En Chile se ha emprendido un conjunto de ofensivas contra el movimiento anarquista en donde el montaje mediático y jurídico ha sido su principal arma para tratar de desestabilizar la fuerza ácrata de este país suramericano. Una de las últimas arremetidas del Estado ocurrió el pasado 14 de agosto de 2010, en el marco de la operación Salamandra, llevadas a cabo en las ciudades de Santiago (capital) y Valparaíso, en donde fueron detenidos/as 14 anarquistas y antiautoritarios/as luego de 17 allanamientos a casas particulares y Centros Sociales. Posteriormente quedaron en libertad provisional 4 personas con medidas de control y las demás personas tienen medidas de prisión preventiva por 180 días.
El show del “caso bombas”
El “caso bombas” es la denominación que adquirió la investigación que adelanta el Estado Chileno para dar con la autoría de cerca de 140 explosiones ocurridas y denunciadas en estos últimos cuatro años en varias ciudades de este país. Estas acciones, que han tenido como objetivos instituciones del Estado, iglesias, bancos, guarniciones militares, instalaciones de empresas, entre otras, han sido asumidos por diferentes grupos de afinidad anarquista como parte de su accionar insurreccional. Al no encontrar responsables, la persecución se dirigió contra cabezas visibles, es decir, personas y espacios que divulgan públicamente las ideas anarquistas. En su mayoría, estos espacios se caracterizan por ser Okupas, llamadas así porque son casas que en estado de abandono se ocupan con el ánimo de ser utilizados para realizar actividades educativas, recreativas y culturales con la comunidad, de manera autogestionada e independiente de cualquier ente gubernamental o privado, fomentando valores distintos al lucro y la competitividad.
Con este panorama, el Estado Chileno ha diseñando un montaje jurídico y mediático que se vanagloria con pruebas contradictorias en sus investigaciones. El fiscal encargado del “caso bombas”, Alejandro Peña, señaló ante el juez que en el momento de las capturas dos de los detenidos tenían trazas de TNT, argumentando asimismo que los Centros Sociales Okupas son laboratorios de elaboración de explosivos. Pero eso no es todo, un “testigo protegido” asegura conocer a las personas detenidas y a su vez afirma que en el Centro Social y Okupa Sacco y Vanzetti se almacenaban elementos para fabricar explosivos, lugar donde supuestamente fue líder Mauricio Morales, joven de 27 años que falleció el 23 de mayo de 2009 al intentar colocar un artefacto explosivo en la Escuela de Gendarmería de Santiago y que desató por ese tiempo una ola de allanamientos.
Paradójicamente, otra hipótesis que maneja y expone el fiscal es que grupos anarquistas resguardaban su actuar comprando las bombas en la casa de Roberto Gajardo Rubilar, alias “el nazi”, capturado el 6 de julio de este año, y así evitaban ser detenidos con explosivos en su poder. Según varias fuentes de medios alternativos y anarquistas, este personaje tiene nexos con grupos neo nazis y habría comercializado en varias ocasiones armas y explosivos a grupos narcotraficantes; y, curiosamente, en el momento de su captura las fuentes policiales informaron que se encontraba en su casa fabricando dos artefactos explosivos compuestos de extintores rellenos con pólvora y esquirlas, ante la vista tranquila de su familia. Estos artefactos, según la fuente, iban a ser vendidos a los anarquistas ¿Desde cuándo los anarquistas se la van tan bien con los neonazis? ¿Acaso no era que ellos mismos fabricaban los explosivos?
Para el abogado Julio Cortés, quien asume la defensa de Felipe Guerra, Diego Morales y Carlos Riveros, la impresión general en los defensores de los detenidos/as era de estar ante unas pruebas abrumadoramente débiles. “Decir, por ejemplo, que Rodolfo Retamales y Pablo Morales –ex lautaristas que trabajaban en la radio popular 1 de Mayo- son líderes porque, según informes de la DIPOLCAR (Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros) “tienen perfil de líderes” (dado que son mayores que el resto y tienen cierta “formación intelectual”). Y que, aunque en las intercepciones telefónicas no se diga nada de nada en términos de algo que resulte relevante para avalar estas acusaciones tan tremendas, no importa, porque hay que entender que “hablan en clave”, que “se protegen de posibles intercepciones”, etc. Así, al final, da lo mismo lo que se diga o haga, lo que cuenta es la manera en que el poder policial/mediático lo presenta e interpreta, y ahí es donde se puede decir que estos compañeros aparecen condenados de antemano”.
Precisamente, en una de esas llamadas que recibió Rodolfo Retamales Leiva hace dos años de una ex novia, María Carolina Lizárraga, que trabajaba en la Intendencia de Santiago, ella le dice “me han contado de algo, anda con cuidado” y él le responde “¿puedo ir en diez minutos?”, ella le responde que sí y fin de la llamada. Y con este único antecedente se permite el fiscal construir la red de protección de ex funcionarios públicos.
Para algunos anarquistas en Chile, concebir una organización vertical y con mandos como la expuesta por el fiscal Peña, “solo puede estar en la mente de alguien que está urgido de resultados exigidos por el presidente chileno Sebastián Piñera. Inclusive, el anterior fiscal reconoció con sus investigaciones sobre el caso bombas que “no existe estructura permanente que refleje un mando central y una división de funciones, que las pruebas recogidas hasta ese entonces conducían a asociaciones esporádicas e informales”.
No obstante, junto a esta judicialización, los Centros Sociales Okupas y sus habitantes, las familias y amistades de los/as detenidos/as y toda persona que haya manifestado su solidaridad, han sido perseguidos y estigmatizados por parte de los medios masivos de comunicación y del aparato represor. Entre algunos casos, mencionamos la tocata en solidaridad que se desarrolló en el galpón Víctor Jara de Santiago el pasado 24 de octubre, organizado por familiares y gente amiga de los/as detenidos/as. Al terminarse el evento, Carabineros de Chile detuvo a 8 personas y adujo que desde adentro estaban disparando. Inmediatamente fue negado por el grupo organizador, quien, además, alertó que los tiros fueron hechos por la misma fuerza del orden. Ante esto, los medios de comunicación solo dieron a conocer las versiones policiales y por ende se dio la orden de clausurar el lugar para realizar eventos.
También habitantes del Centro Social Okupa y Biblioteca Sacco y Vanzetti expresaron con tristeza que en unos días será demolido este espacio que duró 8 años aproximadamente de ocupación. “Hay que multiplicar estos espacios que promuevan en la vida cotidiana el rechazo a la autoridad y por sobre todo, llamamos a todos/as a crear lazos solidarios para apoyarnos entre compañeros/as, que la Solidaridad no sea una consigna vacía, sino una herramienta más para destruir todo vestigio de autoridad”.