En un proceso adelantado por la tristemente célebre Unidad Estructura de Apoyo de Arauca -la Fiscalía que funciona dentro de la Brigada 18 del Ejército-, se ordenó la captura de ISMAEL UNCASÍA, dirigente indígena de Arauca, y de 5 personas más, quienes permanecen desde el 25 de enero en la cárcel de la capital de ese departamento. Según la policía judicial, dentro del mismo proceso falta capturar a otros 14 araucanos sindicados de rebelión y concierto para delinquir.
Las comunidades indígenas están seguras de que se trata de un montaje más de los que se han construido en esa fiscalía, pero les preocupa aún más que los organismos de seguridad del Estado estuvieran preparando algo peor para el cacique, ya que el día de la captura a Ismael Uncasía le fueron revisados sus documentos de identidad en el retén militar que queda saliendo de Saravena hacia Arauca capital y, luego de pasar sin problema, unos sujetos armados y vestidos de civil empezaron a perseguirlo en dos vehículos. Así fue como el dirigente U’wa decidió regresar al casco urbano de Saravena, a entablar la respectiva denuncia en la Personería, en donde finalmente fue detenido.
Además de eso, resulta que en Arauca siempre se presentan esos hechos de represión contra las organizaciones sociales y sus dirigentes, especialmente cuando hay intereses económicos o políticos para los cuales las comunidades resultan ser un estorbo. Prueba de eso es que el movimiento indígena que representa Uncasía se ha destacado en la región por su participación activa en procesos de resistencia como el desarrollado en el año 2002 cuando se paralizó la actividad petrolera de la Occidental Petroleum Corporation (OXY) en Cubará y Gibraltar o en 1998, cuando se realizó otro paro cívico y la toma del complejo petrolero de Caño Limón.
También en el 2002, cuando se necesitaba poner un gobernador que impulsara el proyecto militar en esta región, se dio una captura masiva al mejor estilo del ex dictador chileno Augusto Pinochet, encerrando a gran parte de la población de Saravena en el coliseo y poniéndole marcas indelebles en sus brazos para clasificarla, según el criterio de unos sujetos encapuchados.
Pero ahí no para el descaro: mientras los gobernantes se ufanan de la efectividad de la Fiscalía y de la policía judicial para capturar dirigentes sociales, hay verdaderos criminales que siguen disfrutando de su libertad e incidiendo en las cuestiones políticas y administrativas del departamento. Ese es el caso del ex gobernador de Arauca, Julio Enrique Acosta Bernal, quien es procesado por el homicidio de varias personas, entre las cuales se encuentran funcionarios públicos, periodistas y abogados, y por el auspicio del paramilitarismo y que, curiosamente, no ha sido detenido, a pesar de tener orden de captura desde hace más de un año.
Igual sucede ahora, cuando están en juego un sinnúmero de proyectos de exploración, explotación y transporte de petróleo, tales como el oleoducto ‘Bicentenario’, tramo Araguaney-Banadías, que atraviesa todo el resguardo U´wa de Tame y bordea el Gran Resguardo Betoye de la etnia Sikuani. Por allí saldrá gran parte del petróleo de los departamentos de Casanare y Arauca (que, por cierto, son los de mayor producción en Colombia). Estos proyectos, desde luego, son rechazados de manera enfática por los indígenas, pues se trata del saqueo a la Madre Tierra.
El pueblo araucano se manifiesta
Inicialmente los pueblos U’wa y Sikuani organizados en la Asociación de Cabildos y Autoridades tradicionales de Arauca -ASCATIDAR- convocaron a una jornada de protesta (paro cívico y marcha en Saravena) con duración de un día, a fin de manifestar su rechazo a la nueva agresión por parte del Estado contra la dirigencia de sus organizaciones y para exigir su libertad. En medio de la multitud de gente que acudió al llamado, los voceros de la protesta declararon que ésta no era suficiente y que requerían la solidaridad de los demás sectores sociales, a fin de continuar exigiendo la libertad de su cacique y de las demás personas detenidas, así como el respeto a su soberanía y dignidad.
De esa manera, siendo conscientes de que la voz del pueblo nunca es escuchada por los gobernantes, los pueblos indígenas decidieron iniciar un paro cívico indefinido en todo el departamento, llamado al cual acudieron los campesinos, trabajadores, y otros sectores sociales de la región. Más de 2500 personas, concentradas en 4 puntos estratégicos de Arauca, cerraron las vías desde el jueves 3 de febrero, paralizando así de manera total el transporte al interior del departamento y desde éste hacia el resto del país, así como el acceso de maquinaria y personal a algunas instalaciones petroleras en los siguientes puntos: 1) En el Troncal, al Pozo Caño Limón de la Occidental Petroleum Corporation (OXY); 2) En Corosito, al Bloque Capacho operado por Repsol; 3) En Saravena, el acceso a Banadías, Caño Limón y Samoré de Oxy; y 4) En Betoyes, al Bloque Caricare de OXY.
“La persecución no es contra un delito que haya cometido ISMAEL, porque no lo cometió; la persecución es porque hay intereses económicos transnacionales y politiqueros”, afirmó Adelso Gallo, dirigente campesino.
Las organizaciones sociales de Arauca declararon el Paro Cívico por la Dignidad y Soberanía de los Pueblos Ancestrales y el Movimiento Social y Popular, cuyas exigencias son la libertad inmediata del presidente de ASCATIDAR, Ismael Uncasía, y el resto de personas detenidas el 25 de enero; que no se criminalice ni judicialice la libertad de asociación, expresión y movilización; que se conforme una comisión de verificación y seguimiento permanente sobre la situación de las comunidades indígenas y campesinas en zona de conflicto y de explotación petrolera; que se investigue la utilización de indígenas en políticas de guerra dentro del conflicto que vive el país, y que se respete su autonomía, leyes y fueros especiales como nación indígena.
Las respuestas del poder han sido las de siempre: mientras el gobernador de Arauca afirma que el paro fue infiltrado por la guerrilla, el comandante de la Brigada 18 del Ejército amenaza usar la fuerza, el ministro del interior envían a “dialogar” a una funcionaria que no tiene capacidad de decidir absolutamente nada y que ni siquiera tiene bien claro el carácter de la protesta, y el flamante presidente Santos -que visitó Arauca a causa del golpe militar que la insurgencia le dio al Ejército la semana pasada- dice que hay que seguir capturando “milicianos”, entre los cuales está, según él, el cacique U’wa.
“Qué es lo que quiere el gobierno”, se pregunta Víctor Chivaraquía, dirigente del pueblo U’wa, “regalar todos los recursos a las transnacionales y dejar una región como Arauca pobre? Eso es empezar a violentar la vida, esta es una de las represalias contra la dirigencia indígena, como ha pasado siempre con los demás gremios organizados”. Ante esta situación, el pueblo araucano continúa en su firme posición de exigir lo que representa la dignidad humana y la posibilidad de permanecer en el territorio. “Sabemos, afirman, porque nuestra propia historia lo ha escrito así, que la lucha popular es la única forma en que se consiguen las victorias”.