La constitución de 1991, supuestamente pretendía dar fin al conflicto social y armado, e implementar el Estado Social de Derecho y a la vez adecuar el marco jurídico para la implementación del modelo neoliberal y su apertura económica. Dicha apertura de libre mercado, de privatización y de descentralización tocó todas las esferas de la vida social de la nación, entrando también en la vorágine de ese sistema la salud y la educación, como dos asuntos rentables y propicios para generar altas ganancias a las clases dominantes. Se intentaba que, mediante un sistema de educación regulado por el Estado, quedara el camino expedito para la tan anhelada apertura económica, requerida por los tecnócratas colombianos, visionarios de una educación privatizadora y rentable.
Las premisas neoliberales eran librar al Estado de los gastos para inversión social, de destinar recursos públicos a la inversión privada, para tercerizar, racionalizar y flexibilizar sectores como salud, educación y otros bienes públicos, bajo el argumento de que generan déficit al presupuesto de la nación; es decir, el desarrollo económico no debía estar ligado a la protección social garantizada por el Estado de Bienestar. En otras palabras el país se puso en el camino de la reducción del gasto público desligándolo de las obligaciones sociales del Estado, percibidas antaño como derechos del ciudadano. Desde allí se viabilizaba desde la estructuración del aparato jurídico y “legal” las normatividades y leyes que poco a poco derrumbarían lo que los reformistas llamaron el Estado de Derecho.
Así las cosas, alcances como el decreto 2277 de 1979 o Estatuto Docente, con visos de derechos, también denominado régimen especial para los maestros, logrado a través de arduas luchas, se ha hecho añicos en el transcurso de las últimas décadas. Y acaba de extinguirse con la puesta en escena de la más nefasta forma de vinculación docente al sistema educativo: el decreto 1278 de 2003, que racionaliza la escala salarial por medio de un escalafón inalcanzable, que impone evaluación punitiva no formativa, que desprofesionaliza la carrera docente y que desestabiliza al profesional docente sometiéndolo a la indignidad.
La educación en Colombia en todos sus niveles de formación, maniobrada desde el ministerio de educación nacional-MEN, no dejaría al margen de los intereses capitalistas de Estado el negocio, la mercantilización y la rentabilidad elevándola a estatus de mercancía, objeto de compra-venta en el juego de rapiña de la denominada bolsa educativa que el libre mercado se pelea con figuras creadas para tal fin: ampliación de cobertura, colegios por concesión, operadores del servicio, megacolegios de calidad, intermediación de la empresa educativa, fusión pública-privada, entrega de la primera infancia-preescolares a particulares, entrega de la educación superior a través de convenios con entidades privadas, altos costos de matrículas y, en fin, créditos educativos, disminución del presupuesto del sistema general de participación para los rubros de salud educación y saneamiento básico.
Por otra parte, se reforzaría como servicio público la educación superior con la ley 30 de 1992, y en el mismo sentido con la Ley General de Educación de 1994 (ley 115) para los ciclos de preescolar, básica y media como servicio educativo; de ahí en adelante, todas las políticas de Estado con sus leyes, decretos y resoluciones concernientes a la educación serán contrarreformas burguesas, nacidas del desmembramiento de la carta magna, aquella que juraron defender los más avezados padres de la patria y que supieron desde su nacimiento corromper con los actos legislativos, suprimiendo la supuesta democracia escolar, la autonomía y los derechos otorgados en la ley 115, por articulados y decretos reglamentarios cada vez más opresivos manifiestos en la ley 715 de 2001, ley que conforma el sistema general de participaciones.
Esta ley establece normas para ejercer competencias relacionadas con el servicio público educativo en los niveles preescolar, básico y medio, y en los decretos 1278 de 2002, 1290 de 2009, 2355 de 2009 entre otros. Estas disposiciones y dispositivos de orden jurídico, que consolidan y legalizan las políticas estatales, se hacen sobre la base de la vulneración de los derechos constitucionales, y en el tiempo de hoy queda demostrado el papel que juega el gobierno en el hundimiento de la educación pública, como sucede en este caso con la educación superior a través del proyecto que se puso a jugar en el Congreso de la república como la reforma a la ley 30, en la que se pretende acabar de entregar la educación superior a la empresa privada con la llamada ley 112 de 2011, tan cuestionada y protestada por el movimiento estudiantil, intelectual, sindical y otros sectores populares del país.
Ahora los mejores postores del negocio privado, han puesto los ojos en la educación y la han avizorado como negocio rentable
llamando al derecho a la educación servicio público. Panorama que se oscurece más con la entrada del Tratado de Libre Comercio de Colombia con los Estados Unidos, que viene no sólo por los bienes, las materias primas, los recursos mineros y energéticos, sino por la apropiación de la producción intelectual del país y por la introducción de su pésimo sistema educativo en el nuestro.
¿Cómo le hace el diljuego la institución universitaria privada a la empresa educativa neoliberal?
Las disposiciones educativas, llamadas leyes, están creadas en Colombia para que el sistema globalizado de libre mercado y competencia funcione plenamente hacia el logro de sus objetivos políticos, económicos y financieros, es decir hacia la ganancia y el lucro como ya ha quedado expuesto. Por su parte, los dispositivos son los planes, criterios, políticas, modelos y mecanismos que ajustan dicho régimen, haciéndolo viable y acorde a los intereses del gobierno y de los empresarios de la educación. De esto se deduce que las universidades privadas tanto de orientación religiosa como laica y las públicas, promuevan o produzcan desde sus pensum y currículo por analogía a la empresa o negocio capitalista, la empresa educativa. Por lo tanto, las instituciones de educación superior han ideado y diseñado programas de formación académica encaminados a fortalecer el modelo de ganancia en el marco de la escuela, en todas las formas y niveles que esta reviste.
Es muy dado ver cómo, en los programas profesionales de pregrado y posgrado en educación, se utiliza el mismo lenguaje habilitado para la empresa o industria, además de ajustarse todo el discurso de gerencia educativa a las teorías administrativas o gerenciales más que todo norteamericanas, donde se retoma como si fueran propias, por ejemplo los fines, objetivos y estrategias empresariales para el modelo educativo. Igualmente, la gerencia educativa, bajo el sofisma constructivista y seudocientífico magnifica el poder de la empresa educativa como el paradigma creador de la “sociedad de conocimiento” que preconizan en el ámbito de la “nueva era” los futurólogos de la historia. En el cual conceptos como visión, misión, eficiencia, eficacia, gestión, calidad, estándares, competencias; todos estos términos surgidos de la teoría del éxito o de ganar propios del sistema americano, han ido impregnando la cotidianidad escolar, desdibujando el verdadero carácter de la educación que se considera siempre como formación y conocimiento científico para el progreso de la sociedad.