Los estudiantes se encuentran en la mira de una de sociedad que seguramente se pregunta, ¿Qué está pasando que hay tantos estudiantes en las calles? Ante este interrogante se ha escuchado la respuesta: No a la ley 30 y no a la Reforma de la Ley 30. Pues bien, esta es sólo una bandera de lucha, un NO grande que se está gritando a un Estado “sordo” y completamente tozudo ante las voces de un pueblo que pide a gritos cambio. Se trata del estallido de una inconformidad de hace muchos años sobre la visión mercantilista y utilitarista que el Estado colombiano tiene sobre la educación y los derechos.
Desde el mismo momento en que fue presentada la reforma a la educación superior por parte del actual gobierno (proyecto de ley 112 de 2011), las diferentes expresiones del Movimiento Estudiantil y los Estudiantes universitarios, generaron diversos encuentros que apuntaban a un proceso de articulación organizativa y de movilización; es decir, espacios que permitieran unificar las luchas y multiplicar los esfuerzos por el retiro del proyecto de ley y en búsqueda de generar escenarios (foros, tulpas de pensamiento, cabildos, asambleas) de discusión para construir desde la comunidad universitaria una propuesta alternativa.
Actualmente dicho espacio se materializa en la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes (MANE), que, a pesar de las dificultades logísticas y metodológicas, logró construir con base en las discuciones de las regiones y los diferentes encuentros nacionales el “Programa Minimo de Lucha” del estudiantado colombiano, compuesto de seis puntos básicos: financiación por parte del Estado al 100% de la educación en todos sus niveles desde básica primaria hasta superior, autonomía y democracia universitaria, calidad académica, bienestar universitario, libertades democráticas y nuevo modelo educativo y pedagógico.
La construcción de los contenidos del “Programa Minimo de Lucha” pretente enfrentar el alto componente privatizador de la reformar, que obedece a los dictámenes y “recomendaciones” de organismos multilaterales como la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial al mando de Estados Unidos. Para poner sólo un ejemplo, es necesario ver la manera en que se estructura la proyección económica de la reforma, en la cuál se hace énfasis en la creación o reestructuración de entidades o fondos de crédito como la estrategia económica que posibilita la expansión y mejoramiento de la calidad de la educación. Las principales entidades que viven del endeudamiento de familias enteras son el Fondo de desarrollo de la educación superior, FODESEP; La Financiera de Desarrollo Territorial S.A., FINDETER; el Instituto Colombiano de Créditos y Estudios Técnicos en el Exterior , ICETEX y el Fondo Nacional de Garantías, FNG.
Cabe resaltar, además, que el gobierno propone transformar el FODESEP, que antes era una entidad estatal, “en una sociedad de economía mixta” que funcione como sociedad anónima, con el objetivo de elaborar proyectos para la expansión y el mejoramiento de la calidad del servicio público y como fondo de garantías para los créditos realizados a la educación superior. La dirección de éste estará a cargo de una junta de “accionistas” y un gerente general y el capital social serán los aportes de los asociados. Cabe entonces la pregunta del profesor Boris Salazar de la Universidad de Valle “¿Con qué criterios elegiría el fondo los proyectos de expansión y mejoramiento?”, a lo cual el mismo profesor sugiere la respuetas: “ Privados […], Al fin y al cabo al fondo le interesa recuperar su capital más alguna ganancia una vez que el proyecto haya madurado.”
Por su parte, el FINDETER, por medio de la banca comercial, extenderá créditos para que las instituciones inviertan en “infraestructura física y tecnológica”. La pregunta sería entonces, ¿Acaso ese dinero no se debe garantizar dentro de la base presupuestal, ya que hace parte del funcionamiento de las instituciones educativas?
Y, por último, es de importancia resaltar el papel que el ICETEX juega como un banco, prestando dinero a altos intereses y administrando los dineros que el Estado destine a becas y créditos educativos. ¿Es el crédito lo que salva a la educación pública? ¿Las entidades estatales de educación deben funcionar como bancos y empresas?
Con esto se evidencia que el Estado no va a ser quien asuma la responsabilidad de financiar las instituciones públicas, pues no garantiza una propuesta económica que permita una financiación integral de la educación a largo plazo, sino que pretende garantizar la expansión con fondos que dependerán de los proyectos que estructuren y vendan las instituciones. Igualmente se sigue validando la financiación con capital privado, lo cual pone en entre dicho la autonomía universitaria para el desarrollo de sus proyectos, ya que lo más lógico es que la inversión privada haga sus “exigencias” frente a qué se investiga y para qué se investiga.
Las reivindicaciones y la movilización estudiantil
La reforma a la educación y la Universidad no puede ser el reacomodamiento de ella a las necesidades del mercado, debe recuperar en sí misma la pregunta por el “espíritu” de la educación y de la Universidad. Una Universidad en donde estudiantes, trabajadores, profesores, jubilados, egresados sean respetados y tenidos en cuenta para decidir y, a su vez, éstos deben tener en cuenta a la sociedad y la nación para saber qué se decide. Una educación que pueda responder a problemáticas sociales como desnutricón, pobreza, concentración de la tenencia de la tierra, conflicto social, político y armado del país, entre otras tantas, de una manera efectiva desde la investigación, enseñanza-aprendizaje, extensión y socialización del conocimiento. Es decir, que la educación sirva como herramienta para acabar con la brecha entre ricos y pobres y como posibilidad de tener una vida digna.
Dado esto la MANE está trabajando en varios sentidos por la construcción de propuestas alternativas de la mano del sector popular y por medio de la movilización. Se ha conformado una comisión académica, que, como primera responsabilidad, tiene la elaboración de la exposición de motivos de la propuesta alternativa de Ley, y una comisión de derechos humanos, debido a la arremetida del gobierno. Adicional a esto se ha construido una agenda permanente de movilización.
Además, se están generando procesos organizativos a todos los niveles, como en el caso de la Mesa Amplia Regional de Estudiantes de Antioquia (MAREA), que tiene como objetivo articular a los estudiantes regionalmente y constituirse en un espacio permanente de lucha por la educación. Desde allí han estado trabajando los estudiantes de las siguientes instituciones de educación superior: Corporación Universitaria Minuto de Dios, Institución Educativa Debora Arango, Fundación Universitaria Luis Amigó, Universidad de San Buenaventura, Instituto Tecnológico Pascual Bravo, Tecnológico de Antioquia, Instituto Tecnológico Metropolitano, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Universidad Nacional sede Medellín, Universidad de Antioquia, Universidad Autónoma Latinoamericana.
Sin embargo, hay quienes no quieren que se movilicen los estudiantes en el país y en Antioquia. Muestra de ello son las siguientes manifestaciones de represión: ha habido una constante amenaza de cancelación de semestres para instituciones como el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la Universidad Nacional sede Medellín. En el Instituto Tecnológico Metropolitano y en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid se cancelaron varios contratos a profesores ocasionales y de cátedra. Y en la Universidad de Antioquia se ha usado la figura de “suspensión de contrato”, lo cual genera un limbo económico-jurídico, a diferencia de la cancelación de contrato, pues los docentes siguen vinculados a la institución pero sin devengar salario.
Después de las negociaciones de desmovilización con las AUC durante el gobierno de Uribe Vélez y los programas de reinserción de las diferentes alcaldías, varias instituciones educativas acogieron a miembros de dicha organización que decidieron estudiar. Muchos de estos desmovilizados siguen articulados a estructuras delincuenciales y vienen apoyando a las instituciones educativas en su estrategia de represión. Por ejemplo, en el Instituto Tecnológico Metropolitano, donde ingresaron al rededor de 1600 desmovilizados, recientemente una estudiante activista fue abordada por individuos movilizados en una motocicleta, mientras salía de dicha institución, y la amenazaron de muerte. A varios teléfonos celulares de diferentes activistas se hicieron llamadas donde se les acusaba de ser “revoltosos” y fueron también amenazados de muerte.
Además de esta situación local, es importante recordar que se está exigiendo la liberación de los 3 Estudiantes pertenecientes a la Federacion Nacional de Estudiantes (FEU), actualmente Prisioneros Politicos detenidos en Neiva y Florencia, y que enfrentan supuestos cargos de Rebelión.
Pese a este panorama, los estudiantes del país se siguen organizando y movilizando, muestra de ello es la agenda de movilización que continúa, donde se encuentran los siguientes escenarios: 10 de noviembre campamento en la Plaza de Bolívar en Bogotá acompañado por expresiones regionales; 12 y 13 encuentro programático con los sectores populares para socializar avances de las propuestas; 15 de noviembre marcha nacional, 18 de noviembre Pupitrazo musical; 24 movilización Latinoamericana, 1 de diciembre marcha nacional y, 3 y 4 de diciembre plenario de la MANE.
Así los estudiantes asumen la frase del Che como inspiradora de la lucha: “Qué la universidad se pinte de negro, que se pinte de mulato, no sólo entre los alumnos, sino también entre los profesores, que se pinte de obrero y de campesino, que se pinte de pueblo, porque la Universidad no es el patrimonio de nadie y pertenece al pueblo”.