Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (Edición 122)
Por: Caribe Investigación
1. Alerta Temprana: Riesgo Extremo
La Defensoría del Pueblo acaba de emitir la Alerta Temprana 019-2026 ante la configuración de un escenario de riesgo extremo en la subregión Centro del departamento del Atlántico, integrada por los municipios de Luruaco, Repelón, Sabanalarga, Baranoa y Polonuevo. Esta alerta subsume y da por cerrada la Alerta Temprana029-22, lo que evidencia que las condiciones de riesgo no solo persisten, sino que se han profundizado y complejizado.
La subregión, con una población estimada de 257.390 habitantes, se configura como un corredor territorial de alta importancia estratégica que articula áreas rurales del Atlántico con la zona metropolitana de Barranquilla, los corredores viales nacionales, los puertos marítimos y las rutas fluviales del Canal del Dique.
La Defensoría identifica en la Alerta Temprana 019-2026 tres tipologías de estructuras que operan en este corredor:
a) Actores armados organizados de carácter nacional: el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido también como AGC o Clan del Golfo, con el Bloque Manuel Arístides Mesa Páez, Frente Nicolás Antonio Urango, con presencia, consolidación y control territorial en la subregión como corredor estratégico.
b) Grupos de crimen organizado con alcance regional y departamental como Los Costeños, Los Pepes y Los Rastrojos Costeños.
c) Grupos de delincuencia de carácter local: pandillas y células subordinadas como Los Prii y Los Cabezones (o Calabazos) en Sabanalarga, así como redes asociadas a alias “Negro Ober”.
El escenario descrito por la Defensoría habla de una coexistencia violenta y reacomodo territorial donde se disputan rentas ilegales, corredores de movilidad y espacios comunitarios, donde grupos armados y bandas imponen mecanismos de gobernanza armada ilegal sobre la población civil.
Repertorios de violencia
La AT 019-2026 identificó varios repertorios de violencia. En cuanto a los homicidios reseña un incremento alarmante: la tasa por 100.000 habitantes pasó de 15,07 en 2023 a 58,67 en 2025, un aumento de casi 4 veces. Especialmente crítico en Sabanalarga y Baranoa, donde las tasas se multiplicaron por 4 y 11 veces, respectivamente. Se documentan homicidios ejemplarizantes con cuerpos abandonados en zonas rurales y homicidios por ajustes de cuentas, con uso creciente de motocarros como modalidad sicarial.
También destaca el delito de extorsión como el de mayor impacto, ya que afecta a comerciantes, transportadores, ganaderos y pequeños productores. Luruaco concentra el mayor número de denuncias, incluyendo amenazas contra funcionarios públicos. Las amenazas y panfletos están a la orden del día, estos últimos con tres propósitos: amenazas de “exterminio social” contra poblaciones estigmatizadas, imposición de normas de control social y disuasión del ejercicio de liderazgos y defensa de derechos humanos.
Desde hace poco más de dos años se viene advirtiendo el reclutamiento y utilización de niños y adolescentes en actividades de toda índole ejercida por las distintas agrupaciones. La Defensoría documenta la vincul
Las violencias basadas en género y por prejuicio también han aumentado. Violaciones sexuales documentadas en corregimientos de Colombia y Molineros (Sabanalarga). Agresiones físicas y amenazas contra personas con orientaciones sex
El desplazamiento forzado igualmente queda registrado por la Defensoría. Desplazamientos silenciosos, individuales o familiares, especialmente en comunidades sujetas de reparación colectiva como Pita y Cienaguita (Repelón), donde se reiteran amenazas que evocan la memoria del terror paramilitar de inicios del siglo XXI, según señala la Alerta Temprana.
Población en situación de riesgo
En cuanto a la población en situación de riesgo, la Alerta Temprana identifica varios grupos (todos vulnerables). Comunidades NARP (más del 70% en Luruaco y Repelón), pueblos indígenas Mokaná y Kamash-Hu, pueblo Rom. Sectores vulnerables como mujeres, niñez, adolescencia, juventud, población migrante irregular (19.050 personas), campesinado, víctimas del conflicto, firmantes del Acuerdo de Paz.
Hace especial mención de las actividades económicas en riesgo en el Centro del departamento: comerciantes formales e informales, transportadores, mototaxistas, ganaderos, docentes, líderes sociales y comunitarios, defensores de derechos humanos, personas OSIGD.
Lo anterior nos permite inferir lo que hemos denunciado en otras publicaciones. La violencia urbana en el departamento Atlántico somete, amenaza, desplaza y violenta a los sectores, grupos y sujetos más vulnerables; lo que parece una violencia focalizada si tomamos en cuenta que sectores económicos, industriales y comerciales de mayor capital financiero no son vulnerados por los distintos grupos armados.
Al complejo panorama se suma una situación de vulnerabilidad en distintos temas. La pobreza y necesidades básicas alcanzan 29,5 % en Repelón y 24,8 % en Luruaco. La informalidad laboral se ubicó en 83,4 % en zonas rurales (abril-junio 2025). Deterioro de vías terciarias, falta de alumbrado público, servicios públicos precarios, ausencia de conectividad digital. Y un dato no menor que parece repetirse en varias regiones del país: desconfianza institucional, toda vez que la población percibe connivencia de agentes estatales con economías ilegales y prácticas irregulares.
De no atenderse el riesgo, según advierte la Defensoría, se incrementarían los homicidios selectivos y masacres, desplazamientos forzados, mecanismos de control y coerción social, amenaza a liderazgos comunitarios y defensores de derechos humanos, escalamiento del reclutamiento de menores de edad, aumento de la extorsión y deterioro de la economía local.
2. Fracking, militarización y escases de agua
Varios países del mundo —con vocación extractiva o recursos fósiles— prohibieron o limitaron el uso del fracking porque la ciencia y los resultados han demostrado que esta técnica requiere el uso de productos altamente tóxicos y nocivos para las fuentes de agua, provoca daños ambientales, sismos inducidos e impacta la salud humana, como bien se ha podido documentar en los estados de Pensilvania, Colorado, Texas, Ohio y Wyoming (Estados Unidos).
De La Espriella, fiel a su discurso anti derechos y negacionista de la crisis climática y del impacto ambiental provocado por el fracking, prometió en campaña que aplicaría esta técnica sin ninguna reserva. De hecho, es uno de los temas principales en su agenda de trabajo y los medios tradicionales colombianos le han tomado el ritmo publicando información sobre las posibilidades de perforar los primeros pozos no convencionales en la Cuenca Ranchería-Cesar.
Varios aspectos queremos señalar en torno al tema. En primer lugar, el modelo económico minero extractivo aplicado en los corredores mineros de La Guajira y Cesar dejó más daños que beneficios: comunidades despojadas de territorios, familias desarraigadas, vocación agrícola desplazada, contaminación de tierra fértil y fuentes de agua, pasivos ambientales que ninguna transnacional ha asumido a pesar de sentencias y órdenes judiciales.
Que las proyecciones sean para la Cuenca Ranchería-Cesar debe alertar y preocupar a todos los sectores del país, desde defensores de derechos humanos y ambientales hasta sectores académicos y centros de investigación, líderes y comunidades. Sobre todo, porque supondría una militarización de la subregión para garantizar el desarrollo de estos proyectos y evitar el reclamo y resistencia de las comunidades que podrían ser afectadas por la aplicación del fracking.
De facto, existe una paramilitarización del territorio por cuenta de la influencia de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) y de las AGC. De manera intermitente o permanente, directa o indirectamente, ambos actores se mueven por esta subregión y han amenazado a liderazgos, además de anunciar “limpieza social” como modo de controlar la movilidad y las poblaciones.
Sin reservas, se anuncia que sería la Drummond la encargada de hacer las primeras perforaciones, la misma transnacional que en el pasado fue acusada de financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a cambio de “servicios de seguridad” y de mantener a sindicalistas y líderes alejados de los proyectos de explotación que llevaba a cargo la transnacional en el departamento Cesar.
Otros factores que deben ser tomados en cuenta:
– La Cuenca Ranchería Cesar tiene dos importantes reservas de agua: el Embalse Los Besotes y la fase II de la Represa El Cercado sobre el río Ranchería.
– A pesar de las negativas que ha recibido la Best Coal Company para explotar carbón en el Manantial de Cañaverales (sur de La Guajira), la transnacional continuará agotando las vías legales para lograr la licencia y explotación del territorio.
– El Proyecto Avenida del Río en Valledupar también entra en el centro de la conflictividad, tomando en cuenta que su desarrollo, tal como está concebido, tendrá un impacto negativo sobre el Ecoparque Lineal y la ronda hídrica del río Guatapurí.
Todo lo anterior está siendo ignorado por quienes hacen de propagandistas del fracking, sobre todo como repetidores de oficio del Gobierno De La Espriella. Se vendrán tiempos de mayor conflictividad en esta zona: contaminación de fuentes hídricas y escasez de agua, desplazamiento y amenazas de comunidades, control armado militar y paramilitar en detrimento de los derechos humanos.
3. El ICE llegó a Colombia
Con el anuncio de De La Espriella de comenzar a ejecutar operativos contra la “inmigración ilegal” en Barranquilla y contra inmigrantes delincuentes, quedaron claras tres cosas: su inclinación por el desprecio hacia los derechos y las minorías, su calco al pie de la letra de las formas y fondo de la Administración Trump, desconocimiento total sobre el funcionamiento del Estado y los compromisos adquiridos por este en materia de derechos humanos y migración.
Todo apunta a que llegó el ICE a Colombia. El anuncio del Gobierno parece un remedo cruel e inhumano de la desastrosa política antimigratoria de los Estados Unidos. El discurso xenófobo, racista, el chovinismo nacionalista expresado una y otra vez, por fortuna, encontró resistencia en amplios sectores de Colombia, incluso, de derecha o conservadores.
Primero, por su errada concepción o ignorancia sobre migración. No existe en Colombia ni en el mundo la categoría de inmigrante ilegal, sino más bien migrantes sin documentos o en situación irregular. “Referirse así a millones de personas es degradante y atenta contra su dignidad”, expresó en la plataforma X la periodista Laura Ardilla.
Segundo, desconoce que Colombia suscribió acuerdos internacionales en la materia; por ejemplo, adoptó el Pacto Mundial por la Migración Segura en 2018, por lo cual su aspiración persecutoria encontrará (o debería encontrar) un choque en la justicia colombiana.
Lo tercero que el Gobierno omite, ignora o sencillamente le resta importancia es el impacto positivo de la migración venezolana en la economía de Colombia. Lejos de las campañas de estigmatización que se han urdido contra los venezolanos, esta población aportó 529,1 millones de dólares a la economía en 2022, según un estudio realizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Es decir, un aporte del 2 % del total de ingresos fiscales nacionales.
Pero hay un trasfondo peligroso en ese mensaje racista y xenófobo del presidente. Al estigmatizar a la población migrante irregular llamándola ilegal, y juntar en un mismo enunciado a esa población migrante con grupos de delincuentes venezolanos, victimiza a los más de dos millones de venezolanos que se establecieron en Colombia. Ya comenzaron las deportaciones, aunque parecen más mediáticas que reales.
Lo peligroso de todo es que se vulneren los derechos de los migrantes a la par que se fomenta una campaña de estigmatización, campaña de odio que se utilizaría como justificativo para aplicar una política de seguridad persecutoria y no preventiva que, precisamente, toma como epicentro Barranquilla; es decir, la capital del Atlántico está siendo utilizada para estas primeras acciones: planes de seguridad y de persecución migratoria.
4. Aleta de Tiburón: ¿Gentrificación o desalojo?
La Alcaldía de Barranquilla realizó este lunes un operativo para recuperar el espacio público en los alrededores de la Aleta del Tiburón, donde operaban varios negocios sin la documentación requerida para ocupar la zona y ejercer actividades comerciales.
Surge la interrogante: ¿debemos considerarlos desalojos o un proceso de gentrificación como el que se ha venido aplicando en la zona costera, turística y comercial del Área Metropolitana de Barranquilla?
Antes del proyecto urbanístico de La Loma, esos terrenos estaban abandonados y sin valor. Con el desarrollo de la zona (Gran Malecón, Aleta del Tiburón, arena de conciertos) y la valorización, surgieron ocupaciones —muchas ilegales—, reclamos de propiedad e intereses millonarios. Es lo que suele suceder con los procesos de gentrificación: zonas antes marginales, empobrecidas, son invadidas con grandes capitales, son objeto de inversiones que hacen imposible a la población seguir costeando la vida en esos sectores.
De fondo, es un patrón que hemos analizado en otras entregas y se cumple en varias ciudades del Caribe, sobre todo en zonas estratégicas. Reproducimos textualmente lo que escribimos en julio:
El megaproyecto Ecoparque de la Ciénaga de Mallorquín, en Barranquilla, fue reconocido por la ONU como ejemplo de sostenibilidad, pero este galardón contrasta con la realidad del territorio. La obra no ha sido evaluada a la luz de las denuncias sobre su impacto ambiental y social. A pesar de presentarse como una apuesta ecológica, la zona enfrenta tres retos críticos: contaminación de cuerpos de agua, gentrificación y estrés hídrico, lo que pone en duda la validez de la certificación.
Desde el punto de vista ambiental, la Ciénaga de Mallorquín sufre históricamente por la acumulación de plásticos, residuos sólidos y vertimientos de aguas residuales. Ahora, el ecoparque y el desarrollo urbanístico Ciudad de Mallorquín amenazan con agravar la fragmentación del ecosistema y alterar los flujos hídricos. La barrera natural de manglares, que protege contra la erosión y purifica el agua, se ve comprometida por la densificación urbana que destruye bosque seco y manglar, saturando los cuerpos de agua con sedimentos.
El impacto social es igualmente grave. Se invirtieron miles de millones en infraestructura turística mientras las comunidades locales son desplazadas de su territorio ancestral, perdiendo actividades de autosustento como la pesca. Este proceso de gentrificación se replica en otros puntos del Caribe colombiano, como el Gran Malecón del Mar en Cartagena, donde las comunidades de la Ciénaga de la Virgen temen ser desalojadas por la revalorización inmobiliaria y la presión sobre sus viviendas sin titularidad.
En Valledupar, la Avenida del Río sobre el Guatapurí sigue el mismo patrón: falta de planeación técnica, riesgo de desplazamiento de comunidades vulnerables y afectación directa a ecosistemas de reserva. Ingenieros y ambientalistas advierten sobre la destrucción de hectáreas destinadas a un ecoparque lineal y la mala calidad de los suelos. En los tres casos, el poder político prioriza el desarrollo de infraestructura sin escuchar a las comunidades ni atender recomendaciones técnicas, generando ecocidio y gentrificación bajo el discurso de ciudades sostenibles.
