Por: Nathali Aguirre Salcedo*
La historia de la Minga Social, Popular y Comunitaria de Cali no comenzó con la instalación de un refugio en el Ministerio de Vivienda o la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Tampoco empezó con un pliego de exigencias o con una mesa de negociación. Su origen está en la respuesta a una pregunta mucho más grande y profunda: ¿quién tiene derecho a la tierra, a la vivienda y al territorio, en un país que históricamente ha estado en guerra precisamente por la concentración de la tierra, el despojo y la exclusión?
En poco menos de una década, la Minga-Cali pasó de ser una articulación de organizaciones populares a convertirse en uno de los procesos territoriales más importantes del suroccidente colombiano. Hoy reúne 23 organizaciones sociales, campesinas, indígenas, afrodescendientes y comunitarias, representando a cerca de 1.000 familias que han encontrado en la organización colectiva una respuesta frente al desplazamiento, los desalojos, la falta de acceso a la tierra y la ausencia de una política pública que garantice el derecho a habitar dignamente el campo y la ciudad. Más que una plataforma organizativa, la Minga-Cali ha construido una agenda política que entiende la tierra y la vivienda como derechos inseparables del territorio y de la posibilidad de permanecer en él.
Su apuesta ha sido particular dentro del movimiento social colombiano. Históricamente las luchas rurales y urbanas han transitado caminos paralelos. La Minga-Cali logró articularlas en una misma plataforma política. Entendió que la historia de una familia campesina expulsada de su tierra está relacionada con la de quienes resisten un desalojo en un barrio popular; que la defensa del agua, de la producción campesina, de la soberanía alimentaria, de la vivienda digna y del derecho a permanecer en el territorio hace parte de una misma discusión sobre la justicia social y el modelo de país. Por esa razón, la defensa de la Reforma Agraria, la construcción de proyectos de autogestión de vivienda, la oposición a los desalojos masivos y la exigencia de una Reforma Urbana Integral hacen parte de una misma lectura: el territorio no puede reducirse a una mercancía; el territorio es vida, comunidad y juntanza.
La movilización transforma
Desde la experiencia de la Minga Social, Popular y Comunitaria de Cali, la movilización no ha sido el camino para abrir el diálogo, sino la fuerza que lo ha sostenido. Marchar, ocupar, deliberar, refugiar, recuperar y negociar han sido parte de un mismo proceso, uno en el que las comunidades no esperan respuestas, sino que participan activamente en la construcción de las decisiones que transforman sus propios territorios. Su camino es poco frecuente en la historia reciente de los movimientos sociales: mientras unos la veían marchar por las calles de Cali o levantar banderas frente a las instituciones, al mismo tiempo construía documentos técnicos, discutía rutas jurídicas, formulaba propuestas de acceso a tierras, diseñaba proyectos de vivienda, recuperaba predios y sostenía largas jornadas de negociación con entidades del orden nacional. La movilización nunca fue el punto de llegada, siempre ha sido el punto de partida para producir decisiones, acuerdos y generar así transformaciones.
Quizá por eso las principales conquistas de la Minga-Cali no pueden leerse únicamente como victorias de una organización social, sino como evidencia de que la acción colectiva sigue siendo capaz de mover las viejas estructuras del Estado cuando logra combinar organización, propuesta y persistencia. La adjudicación de tierras para cientos de familias campesinas en Zarzal y El Cerrito, la apertura de mesas de trabajo con la ANT y la incorporación de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y del Ministerio de Vivienda en la construcción de soluciones para comunidades urbanas difícilmente habrían ocurrido sin una movilización capaz de sostenerse en el tiempo.
Pero quizá la transformación más importante no pueda medirse únicamente por el número de hectáreas adjudicadas, las mesas instaladas o los proyectos que comenzaron a materializarse. La Minga-Cali también transformó la manera de relacionarse con el Estado: pasó de la protesta como único lenguaje a una interlocución permanente, sustentada en propuestas, acuerdos y participación en la construcción del territorio. Al mismo tiempo, fortaleció la organización, la confianza entre comunidades que antes caminaban por separado, los liderazgos populares y la convicción de que las transformaciones profundas no se delegan: se construyen colectivamente. No es menor reconocer que el primer gobierno progresista en la historia de Colombia facilitó esa relación con la burocracia del Estado. Lo verdaderamente conquistado ha sido la certeza de que cuando las comunidades se organizan, marchan, deliberan y permanecen, dejan de ser receptoras de decisiones para convertirse en protagonistas de su propia historia.
Los acuerdos existen… cumplirlos sigue siendo el reto
Una marcha que logra instalar una mesa de diálogo se considera un éxito en los procesos sociales. Un acuerdo firmado se anuncia como una victoria. Una fotografía entre líderes sociales y funcionarios suele convertirse en la imagen que cierra el ciclo de una movilización. Pero la experiencia de la Minga-Cali ha demostrado que, en realidad, allí comienza el capítulo más difícil de todos, porque firmar un acuerdo nunca ha significado verlo materializado. La historia reciente de este proceso está escrita en actas, compromisos y hojas de ruta construidas durante largas jornadas de diálogo con entidades locales, departamentales y nacionales.
Detrás de cada documento hay horas de discusión, propuestas construidas por las propias comunidades y acuerdos firmados de manera conjunta. Sin embargo, entre la firma y la transformación del territorio persiste una distancia que las comunidades conocen demasiado bien: la de una institucionalidad que muchas veces avanza más lento que las necesidades de la gente. Es allí donde la voluntad política se pone a prueba y donde los acuerdos deben demostrar que pueden convertirse en derechos y no quedarse atrapados en la burocracia.
Por eso el pliego de exigencias que se presenta ante la ANT, la SAE y el Ministerio de Vivienda no nace de nuevas reivindicaciones. En buena medida recoge asuntos que ya habían sido discutidos y acordados: la seguridad jurídica sobre predios entregados, el acceso efectivo a nuevas tierras, el impulso a proyectos de vivienda por autogestión, la disposición de bienes administrados por la SAE para fines sociales y las garantías para las comunidades. Son compromisos que existen sobre el papel y cuya realización sigue dependiendo de la capacidad del Estado para convertir los acuerdos en hechos.
Y es precisamente en ese punto donde la movilización vuelve a cobrar sentido. No para reemplazar el diálogo, ni para desconocer los avances alcanzados, sino para recordar que los acuerdos no se cumplen el día que se firman. Se cumplen cuando llegan al territorio, cuando se convierten en seguridad para una familia campesina o en un proyecto de vivienda que comienza a levantarse. Porque hay una diferencia fundamental entre conquistar la palabra del Estado y lograr que esa palabra transforme la realidad. Y esa diferencia, muchas veces, solo puede superarse con la persistencia de quienes decidieron no abandonar el camino cuando terminaron las negociaciones. La lucha y la juntanza son el poder de transformación de las comunidades.
Cuando la movilización se convierte en juntanza
El Refugio Humanitario instalado el 30 de julio en Bogotá no surgió únicamente de la decisión de la Minga-Cali. Es el resultado de una articulación política entre organizaciones campesinas, procesos urbanos, comunidades populares y organizaciones sociales del Valle del Cauca que decidieron caminar juntas para exigir el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con la ANT, la SAE y el Ministerio de Vivienda. En este proceso confluyen Fundación Río Piedras, Asoagricar, Asociación Rizoma, Codeagro y la Cumbre Nacional Popular, quienes han encontrado en la defensa de la tierra, el territorio y la vida un horizonte común. Más que compartir un pliego de exigencias, comparten la convicción de que los acuerdos solo adquieren sentido cuando se defienden colectivamente.
Durante el día, el Refugio fue un lugar de reuniones, comisiones, llamadas y nuevas conversaciones con las entidades del Estado. Pero cuando terminaba la jornada laboral y las oficinas se vaciaban, el Refugio seguía allí. Permanecieron las ollas comunitarias, las cobijas, las conversaciones alrededor del café, las niñas y los niños jugando entre las carpas, las personas mayores soportando el frío de una ciudad que no es la suya, y decenas de personas que, aun en medio del cansancio, continuaron durante 6 días resistiendo y organizándose en la toma pacífica del Ministerio de Vivienda.
Más que una protesta, el Refugio fue una manera de acompañar el recorrido de los acuerdos desde el papel hasta el territorio. Cada carpa recuerda que detrás de cada compromiso existen familias esperando acceder a la tierra, comunidades impulsando proyectos de vivienda y procesos organizativos que continúan construyendo alternativas para permanecer en sus territorios. Pero quizá su mayor enseñanza sea demostrar que la unidad también se construye. En un contexto donde la fragmentación ha debilitado históricamente muchas luchas sociales, el Refugio Humanitario confirma que la articulación sigue siendo una de las herramientas más poderosas del movimiento popular. Sostener la unidad hasta que la palabra se convierta en realidad. La movilización deja de ser una consigna para convertirse en una forma cotidiana de cultivar la esperanza.
Más allá de los acuerdos
En Colombia se suele pensar que la democracia ocurre cada cuatro años, cuando la ciudadanía elige un nuevo gobierno. Sin embargo, procesos como la Minga-Cali recuerdan que la democracia también se construye todos los días: en las asambleas comunitarias, en las mesas de diálogo, en las recuperaciones de tierra, en las calles y, cuando es necesario, en un Refugio Humanitario. La historia de este proceso demuestra que la movilización social no es el fracaso del diálogo institucional, como tantas veces se ha querido presentar. Por el contrario, ha sido la condición que permitió abrir espacios de interlocución, construir acuerdos y posicionar en la agenda pública demandas históricas por la tierra, la vivienda y el territorio. Sin organización, difícilmente habría existido una mesa; sin movilización, probablemente tampoco existirían muchas de las transformaciones que hoy hacen parte de la agenda de la Reforma Agraria y de la lucha por la vivienda digna.
La Minga-Cali ha aprendido que las conquistas no se defienden únicamente ocupando la calle, sino también habitando los espacios donde se toman las decisiones; por ello nos los tomamos de manera pacífica. Dialogar no significa dejar de movilizarse y movilizarse no significa renunciar al diálogo. De esta manera ha construido una forma de hacer política en la que las comunidades dejan de ser receptoras de las políticas para convertirse en sujetas colectivas que las impulsan, las acompañan y exigen su cumplimiento. Porque la historia de las transformaciones sociales no la escriben únicamente los gobiernos ni las instituciones. La escriben los pueblos que deciden organizarse para conquistar derechos y permanecer hasta hacerlos realidad. Quizá ese sea el mayor legado de la Minga-Cali: demostrar que la movilización no es solamente un mecanismo de presión, sino una escuela de organización, una forma de construir comunidad y una práctica cotidiana de democracia. Mientras existan comunidades dispuestas a caminar juntas, a dialogar sin renunciar a la movilización y a cuidar lo conquistado, la esperanza dejará de ser una promesa para convertirse en territorio, en vivienda y en tierra para quienes históricamente les fueron negadas.
*Vocera Minga-Cali, Licenciada en Historia y Educadora Popular de la Universidad del Valle
