Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (Edición 119)
Por: Caribe Investigación
1. Agua y energía
En el tránsito por la salida del gobierno de Petro y la llegada de la administración De La Espriella, varios temas seguirán siendo centrales para el debate público del Caribe colombiano. No son circunstanciales ni de menor importancia, no se presentan esporádicamente; al contrario, son conflictividades que han estado permanentemente protagonizando la agenda en la región: servicios domiciliarios (agua y energía eléctrica), seguridad y orden público (incluye temas de negociaciones por la paz), y conflictos por el acceso a la tierra o reforma agraria.
Entre el cierre de junio y la primera semana de julio, la agenda pública del Caribe se desarrolló en función de estos cuatro ejes temáticos. Temas que desde Caribe Investigación hemos abordado en distintas ediciones, y que hoy valen la pena recordar y analizar para adelantar lo que será el escenario político y de conflictividad social los próximos seis meses.
Las conflictividades relacionadas con la prestación de servicio de agua y energía son, quizá, las más complejas y de mayor impacto en la región, como hemos explicado en varias oportunidades.
La primera semana de julio no fue la excepción. Antes de resumir los hechos que posicionaron de nuevo estos dos temas, se hace necesario mirar el comportamiento de estas dos conflictividades a lo largo de los últimos cuatro años. Y no porque hayan comenzado a partir del gobierno de Petro, sino porque la Defensoría del Pueblo desde 2022 le dio vida al Observatorio de Conflictividad Social, que ha emitido varios informes de carácter nacional, a través de los cuales podemos constatar que los servicios de agua y energía son de gran peso en la región Caribe.
Según el informe de conflictividad social de 2025, los hechos identificados en todo el país estuvieron relacionados con diversos conflictos: laborales (18 %), inconformidades con la prestación de servicios públicos domiciliarios (13 %), reclamos de inversión o presencia estatal (12 %), demandas por la garantía del derecho a la educación (11 %), preocupaciones por riesgos o afectaciones a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad (11 %), conflictos por la garantía al derecho a la salud (8 %), controversias sobre medidas o políticas de transporte (6 %) y por diferencias suscitadas por derechos a la propiedad de la tierra y la vivienda (4 %), entre otros.
Según el Observatorio, el acceso a los servicios públicos (agua y energía) es uno de los mayores causantes de conflictos sociales en el país, con énfasis en la costa Caribe. Señalan que “esta situación tiene causas estructurales asociadas a la inestabilidad financiera de operadoras como Air-e y Afinia, que llevó a la intervención y al inicio de un proceso de liquidación de la primera, además de tarifas elevadas y el impacto ocasionado por fenómenos climáticos”.
El informe de 2025 permite concluir que la región Caribe registró el mayor número de eventos de conflictos sociales manifiestos durante 2025 con 1.241 eventos de 4.039, principalmente en los departamentos de Bolívar, Magdalena, Atlántico, Córdoba y La Guajira; relacionados particularmente con faltas y limitaciones o fallas en la prestación de servicios públicos (29 %), como viene sucediendo con el agua o la energía eléctrica, según evidencia otro informe del Observatorio de la Defensoría desde enero de 2022 hasta marzo de 2024.
Titulado “Conflictividad social asociada a la Prestación de Servicios Públicos Domiciliarios. Estudio de Casos: Bolívar, Sucre y Córdoba”, el informe del Observatorio nos permite visualizar una tendencia en el Caribe colombiano: conflictividades sociales relacionadas principalmente con el acceso al agua o la energía eléctrica.
En resumen, el informe expresa que tanto agua como energía eléctrica representaron los principales casos de conflictividad social en la región con 46,3 % y 44,5 %, respectivamente. Lo que quiere decir que la actual crisis por la energía eléctrica y por el acceso al agua potable en toda la región del Caribe tiene un acumulado que va más allá de la administración de Petro, lo cual será un reto para el gobierno de De La Espriella, sobre todo si no comprende que la alta conflictividad de la región en torno a estos dos temas no se superará con gritos, amenazas ni soluciones milagrosas.
Los informes de la Defensoría del Pueblo, por medio de su Observatorio, coinciden los últimos años en resaltar la capacidad de diálogo del gobierno de Petro para atender los reclamos nacionales, aunque puntualizando la distancia entre el diálogo y la solución a las demandas sociales. Por lo tanto, el reto para el gobierno entrante será doble: afrontar una crisis estructural y contener un estallido social, y esto último dependerá de su capacidad de diálogo.
Hechos recientes
Santa Marta se presenta como la ciudad más crítica en torno al acceso al agua. Los últimos días, por ejemplo, se ha convertido en epicentro de una crisis múltiple:
Desabastecimiento extremo: Barrios enteros completan hasta 15 días sin el servicio de agua potable. Esta situación, que ya era recurrente, se ha agravado por la drástica disminución de los caudales de los ríos que abastecen la ciudad. El río Manzanares ha reducido su caudal en un 70,5% y el río Piedras en un 29%, lo que ha llevado a la declaratoria de calamidad pública. La comunidad, desesperada, ha recurrido a bloqueos de vías para exigir soluciones.
Contaminación y riesgo sanitario: El problema no es solo la falta de agua, sino también su calidad. Análisis de la Secretaría de Salud Distrital confirmaron la presencia de materia fecal en el agua potable en barrios como El Pando y María Eugenia. Esto ha generado un riesgo inminente para la salud pública y ha llevado a la Personería a solicitar la declaratoria de emergencia sanitaria. Las autoridades han recomendado a la población no consumir agua del grifo sin tratarla, en medio de un debate con Essmar sobre la calidad real del servicio.
Disputa política y administrativa: La gestión de Essmar, intervenida por el Gobierno Nacional desde 2021, es el centro de un agrio debate. El alcalde Carlos Pinedo responsabiliza al Gobierno Nacional por la crisis y exige la devolución de la empresa al Distrito, argumentando que la intervención no ha resuelto los problemas de fondo y que la administración local está en capacidad de ponerla al día. El Gobierno, por su parte, ha anunciado un plan histórico de inversión cercano al billón de pesos que incluye dos plantas desalinizadoras (en Taganga y el sur de la ciudad) y la rehabilitación de la infraestructura de saneamiento, como la EBAR Norte, para garantizar el servicio por los próximos 100 años.
Cartagena también viene arrastrando problemas con la prestación de servicio de agua, como se puede evidenciar en las últimas semanas de tensión política, luego de una crisis social provocada por un prolongado racionamiento de agua que afectó a cerca de 100.000 habitantes durante casi dos meses. La empresa Aguas de Cartagena (Acuacar) atribuyó el levantamiento de la medida, a partir del 1 de julio, a un “trabajo técnico y operativo” exitoso. Sin embargo, la decisión fue forzada por una orden del Tribunal Administrativo de Bolívar, producto de una acción popular interpuesta por la administración distrital. Esto deja de fondo otra discusión: la prestación de servicios en mano de privados ha estado signada por la ineficiencia, corrupción y falta de controles eficaces.
Más allá de estos dos focos, la crisis es generalizada. En municipios como San Jacinto (Bolívar), la población lleva más de 30 años sin un sistema óptimo de abastecimiento, dependiendo de carrotanques y agua lluvia, lo que provocó las recientes protestas y cierre de vías. La infraestructura sanitaria es profundamente deficiente: en Bolívar, por ejemplo, las coberturas de alcantarillado oscilan entre el 61% y el 80%, muy por debajo del promedio nacional del 92,4%, y 63% de sus municipios carecen de infraestructura sanitaria básica.
El panorama se agrava por la amenaza del fenómeno de El Niño, que se espera para el último trimestre de 2026 y principios de 2027, con una probable intensidad moderada a fuerte. Este fenómeno climático podría reducir aún más las lluvias, disminuir la disponibilidad del recurso hídrico y aumentar el riesgo de incendios forestales.
Sobre la crisis energética en la región hemos publicado varias reflexiones los últimos dos años, esta es la más reciente: (¿Tiene De La Espriella un plan para afrontar la crisis eléctrica del Caribe? En resumen, el tema gira en torno a la reducción de las tarifas, los pasivos acumulados, falta inversión, corrupción y un modelo de servicio que termina afectando a la mayoría, las arcas del Estado, pero que deja a los operadores privados al margen de cualquier responsabilidad.
2. Seguridad, orden público y derechos humanos
Cierra el primer semestre de 2026 y los resultados en materia de seguridad, orden público y derechos humanos siguen siendo alarmantes.
Unas reducciones destacadas, aunque no permanentes, las podemos identificar en ciudades como Cartagena (23,9% menos, con 153 homicidios) y Santa Marta (32,6% menos, con 60 asesinatos), descensos importantes en el primer semestre de 2026 en comparación con el año anterior.
Según el último informe de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada (PDHAL), Riohacha concentra la mayor incidencia en La Guajira con 70 de los 156 homicidios departamentales, aunque preocupa la situación de orden público, seguridad y riesgo de la ciudad fronteriza de Maicao (35 casos), sobre todo si se toma en cuenta la reciente Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 013 emitida por la Defensoría del Pueblo, en la cual se detalla cómo las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada se han ido expandiendo en esta ciudad y el impacto humanitario y riesgo que representa.
Ahora bien, la reducción de Santa Marta es muy distante al comportamiento general del departamento Magdalena. Esto se debe, según explicó el coordinador de la PDHAL, Lerber Dimas, a los alcances de la mesa de negociación entre las ACSN y el Gobierno. En todo el departamento se registraron 261 homicidios durante el primer semestre de 2026, siendo Zona Bananera, Fundación, Ciénaga y Aracataca los cuatro municipios que secundan a Santa Marta como los de mayor incidencia de homicidios.
Un tanto contradictorios los resultados anteriores, si se toma en cuenta la reciente ATI 014 emitida por la Defensoría del Pueblo, en la que alerta el grave riesgo para las zonas rurales y lacustres que integran el municipio Sitionuevo, que figura como 14 en la lista de homicidios presentada por la PDHAL.
Junto a Santa Marta y Riohacha, la capital cesarense Valledupar es una de las de mayor aumento de los homicidios registrados por PDHAL durante el primer semestre de 2026; en total se registraron 76 homicidios de un total de 211 departamental.
La plataforma agrega un dato importantísimo sobre César. Es “un departamento que también se viene alzando en armas con las brigadas ganaderas anti ‘invasores’ de tierra” promovidas por Fedegan y su principal cabeza, José Félix Lafaurie, como analizamos también en junio de 2025 (La recuperación de tierras en el Cesar: entre la vanguardia y el estigma). Los próximos meses, este tema estará estrechamente relacionado con el reclamo por la tierra en el departamento, sobre todo por el temor de los movimientos campesinos de no conseguir la titularidad al cierre del gobierno de Petro, y con un gobierno entrante abiertamente aliado de los sectores tradicionales y de poder de Colombia.
En términos concretos, finales de junio y principios de junio han estado marcados por distintos hechos violentos:
El fin de semana del 28 y 29 de junio fue especialmente violento en Barranquilla y su área metropolitana, con 17 muertes, incluyendo una masacre en el barrio Los Olivos. Además, la región registra un preocupante aumento de feminicidios. En el Atlántico, 42 mujeres han sido asesinadas en lo que va de 2026, una cifra que ya supera el total de 2025, lo que ha encendido las alarmas de la Red de Mujeres del Atlántico. Santa Marta también reporta un incremento en la violencia de género.
El miedo se ha reinstalado en Barranquilla por la circulación de panfletos con amenazas contra los empleados de la cadena comercial Olímpica (veracidad del panfleto por confirmar por parte de las autoridades). En Villanueva (La Guajira), tres homicidios en tres días elevan la preocupación por la escalada de violencia y la aparición de panfletos de “limpieza social”.
Negociación
La violencia en el Caribe colombiano se viene incrementando la última década. Los intentos de la administración Petro por negociar con distintas organizaciones armadas ilegales no dieron resultados concretos. Al contrario, la inseguridad permeó la tranquilidad de la región, organizaciones como las AGC y ACSN crecieron o mantuvieron el control territorial en importantes zonas, y varias crisis humanitarias se han manifestado. La negociación con los Pepes y los Costeños está a la deriva.
Lo más preocupante de todo esto es la ratificación que hiciera el presidente electo, Abelardo De La Espriella, acerca de la manera como confrontará el tema de la violencia en el país: o se someten o lo que viene es plomo, militarización en la región Caribe y cero negociaciones. Algo que ratificó esta primera semana de julio, a pesar de dos comunicados en los que las AGC y las ACSN dieron señales para continuar unas negociaciones con De La Espriella.
Preocupante por los impactos que tendrá en los territorios, la vulneración de los derechos humanos que supone una militarización, porque una política de confrontación y cero negociaciones deja al margen a las comunidades afectadas por el conflicto, incluso termina por criminalizar y estigmatizar liderazgos y poblaciones.
3. Conflictividad por la tierra
La disputa por la tierra en el Caribe colombiano y en el país es un conflicto histórico que se ha intensificado en el contexto de la reforma agraria impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. La agenda noticiosa de los últimos meses refleja un escenario complejo, donde la esperanza de los campesinos por acceder a la propiedad se enfrenta a la incertidumbre jurídica, la amenaza de grupos armados y una férrea oposición política que ha llevado el debate al Congreso y a las calles.
La incertidumbre campesina en el Cesar y la demora en la adjudicación de tierras es uno de los ejemplos más claros de este escenario de incertidumbre. En el departamento del Cesar, la conflictividad se manifiesta a través de la movilización y la angustia de los campesinos que, tras años de espera y trámites, ven peligrar sus procesos de adjudicación de tierras ante el cambio de gobierno.
Es por ello que campesinos de diversas asociaciones del Cesar se han apostado en las afueras de la antigua Caja Agraria en Valledupar, exigiendo la entrega definitiva de tierras y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado. La incertidumbre se profundiza ante el inminente cambio de mando el 7 de agosto, con el temor fundado de que los avances logrados durante el actual Gobierno queden suspendidos o se reinicien desde cero en un nuevo y desgastante proceso burocrático.
Tras una mesa de trabajo, se logró una reunión con funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para que expliquen el estado de cada proceso, mientras las autoridades mantienen diálogo para destrabar una situación que ha generado protestas desde 2025. Sin embargo, la tensión persiste porque de las cerca de 400.000 hectáreas adquiridas por el Gobierno para reforma agraria, solo una parte ha sido formalmente escriturada a nombre de los beneficiarios, dejando a cerca de 22.000 familias en una situación de vulnerabilidad jurídica.
La vulnerabilidad en materia de derecho agrario no se limita a la burocracia; la violencia y la intimidación son una realidad para los campesinos que han recibido tierras en el marco de la reforma agraria. Denuncias recientes de la ANT y la ONU alertaron sobre amenazas y ataques contra beneficiarios de la reforma agraria en distintas regiones del país. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también ha condenado y dado seguimiento a estas agresiones en departamentos como Meta y Córdoba, donde se ha presionado a los campesinos para que abandonen las tierras que recibieron, incluyendo predios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Estas amenazas se vuelven más efectivas cuando los campesinos no cuentan con títulos de propiedad plenamente consolidados, lo que expone a las familias a disputas futuras y las deja en una situación de gran vulnerabilidad frente a grupos armados o poderosos terratenientes.
A lo anterior debe sumarse la amenaza que representan para el movimiento campesino, sobre todo en el Cesar, las Brigadas Solidarias Ganaderas de Fedegán. La postura de este sector y la posible consolidación de este grupo armado privado para enfrentar a los campesinos y reclamantes de tierras, a quienes el gremio califica despectivamente como invasores, es una realidad y poco hizo el gobierno de Petro para frenar los atropellos que llevaron a cabo los últimos dos años contra los campesinos. Como advirtieron analistas con anterioridad, un eventual gobierno de De La Espriella supondría el fortalecimiento de una política anticampesina liderada por Fedegán, abiertamente alineada al gobierno entrante.
