Antes de la invasión española -siglo XVI-, las fértiles tierras de San Juan de Urabá estuvieron bajo dominio de la milenaria civilización Caribe. Después, los invasores anexaron la región al imperio español. Siglos antes de la invasión, el valle de San Juan estuvo poblado de gentes laboriosas, gozando de prosperidad, trabajo pacífico, creador y progresista. En aquella edad de oro, este gran pueblo habitó la ardiente llanura, pero su brillo y riqueza se eclipsó ante la agresión brutal de sicópatas puro, que llegaron frenéticos para el despojo y la inquisición.
La capital San Juan está construida como ciudad bien compacta a 2 msnm, sobre la margen de una planicie que se abre y extiende 239 km2 hacia las estribaciones montañosas que configuran el inmenso valle ocupado por 24.000 habitantes. Se alza sobre el litoral atlántico, a 527 Km de Medellín. Su presupuesto anual se cuantifica en 5.800 millones de pesos, pero el déficit supera los 6 mil millones de pesos y tiene serias dificultades con los recursos propios, convirtiéndolo en un municipio literalmente fallido, dependiendo solamente de los dineros captados por el Sistema General de Participaciones (SGP), que le ayuda a sostener su dramático declive financiero.
En su informe, el Anuario Estadístico de Antioquia revela que la población con Necesidades Básicas Insatisfechas asciende al 83,93%, la salud eclipsó hace mucho tiempo y el campo está en ruina. El colapso del desarrollo agrícola ha llevado a muchos comerciantes a la quiebra. Y ello tiene como antecedente el despojo de tierras al que sus campesinos han sido sometidos por la oleada paramilitar que atravesó desde inicios de los años noventa del siglo pasado toda la región del Urabá.
Ahora estos campesinos del corregimiento de San Juancito – despojados de sus tierras de especial importancia agrícola y ecológica por los paramilitares -, organizados por los líderes comunitarios, Walter Viloria y John Jader Díaz, decidieron recuperar las tierras de la finca Los Laureles.
Desde tempranas horas del día 23 de junio de 2010, 2700 campesinos procedentes del Chocó, Sucre, Bolívar, Atlántico y Antioquia, expulsados por las cruzadas paramilitares, llegaron con herramientas de trabajo a la hacienda los Laureles para reivindicar sus parcelas convertidas en extensos territorios. Ante la gravedad del conflicto, Hernando de la Rosa, quien en su campaña a la alcaldía solicitó apoyo popular para convertirse en alcalde y defender con lealtad los interese de los sanjuaneros, viajó a Medellín, al frente de una delegación conformada además por el líder comunitario John Jader Díaz, el “defensor del pueblo”, la representante “legal” de la finca y el comandante de la policía. Pero la respuesta del Gobernador Luis Alfredo Ramos fue concluyente y autoritaria: “no hay diálogo, los campesinos deben ser desalojados”.
Mientras la comisión municipal y el gobernador analizaban el conflicto, la situación en la finca Los Laureles no estaba mejor, los campesinos descubrieron en ese fundo –Sociedad Anónima APANA-, varias fosas comunes y caletas de armas de combate, las cuales fueron denunciadas ante la fiscalía de Turbo por el dirigente comunitario Iván Martínez. Esto se suma a la cantidad de fosas comunes halladas en territorio de San Juan de Urabá, que es sencillamente escalofriante, y nos hace recordar el terror con el que fueron sacados de allí los campesinos como estrategia política del Estado colombiano.
Así lo dio a conocer Ever Veloza, alias HH, en su declaración ante una corte de Estados Unidos cuando declaró que la decapitación fue una modalidad para desencadenar pánico colectivo entre las comunidades: “cuando llegamos a Urabá, decapitamos a mucha gente, utilizamos esta estrategia para promover el terror… nos propusimos infundir un intenso pánico a través de las torturas y descuartizamientos públicos para paralizar la reivindicación de los sobrevivientes –sociales, económicas, ecológicas- y desplazar poblaciones enteras… nosotros éramos ilegales, pero el ejército oficial de Colombia, son más culpables que nosotros, porque ellos representan al Estado y están obligados a proteger a esas comunidades y nos utilizaban a nosotros… nosotros cometimos muchos homicidios y tenemos que responder, pero ellos también deben responder… porque en casi todos los municipios de Urabá hicimos operativos, combates y masacres juntos”.
La gran prensa guarda silencio y oculta crímenes de Estado
Mientras tanto las víctimas tratan de adivinar en qué municipio enterraron o desaparecieron sus familiares, y cómo padecerá el resto de familias expulsadas que sobreviven en los barrios o calles miserables de ciudades desconocidas, ya que sus tierras están en manos criminales que nunca trabajan. El horrendo descubrimiento de fosas comunes halladas en San Juan de Urabá, fue totalmente invisibilizado ante la opinión pública. Ni la gran prensa ni algún medio televisivo han denunciado estos hechos, y menos la contextualizarán.
Estas fosas no son sólo dolor intenso para los familiares; son el inmenso dolor en que se ha acorralado al pueblo colombiano, asesinándolo mediante la injusticia institucional y el genocidio militar-paramilitar. Tal vez el silencio se explica por el miedo, porque el país está en manos de los asesinos. Así se evidenció en el parte diplomático del alcalde de San Juan de Urabá –previo acuerdo con el gobernador Luis Alfredo Ramos -, al criminalizar la reivindicación de parcelas y al presionar con la intervención armada del Estado, para despejar la finca ocupada por los campesinos que exigían sus derecho a tener las tierras que antes les había pertenecido. Los campesinos se vieron obligados a las acciones de hecho porque al regresar a su pueblo no encontraron cómo sostener su familia, no había donde sembrar yuca, ñame, arroz o maíz.
En su desesperación, y evidenciando la falta de una organización bien liderada, se tomaron los extensos fundos del Fondo Ganadero de Antioquia, hoy en estado de abandono, pero se enfrentaron al Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD-, grupo de represión especializada de la policía nacional de Colombia enviado desde Montería.
Pero los enfrentamientos cesaron cuando una llamada telefónica anónima les notificó regresar a San Juancito, para que ocuparan la finca Los Laureles, en virtud de un acuerdo celebrado con las autoridades locales y departamentales, quienes supuestamente decidieron entregar la finca a los campesinos. Pero una vez instalados y creyendo estar posesionados de la finca, los campesinos fueron sorprendidos por escuadrones paramilitares, que los obligaron salir de inmediato, bajo la amenaza de abrir fuego.
Sintiéndose burlados con la complicidad de quienes dijeron en su campaña electoral que defenderían sus derechos, los campesinos enardecidos se tomaron las calles del pueblo, bloquearon la carretera que comunica el interior del país con Urabá, atravesaron troncos de árboles en las vías públicas, levantaron muros con enormes rocas, creyendo contener la brutal arremetida de la policía antimotines. Finalmente cortaron el paso por el puente sobre el río San Juan y apedrearon las instalaciones de la alcaldía municipal, sin más preámbulo que una gran indignación compartida por todos los sanjuaneros durante nueve días de este prolongado conflicto.
La gran oligarquía ensancha sus latifundios
Los afectados denuncian que el gobierno, personificado en sus tres instancias -nacional, departamental y municipal-, con su actitud criminalizó la justa lucha campesina, mientras jefes políticos se aliaban con los paramilitares para acaparar extensas áreas de cultivo recurriendo a la fuerza e intimidación.
“Esas tierras, aunque nos las hayan quitado, siguen siendo de nosotros- dicen los campesinos-. Cuando nacimos, ya eran de nuestros padres que las trabajaron; ya esas finquitas estaban. Ahora resulta que los paracos la alambraron, y como los manda más
del pueblo están de acuerdo con ellos, nos dejaron atropellar. Fue una retoma que nunca olvidaremos. Ver tantos compañeros de nosotros que tenemos el mismo problema, nos quitaron lo nuestro, atropellaron nuestros derechos sin que ninguna autoridad dijera esta boca es mía… cuando el destacamento de paramilitares llegó a la zona retomada para amenazarnos, nos dijeron que esas tierras eran de unos “duros”, amigos de políticos que participan en el negocio de tierra”.
Muchas de las tierras y el patrimonio que los despojados dejaron atrás, ahora aparecen registradas a nombre de otros. Los paramilitares se están quedando con las tierras de los campesinos. La situación se agrava por las intimidaciones: el miedo, las amenazas, el asesinato, las desapariciones, el temor latente de ser lanzados a las fosas comunes y los procesos administrativos fraudulentos – transferencia forzada de dominio, ventas falsas y caducidad administrativa -. A través de procesos fraudulentos, pequeñas parcelas se han convertido en grandes fincas mediante el lema, “me vende o le compro a la viuda”, obligándolos a entregar sus tierras por algunos pesos, que en ocasiones no reciben.
Algunos campesinos se vieron obligados a vender sus parcelas a precios irrisorios bajo intimidación de las autodefensas, que los obliga vender a precios impuestos por ellos bajo agresiva presión. Los paramilitares obligan a familias víctimas de la expulsión a firmar los folios de matrícula inmobiliaria, como ocurrió después del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, cuando los siniestros escuadrones de paramilitares denominados “pájaros” y la temible policía llamada “chulavita”, transformaron en cementerio común todo el territorio nacional para arrebatar violentamente las tierras a los campesinos, lo que les permitió convertirse en la gran oligarquía, hoy dueña del país. Otras parcelas han sido usurpadas presentando solicitudes de adjudicación, las cuales han sido aprobadas e inscritas el mismo día en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Mientras las familias expulsadas por la agresión paramilitar, esperan la posibilidad de recuperar sus parcelas. Así dijeron sus dirigentes: Walter Viloria, John Jader Díaz e Iván Martínez, hoy en el exilio por amenaza latente.