A finales de julio de 1929 se produjo una serie de levantamientos populares en distintas poblaciones de Colombia como resultado de un plan impulsado por un sector del Partido Socialista Revolucionario, que pretendía dar al traste con la hegemonía conservadora e instaurar un gobierno de obreros, artesanos y campesinos. Los sucesos fueron conocidos como la Insurrección de los Bolcheviques, y se convirtieron desde entonces en un referente político de la memoria en resistencia del pueblo colombiano. Esta nota trae al presente aquella gesta rebelde y rinde homenaje a quienes en ella participaron.
Represión y Ley Heroica
El levantamiento de los bolcheviques se dio en un contexto social y político difícil para los sectores populares del país. A la crisis económica que vivió Colombia, especialmente desde la segunda mitad de los años veinte (traducida en carestía, hambre y desempleo), se sumó un ambiente de represión y persecución a quienes se identificaban con las ideas socialistas y revolucionarias (campesinos, obreros, artesanos, estudiantes, indígenas), por parte del gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez.
Desde mayo de 1928, el ministro de guerra Ignacio Rengifo, fiel exponente del sempiterno carácter anticomunista de las elites colombianas, impulsó en el congreso y volvió ley de la república (en octubre) la famosa Ley Heroica, dispositivo jurídico que le permitía agudizar la represión hacia el movimiento popular, bajo el argumento de que este desconocía la “legitimidad del derecho de propiedad”, promovía la “pugna de clases” y, por si fuera poco, impulsaba huelgas que no se sujetaban a las leyes. Gracias a esa artimaña jurídica (hoy en día su remedo se denomina Seguridad Democrática) el gobierno contó con todas las facultades “legales” para encarcelar a dirigentes revolucionarios bajo el argumento de que promovían el terrorismo o simplemente distribuían libros, propaganda o carteles que impulsaban actos considerados como ilícitos por el gobierno.
El “logro” más diciente de la Ley Heroica se presentó apenas unas semanas después de haber sido aprobada en el congreso. El 12 de noviembre de 1928 veinte mil trabajadores de la zona bananera del Magdalena declararon la huelga contra la United Fruit Company y levantaron un pliego de peticiones que contemplaba mejoras en sus inhumanas condiciones de vida y trabajo. Si bien la huelga se ajustaba a los requerimientos legales, fue reprimida con violencia convirtiéndose en el acontecimiento más trágico en la historia nacional. Entre el 5 y 6 de diciembre fueron masacrados los trabajadores bananeros por tropas del ejército bajo el mando del tristemente celebre general Carlos Cortés Vargas.
El PSR y la lucha popular
En 1926 se creó el Partido Socialista Revolucionario, considerado el más importante referente socialista de los años veinte del siglo anterior, con un fuerte componente popular en sus filas. En él militaron obreros, artesanos, campesinos, indígenas, estudiantes e intelectuales y su influencia se extendió a diversos lugares de la geografía nacional. En 1927 realizó históricas huelgas impulsadas por líderes de la talla de Ignacio Torres Giraldo, María Cano, Tomas Uribe Márquez y Raúl Eduardo Mahecha. Las condiciones políticas y represivas (por ejemplo, los encarcelamientos frecuentes de su dirigencia) condujeron progresivamente al PSR hacia situaciones en donde debía tomar decisiones difíciles y con un alto costo político. Una de esas situaciones era acudir a las armas para revertir la represión y proceder a construir un nuevo poder en el país. En esos términos la vía insurreccional se vislumbraba como una posibilidad evidente.
En realidad, ya desde 1927 el PSR venía registrando en su seno el florecimiento de tendencias insurreccionales que eran compartidas por integrantes del partido liberal ligados temporalmente a la guerra de los Mil Días. La Masacre de las Bananeras alentó con fuerza esa tendencia. Finalmente, un sector del PSR se comprometió en una insurrección que, de acuerdo a los planes iníciales, debía producirse de manera sincronizada en las distintas capitales de los departamentos y en los principales puertos sobre el río Magdalena (por entonces principal arteria comunicativa del país). En aquellos lugares la obstrucción de las comunicaciones, especialmente líneas telefónicas y de telégrafos, era un objetivo central, al igual que el control de las guarniciones militares, centros de abastecimiento y las principales sedes gubernamentales.
Para darle viabilidad a la insurrección, el PSR designó un colegiado que debía encargarse de realizar los contactos en distintos lugares y preparar las condiciones logísticas. Luego de varios meses de trabajo, el organismo encargado definió el día 28 de julio para iniciar la insurrección. Sin embargo, a última hora se decidió postergar la fecha del levantamiento sin que la orden llegara a tiempo a las distintas regiones comprometidas, quienes siguiendo al pie de la letra lo concebido inicialmente, realizaron un conjunto de acciones creyendo que el plan se estaría cumpliendo al pie de la letra en todo el país.
Un aspecto destacado que acompañaba el plan insurrecto de los bolcheviques colombianos era que venía siendo coordinado con revolucionarios venezolanos, quienes de forma simultánea se alzarían en rebeldía contra el dictador Juan Vicente Gómez. Sin embargo, por razones ligadas a la coordinación en aquel país, finalmente el levantamiento no pudo realizarse. Aún así, lo acordado con los venezolanos da cuenta del carácter internacionalista del PSR, hecho que se refrenda en la solidaridad efectiva que desplegó esta organización con la lucha antiimperialista liderada por Augusto Cesar Sandino en Nicaragua desde 1926.
Los levantamientos
Si bien en el plan de los socialistas se concebía la insurrección de carácter nacional, finalmente terminó en una serie de levantamientos locales que en poco tiempo fueron sofocados por el gobierno. Aunque se dieron levantamientos en lugares como Barrancabermeja y la región del Carare, los más destacados se registraron en San Vicente de Chucuri, La Gómez (estación ferroviaria de Puerto Wilches) y el Líbano. En cada uno de estos sitios los movimientos insurrectos tuvieron particularidades propias que daban cuenta de la estructura social, económica y política de las regiones en donde se produjeron. Miremos brevemente el desarrollo de los acontecimientos en estos tres lugares:
En el Líbano la rebelión estuvo liderada desde un principio por artesanos y zapateros. Allí los insurrectos lograron cortar las líneas telegráficas y del alumbrado eléctrico e incluso alcanzaron a tomar algunos corregimientos en donde pretendieron instaurar formas embrionarias de poder popular. Por ejemplo, según el testimonio de María Tila Uribe, en Murillo los insurrectos, “ondeando una bandera roja con tres ochos se tomaron la Corregiduría y obligaron a las autoridades depuestas a rendirle honores al símbolo del nuevo poder establecido”. Entre los líderes del levantamiento figuró Pedro Narváez, quien oficiaba como zapatero en la población. Al final, exactamente el 31 de julio, las fuerzas del gobierno lograron destruir el movimiento e iniciaron una represión indiscriminada capturando a más de 300 personas sindicadas de participar en los hechos. En el levantamiento del Líbano murió enfrentando a las tropas oficiales el insurrecto Higinio Forero.
En La Gómez, el levantamiento estuvo liderado por Joaquín Ovalle (ex empleado del ferrocarril), Plutarco Suarez y Elías Vivas, entre otras personas. Actuando de acuerdo a los planes, los rebeldes “dieron muerte al jefe de los talleres del ferrocarril, intentaron cortar las comunicaciones, asaltaron el cuartel de Policía, volaron la ferrovía con dinamita y finalmente se apoderaron de las instalaciones de la empresa, que convirtieron en prisión provisional para los enemigos del movimiento”. Finalmente, las fuerzas del gobierno doblegaron a los amotinados dando término al levantamiento. En estos hechos resultaron muertas tres personas vinculadas al movimiento: Martin Castro, Pablo Emilio Jayamal y Mario Avinaya.
En San Vicente de Chucuri, el alzamiento fue liderado por Carlos Humberto Duran, Rodolfo Flores, Pedro Rodríguez, Heliodoro Ochoa y Hermógenes Álvarez. En esta población santandereana los rebeldes se dirigieron a la plaza y allí lograron tomar el control de algunos establecimientos comerciales para aprovisionarse de armas (machetes, escopetas de fisto, entre otros). También ocuparon la Alcaldía Municipal y la cárcel del poblado.
De esa forma, una insurrección que se concibió en sus inicios con una proyección nacional, terminó en una serie de levantamientos locales que en poco tiempo fueron sofocados por el gobierno. Diversas razones (especialmente errores políticos y operativos del propio movimiento) explican la corta existencia del accionar rebelde y su evidente debilidad estratégica. Sin embargo, esta expresión rebelde tiene, en palabras de Gonzalo Sánchez, un merito excepcional: “ser, quizá, la primera insurrección armada de América Latina en que un ejército de campesinos, con dirección y alianza de sectores urbanos, se plantea el problema de la toma del poder en nombre de las ideas socialistas”.