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Avanzada sionista evangélica en la Sierra Nevada: ni nueva, ni única

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Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (Edición 121)           

Por: Caribe Investigación

1 ¿Sionismo en la Sierra Nevada?

Una denuncia de la periodista Diana Carolina Alfonso, publicada recientemente en Diario Red, alertó sobre una reunión que la Defensoría Regional del Magdalena, dirigida por Claudia Liliana Castellanos Roncancio (encargada), celebró con sus funcionarios para atender una solicitud del Departamento de Estado de Estados Unidos “con el propósito de conocer de primera mano la situación de la libertad religiosa en la región”.

El memorando interno, al que tuvo acceso Diario Red, detalla los temas de interés: “La violencia de grupos armados ilegales y su impacto en la práctica de la fe, las dificultades de la evangelización en comunidades indígenas de la Sierra Nevada, la existencia de comunidades judías o musulmanas en la región y, quizás lo más revelador, la eventual ocurrencia de casos o manifestaciones de antisemitismo”.

Diario Red cuestionó el objetivo de esta reunión al asegurar que “lo que en un principio podría leerse como una inocente indagación diplomática sobre derechos humanos revela, al examinarse con atención, los contornos de una operación política de largo aliento. La pregunta que queda flotando es inevitable: ¿qué interés tiene el gobierno de Estados Unidos en los conflictos internos entre indígenas tradicionales y evangélicos de la Sierra Nevada de Santa Marta? ¿Y por qué la palabra antisemitismo aparece en el mismo párrafo que los procesos de evangelización en territorios ancestrales?”.

Además, se debe tomar en cuenta que la narrativa utilizada por Occidente (Estados Unidos e Israel principalmente) ha intentado hacer ver dos conceptos distintos (anti sionismo y antisemitismo) como sinónimos. Por lo tanto, anular, condenar y deslegitimar toda denuncia referente al genocidio cometido por Israel en Palestina.

Conflicto religioso y electoral

La denuncia de Diario Red es grave y detalla los peligrosos antecedentes de conflictos religiosos que se han venido incubando en la Sierra Nevada de Santa Marta los últimos años, y cómo estos han afectado los liderazgos sociales de los pueblos indígenas y dividido distintas comunidades.

“Los conflictos religiosos en la Sierra Nevada no son nuevos, pero han adquirido una dimensión preocupante en los últimos años. La Sentencia SU-510 de 1998 de la Corte Constitucional documentó con exhaustividad el choque entre la cosmovisión del pueblo Arhuaco (Ika) y la doctrina de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia (IPUC)”, cita Diario Red.

Durante la campaña presidencial del presente año, estos conflictos “religiosos” quedaron expuestos cuando varios líderes indígenas evangélicos de la Sierra Nevada, especialmente pentecostales, apoyaron públicamente la campaña de Abelardo De La Espriella, el entonces candidato abiertamente anti derechos y anti minorías.

¿Pueden imaginar los conflictos que se avecinan en uno de los territorios más biodiversos de la región? El Gobierno De La Espriella ya anunció que avanzará en proyectos de exploración y explotación de gas y petróleo, incluso de fracking; cabe preguntar: ¿de qué lado estarán los líderes indígenas evangélicos cuando estos proyectos toquen intereses de la Sierra Nevada? ¿Podrá la oración detener la explotación de recursos que impactará la vida y la biodiversidad del territorio y de otras regiones estratégicas?

Informe del Departamento de Estado

No es reciente el interés de Estados Unidos por la cuestión religiosa en esta región del continente y específicamente en Colombia, como puede desprenderse del último informe elaborado por el Departamento de Estado publicado en 2023.

En 18 páginas el documento aborda principalmente el marco jurídico colombiano sobre libertad religiosa, principalmente el decreto 922 de 2023 y la creación del Sistema Nacional de Libertad de Religión, Culto y Conciencia; Diálogo Social; Paz Total; Igualdad y No Estigmatización (SINALIBREC). También aborda el tema de la violencia, amenazas y desplazamientos de líderes religiosos por parte de grupos armados, la situación de comunidades judías y musulmanas después del 7 de octubre de 2023, el papel y posicionamiento del gobierno de Gustavo Petro, entre otros.

Aunque el informe reconoce que Colombia “mantiene un marco jurídico que protege formalmente la libertad religiosa”, señala como principal problema los actores armados ilegales, particularmente señalando al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como responsable de obstaculizar programas de paz, reconciliación y defensa de derechos humanos.

Este último punto llama especialmente la atención, porque fue uno de los temas que la Defensoría Regional del Magdalena incluía en su agenda de la reunión del pasado 21 de agosto. Sobre todo porque queda claro el interés del Departamento de Estado no solo de mapear los conflictos religiosos de la Sierra Nevada y del país, sino de incidir en temas que son de responsabilidad exclusiva del Estado colombiano, como lo es la paz.

Hoy es especialmente problemático por la abierta subordinación que el presidente Abelardo De La Espriella ha expresado en relación con Estados Unidos, al anunciar la incorporación de Colombia al Escudo de las Américas, la creación de los Bloques Urbanos de Seguridad y el lanzamiento del Plan Patriota 2.0 (una reedición del Plan Colombia).

Siguiendo con el informe del Departamento de Estado de 2023, conseguimos otra “coincidencia” con la agenda de temas pautada por la Defensoría Regional del Magdalena a petición de los estadounidenses. Después de los ataques de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023, según detalla el documento, la Confederación de Comunidades Judías de Colombia reportó un aumento de comentarios y grafitis antisemitas en Bogotá, sobre todo las declaraciones del entonces presidente Gustavo Petro, quien comparó a Israel con la Alemania nazi.

Varias conclusiones nos deja lo planteado por los estadounidenses y la denuncia del Diario Red sobre la reunión convocada por la Defensoría Regional del Magdalena: la intromisión del Departamento de Estado en asuntos internos de Colombia (de paz y seguridad, mas no religiosos) es abierta y descarada, aunque muchas veces camuflada; incidir en liderazgos indígenas a través de las misiones evangélicas sigue siendo un asunto de interés estratégico para Estados Unidos, sobre todo por las riquezas que alberga Colombia; EE. UU. actúa como escudero de Israel en América Latina y Colombia.

Lo de ser Estados Unidos escudero, propagandista y defensor del ente sionista quedó en evidencia los últimos dos meses, sobre todo con los terremotos ocurridos en Venezuela y Colombia. Fue Estados Unidos el promotor de la “ayuda humanitaria” de Israel en ambos países. 

Como mencionamos anteriormente, lo que más preocupa es que, a través del tema religioso, los Estados Unidos pretenden tener incidencia en temas de seguridad y paz en Colombia; no es que le preocupe exclusivamente cómo operan los grupos armados y su impacto en comunidades y liderazgos religiosos. Además, el informe que citamos es de carácter oficial; por lo tanto, refleja las prioridades y la política exterior de Estados Unidos en relación con Colombia.

Maicao contra el Islam

Existe una narrativa funcional a los intereses del Departamento de Estado en torno a la libertad religiosa y la protección de los derechos humanos de las comunidades judías o evangélicas, con antecedentes recientes y un contexto similar al que está viviendo Colombia en este momento, en el cual el Gobierno entrante se rodea de figuras fundamentalistas religiosas de extrema derecha con abierta postración a Estados Unidos e Israel.

El Informe de Riesgo 002-09 del Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la Defensoría del Pueblo, correspondiente al 27 de enero de 2009, advertía una situación de riesgo para ocho grupos poblacionales o sujetos de la ciudad fronteriza de Maicao. Uno de estos grupos eran los comerciantes de la comunidad árabe (la mayoría de ellos profesaban el Islam), quienes se encuentran en Maicao desde su fundación, según el SAT citado.

Sobre esta comunidad, señalaba la Defensoría, se vienen “tejiendo imaginarios negativos, racistas y xenófobos, que tienden a señalarla como lugar de refugio de radicales islamistas y terroristas; pueden hallarse igualmente en riesgo. Desde hace algún tiempo, por ejemplo, sectores conservadores internacionales han venido prolongando una amplia campaña mediática de desinformación que señala una pretendida alianza entre el Gobierno de Venezuela y la organización Hezbolá de El Líbano”.

Desafortunadamente, puntualiza el informe de la Defensoría, esta narrativa llegó a tener eco en la región fronteriza, afianzando prejuicios y estereotipos en contra de la comunidad árabe y musulmana radicada en Maicao. Incluso, agrega, en un momento de la ofensiva paramilitar en La Guajira, la comunidad árabe se vio forzada a migrar a otras ciudades de Colombia u otros países.

Ese contexto de ofensiva o estigmatización contra comunidades árabes no fue aislado. Tampoco estuvo solamente relacionado con una narrativa estereotipada independiente o el crecimiento y consolidación del paramilitarismo. Fue todo al mismo tiempo. Después del autoatentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos posicionó y consolidó un discurso fundamentalista que partió el mundo en dos: de un lado se encontraban los que defendían el sistema de libertades y valores de los Estados Unidos; por el otro, quienes no entraban en ese sistema (comunistas, árabes, terroristas, migrantes, países del “eje del mal” y un largo etcétera).

Colombia no estuvo exenta de esta cruzada. Álvaro Uribe llegó al poder bajo el paraguas del Plan Colombia y del discurso demoledor de ver al contrario como enemigo al que había que eliminar o considerar terrorista. No pocas veces el expresidente Uribe estigmatizó a los defensores de derechos humanos y puso en riesgo su integridad y vida.

Es la misma lógica en la cual se inscribe la candidatura y gobierno de De La Espriella, que irrumpe en un marco geopolítico similar en la región, aunque mucho más violento y peligroso tomando en cuenta el carácter fundamentalista, autoritario y militarista de la administración Trump y el relanzamiento la Doctrina de Seguridad Nacional con énfasis en el control del patio trasero.

Alta Guajira evangelizada

Como señala Diario Red, el aparente conflicto religioso manifiesto en la Sierra Nevada, con clara participación del sionismo evangélico, es de vieja data y se convirtió en una forma de dominación desde hace décadas en otros territorios, como en el departamento La Guajira, especialmente en la Alta Guajira.

Aunque las misiones evangelizadoras católicas se asentaron durante la primera mitad del siglo XX en Sierra Nevada y La Guajira, entre las décadas de 1940-1960 comenzaron a incursionar con fuerza las misiones evangélicas protestantes (bautistas, menonitas y pentecostales) en el departamento guajiro.

El primer choque cultural, o más bien el primer acto de dominación sobre la mente y cultura de la gente en el territorio, lo consiguieron al traducir la Biblia al wayuunaiki y con sucesivas campañas de alfabetización. Al lograr la conversión de familias y comunidades, sobre todo la formación de pastores y líderes wayuu en la Alta Guajira, que luego fueron desplazando a las autoridades tradicionales y al Sistema Normativo Wayuu, las misiones evangélicas fueron ganando legitimidad e influencia en este territorio.

Y no estuvieron exentas de controversias, conflictos e intromisiones. Ya la imposición del cristianismo a la cosmovisión wayuu permitió tempranamente alimentar, y luego profundizar, la división de los liderazgos indígenas de la Alta Guajira, cambiar la forma de relacionamiento social y económico del territorio, como viene sucediendo en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Esta dinámica de colonización camuflada fue influyendo en el territorio, en los usos y costumbres, en las dinámicas sociales, en la forma como se administra la autoridad y en la toma de decisiones. La cultura y sabiduría de las autoridades tradicionales, el orden social y económico matrilineal y colectivo que caracteriza a la cultura wayuu, fue siendo desplazado de a poco por un orden divino ajeno al pueblo wayuu.

Pero el trabajo de conversión e imposición cultural no se quedó en la traducción de la Biblia y la deslegitimación de la cosmovisión wayuu. En las últimas décadas, las iglesias evangélicas asentadas en la Alta Guajira han operado como receptoras y distribuidoras de ayudas humanitarias, donativos y proyectos financiados por Estados Unidos o Europa.

Esta avanzada sionista evangélica ha ido a la par con la labor “humanitaria” que la embajada de Israel en Colombia viene desarrollando las últimas dos décadas. Por ejemplo, en la Alta Guajira han trabajado en alianza con gobiernos locales para financiar proyectos de gestión hídrica, tratamiento de aguas residuales, aumento de productividad o seguridad alimentaria. ¿Inocente cooperación de un Estado condenado por delitos de lesa humanidad contra el pueblo palestino? ¿Mapeo de un territorio estratégico?

Otro caso puede ilustrarnos mucho mejor para entender cómo ha sido el trabajo de penetración de comunidades y pueblos indígenas con la finalidad de doblegar la resistencia a los proyectos de colonización, lo que incluso nos ayuda a entender mucho mejor la denuncia del Diario Red sobre el interés de Estados Unidos por los asuntos religiosos de la Sierra Nevada.

En la década de 1960, un funcionario del Ministerio de Gobierno, Marco Tulio Hernández, señalado de ser para la época un agente encubierto de la CIA, fue trasladado a Valledupar (Cesar) para que se vinculara a la División de Asuntos Indígenas. Como funcionario “indigenista” se ganó la confianza de varios líderes y del movimiento agrario con epicentro en los municipios Agustín Codazzi y Atanquez, a los que posteriormente delató. Estos dirigentes conocidos como Paul Arlantt Mindiola, Sergio Martínez y Jaime Velásquez García, quienes fueron capturados uno a uno en marzo de 1966.

Los tres dirigentes, así como otros líderes de Valledupar, Codazzi y La Paz, fueron detenidos, trasladados y torturados en una base militar apostada en Codazzi. Varios de ellos fueron asesinados. Paul y Sergio fueron asesinados a finales de marzo de 1966; Jaime Velásquez logró huir a Quito, Ecuador, donde finalmente fue asesinado en una operación orquestada por la CIA.

Desconocer estos antecedentes o minimizar el contexto de la información publicada por Diario Red sería ignorar la amenaza en ciernes para la defensa de los derechos humanos y liderazgos, sobre todo por el discurso violento, a veces escurridizo o adornado, que el Gobierno de De La Espriella ha expresado las últimas semanas y por su abierta subordinación a los Estados Unidos y por el más que evidente interés del Departamento de Estado (e Israel) para seguir influyendo en ese sionismo evangélico que lleva décadas sembrando división en los territorios bajo la excusa de la fe.

Chocó indígena: un territorio en permanente emergencia social

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