Por: Caribe Investigación
Cuatro hechos quedan de manifiesto con la anulación del Decreto 1500 de agosto de 2018, que redefinía el territorio ancestral de cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Primero que todo, la institucionalidad colombiana sigue marginando comunidades vulnerables y sujetos históricos al desconocer derechos territoriales; sienta un precedente peligroso que socava décadas de luchas por el derecho a habitar la tierra y pone en alerta otros derechos conquistados.
Segundo, el Decreto 1500 funcionó como muro de contención a los proyectos mineros, energéticos, agroindustriales y turísticos que se pretendían desarrollar en unos de los ecosistemas más importantes del país. Sin un nuevo decreto, el territorio quedaría a merced de proyectos que entrarían al territorio con un solo objetivo: acumular riquezas por encima del principio de preservación de la vida y equilibrio de la biodiversidad del territorio.
De la preservación de la Línea Negra como concepto y forma de vida, y esto es lo tercero, depende la estabilidad de toda la Sierra Nevada de Santa. No es un tema menor o circunstancial. Es un elemento importantísimo en un contexto donde la violencia paramilitar ha secuestrado la cotidianidad del macizo montañoso y sus vertientes en Magdalena, Cesar y La Guajira. Del reordenamiento y ejecución de un nuevo decreto depende mucho la paz territorial, no solo de una o dos negociaciones que haga el Gobierno con los actores armados involucrados.
Por último, el Decreto 1500 de 2018, y la convocatoria a consulta previa que hiciera el presidente Petro para elaborar un nuevo decreto parten de un mismo espíritu, reconocer el derecho territorial de pueblos indígenas (la actual convocatoria lo extiende a los pueblos wayuu y afros), aunque ignora los derechos de comunidades campesinas que han habitado históricamente la Sierra Nevada.
Tomar en cuenta el carácter histórico de este sujeto social le daría al nuevo decreto robustez y estabilidad. Es también una cuestión de justicia. Por ello, una treintena de organizaciones campesinas y comunales firmaron una carta dirigida al Gobierno en la que afirman que la Sierra Nevada también es campesina.
En el comunicado alegan que los campesinos, luego de décadas de habitar el territorio, han formado lazos de arraigo e identidad en la región y que forman parte de los procesos sociales que garantizan la estabilidad ecológica y la construcción de la paz territorial. Además, recordaron que el Acto Legislativo No. 1 del 5 de julio de 2023 modificó el artículo 64 de la Constitución Política para darle estatus al campesinado como sujeto de especial protección constitucional.
Sería justo que el Gobierno Nacional atienda esta demanda. La participación de otros sujetos históricos enriquecerá y fortalecerá un nuevo decreto por la diversidad de luchas que representan.
Fuerte de Carabineros
Con el cierre reciente del Parque Natural Tayrona, el Gobierno nacional dejó al descubierto las contradicciones que manejan sus funcionarios en torno al tema. El decreto manifestaba una cosa, el presidente Petro dijo otra —el ministro de Defensa le siguió el paso—, el vocero de la mesa de negociación con las ACSN dio unas declaraciones disparatadas, las autoridades de Parques Nacionales expresaron una versión distinta, mientras que las comunidades y operadores turísticos expusieron otra realidad.
Este 5 de marzo el Parque Tayrona reabrió al público luego de una presión de operadores turísticos, campesinos e indígenas que forman parte de la cotidianidad de este importante ecosistema y de su red de economía local. Pero el Gobierno entendió mal el mensaje y estableció como punto de inicio para esta reapertura la conformación de un fuerte de carabineros para garantizar la seguridad del Tayrona.
Es inocultable que la violencia paramilitar haya mantenido sometida la Sierra Nevada los últimos años. Liderazgos estigmatizados, perseguidos o amenazados, desplazamientos, confrontaciones armadas entre las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) y las AGC, una red de extorsión asfixiante y el control territorial violento absoluto.
Establecer un fuerte carabinero no le devolverá la paz al territorio, ni ayudará a que se consolide un proceso de paz con el principal actor armado de la región, las ACSN. Cuando mucho, envía un mensaje de tranquilidad al turista foráneo, da sensación de seguridad, pero no aborda las causas principales del conflicto social y armado que afecta a la Sierra Nevada.
Militarizar la región como lo hicieron con el Catatumbo no es garantía de seguridad ni significa una transformación del territorio y compromiso del Estado para lograr esta transformación. En materia de paz y seguridad, el Gobierno debe avanzar en las negociaciones con los principales actores armados de la región con garantía para el ejercicio de los derechos humanos y cualquier actividad social y económica, involucrar a los liderazgos afectados por el paramilitarismo y organizaciones de derechos humanos y veedores nacionales e internacionales, así como desmontar las relaciones de poder que siguen alimentando el conflicto y perpetuando el paramilitarismo como gobierno de facto en el territorio.
Compra de votos
Varios casos relacionados con la compra de votos fueron reportados en el Caribe colombiano al cierre de la jornada electoral: uno en La Guajira, dos en Sucre, otro directamente vinculado a la Alcaldía de Barranquilla, otro más en Córdoba y tres en Cesar.
Las capturas registradas tanto en la región Caribe como en el resto del país dejan en evidencia una cultura de compra de votos normalizada y, la mayoría de las veces, amparada, promovida y motorizada por familias políticas de poder en las regiones; práctica sistemática que habla también de un patrón de clientelismo arraigado y consolidado, lo que evita que opciones políticas alternativas puedan desplazar los partidos tradicionales y las familias poderosas del Caribe.
Hablando de partidos, los principales cuestionados por estas prácticas en la presente contienda están vinculados al Partido Conservador, La U y Cambio Radical.
Ataque de las AGC al Cinep
La zozobra se instaló nuevamente en los territorios. El autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido también como AGC, señaló de manera irresponsable y sin pruebas que el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) era aliado del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La reacción de los liderazgos sociales, defensores de derechos humanos y de la Defensoría del Pueblo fue inmediata y sin medias tintas: este señalamiento irresponsable no solo pretende deslegitimar las décadas de lucha que ha tejido el Cinep en defensa de los derechos humanos, sino que pone en riesgo la vida de sus investigadores, integrantes y de liderazgos vinculados a su trabajo social de base.
El señalamiento de las AGC, publicado como comentario sarcástico en su red social X, aunque fue borrado, deja una seria preocupación por los antecedentes de amenaza que han sufrido los defensores de derechos humanos en Colombia, especialmente durante la década de 2000, cuando Estado, gobierno Uribe y paramilitarismo apuntaron ferozmente contra todo el tejido social que se oponía a la guerra y el vasallaje.
“El episodio ocurre en un momento de alta tensión en el Chocó, donde comunidades y organizaciones sociales han cuestionado, a través de una carta que justamente firmaba el Cinep, la posibilidad de que el Gobierno establezca una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para integrantes del Clan del Golfo con quien tiene un proceso de paz de septiembre de 2025”, reseñó El Espectador este 7 de marzo.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, asumió la denuncia con carácter prioritario, advirtiendo que en contextos de violencia como el chocoano, una acusación proveniente de un actor armado como las AGC puede tener consecuencias fatales. “Señalar a quien investiga o acompaña es allanar el camino para la repetición de las más graves violaciones de derechos”, señaló la entidad en un comunicado.
Lo que más indigna de toda esta campaña es la tibia respuesta del Gobierno. Álvaro Jiménez, jefe de paz delegado ante las AGC, escribió en su red social X que “toda apertura a superar por la vía del diálogo situaciones que debilitan los esfuerzos de construcción de paz es un avance. Bienvenida y aceptada esta iniciativa”, dijo en respuesta a una propuesta realizada por el abogado de las AGC, Ricardo Giraldo, como respuesta a los señalamientos estigmatizantes.
Lo que queda claro es que la vieja práctica del paramilitarismo y del Estado terrorista colombiano sigue vigente: señalar y estigmatizar a sus “distintos” para deslegitimar luchas que desafían la norma y el orden establecido, controlar poblaciones y liderazgos a través del miedo. Todo lo diferente a lo normado y establecido es sujeto de persecución, condena y extinción.
Movilización por la tierra
La primera semana de marzo estuvo marcada por jornadas de movilización campesina en el Cesar. El 3 de marzo, varias organizaciones protagonizaron un bloqueo a la altura de Nuevas Flores en la vía hacia Agustín Codazzi y el día 4 se sumó otro bloqueo en la vía que conduce al corregimiento de Aguas Blancas (La Palizada).
Con estas protestas, líderes y comunidades campesinas exigieron a las autoridades del Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Víctimas establecer espacios reales de diálogo para superar dificultades que históricamente han afectado la vida campesina. Entre las demandas, cuentan: “necesidad de vías de acceso terciarias y la eliminación del peaje ubicado entre Agustín Codazzi y San Diego”.
Estas son “problemáticas coyunturales que, entre otras cosas, precarizan la movilidad y dificultan el transporte tanto de los alimentos que producimos como de los trabajadores y trabajadoras que utilizan esta vía”, según expresó en su cuenta de X la Integración Campesina del Cesar.
Homicidios repuntan
El departamento del Atlántico cerró febrero de 2026 con 91 homicidios, el doble de los registrados en años anteriores. Barranquilla sigue concentrando los casos con 43 asesinatos (casi la mitad del total), Soledad con 25, Malambo con 7 y Puerto Colombia con 1, según informó la Policía Metropolitana a la prensa. Además, dos masacres empeoraron la situación: una se registró en el barrio Las Américas de Barranquilla, donde tres hombres fueron asesinados durante el fin de semana de Carnaval; y otra en el municipio de Ponedera, en el sector San Francisco, donde un ataque armado dejó tres víctimas fatales: dos mujeres y un niño de dos años.
Se hace norma la violencia en el departamento. Y esta no solo se limita a la confrontación entre bandas delincuenciales, como reiteradamente señalan las autoridades. La violencia ha ido escalando los últimos diez años y repite el patrón de la década de 2000, cuando las AUC incursionaron en el departamento y establecieron una política de control territorial armado y de amenaza y exterminio contra sindicalistas, liderazgos sociales, estudiantes. El Estado era una pieza decorativa, los más vulnerables no tenían ningún tipo de garantía.
Difícilmente se podrá superar la violencia en el departamento; mientras el Gobierno sigue empujando una mesa de interlocución con Los Pepes y Los Costeños, los jóvenes siguen siendo las principales víctimas de toda esta tragedia. No tienen mayores esperanzas de vida y tampoco son el centro de las políticas sociales, de seguridad y de paz de las autoridades locales y del gobierno nacional.
Víctimas de la matazón que llevan a cabo estas bandas, víctimas de un Estado que poco o nada los toma en cuenta, y víctimas de reclutamiento forzado, bajo engaño, coacción o influencia de la cultura violenta tanto de bandas organizadas como de agrupaciones paramilitares que están posicionándose en el territorio.
A la par, organizaciones de derechos humanos y de la mujer del Atlántico denunciaron un aumento de feminicidios, desapariciones y hechos de violencia extrema contra mujeres en la región. “A través de un pronunciamiento público, colectivas feministas y organizaciones de derechos humanos manifestaron su profunda preocupación, indignación y rechazo frente a los recientes casos registrados en el departamento, algunos de ellos relacionados con hallazgos de cuerpos de mujeres en zonas apartadas”, escribió El Tiempo.
Entre las principales alertas expuestas por las organizaciones se encuentran el aumento de homicidios y feminicidios en el departamento; casos ignorados por las instituciones o con respuestas tardías; hallazgo de cuerpos en zonas rurales, con patrones de violencia extrema.
Muertes en La Guajira
Si enero fue especialmente duro para el departamento La Guajira, febrero de 2026 no le dejó respiro: se registraron 18 homicidios en el departamento, todos bajo la modalidad de atentado sicarial, concentrados en cinco municipios: Maicao y Riohacha con cinco víctimas cada uno; Uribia y San Juan del Cesar con tres cada uno; y Barrancas con una.
Aunque representa una reducción frente a los 43 homicidios reportados en enero, sigue siendo alarmante porque se viene normalizando el sicariato, incluso las masacres, como forma de poner orden en un departamento con serios problemas de seguridad y de garantía de derechos humanos.
Por otro lado, y a pesar de toda la campaña mediática a favor del Gobierno Distrital de Cartagena, 53% de los cartageneros no se siente seguro, según Cartagena Cómo Vamos de 2025. La pregunta “¿Qué tan seguro se siente usted en Cartagena?” echa por tierra toda la mentira que ha tejido el alcalde en torno a la seguridad.
La encuesta también evaluó cómo se percibe la seguridad en los barrios. Solo el 33% de los cartageneros afirma sentirse seguro en su comunidad, 9 puntos porcentuales menos que en 2024. “Este deterioro es particularmente preocupante porque el barrio debería ser el espacio de convivencia más cercano y controlable”, precisó Cartagena Cómo Vamos en su último informe.
Mientras tanto, el alcalde Dumek Turbay se sigue pavoneando con su política de seguridad represiva, discriminatoria y abusiva, denunciada varias veces por organizaciones barriales y de mujeres afro por agredir y perseguir a jóvenes, mujeres, sobre todo a los que no encajan en el modelo de sociedad de élite que se instauró en Cartagena, su casco histórico y circuito económico y turístico. Es decir, la política policiva de Turbay está hecha para garantizar la acumulación de capital y el disfrute de unos pocos en detrimento del señalamiento y persecución de muchos otros.
