Son cuatro los corregimientos de Suárez incrustados en las montañas del Departamento del Cauca. Tres de ellos son de alta densidad en población indígena como son Agua Clara, Betulia y Los Robles, ellos hacen parte del Cabildo Indígena de Cerro Tijeras ubicado en las estribaciones de la Cordillera Occidental en el Departamento del Cauca. Se trata de comunidades indígenas, campesinas y de negritudes que han sido objeto de desplazamiento interno de otras regiones del país y que desde hace ya más de 15 o 20 años se ubicaron en estas tierras y han desarrollado sus proyectos de vida individual, familiar y comunitaria. Ahora son objeto de una nueva agresión, producto de la codicia y la voracidad del capital privado nacional y extranjero.
Estos campesinos han labrado la tierra y han generado alimentos para el consumo humano, que ponen en venta en los mercados del pueblo y sus veredas. La población negra ha sido desplazada de los territorios de Timba, El Naya y la zona pacífica caucana; finalmente la población indígena fue subida a las montañas por procesos de “reformas agrarias” y la ampliación de latifundios que les fueron arrebatando sus tierras fértiles y planas a cambio de engaños y promesas incumplidas por parte de la oligarquía y el mismo Estado colombiano.
Han construido con sus propios recursos los acueductos veredales, salones comunales, escuelas, y abriendo brechas entre las veredas han permitido que con posterioridad se inicien obras de mayor calado para el trazo de vías carreteables que permitan una mejor y oportuna comunicación entre las comunidades.
¿Qué hay en juego en estos territorios?
El mapeo de minerales extraíbles desarrollado por Ingeominas, el Ministerio de Minas y Energía, la Universidad del Cauca, entre otras instituciones oficiales, llamó la atención de las grandes multinacionales mineras para venir a “invertir” económicamente en Colombia y de manera muy particular en la región del sur occidente.
Minerales como oro, plata, platino, níquel, mineral de zinc, de molibdeno, hierro y otros concesibles son el objeto de esta nueva arremetida en contra de las comunidades, que pacíficamente han pervivido en el territorio desde más de 300 años, aquellas que se amoldaron a sus cambios climáticos, a los pisos térmicos y diseñaron desde sus planes de vida un modelo agrícola de gran importancia para la soberanía y seguridad alimentaria en el departamento.
Los negros son más proclives a la minería artesanal, hacen cateos y se los traga la tierra en busca del oro principalmente, que dicho sea de paso es el único mineral que conocen y saben extraer. Esa actividad rudimentaria les deja unos mínimos de ingresos para paliar su subsistencia familiar. No todos los días ingresan a la mina, lo hacen irregularmente y cuando se están terminando las provisiones en su hogar, no es una actividad extractiva de lucro sino como de mera subsistencia.
Marcos Murillo lleva viviendo en la zona todos sus 35 años y heredó de su padre, y éste a su vez de su abuelo, la mística de la minería artesanal. Ahora se apresta para un nuevo relevo generacional; se lleva a su hijo Rogelio, de 14 años de edad, para adiestrarlo en el arte de la minería. Sobre este tema expresa Murillo que a veces se saca una o tres décimas cuando mucho, las cuales vende en la famosa “calle del oro” en pleno centro del municipio de Suárez, por lo que recibe una suma irrisoria que solo le alcanza para llevar un bocado de comida a su hogar.
Otro factor por el cual es apetecida la región es por su gran riqueza hídrica que surte de agua pura y totalmente potable a todas las comunidades que habitan la franja occidental del departamento del Cauca: nacimientos de agua – ojos de agua como les dicen las comunidades indígenas de la región-, una flora y fauna inigualables, hermosos y espectaculares ecosistemas, el parque natural Munchique, la región del Naya, la zona pacífica, todas estas tierras surcadas por causes de agua que es utilizada para la cocción de alimentos, el aseo personal de sus habitantes, en acueductos veredales, para riego de cultivos y que es apetecida por las grandes empresas mineras con el ánimo de utilizarla para el lavado de los materiales extraídos del subsuelo caucano. Esta agua luego de cumplir con dicha labor resulta impotable al ser mezclada con productos altamente nocivos para la salud de la especie humana y de los animales y plantas; en este uso se estima que se gastan mil litros por minuto, que equivale al consumo de una ciudad pequeña de 10.000 habitantes por semana.
Este líquido ya no regresa a sus causes naturales y mucho menos puede ser utilizado en las actividades cotidianas de las comunidades circunvecinas; por el contrario, debe ser depositado en estanques o represas artificiales llamados “diques de cola” para ejecutar un proceso de lixiviación y lograr insatisfactoriamente devolverle la pureza al agua. Este impacto de contaminación es irreversible.
La arremetida de la Anglogold Ashanti
La multinacional sudafricana llegó a la región inicialmente de manera individual con el señor Rafael Antonio Alfonso Roa, luego éste pasó a ser el Gerente de la firma Kedahda S.A., que resultó ser subsidiaria en Colombia de la Anglogold Ashanti. Presentó una estrategia bien diseñada de asistencialismo para con la comunidad del corregimiento de La Toma, en Suárez Cauca, les proporcionó recursos y materiales para varias necesidades sentidas de la comunidad en ejes como infraestructura vial, drenajes, remodelación de la escuela y la capilla, instrumentos musicales para un grupo folklórico de la misma vereda. En pocas palabras se “ganó” los corazones de muchos de sus habitantes, amén de que a los más colaboradores les concedió empleo.
Todo lo anterior por cuanto es poseedora del título minero que geográficamente va a impactar negativamente a la población Tomeña, a su medio ambiente y todos los ecosistemas que en dicha zona existen. Aclaramos que se les presenta un inconveniente: éste corregimiento en particular carece de acueducto, sus gentes deben recoger agua en tanques, tarros o baldes de la que cae producto de la lluvia que ocasionalmente se precipita en la región. O en su defecto deben caminar unos 15 minutos a una quebradita que la han adecuado para hacer sus actividades de aseo personal, de sus prendas de vestir, y a manera de bocatoma para llevar agua en tarros y ollas que transportan sobre sus cabezas para la cocción de sus alimentos.
En esas condiciones de marginalidad y de extrema pobreza se ha escudado la multinacional para desarrollar su proyecto minero, no contando con la presencia y participación activa de varios líderes mineros y populares que con el acompañamiento de organizaciones defensoras de derechos humanos como la CUT – Valle del Cauca, Asociación Nomadesc, PCN, el Cabildo de Cerro Tijeras, Asoprodasa, entre otras, ingresaron a la zona e iniciaron un trabajo de sensibilización y concientización con sus habitantes, en reuniones pequeñas que luego, dada su importancia, fueron creciendo en número de asistentes. Hoy se ha logrado una victoria parcial frente a la voracidad extractiva de la multinacional Anglogold Ashanti.
Luego llegó la primera amenaza en contra de las organizaciones sociales y personalidades que estábamos trabajando a favor de la comunidad y mostrándoles la realidad de lo que era la multinacional y sus verdaderas intenciones. En este panfleto se deja ver que quien lo redacta tiene nexos directos con la Anglogold Ashanti, pues se ofusca de que no se permita el ingreso de las multinacionales que, según él o ellos, sí llevará el progreso a la región del noroccidente caucano. Seguidamente se refiere a la actividad minera como tal, siendo en ese preciso momento la transnacional sudafricana la única que estaba liderando procesos de exploración en la zona.
Acudimos a una reunión que fue convocada por la Anglogold Ashanti, y su jefe de relaciones humanas, tan pronto observó la llegada de los amenazados, sin titubear dio por terminada la misma, argumentando que Anglogold Ashanti se iba de La Toma, porque el proyecto minero del Tolima (La Colosa) era más lucrativo. Y finalizó, casi llorando, que para la empresa la inversión social – el asistencialismo – que habían hecho era de gran significado y que les regalaba a los Tomeños todas esas obras benéficas. Al interrogársele sí renunciarían al título minero, de inmediato y en tono sarcástico manifestó que la empresa no prescindiría de su intención extractiva en la zona.
Luego de un tiempo sucedió lo mismo en el Municipio de El Tambo Cauca, en donde las transnacionales extractivas pretendían incursionar. En una gran asamblea popular, luego de una majestuosa movilización por todo el municipio, se abordó el tema de la gran minería y de sus impactos económicos, políticos y sociales en sus zonas de influencia o de los megaproyectos mineros. Aproximadamente mil personas al unísono le expresaron a su gobernante local la determinación de no aceptar en sus territorios esta actividad minera y lo conminaron para que desde la administración se le cerrara el paso a estas multinacionales.
La reacción de la gente
El mayor – anciano – Roberto Ulcué, en la reunión de La Alejandría nos confesó que él no le ponía atención a los anuncios de las autoridades y del cabildo, que era apático a todo eso, pero que sí era un radioescucha asiduo y por ese medio se enteró del desalojo de los mineros de La Toma. También escuchó los planteamientos del cabildo en la radio y pudo confrontar que lo que este le informaba a la comunidad era la realidad de lo que estaba aconteciendo. Por eso se puso a disposición de las autoridades indígenas para defender el territorio costara lo que costara, llamando a toda la comunidad a cerrar filas en contra de la gran minería, por la defensa del agua y de las riquezas naturales que existían en la región.
Todas las comunidades, sin excepción alguna, en las que hemos tenido la oportunidad de interlocutar se muestran muy preocupadas porque, dicen, no están bien enterados de la realidad de las cosas. Dicen que a ellos se les había dado otra versión que giraba en torno al desarrollo sustentable del mundo y sus pueblos, que se trataría de un aporte de la comunidad para toda la humanidad. Jamás se les mencionó que se iban a volar integralmente los cordones montañosos, o que se abrirían tremendos huecos en la tierra para la extracción del oro y los demás minerales; tampoco se les informó qué tenían debajo de los pies. “Imagínese que nos quiten el agua que es vital para nuestro consumo y la destinen para lavar piedras y contaminarla después, con lo que nos ocasionarán la muerte a muchos de nosotros”, dijo Alberto Güetio, residente en el corregimiento de Los Robles.
Se han dado pasos importantes en términos de la organización de la gente y de la conformación de un proceso en defensa del territorio y en contra de la gran minería, en defensa igualmente del agua como un derecho humano y no como una vulgar mercancía desechable. Esta tarea político organizativa se encuentra liderada por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN, el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, las autoridades del Cabildo de Cerro Tijeras, el Departamento de Lucha contra Empresas Multinacionales de la CUT – Valle del Cauca, la Asociación Nomadesc y el PCN.
Las pretensiones del señor Héctor Sarria.
El señor Héctor de Jesús Sarria, en primer lugar, es hermano del renombrado Amado de Jesús Sarria, esposo de la difunta “monita retrechera”, persona non sancta de la vida política del país. Ahora, por parte de la Superintendencia Financiera, se ha corrido una circular para informar de los movimientos financieros, crediticios y bancarios del señor Sarria, quien al parecer está siendo objeto de investigación penal por el punible de lavado de activos.
Este señor figura como titular, en la vereda la Carolina del corregimiento La Toma, de la licencia minera BFC-021, de acuerdo a sus documentos ante el Ministerio de Minas y Energía – Registro Minero Nacional, los cuales fueron radicados en Julio 12 del 2000. Lo que nos llama poderosamente la atención es que el punto de artificio del título minero BFC-021 se registra en la desembocadura de la quebrada La Turbina sobre el río Cauca, en la vereda de El Tamboral, siendo que este punto está anegado por el embalse de La Salvajina, cuya construcción data desde 1985.
Ingeominas, mediante acto administrativo, generó una expectativa fraudulenta para el señor Héctor de Jesús Sarria, al concederle un amparo administrativo ante una supuesta perturbación de su actividad minera. Con esto el señor Sarria ha pretendido en varias ocasiones desalojar mediante la fuerza, con el uso del Esmad, a los mineros y pobladores del Corregimiento de La Toma. Incluso mediante un fallo del Juzgado 1º Administrativo se impartió una diligencia “legal”, pero ilegítima, en contra de quienes les asiste el derecho a preservar su territorio libre de la presencia de la actividad minera a gran escala. Esta diligencia estaba prevista para el 18 de Agosto del 2010, fecha en la cual la unidad de los pueblos se hizo presente y desde el Cabildo de Cerro Tijeras, Buenos Aires y Morales se desplazaron indios, negros y campesino para solidarizarse con el conflicto Tomeño.
Para esa oportunidad se dio lectura a una resolución de la CRC, la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de Suárez en el sentido de suspender la actividad minera concedida mediante el título BFC-021 que beneficia al señor Héctor de Jesús Sarria, hasta que el peticionario cumpla con el lleno de los requisitos de ley, concretamente el que tiene que ver con la consulta previa a las comunidades. Pero no se tuvo en cuenta el error geográfico que existe en la titulación, la condición étnica que salvaguarda a las comunidades negras e indígenas, la no presentación de un plan de manejo ambiental – PMA con los soportes técnicos y medio ambientales para la ejecución del proyecto. Lo que implica que la solución continúa siendo estéril y vana por parte de las entidades gubernamentales para proteger los derechos de un grupo poblacional en alto grado de vulneración de sus más elementales derechos fundamentales.