Por: Caribe Investigación
En La Guajira se repite la misma realidad del Caribe colombiano, una violencia desbordada tanto en los principales centros urbanos como en zonas rurales o subregiones. En algunos casos, la violencia y el crimen crecen y/o se impone un control armado que no solo desafía la capacidad del Estado para frenar delitos comunes y avanzadas paramilitares, sino que lo cuestiona en tanto y en cuanto sigue ausente a pesar de anuncios de operativos militares o mesas de diálogos con distintos actores.
El Sur de Bolívar, que tiene conexión al Magdalena Medio, completa más de dos años de conflictividad; en Córdoba, Cartagena, Barranquilla y su área metropolitana la violencia va en alza; también en Sucre con énfasis en municipios aledaños al Golfo de Morrosquillo; mientras que Santa Marta y Ciénaga en Magdalena registraron una disminución al cierre del primer trimestre como resultado del Acuerdo II entre el Gobierno Nacional y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACSN), según el último de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos y Líderes Sociales de la Sierra Nevada.
La violencia, indica el documento de la Plataforma de Defensores, se concentra ahora en municipios como Fundación (14 casos), Ciénaga y Zona Bananera (11 cada uno), Aracataca (10) y Ariguaní (6). La Sierra Nevada de Santa Marta sigue siendo el epicentro de una guerra entre las AGC y las ACSN, con impactos sociales y de derechos humanos en Magdalena, Cesar y La Guajira.
La Defensoría del Pueblo también alertó sobre la incursión y expansión de las ACSN hacia el sur del Cesar, con graves implicaciones en materia de seguridad en un contexto donde participan otros actores armados.
Aunque cada ciudad o subregión tiene dinámicas propias, según los actores armados y el tipo de violencia, vemos con preocupación cómo se consolida un patrón de crimen e imposición de miedo que impacta directamente a la gente más vulnerable (defensores y líderes, mujeres, jóvenes, tenderos, transportistas, barrios marginalizados y pobres).
Lo más preocupante es que la respuesta institucional se repite sin matices: militarización regional, aumento del pie de fuerza y megaoperativos que no resuelven la raíz de las inequidades y contradicciones que sufren las mayorías; intervenciones que incluso apelan a la discriminación racial y barrial como política de contención del crimen.
Y esto hay que decirlo en voz alta: afirmar que el desborde de la inseguridad y la guerra entre bandas o paramilitares se debe exclusivamente a una guerra por el control de plazas y rutas de narcotráfico, además de las rentas de la extorsión, es una visión miope y acomodaticia.
Los mecanismos y rutas de atención para la violencia contra la mujer, por ejemplo, son escasos e insuficientes. Tampoco existe una política para proteger a nuestros jóvenes del reclutamiento forzado, ni se propician políticas educativas y laborales que abran un horizonte de oportunidades y posibilidades, sobre todo que les den un sentido y perspectiva de esperanza.
Los intentos del Gobierno en materia de paz fueron tardíos y contradictorios, tanto con las AGC como con las ACSN y las principales bandas que operan en el Atlántico. Varias fueron las crisis humanitarias registradas durante los últimos dos años, con informes, alertas y recomendaciones de todo tipo (vale decir que estas crisis también son producto de las conflictividades acumuladas durante los gobiernos de Santos y Duque).
Con la crisis humanitaria de enero de 2025 en el Catatumbo, el Gobierno dio un giro militar que apenas muestra resultados operativos, pero no humanitarios. Hoy parece más bien acomodarse a una necesidad de campaña: robarle a la derecha el monopolio narrativo de la seguridad, parecer fuerte y minimizar las limitaciones de la paz total y los pocos resultados en materia de derechos humanos.
Por lo tanto, el anuncio de una ofensiva contra grupos armados como las AGC y las ACSN en la región Caribe no le dice nada a la gente, no disminuirá la percepción ni la realidad si efectivamente y en paralelo no se avanza en los diálogos con ambos actores u otras bandas delincuenciales que operan al servicio de estos, en disputa o de manera autónoma.
Por último, un tema que para algunos analistas está al margen o no responde a las dinámicas actuales. Si como sociedad no nos proponemos superar el paramilitarismo como política de Estado, difícilmente podremos superar los niveles de violencia que impactan el Caribe. Ciertamente, existen nuevas dinámicas y/o actores que no limitan la discusión a la superación del paramilitarismo, pero obviar esta realidad seguirá postergando la paz en una de las regiones más golpeadas por la violencia paramilitar de las décadas pasadas.
Para los que dudan sobre la influencia e impacto del paramilitarismo, o consideran que es tema superado: ¿cómo es posible superar el conflicto si siguen estos actores controlando tierras, a pesar de procesos judiciales que han ordenado devolverlas a organizaciones campesinas? ¿Cómo explicar las denuncias de connivencia entre las AGC y sectores militares en el caso del Sur del Bolívar? ¿Por qué sigue impactando a sectores empobrecidos y vulnerables principalmente? Que hoy el Gobierno no tenga una alianza tácita o explícita con ninguno de ellos no quiere decir que no siga existiendo una política de Estado que les dio origen.
Un proceso de paz con estos actores debe involucrar a las víctimas, líderes y defensores, quienes han hecho aportes y recomendaciones para blindar el proceso, pero también debe mirar los procesos anteriores y desmontar las políticas vigentes que le dieron sustento al paramilitarismo, sobre todo enfocarse en la reparación y la verdad para cortar con la impunidad que hasta el sol de hoy sigue reinando en una región tan golpeada.
La Guajira y su patrón
Tanto medios regionales como la Defensoría del Pueblo han alertado que 2026 es un año negativo en materia de seguridad y derechos humanos para La Guajira, sobre todo por cómo se ha ido desarrollando el escenario en Maicao, la Media y Alta Guajira (zona fronteriza con Venezuela).
Esta situación no es fortuita ni espontánea. No solo por el patrón que se viene presentando durante 2026, sino por la continuidad de una dinámica que se viene expresando durante la última década en el corredor Santa Marta-Troncal del Caribe-Riohacha. Este eje fue uno de los primeros escenarios de disputa territorial entre las AGC y las ACSN. Riohacha se convirtió en los últimos años en una de las ciudades más violentas de La Guajira y el Caribe, como advertimos en agosto de 2023.
Desde enero se terminó de entender que Maicao forma parte de esta ecuación. Algunos la llaman expansión o disputa por la expansión. Con la masacre de cinco personas registrada este 12 de abril en el barrio Villa Mery de Maicao, se suma la segunda del año en este municipio y la tercera en el departamento. La modalidad es similar: hombres vestidos con uniforme militar irrumpen en dos barrios populosos y atentan con armas largas contra un grupo civil.
Como bien explicó la defensora de derechos humanos Norma Vera Salazar en enero pasado, “no son hechos desconectados ni episodios excepcionales. Forman parte de una misma lógica de poder que consiste en la imposición de un orden armado que regula la vida social, administra castigos, define quién vive y quién muere, y establece los límites de la acción estatal en amplias zonas de La Guajira”. Es decir, la continuidad del conflicto del que hemos sido testigos los últimos años en la Sierra Nevada de Santa Marta y el eje Santa Marta-Riohacha, se expresa con claridad tanto en Maicao como en la zona de la Media y Alta Guajira, y se viene repitiendo en el corredor del sur de La Guajira.
El 11 de abril, la prensa registró una confrontación entre el Ejército y las ACSN en zona rural de Uribia, en la cual murieron nueve integrantes de esta organización paramilitar. Esta subregión merece especial atención por varias razones. Una vez más debemos insistir en que no se trata de una simple disputa territorial:
En primer lugar, es poco lo que sale en medios sobre la influencia que tanto las AGC como las ACSN están intentando lograr en este corredor, estratégico por su conexión con el Mar Caribe y cercanía a las islas del Caribe, pero también por su cercanía con el corredor fronterizo compartido con Venezuela.
La zona rural de Uribia, Media y Alta Guajira es un territorio que viene siendo dividido y diseccionado con una falsa promesa de transición energética por medio de la instalación de parques eólicos. Desde el gobierno de Duque se vendió la falsa idea de que esta zona sería convertida en el paraíso de la energía eólica. La realidad es que tanto el Estado como las transnacionales han debilitado los liderazgos de la Alta Guajira para imponer un modelo de gestión que excluye a la población wayuu de la administración de este recurso y que tendría varios impactos socioambientales y culturales.
Que el patrón de violencia que se viene dando en otras regiones del departamento guajiro se instale en la Media y Alta Guajira, debilitaría aún más el dividido liderazgo wayuu en torno a los parques eólicos.
La Alta Guajira nunca ha sido un territorio geográficamente propicio para el establecimiento de campamentos permanentes, lo que hace que las nuevas dinámicas sean aún más violentas con tal de lograr dominar algunas zonas, poblaciones o rutas.
Estaríamos ante la invasión territorial de organizaciones que impondrían su presencia y prácticas a través del miedo, con consecuencias graves para liderazgos.
Algo más grave: por sus condiciones geográficas, la Alta Guajira nunca ha sido territorio de siembra de drogas ni instalación de laboratorios, pero su población joven sí ha venido siendo sometida por actores armados. O se vinculan o se van.
Por último, las anteriores consideraciones no pueden ser analizadas al margen de lo que está sucediendo en Maicao ni de todo proceso de expansión que tanto las AGC como las ACSN están desarrollando hacia la frontera con Venezuela. Es un asunto estratégico para ellos; para las autoridades seguirá siendo considerado como un asunto por el control de la extorsión y las economías ilícitas.
La expansión de las AGC y las ACSN hacia la zona fronteriza con Venezuela provocará otras crisis por la presencia de las disidencias de las FARC y el ELN en estas zonas. La población y los liderazgos seguirán sufriendo las consecuencias.
Se suma a este contexto las microbandas o bandas venezolanas que, por la crisis económica sufrida en Venezuela, se fueron instalando en parte de La Guajira y el Caribe colombiano.
La Guajira es un departamento históricamente desinstitucionalizado, con emblemáticos casos de corrupción e impunidad, cooptado por sectores políticos corruptos y mafiosos y con altos índices de desnutrición infantil y pobreza; también diezmada su vocación agrícola para convertirla en despensa energética de Colombia. Estos elementos deben entrar en los análisis para comprender la situación de violencia que afecta a Riohacha, Maicao, zona rural de Uribia y sur de La Guajira.
