación
- ¿Quién paga la deuda?
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, propuso la semana pasada que los estratos 4, 5 y 6, junto con los sectores industrial y comercial, asuman la deuda de la opción tarifaria, que actualmente beneficia a los estratos 1, 2 y 3 con subsidios.
Esta deuda asciende a $3,1 billones, y la propuesta busca distribuir el costo entre los estratos más altos en un plazo de 8 a 10 años, en lugar de que el gobierno asuma la deuda como se había prometido anteriormente. Aunque el ministro no ofreció detalles, la propuesta fue criticada desde varios sectores.
Para ser justos, lo primero que hay que aclarar es que el Gobierno de Petro recibió un chicharrón con el tema de la opción tarifaria; esta fue un regalo de la Administración Duque a las operadoras de energía Afinia y Air-e, empresas que desahuciaron los bolsillos de los caribeños aumentando las tarifas sin ninguna piedad.
Petro intentó saldar la deuda con la Ley de Financiamiento, pero sufrió una aplastante derrota en el Congreso. Esto explica el déficit de $3,1 billones para las empresas comercializadoras de energía.
Esto nos deja una lección y lo hemos escrito en varias ocasiones. La Constitución de 1991 dejó la puerta abierta para que el modelo neoliberal terminara de desangrar a Colombia: relegaron al Estado a un rol fiscalizador y normativo, pero sin injerencia en la operatividad.
Las instituciones colombianas, además, funcionaron desde entonces como apéndices de las mafias políticas de siempre… incluso de las mafias de nuevo cuño. Ese papel regulador quedó de adorno, cuando menos como justificador del expolio y la privatización de los servicios públicos.
Ahora bien, la propuesta del ministro Palma es un tanto problemática, pues tendrían que contar con un consenso político para que la propuesta tenga aceptación. Sumándole a ello las promesas incumplidas por parte del Gobierno, el saboteo permanente de los gobernantes de la región, el hastío de la gente. Además, es errado calcular que los habitantes de los estratos 4, 5 y 6 tienen solvencia y estabilidad económica, ese mito de los estratos en Colombia está sobrevalorado y mandado a recoger.
De fondo, habría que cuestionar en sí cualquier propuesta dirigida a saldar una deuda espuria, sobre todo porque las operadoras involucradas participaron del festín sin inmutarse, no hubo protesta o movilización social que los hiciera reflexionar, ni invirtieron un solo peso en la infraestructura y mejora del servicio.
Repetimos, la deuda a las operadoras del Caribe tiene su origen en el modelo político occidental y el modelo económico neoliberal, el cual sigue determinando el destino de Colombia: el Estado democratiza las deudas, hace que los pobres y clases medias paguen las deudas del sector privado, pero se encarga de regular el mercado para que pocas manos capitalicen las ganancias.
Ese principio de solidaridad del que habla el ministro Palma, debe replantearse desde otra perspectiva, no vaya a ser que los que menos tienen terminen financiando a los que siempre han tenido como joder a este país.
- Del carbón a…
El Gobierno nacional declaró las minas La Jagua y Calenturitas, en el Cesar, como áreas reservadas para la protección y desarrollo de recursos naturales renovables. Esta decisión, formalizada mediante la Resolución 0220 del 3 de marzo, establece un plazo de dos años para realizar investigaciones técnicas sobre el suelo y explorar alternativas en el marco de la transición energética. Durante este período, no se otorgarán nuevas concesiones mineras en la zona.
Las minas, ubicadas en los municipios de Becerril, El Paso y La Jagua de Ibirico abarcan 7.167 hectáreas. La medida busca fortalecer el conocimiento sobre proyectos futuros con fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) y organizar la prestación de servicios públicos.
Esta decisión se toma tras la liquidación de los contratos de extracción de carbón térmico a gran escala por parte del Grupo Prodeco, que renunció a sus operaciones en 2021. Además, hay una sentencia del Consejo de Estado que protege los derechos del pueblo Yukpa y ordena la delimitación de su territorio ancestral.
La medida prioriza la conservación de los recursos naturales y el ambiente, alineándose con los objetivos de la transición energética, principal bandera del Gobierno. También está orientada a fomentar la investigación técnica para explorar alternativas sostenibles que contribuyan al crecimiento económico regional.
Aunque la teoría proyecta impactos positivos en el territorio, no existe hasta ahora una hoja de ruta para concretarla y en la práctica deja en el limbo a las comunidades y municipios que dependían de esta actividad.
Las diversas propuestas de transición energética planteadas por organizaciones ambientales, comunidades y líderes no fueron escuchadas ni tomadas en cuenta. Por otro lado, los ex trabajadores de Prodeco esperaban retomar sus labores y sean resarcidos sus derechos que se verán seriamente afectados.
Lamentablemente, el carbón desplazó la vocación agrícola de la región y no permitió el desarrollo de otras alternativas económicas durante décadas. Además, este caso deja una frustración generalizada: Prodeco se marchó sin cumplir con las compensaciones ambientales y laborales pendientes. ¿Quién paga por el impacto ambiental, social, laboral y económico?
La declaración de las minas La Jagua y Calenturitas como áreas reservadas refleja un esfuerzo del Gobierno por avanzar en la transición energética y proteger el medio ambiente. El asunto será cómo lograr esa transición, bajo cuál modelo, con qué apoyo, cuáles serán las alternativas y quiénes participarán en esta transición.
- Transición energética
La semana pasada se celebró en Barranquilla una reunión entre “expertos en energía, autoridades y actores del sector” para analizar el panorama de la transición energética en Colombia. El evento estuvo organizado por el Centro de Formación de Energías Renovables (Cerfer), con el apoyo de la Gobernación del Atlántico y la Cámara de Industria y Comercio Colombo Alemana.
Vale destacar que no se reunieron las hermanitas de la caridad para hablar sobre cambio climático y transformación de los patrones de producción y consumo para reducir el calentamiento global. Los asistentes son fieles promotores de proyectos de generación de energía eólica y solar en la región Caribe, es decir, de nuevas formas de negocio en el ámbito energético con las mismas lógicas de explotación de la industria fósil.
Transición energética es la etiqueta, el precinto, la forma edulcorada para introducir estos proyectos que, en el caso de La Guajira, han venido fracasando porque se idearon desde una perspectiva extractivista sin tomar en cuenta a las comunidades Wayuu, ni los impactos sociales y ambientales que podían ocasionar a este departamento.
Por ello, uno de los puntos de mayor énfasis de esta reunión tuvo que ver con la regulación, ya que a través de esta se evitarían los retrasos y paralización de obras como viene sucediendo en La Guajira.
“Tim Menel, representante de la Agencia Alemana de Energía, destacó la importancia de la regulación para impulsar las energías renovables, especialmente en la región Caribe, con su alto potencial”, según reseñó El Tiempo.
En este sentido, el presidente Gustavo Petro ha servido como puente para que la potencia europea aterrice en Colombia. Recordemos que, en el marco de la visita de Petro a Alemania, en junio de 2023, Colombia y Alemania sellaron la Alianza por el Clima y la Transición Energética Justa con la firma de un acuerdo.
No se puede obviar el rol que ha desempeñado Alemania en la paz de Colombia. A través de la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) se ha vinculado a temas de conflictos como el que vive Colombia y participa de igual manera en los fondos de cooperación internacional creados para colaborar en tareas de transición hacia un “estado de postconflicto”, desminado, desarrollo rural, entre otros.
De eso tan bueno no dan tanto…
- Violencia sexual contra la mujer
Un reportaje del diario El Tiempo de finales de enero alertaba sobre un “alarmante panorama de violencia de género” en el departamento Atlántico, “donde 540 mujeres se encuentran bajo medidas de protección por ser víctimas de agresiones físicas por parte de sus parejas o incluso figuras paternas, según cifras de la Policía departamental a corte de 2024”.
De acuerdo con el Sistema Médico Legal Colombiano, durante 2024 se registraron 4.999 casos en los departamentos de Atlántico, Magdalena, Bolívar, Sucre, La Guajira y San Andrés y Providencia, de los cuales 1.858 ocurrieron en el departamento atlanticense, lo que representa 37,17 % del total en la región; mientras que Barranquilla concentró la mayor cantidad de víctimas con 1.101 casos (59,26 % del total departamental).
Este panorama no es distinto en el Cesar, donde se asoma una dantesca realidad: hasta octubre de 2024 se registraron 483 casos de violencia sexual contra las mujeres, más del 70 % de los casos fueron contra niños, niñas y adolescentes de entre 6 años y 17 años, según cifras del Instituto Nacional de Salud (INS).
En el caso del Cesar, la Asamblea Departamental aprobó días atrás la proposición 38 para citar a debate de control a instituciones y autoridades debido a las altas cifras de violencia sexual y de género.
Ambos departamentos, Atlántico y Cesar, carecen de políticas públicas adecuadas para prevenir esta violencia, no cuentan con infraestructuras y servicios aptos, ni equipos interdisciplinarios para la atención de las víctimas.
- Barranquilla, pan y circo
El charismo cuenta con una infraestructura mediática bastante aceitada. Por un lado, inundan el departamento con distracciones sutiles (plazas, fiestas, carnavales), y por el otro, ocupan las redes sociales y los espacios en medios con falsedades sobre diversos temas, sobre todo con uno tan crítico para el departamento como lo es el de seguridad.
Resulta grotesca la tranquilidad con la cual el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, aseguraba el pasado 14 de marzo que el delito se había reducido en la ciudad cuando la tendencia marcaba lo contrario. Con solo revisar de manera superficial la sección de judicial de noticias de un medio local, se puede verificar que la violencia sigue reinando en la ciudad de la parranda eterna.
Hicimos un ejercicio tomando como referencia los titulares de los días 12, 13 y 14 del medio local Emisora Atlántico:
Miércoles 12: “Alerta por reclutamiento de menores en el Atlántico”; “Acribillan a menor de 14 años en el barrio Las Américas”; “Atentado a bala en Nueva Colombia deja tres heridos, incluyendo una menor”; “Joven de 18 años fue asesinado a balas en Malambo: un menor de 17 años resultó herido”.
Jueves 13: “Ataque sicarial en cancha de fútbol de El Campito: un joven muerto y dos heridos”; “Hallan cuerpo baleado en zona de Santo Tomás”; “A tiros asesinan a un trabajador de un autolavado en Rebolo”.
Viernes 14: “Joven de 20 años fue gravemente herido en ataque a tiros en Soledad”; “Un muerto y un herido deja ataque sicarial en el barrio 20 de julio”.
Impresionante. Los medios locales reflejan día tras días la decadencia de un departamento azotado por el crimen y la violencia, pero no cuestionan a las autoridades responsables de la política de seguridad. Parecen las oficinas de prensa del charismo. Pan y circo es lo que pueden brindar.
