Desde el momento en que comenzó la crisis capitalista mundial, las clases dominantes de Colombia anunciaron, a finales del año anterior, que este país era una excepción, estaba blindado y no iba a ser afectado porque con antelación, y dirigidos por el “sabio Mesías” que gobierna desde la Casa de Narquiño, se habían tomado todas las medidas necesarias para salvaguardarnos de las turbulencias internacionales. Los hechos recientes se encargaron de demostrar que esta era otra mentira más, de las miles que han caracterizado este régimen ilegítimo e ilegal, y que la economía colombiana está experimentando una crítica situación, como resultado, precisamente, del modelo aperturista y rentista que se consolidó en los últimos 20 años, lo que agravará aún más la miseria y la desigualdad aquí imperantes.
Si de blindaje económico se habla no existe nada que proteja a la economía colombiana, como lo muestran los indicadores más elementales: las exportaciones a los Estados Unidos descendieron en un 34 por ciento en el último semestre; en los tres primeros meses del año las ensambladoras colombianas no lograron vender ni un solo automóvil –léase bien, ni uno solo- a Ecuador y a Venezuela, como muestra de que esos dos países si son importantes en nuestro comercio exterior – lo cual desmiente la arrogancia ante los vecinos, si recordamos que hasta hace poco se decía que era fácil prescindir de esos mercados-; se está presentando una drástica caída en la cantidad de remesas enviadas desde el exterior, principalmente de Estados Unidos y de España; cada día hay mil nuevos desocupados, y esa tendencia es más fuerte en aquellos sectores ligados con el sector exportador; la caída del precio de las materias primas, como el petróleo, supone una reducción de las divisas y resienten una economía típicamente rentista como la colombiana.
Con todos estos factores negativos se acentúa la de por sí crítica situación de las mayorías urbanas de este país que durante los últimos siete años han visto empeoradas sus condiciones de vida y de trabajo, en vista de una “reforma laboral” de tipo regresivo que redujo al mínimo los ingresos de los empleados y trabajadores y concentró las ganancias en los empresarios. Al mismo tiempo se convirtió a la sociedad colombiana en un orangután militar y paramilitar, caracterizado por un aberrante gasto criminal para mantener la guerra junto con la desaparición de todas las entidades públicas encargadas de salud, educación, cultura y todo lo relacionado con el bienestar de la población. Otro tanto sucede en el campo colombiano donde ha aumentado la concentración territorial en manos de viejos y nuevos terratenientes y se han expulsado varios millones de campesinos para apropiarse de sus tierras y dedicarlas a la siembra de cultivos de exportación, como la palma aceitera y el caucho, o a la ganadería extensiva.
Pero mientras esto le sucede a millones de colombianos, una exigua minoría sí está blindada, en el sentido literal de la palabra, ya que los barrios más opulentos se han convertido en búnkeres impenetrables, cuidados por miles de guardias de seguridad privada o por las fuerzas represivas del Estado, y las “gentes de bien”, como dice la jerga mediática, se desplazan en carros polarizados que son cuidados al milímetro, incluso usando helicópteros y tecnología satelital. Los centros comerciales, bancos y empresas están protegidos por celadores, armados hasta los dientes, acompañados de sus respectivos perros guardianes. Los hijos de los oligarcas van al colegio o a las universidades custodiados por enjambres de guardias y policías, haciendo alarde de un despliegue tecnológico que apabulla.
Además, otro tipo de blindaje caracteriza al actual gobierno, ya que está revestido de la protección de que gozan los delincuentes de cuello blanco para cometer todo tipo de crímenes y arbitrariedades, como matar a indefensos ciudadanos (perdón, debimos decir “falsos positivos”, según el eufemismo de moda); efectuar acciones delictivas, como el cohecho y la compra de votos y conciencias, para asegurar su reelección; permitir que delincuentes confesos entren y salgan del palacio presidencial como Job por su casa; mentir hasta más no poder de manera recurrente, bajo el pretexto que todo lo que sucede se hace a espaldas del presidente de turno; interceptar teléfonos de miles de personas con el socorrido argumento de mantener la seguridad del Estado; injuriar de forma abusiva a los que discrepan de la “inteligencia superior” que gobierna a este país; calumniar a dirigentes sindicales, periodistas independientes y defensores de derechos humanos como “enemigos de la patria”, detrás de lo cual no es raro que entren en acción distintos grupos de sicarios a lo largo y ancho del país; designar como altos funcionarios (ministros, embajadores, directores del DAS) a reconocidos violadores de los derechos humanos … y mil fechorías más.
Este es un típico blindaje de clase para defender y mantener los privilegios de unas cuantas familias que son las verdaderas dueñas de este país y preservar la desigualdad y las injusticias tan características de la sociedad colombiana. Ese blindaje, sin embargo, parece que no va a ser eterno, como lo demuestra el caso de Alberto Fujimori en el Perú, que hace unos años se mostraba como un autócrata intocado e indestronable, que tenía niveles de popularidad por encima del 70 por ciento y se consideraba a sí mismo como el “salvador del país” y que, afortunadamente, acaba de ser condenado por los crímenes cometidos en la época en que estaba blindado y actuaba desde el bunker presidencial.
En este caso, a Fujimori le sucedió como a los tanques israelitas que hasta la guerra del Líbano en el 2006 se consideraban blindajes indestructibles, pero en ese año las bazucas rusas, usadas por los combatientes de Hezbollah, destruyeron a decenas de esos tanques, quitándoles de paso la aureola de invencibles de que tanto se ufanaba el ejército sionista. Ahora en el Perú emergió, como un rayo de luz y esperanza, la bazuca de la justicia que destruyó el blindaje de la impunidad de un criminal como Fujimori, algo que ojala se repita con aquellos que lo han querido emular en otros lugares de Sudamérica.