Por: Caribe Investigación
1. Lo político
La cumbre diplomática Colombia-Venezuela celebrada en Caracas el pasado viernes 13 de marzo, además de una agenda de trabajo anunciada por ambos gobiernos, fue propicia para que el presidente Gustavo Petro colara de nuevo un mensaje político como mediador clave en esta nueva etapa post-Maduro.
Son públicas las declaraciones y propuestas que el mandatario colombiano ha hecho en torno a la compleja situación política venezolana y a los resultados de las elecciones presidenciales de 2024; por lo tanto, vale puntualizar lo concerniente al mensaje de Petro como político y como jefe de Estado, muchas veces contradictorio e incluso a contracorriente de su propia realidad.
En el contexto de la reciente cumbre, y en el preámbulo de la reunión Petro-Trump, el mandatario colombiano dejó entrever que su figura es necesaria para una transición política en Venezuela. Y a partir de esa aspiración podemos identificar por lo menos tres contradicciones:
- La bandera de la “transición democrática” (sin eufemismos: ocupación y negociación de Venezuela bajo chantaje y coacción de Estados Unidos) la lleva la administración Trump. Por lo tanto, a Petro le toca montarse en ese portaaviones de falacias, mentiras y manipulaciones para quedar como figura clave en el actual proceso venezolano.
- Se da a entender, y ese es el poder del metamensaje de Petro, que Colombia retoma las relaciones con Venezuela porque nuestro vecino asumió una senda democrática. De fondo, el reconocimiento que hace la administración Trump a la investidura de Delcy Rodríguez como jefa de Estado en Venezuela es lo que le da base a parte de los anuncios hechos durante la cumbre: los acuerdos energéticos, petrolero y de gas entre ambas naciones no serán posibles si la OFAC no le da el visto bueno a través de una licencia específica, porque las sanciones contra Venezuela siguen vigentes.
- Lo anterior permite concluir que Petro asume el giro de Estados Unidos como señal inequívoca para replantear una nueva agenda diplomática con Venezuela. Esta vez sí legítima. Como si no hubiese existido la era Petro-Maduro. Pero cae en la misma contradicción de Trump y por partida doble: Rodríguez llega a la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela por ser la vicepresidenta en ejercicio de la gestión de Nicolás Maduro, secuestrado el pasado 3 de enero; además, durante la gestión del presidente que Petro nunca quiso reconocer, Colombia y Venezuela no solo restablecieron relaciones diplomáticas, sino que el intercambio comercial se reactivó y con ello la economía de ambos países: durante 2025 el intercambio comercial creció 4,1%.
Militar y seguridad
Antes de hablar de este punto, dejamos claro que la paz quedó relegada de la agenda binacional. Desde los años 1990, Venezuela fue un importante aliado de Colombia para llevar a cabo distintos procesos de paz; digamos que una apuesta del Estado venezolano, indistintamente del perfil del gobierno de turno.
Desde que la política de seguridad de Petro dio un giro militar con la incorporación del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la retoma de la política de bombardeos a los campamentos de organizaciones armadas ilegales, el Gobierno ha girado en torno a una salida militar y, en aras de lograr este objetivo, insistió en involucrar a Venezuela taxativamente en la lucha contra las guerrillas y el narcotráfico en la frontera común, a pesar de las advertencias de organizaciones sociales y de derechos humanos sobre una deriva militarista que pondría en jaque el tejido social de ambos lados de la frontera.
El problema no es que ambos países planteen operativos conjuntos y cooperación de inteligencia, algo que ya venía haciéndose desde que Maduro y Petro restablecieron relaciones. Lo grave del asunto es el escenario y el contexto. El secuestro de Maduro, aparte de permitirle a Trump replantear la relación con Venezuela, dejó un mensaje aleccionador en la región: o están conmigo o los bombardeamos.
Entonces, Petro visita Washington y, sin sonrojarse, pide apoyo para combatir el narcotráfico en la frontera; a la par viene planteando la necesidad de una articulación militar regional para combatir el crimen transnacional. El jefe del Comando Sur visita Venezuela y entre los puntos de trabajo menciona el combate al narcotráfico y el terrorismo. Trump convoca a gobiernos títeres de América a Miami para celebrar la cumbre Escudo de las Américas con un solo objetivo, militarizar la región, a la par que arrecia su ataque y asedio contra Cuba. Noboa avanza en la entrega de Ecuador a la DEA y el Comando Sur.
Es decir, la cooperación colombo-venezolana en materia de seguridad se da en el contexto y bajo la sombra del despliegue militar de Estados Unidos en la región, de la aplicación de la nueva doctrina de seguridad nacional gringa, del sometimiento por amenaza, chantaje y coacción de Venezuela. Esto pinta más peligroso que el Plan Colombia en sus tiempos, que tuvo como objetivo público el combate al narcotráfico y las guerrillas, y como objetivo oculto el arrase del tejido social colombiano y el asedio a Venezuela.
Hablar de cooperación militar y de seguridad bajo la tutela y el sometimiento, desde la entrega de la soberanía, sin ni siquiera cuestionar el riesgo que implica en materia de derechos humanos, es lo peor que le puede pasar a ambas naciones.
Hace poco se hablaba de guerra proxy como forma de debilitar el tejido social del eje Magdalena Medio (Sur de Bolívar-Sur del Cesar-Catatumbo), con un segundo objetivo apuntando hacia la desestabilización de Venezuela. Trump terminó la tarea con el bombardeo a Caracas y el secuestro de Maduro; lo que existe en curso es una formalización de la militarización de la frontera.
¿Aranceles cero?
Petro propuso que ambos países eliminen aranceles para acelerar el intercambio comercial y el crecimiento económico de ambos países. Sin embargo, parte de la ganancia que esto podría representar para el sector industrial y comercial colombiano y no de la realidad de la economía venezolana.
Se debe recordar que la balanza comercial entre ambos países, al menos desde la década de 2000 hasta hoy, ha sido favorable para Colombia, que cuenta con un sector productivo y parque industrial mucho más robusto que el de Venezuela. Del lado venezolano prácticamente se han limitado a la exportación de materia prima hacia Colombia.
Segundo, y en esto la presidenta Delcy Rodríguez fue tajante y clara, todas las sanciones que pesan sobre Venezuela hacen imposible y desigual un intercambio comercial con aranceles cero. Por lo que este globo de ensayo de Petro quedará al margen de esta nueva etapa.
Energético
Como siempre hemos afirmado en esta columna, sería positivo y beneficioso para ambos países acordar proyectos y trabajos conjuntos en materia energética, de petróleo y gas. Y en eso Petro ha sido persistente. La cumbre del viernes planteó dos puntos en este sentido: venta de gas venezolano a Colombia a través del gasoducto Antonio Ricaurte; venta de energía limpia de Colombia a Venezuela (¿la que viene de los parques eólicos de La Guajira?).
En cuanto a la venta de gas venezolano al Caribe colombiano, pesan dos realidades. La primera es el peso de las sanciones. Si ambos gobiernos no logran una licencia específica o el levantamiento total de las sanciones, la reactivación del acuerdo que permitió la construcción del gasoducto transcaribeño Antonio Ricaurte será una utopía.
Además, el gasoducto no está 100 por ciento operativo como se afirmó erróneamente desde el canal público RTVE. Desde la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales, un tramo del gasoducto del lado colombiano fue vandalizado, desvalijado y desmantelado, según denunció la compañía en septiembre de 2023 al solicitar a la Fiscalía abrir una investigación al respecto.
Para que Colombia le pueda vender energía a Venezuela, debe contar con una capacidad de infraestructura óptima. Según el ministro colombiano Edwin Palma, sería energía limpia, es decir, la que supuestamente se está produciendo en el departamento La Guajira. El Caribe colombiano lleva soportando una grave crisis de electricidad por el deplorable estado de la infraestructura y el alto costo del servicio, crisis que el Gobierno no ha podido resolver a pesar de varias propuestas e intentos. ¿A cuál energía se refiere el ministro?
Mercosur
Muy loable que el presidente Petro proponga a Mercosur reconsiderar el ingreso de Venezuela. Habría que ver cuál sería la postura de Brasil, o de Lula. Recordemos que, con la excusa de los resultados electorales y la dictadura de Maduro, Lula boicoteó el ingreso de Venezuela a los BRICS.
No es un tema de democracia, sino de relaciones de poder e influencia. Venezuela es uno de los países más ricos del mundo por cuenta de sus importantes reservas de petróleo, gas, oro, entre otros; y esto la posiciona como un actor relevante y de peso tanto en la región como en el mundo. El imperio no la atacó en defensa de la democracia, la agredió por sus riquezas. Y ese es el asunto clave en cuanto a Brasil como potencia regional; ellos no ven con buenos ojos a Venezuela no por una cuestión ética y de democracia, sino por la disputa de la influencia regional y mundial.
2. Crisis en la Sierra Nevada
Varios análisis, reportajes, datos y elementos de interés se han publicado en torno a la crisis humanitaria que atraviesa la Sierra Nevada de Santa Marta, específicamente en la zona rural de Aracataca, debido a los cruentos combates que sostienen las AGC y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.
No queda más que reiterar el llamado que comunidades, líderes y defensores de derechos humanos están haciendo para lograr desescalar el conflicto. En primer lugar, la salida de ambos grupos armados de la zona; segundo, permitir y respetar un corredor humanitario para atender a las comunidades (parcialmente se cumplió); tercero, que ambos se comprometan públicamente a respetar lo acordado con el Gobierno en materia de derechos humanos y a no agredir ni involucrar a las comunidades en sus apuestas militares y confrontaciones.
Por triste que parezca, ninguno de los dos actores está comprometido con la paz. Ambos siguen expandiéndose y aplicando una política de terror y control social, dominio de economías locales y familiares, extorsión, sicariato, etcétera. No existe ninguna razón para creer que al término del gobierno de Petro haya un avance en la mesa con ambos actores.
Lo peor es que tanto el Gobierno como el Comisionado de Paz son percibidos negativamente. Dejan ver una inercia total en torno a la crisis humanitaria de la Sierra Nevada. Y esta se viene acumulando al menos desde 2023:
- En agosto de 2023, más de 30 familias fueron desplazadas de Matitas, Choles y Tigreras, zona rural de Riohacha, por combates entre el Ejército y las ACSN.
- Febrero de 2024. Combates entre las AGC y las ACSN provocaron el desplazamiento de 80 familias wiwas de la vereda El Limón. Nunca hubo una ruta institucional clara para garantizar el retorno de la población, lo hicieron por su cuenta y bajo riesgo.
- Marzo de 2026. Desplazamientos, masacre y confinamiento de varias comunidades de Aracataca.
- Agosto de 2025. La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 010 por el escenario de riesgo que afectaba al departamento: advirtió del peligro extremo que enfrentaban Riohacha, Dibulla y San Juan del Cesar por la disputa entre las AGC y las ACSN.
Esta Alerta Temprana de agosto de 2025 deja claro que la crisis no se limita a la Sierra Nevada, sino que afecta directamente a las zonas de influencia del macizo montañoso y a las principales ciudades de Magdalena, Cesar (incluyendo actualmente el sur) y La Guajira.
En agosto de 2023 publicamos una reflexión donde se advierte esta crisis y elementos que permiten acercarnos a la complejidad de la confrontación entre ambos actores (leer Riohacha, en el centro de la disputa paramilitar).
3. Curules de paz
Es una incoherencia que Yoyo Tovar, hijo de uno de los comandantes paramilitares más perversos de las AUC, Jorge 40, se haya coronado por segunda vez con la curul de paz por la circunscripción 12 (Cesar, Magdalena y La Guajira). Es una ofensa para las víctimas de desplazamientos forzados, desmembramientos, despojos y masacres perpetrados por el Bloque Norte de las AUC en esos tres departamentos.
Como expresó en X el dirigente campesino y víctima del conflicto armado, Luis Fernando Lara, la realidad de que el hijo de Jorge 40 “sea el representante de las víctimas de su padre en el CITREP 12 revictimiza y evidencia el fracaso de este aspecto del Acuerdo de paz”.
Los paramilitares no solo cooptaron el poder institucional del Estado; llegaron a controlar y aún controlan circuitos económicos y mediáticos que les permiten perpetuar la parapolítica, la impunidad y una legitimidad que da asco.
