Por: Caribe Investigación
1. ¿Quién ganará?
No debemos pasar por alto un artículo recién publicado por el portal Zona Cero, titulado “La Costa Caribe en elecciones, ¿el fortín del petrismo que De La Espriella aspira a derrotar?”. Se acercan las elecciones y se hace pertinente, al menos desde el punto de vista cuantitativo, mirar cuáles son los números en el terreno electoral.
El artículo destaca un fenómeno político evidente: la región Caribe se ha convertido en un bastión electoral clave para el petrismo. Las fortalezas del movimiento que lidera Gustavo Petro en esta zona se sustentan en datos de las últimas elecciones. En los comicios legislativos del 8 de marzo, el Pacto Histórico obtuvo 911.576 votos en los siete departamentos de la Costa, una cifra que casi triplica la suma de los sufragios del Centro Democrático (255.006) y Salvación Nacional (70.101). En la segunda vuelta presidencial de 2022, Petro superó a Rodolfo Hernández por más de un millón de votos en la región, y en primera vuelta alcanzó 1,8 millones, frente a los 961.000 de Federico Gutiérrez.
En el artículo, el analista Yoel Elguedo Jiménez explica este respaldo señalando que la Costa es “más abierta al cambio, menos rígida ideológicamente” y que sus necesidades reales —desigualdad, desempleo y servicios públicos— conectan mejor con el discurso del progresismo. Sin embargo, advierte que el gobierno de Petro debe traducir promesas en mejoras concretas para consolidar ese apoyo, pues la región es “crítica y reacia cuando las expectativas no se cumplen”.
Ejemplo de lo anterior, agregaríamos nosotros, es la no concreción por parte del Gobierno de una alternativa a la crisis de la energía eléctrica heredada de los últimos años, pero magnificada los últimos meses y que sigue afectando los bolsillos de la gente común. En todo esto están involucradas las casas políticas de la región y el sector empresarial, quienes se han opuesto a cada una de las salidas planteadas por el Gobierno.
Otro elemento que no menciona el artículo tiene que ver con renovadas formas de lucha social y política de la región. Históricamente, el Caribe ha sido cuna de grandes procesos de lucha, figuras individuales y colectivas, muchas de ellas diezmadas y casi que aniquiladas por la era uribista y paramilitar de las décadas de 1990 y 2000. Hoy, nuevos liderazgos se han ido tejiendo en el territorio en torno al derecho a la tierra, en contra de proyectos extractivos, por el derecho al empleo y a servicios públicos de calidad, o en defensa de los derechos humanos.
Ahora bien, volviendo al artículo de Zona Cero, este plantea que, frente al escenario anteriormente mencionado, la derecha ha desplegado movimientos claros para recuperar caudal electoral. Por un lado, Abelardo De La Espriella (Salvación Nacional) ha realizado giras por municipios de Atlántico, Magdalena y La Guajira, aprovechando su principal fortaleza: es el único candidato costeño, con un estilo “directo y claro” que genera cercanía. Por otro lado, Paloma Valencia (Centro Democrático) presentó su propuesta de seguridad en Barranquilla, aunque reconoce abiertamente que en la Costa “lo quieren a uno mucho, pero los votos no se los dan”.
Ambos buscan capitalizar el descontento con la falta de obras del Gobierno nacional en la región, según el artículo. Diríamos más bien que se concentran en jugar con el miedo de la gente por el evidente colapso de la región en temas de seguridad. Y esta estrategia no es nueva; desde hace por lo menos dos años, la derecha más radical se ha enfocado en explotar el miedo de la gente para justificar el retorno de la doctrina de la Seguridad Democrática de Uribe.
No obstante, el Centro Democrático evidencia una merma significativa en la Costa. El politólogo Danny Barrios explica en el artículo que el partido uribista nunca ha logrado elegir un representante a la Cámara por el Atlántico, lo que refleja una falta de identidad y arraigo. El propio Álvaro Uribe ha calificado a Barranquilla como su “novia esquiva”. Las cifras son elocuentes: el CD apenas obtuvo 255.006 votos en la región en marzo pasado, muy por debajo del petrismo. Incluso el último triunfo presidencial de la derecha en la Costa fue el de Iván Duque en 2018, pero por un estrecho margen de solo 4.198 votos.
En conclusión, el artículo muestra que la Costa Caribe sigue siendo el principal fortín del petrismo gracias a su conexión con las demandas sociales regionales, mientras la derecha —dividida entre De La Espriella y Valencia— lucha por cohesionar un discurso que permee en una zona donde el voto es menos ideológico y más pragmático. El Centro Democrático, en particular, enfrenta un grave problema de representación territorial que hace cuesta arriba su recuperación en estas elecciones.
2. Transición energética y diálogo
El presidente Gustavo Petro anunció el inicio de un diálogo con las comunidades wayuu en La Guajira para impulsar proyectos de energías limpias, aprovechando el alto potencial solar y eólico de la región. El mandatario enfatizó la necesidad de una transición energética progresiva con participación comunitaria, buscando que los pueblos indígenas sean beneficiarios activos. En línea con este objetivo, se levantó el cierre de la vía de acceso al parque eólico Windpeshi, en la Alta Guajira, tras 20 días de bloqueo. El acuerdo, logrado mediante un diálogo entre autoridades wayuu y entidades estatales, incluye la creación de una ruta interinstitucional para evaluar la solicitud de consulta previa en los 34 kilómetros de influencia del proyecto, garantizando que la transición energética no avance “de espaldas al territorio”.
Desde la región, y varias voces en materia ambiental y de derechos humanos, han advertido una y otra vez: No será posible una transición energética en La Guajira si se pretende repetir el esquema de explotación de la era del carbón, cuando cientos de miles de comunidades wayuu, afros y campesinas fueron desplazadas de sus territorios habituales y el departamento fue sometido a un saqueo sistemático. Una cosa es crear nodos energéticos de supuesta energía limpia; otra muy distinta es emprender una transición energética que implique cambio de matriz y cambio de lógica.
3. Educación y desarrollo social
En Buritaca, zona rural de Santa Marta, se inauguró la primera sede universitaria rural de la ciudad, fruto de una inversión conjunta de más de $12.000 millones del Gobierno nacional y un lote aportado por el Distrito. La iniciativa beneficiará a más de 1.400 jóvenes con carreras como ingeniería, turismo y gastronomía, evitando que tengan que abandonar sus territorios para formarse. El proyecto busca ofrecer alternativas en una zona donde la falta de oportunidades ha sido históricamente un motor de violencia, transformando la realidad de jóvenes como Nicole Schoonewolff, de 19 años.
4. Orden público y criminalidad
La violencia y las disputas por el control territorial continúan golpeando a la región. En el sur del Cesar, la Décima Brigada del Ejército desmanteló un laboratorio con capacidad de producir una tonelada de cocaína a la semana, incautando tres toneladas de clorhidrato y afectando las finanzas del grupo armado responsable en más de $23.000 millones. Por otro lado, la instrumentalización de menores por parte de bandas delincuenciales tiene en alerta al Atlántico, donde niños y adolescentes son utilizados como “campaneros” o informantes. En una mesa intersectorial, el ICBF advirtió sobre la permisividad de algunos hogares frente a estas dinámicas y llamó a intervenir el núcleo familiar. En materia de seguridad ciudadana, Barranquilla lanzó una estrategia de “microterritorios” para combatir la extorsión (siendo la segunda ciudad con más casos del país), basada en georreferenciación y presencia focalizada del Gaula. Paralelamente, el Atlántico invertirá $148.000 millones en un plan de vigilancia con inteligencia artificial, que incluye cámaras con reconocimiento de placas y monitoreo en tiempo real en 18 municipios. En materia de justicia, la Corte Suprema acusó formalmente al senador Didier Lobo Chinchilla (Cambio Radical) por presuntas irregularidades en un contrato de 2012, cuando era alcalde de La Jagua de Ibirico (Cesar), que habrían causado un detrimento patrimonial de $1.492 millones. Además, las amenazas de muerte contra jueces en Puerto Colombia, atribuidas al grupo “Los Porteños”, llevaron a la Alcaldía a solicitar protección urgente a la Unidad Nacional de Protección (UNP).
5. Violencia en Santa Marta y el Magdalena
Santa Marta continúa en una espiral de violencia. Un informe de 2025 la ubicó como la novena ciudad más violenta del país, con una tasa de 31,3 homicidios por cada 100.000 habitantes; el 86,8% de los crímenes fueron cometidos con arma de fuego. En abril de 2026 se registraron 12 homicidios, incluyendo el de una mujer de 76 años durante un atraco y el asesinato de una pareja en Taganga mediante engaño. El municipio de Ciénaga (Magdalena) también vive una escalada, con dos ataques sicariales casi simultáneos que reflejan la pérdida de control territorial por parte de las autoridades. Por otra parte, tras una amenaza armada de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada que paralizó la práctica de stunt (acrobacias en moto), los líderes de esta actividad acordaron retomarla bajo estrictas reglas, entrenando únicamente en el estadio Sierra Nevada y con registro previo de participantes.
6. Gestión ambiental y servicios públicos
En Cartagena, un fallo de tutela ordenó al Distrito, Cardique, Dimar y la Policía tomar medidas urgentes para frenar el deterioro de la Ciénaga de la Virgen, afectada por rellenos ilegales y tala de manglar. La Alcaldía, aunque reconoció el daño histórico, pidió ventilar el debate ante un juez competente. En el Atlántico, la Gobernación detectó 33 conexiones ilegales de agua en fincas de Manatí, utilizadas para riego, que representan pérdidas de $2.000 millones y afectan el suministro de 40.000 habitantes. Por último, el puerto de Cartagena se consolida como el principal del país: en 2025 recibió el 45,9% de los buques que llegaron a Colombia y movilizó el 65% de la carga contenerizada nacional. En materia económica, el ministro de Hacienda anunció un aumento de $400 en el precio de la gasolina a partir del 1 de mayo, por lo que en Valledupar el galón superará los $14.000, aunque la ciudad mantiene el precio más bajo del país por ser zona de frontera.
