Un grupo de trabajadores de la multinacional norteamericana Kraft Foods Colombia está movilizado en el Valle del Cauca y en Bogotá a raíz de los despidos masivos y otras medidas adoptadas por los empleadores. Éstos justifican su accionar acudiendo a los efectos provocados por la reciente emergencia invernal, pero con el propósito claro de acabar la organización sindical al interior de la empresa. Periferia conversó con el representante sindical ante SINTRAINAL de los trabajadores de Kraft Foods, Raúl Ortiz, el pasado 8 de febrero mientras se daba inicio a la huelga de hambre que tenía como propósito lograr una respuesta efectiva de la multinacional y del gobierno nacional.
La compañía multinacional, de origen norteamericano, Kraft Foods, se ha convertido en la última década no sólo en la segunda empresa de mayor importancia en la producción y venta de alimentos a nivel mundial, sino también en agente de captación de recursos de los Estados donde hace presencia. En el año 2007 alcanzó ganancias alrededor de los 37.000 millones de dólares, como resultado del saqueo de los recursos naturales y la explotación de hombres y mujeres que forman parte de la cadena de producción y distribución de productos como Oreo, Royal, Tang, Galletas Club Social, Halls, Trident, entre otros. La Kraft Foods adhiere, además, a los postulados del neoliberalismo mediante la ejecución de medidas contrarias a la dignidad de los trabajadores, mediante la tercerización, la subcontratación, los despidos masivos, el antisindicalismo y toda una serie de prácticas en detrimento de los derechos humanos y laborales.
La Kraft Foods Colombia tiene su planta principal en el municipio de Palmira, departamento del Valle del Cauca, en la Zona Franca del Pacífico. Allí venía empleando cerca de 400 trabajadores –directos e indirectos- hasta el mes de diciembre, época en la que decidió reactivar la política de despidos y persecución sindical. En consecuencia, un grupo de trabajadores víctimas de las medidas adoptadas por la empresa se han movilizado durante los últimos dos meses -tiempo en el cual la mayoría de ellos ha estado sin contrato de trabajo y en vías de expulsión definitiva- en el departamento del Valle del Cauca y ahora en la ciudad de Bogotá.
Los trabajadores denuncian lo que consideran “la sucia conducta de la norteamericana Kraft Foods”: No tiene compasión con los damnificados y usa el invierno para despedir a los trabajadores; condena al hambre a 400 familias; cobra miles de millones en seguros por la inundación que se presentó en la Zona Franca del Pacífico; recibe beneficios del Estado por la ola invernal; se aprovecha irracionalmente de los Recursos Naturales; destruye el medio ambiente; perjudica a proveedores, consumidores, municipios y al país; importa productos y destruye la producción nacional; se lleva de Colombia la riqueza producida por los trabajadores y consumidores.
“La empresa mueve un gran mercado a nivel nacional- comenta Raúl Ortiz- con marcas reconocidas como Royal, Oreo, Adams, Catburi, dulcería y otros comestibles. La materia prima que adquiere es colombiana, en gran parte del Valle del Cauca, como el cartón, papel, químicos y otros insumos. Igualmente, posee una importante cadena que va de la producción hasta la distribución y comercialización de los productos. Nuestro trabajo fortalece el sector industrial de la economía colombiana”.
De los 400 trabajadores con que contaba la empresa, 93 se encuentran vinculados al sindicato. La reducción del número de sindicalizados se debe a que algunos han accedido a la modalidad de retiros “voluntarios” impulsada por la empresa. La multinacional busca por todos los medios convencer a los trabajadores de unirse a su esquema de retiros. Luego, la presión constante de la empresa ha llevado a que los trabajadores declinen, aceptando lo propuesto por los patronos.
Sin respuesta de la empresa ni del gobierno
“Hoy, 8 de febrero, cumplimos 2 meses de contratos de trabajo suspendidos. La empresa se encuentra adelantando trámites ante el Ministerio de Protección Social para cancelar los contratos de trabajo y cerrar la planta de producción ubicada en Palmira, Zona Franca del Pacífico. El cierre lo justifica la multinacional con el argumento de los estragos causados durante la fuerte temporada invernal de final de año, a causa de las inundaciones. Se justifica que no hay forma de restablecer la producción, pues la maquinaria, según ellos, quedó en pérdida total”.
Sin embargo, a la fecha de hoy aun se encuentran trabajadores laborando en cuestiones de aseo y mantenimiento. Por su parte, la multinacional está realizando el cobro de seguros y tramitando ante el gobierno municipal y departamental exenciones de impuestos, buscando el favorecimiento de los decretos de emergencia social que cobijan a los empresarios que se vieron afectados por la crisis invernal. “No obstante- insiste el dirigente sindical-, los recursos obtenidos por este medio los están empleando en despidos masivos de los trabajadores, pues el trasfondo del asunto es acabar la organización sindical, bajo el sofisma distractor del ofrecimiento de “arreglos voluntarios”. Pero, según Ortiz, el problema de la empresa no es su incapacidad para producir alimentos; de lo que se trata es de una estrategia para acabar el sindicato en la empresa. “Tenemos información de que en las agencias temporales de empleo están recibiendo hojas de vida, pues la compañía proyecta iniciar labores nuevamente en el mes de abril del presente año, pero sólo con trabajadores temporales”.
Además de esto, la cuestión de los Derechos Humanos se complica; los trabajadores denuncian haber sido objeto de seguimientos, sobre todo en estos dos últimos meses de suspensiones de contratos, tanto por parte de la empresa contratista que le presta seguridad privada a la multinacional como por cuenta del Estado a través de la fuerza pública en los actos de movilización.
Entre tanto, la interlocución directa entre el sindicato y la empresa está ausente, pues, según Raúl Ortiz, no hay voluntad política de la empresa para resolver el conflicto laboral. “En este último tiempo de movilización conformamos una mesa de trabajo en el Valle del Cauca involucrando a funcionarios estatales, pero la empresa se niega a establecer interlocución incluso con ellos. Entonces nos mantenemos en la movilización a la espera de que el gobierno resuelva si resulta efectivo o no el cierre de la planta. Estamos en esa última parte del proceso y de ahí la necesidad de efectuar actividades más contundentes, como esta huelga de hambre en la ciudad de Bogotá”.