No cabe duda que la propuesta del gobierno Santos de retirar el proyecto de reforma a la ley 30/92 es un gran triunfo del movimiento estudiantil, que en esta coyuntura de lucha ha ganado un nuevo brío y ha mostrado su fuerza creadora e inventiva. Pero tampoco puede caber duda de que es una estrategia calculada por el ajedrecista que quiere darse un respiro para reacomodar sus fichas, al fin de cuentas también contó y bastante para tal medida el hecho de que el partido de la U y el Liberal amenazaran con rechazar la reforma, lo cual pondría en aprietos el soporte de la nueva aplanadora de Unidad Nacional. Por esta razón es necesario tomar en cuenta que esta lucha en realidad apenas comienza.
Con toda seguridad, en unos pocos días, semanas o meses el gobierno volverá a la carga con su proyecto de Reforma, presentado en condiciones similares a las del que ahora tiene a los estudiantes en la calle, acaso mejor redactado, pero igual en la sustancia. Y es que en esta reforma se juega la apuesta de toda la educación, sobre todo la pública, al servicio de las nuevas condiciones de acumulación de capital exigidas por el modelo económico y las necesidades de explotación de mano de obra calificada pero barata por parte de las transnacionales.
Es claro que la reforma tiene la intención de acabar definitivamente con lo poco que queda hoy de la financiación de la universidad pública por parte del Estado, de la autonomía universitaria y de calidad educativa, por más que el gobierno se empeñe, con una estrategia netamente propagandística, de convencernos de lo contrario.
En su afán propagandístico, el gobierno anuncia con euforia que aumentará durante los próximos años los recursos para la Universidad pública sin precedentes. Su apuesta es ampliar de forma abrupta la cobertura, pero con ello realmente reduce la financiación, porque el crecimiento de la cobertura es mucho mayor al crecimiento de los ingresos por presupuesto. Es decir, La universidad pública se verá obligada a atender un número de estudiantes cada vez más grande (y eso que hay universidades como la De Antioquia, donde el hacinamiento es dramático y evidente) con menos recursos. Por lo demás, hay que tener en cuenta la orientación de un grueso importante del presupuesto del Estado dedicado a educación convertido en un fondo financiero para endeudar a los estudiantes, lo cual precariza su condición.
La ampliación de cobertura sin garantía de calidad educativa lo que busca es la multiplicación de la mano de obra con una formación básica y flexible, con baja inversión pública. Justo por esta pretensión el Sena se erige ahora como modelo de educación superior, desde que el gobierno de Uribe deformó la educación para el trabajo que allí se impartía, y la elevó a la categoría de educación técnica y tecnológica de calidad. Ahí se hace evidente justamente la idea de calidad educativa que tiene el gobierno.
El panorama se acaba de complicar con el golpe a la autonomía universitaria. Las mismas restricciones presupuestales atentan ya contra dicha autonomía. Pero, además, el atentado se sella con la exclusión de los consejos académicos de los órganos de gobierno de las instituciones y en la conformación de un consejo superior con las características de una junta directiva. La autonomía universitaria queda así restringida a las directivas, no académicas sino administrativas, que son, además, nombradas por el Consejo Superior, donde la representación de la comunidad universitaria es cada vez menor frente a la influencia del Gobierno y la creciente participación de los llamados representantes del sector productivo.
Pero todo esto venía ya incorporado como espíritu en la propia ley 30 de 1992 y lo que hace esta reforma, al igual que la que desarrolló Pastrana en 1998, es profundizarla. De hecho, la privatización de la educación y el deterioro de su calidad están hoy prácticamente consumadas gracias a la aplicación de dicha ley. No debemos olvidar que esta ley surge en el contexto de la adecuación normativa del país en el marco de la apertura económica y la implantación definitiva del neoliberalismo, justo en el mismo contexto en que se dieron las nefastas leyes de seguridad social y la transformación del sistema de salud, que han hundido a la clase trabajadora y a los sectores populares en condiciones de vida cada vez más precarias a tiempo que los recursos sociales se acumulan en las manos del capital financiero y los dueños de EPS, IPS y Fondos de pensiones.
Los estudiantes saben eso y han insistido en que el problema finalmente no es la reforma sino el modelo educativo que se implantó en el país con la dichosa ley 30/92 para convertir la educación en un negocio rentable para el gran capital a tiempo que el Estado se iba desembarazando poco a poco de sus obligaciones. Es decir, aunque la lucha coyuntural es en torno a la reforma, los estudiantes saben que el horizonte de lucha es más a mediano plazo y tiene que dar como resultado un nuevo modelo de educación que esté al servicio de la formación primeramente de sujetos sociales y de alternativas concretas de desarrollo social para todos los sectores y todos los individuos.
No somos los llamados a decirles a los estudiantes lo que tienen qué hacer en esta lucha donde le han demostrado a todo el país su fuerza, constancia e inventiva. Más bien es el llamado a todos los sectores sociales y populares a sumarse, pero no para instrumentalizar al movimiento estudiantil, como ha sido costumbre de algunas organizaciones y gremios, ni sólo para acompañarlo. Hay que sumarse articuladamente a la lucha por la educación porque ésta no es la lucha de los estudiantes sino de toda la sociedad, o por lo menos de los sectores sociales que se sueñan una sociedad mejor. A todos nos afecta la privatización de la universidad y su desviación con respecto a su razón de ser. Los estudiantes de secundaria tendrían que salir a la calle y sumarse, organizarse para pensar en esa universidad que poco a poco les está cerrando las puertas. Los padres de familia, por el hecho de tener hijos que están o aspiran estar en la universidad pública, tendrían que sentir esta como su lucha.
Pero hay todavía razones de más peso. La construcción de un modelo educativo al servicio de un verdadero desarrollo social del país implica la reforma estructural del sistema. Por ejemplo, el justo reclamo de una educación superior gratuita y de acceso universal (no mediado por exámenes de admisión) implica la reducción del gasto militar que hoy es 17 veces mayor que el gasto en educación; pero esto a su vez implica un cambio de prioridades en el gobierno, la construcción de un modelo de desarrollo distinto, pues, en buena medida el incremento permanente del gasto militar obedece a la protección exigida por las transnacionales, sobre todo del sector extractivo.
Por lo demás, la autonomía universitaria, indispensable para que la universidad pueda responder a las necesidades y problemáticas sociales que atraviesa el país, demanda un cambio de orientación en los lineamientos educativos desde la instrucción de mano de obra calificada y barata para las transnacionales hacia la formación de sujetos libres que puedan cooperar en la construcción de una sociedad mejor. Aquí, las experiencias de educación popular, que abundan en nuestro continente podrían enriquecer un nuevo modelo educativo, con una transformación de las relaciones en el aprendizaje y en la construcción colectiva del conocimiento.
Como vemos, una lucha radical por la educación en Colombia implica la articulación de una serie de luchas sociales y políticas de los sectores populares y conduce a los escenarios de articulación de estas luchas, en donde el Congreso de los Pueblos cobra cada vez más relevancia. En este sentido, el próximo congreso temático, que será el Congreso Educativo y se llevará a cabo en los primeros meses del próximo año, debe convocarnos a todos, no sólo a estudiantes y profesores. Pero su preparación y cualificación viene caminando desde hace meses y ahora debe fortalecerse, articulada a estas luchas estudiantiles. Es este el mejor escenario para avanzar en la construcción de un nuevo modelo educativo a la medida de las necesidades de los sectores populares, y para avanzar, además, en la construcción del poder popular que permita implementarlo.