Campesinos y pescadores en el Huila tomaron las máquinas de la empresa multinacional Emgesa el 3 de marzo, en un acto de desobediencia civil contra la represa Quimbo y lograron parar las obras de desviación del río Magdalena unas dos horas, antes de ser expulsados violentamente del sitio de desviación por el ESMAD. La comunidad llevaba más de dos meses de paro y resistencia en la zona, acampada en la playa del río Magdalena. Aunque fue violentamente desalojada el 14 y 15 de febrero, aún se mantiene en resistencia contra la construcción de la hidroeléctrica.
Mientras 90 campesinos y pescadores bajaron al sitio de desviación del río para impedirlo, 500 miembros de la comunidad, organizaciones sociales y el sector estudiantil se movilizaron arriba, en el Puente Paso el Colegio, manifestando su disconformidad con la histórica desviación del río y construcción de la hidroeléctrica el Quimbo. Este proyecto entre 2014 y 2034 alcanzaría una capacidad instalada de 400 MV e inundaría 8.250 hectáreas en 6 municipios del Huila, afectando otros municipios de la región.
Otro grupo de pescadores y periodistas intentó entrar a Emgesa por la puerta principal, al otro lado del río. Pero fue dispersado con gases lacrimógenos por el Esmad. Las autoridades les prohibieron la circulación por las vías públicas en la zona, restringiendo el derecho constitucional a la protesta y libre movilidad; y en diversas ocasiones se observó al jefe de seguridad de la Emgesa dando órdenes al ESMAD, a la policía y al ejército. La policía advirtió a los mototaxistas y lanchistas de la zona que si transportara a cualquier persona destinada a la movilización, les quitaría su vehículo.
Aunque la empresa Emgesa había declarado plazo hasta el 6 de marzo para terminar la desviación del río, y empezó a correr las aguas por los túneles el 3 de marzo a las 5:37 p.m., el río desafió a los técnicos de EMGESA y no se ha dejado desviar por completo: por el crecimiento del río, el agua no cabe por completo en los túneles.
La empresa que desvía al río Magdalena
La desviación del río Magdalena es la fase inicial de la construcción de la central hidroeléctrica “El Quimbo,” y uno de los aspectos más controvertido por la comunidad local. El río Magdalena -el principal río Colombiano, que pasa por 19 departamentos y 728 municipios donde viven cerca del 65% de la población colombiana- es el eje del sistema hidrográfico del departamento del Huila. Allí confluyen numerosos ríos y quebradas que nacen en medio de las cordilleras central y oriental, lo que hace de este territorio un espacio rico en recursos naturales. Estas condiciones han permitido que sus habitantes, generación tras generación, vivan del trabajo de la tierra, la pesca, la minería artesanal y toda actividad campesina y jornalera.
Emgesa S.A. es filial del grupo italo-español Endesa Internacional, el primer grupo eléctrico de Latinoamérica y tercero en Europa, presente en 11 países y tres continentes. Endesa Internacional cuenta con diez centrales de generación hidráulica, incluyendo la represa de Betania que desde 1981 ha empobrecido a la gente de la región. Tambíen es dueña del 51% capital de Emgesa la Empresa de Energía de Bogotá; la mayoría accionaria de la Empresa de Energía de Bogotá es el Distrito Capital. Desde 1997 Emgesa ha desarrollado actividades en la región del Quimbo, y en 2008 empezó la construcción de los túneles para la desviación del río, sin tener los estudios legalmente requeridos ni la licencia ambiental.
El director de Endesa Colombia, Lucio Rubio, dice que si no se termina la represa se pone en peligro el abastecimiento de energía del país. Pero muchos de los que se oponen al proyecto denuncian que la energía que generaría Quimbo sería para la exportación. Esto es corroborado por un informe, de mayo de 2011, del Banco de Iniciativas para el Desarrollo de Antioquia (BIRD), según el cual Colombia ya produce una sobre instalación de potencia eléctrica de 4.761 megavatios.
La resistencia toma y ocupa
Los pescadores y campesinos de la zona están indignados. “Con la desviación del río, ya no podemos pescar abajo. Con el embalse, tampoco arriba. ¿De qué vamos a sobrevivir? Nosotros no sabemos nada más que pescar”, dice un pescador del municipio de Hobo, que ha permanecido dos meses en una finca unos 400 metros arriba del sitio de desviación del río y donde se construirá el muro de contención del embalse. Allí ha permanecido con unas 20 personas más, en un acto de desobediencia civil y ocupación de la única finca cercana que no se ha vendido o se ha expropiado a favor de la empresa.
La finca es un predio productivo de 10 hectáreas, con cultivos de plátano, cacao, tabaco, maíz y arroz, más algún ganados. El dueño dice que no venderá su finca a la empresa Emgesa, porque no le ha garantizado una vida digna para él ni sus trabajadores. Integrantes de Asoquimbo, la Asociacion de afectados por la construccion de la Hidroelectrica el Quimbo, dicen que hay más de 1.200 personas que han quedado por fuera de los censos que hizo Emgesa en 2007, muchos de ellos pescadores y jornaleros. Igual hay otros sectores que la empresa ni reconoce como afectados, como los comerciantes o productores que están afectados por la destrucción de las cadenas productivas de la zona.
Los que sí han recibido ofertas de compensaciones e indemnizaciones dicen que las cantidades son vergonzosas. Resulta que al nombrar el proyecto de Quimbo de “utilidad pública e interés social los terrenos necesarios para la construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo” en 2008, sin consultar previamente a las comunidades, como lo establece la ley, Uribe aseguró la caída de valores de los predios y afectó a las actividades productivas.
Los pescadores de Hobo estuvieron acompañados en la ocupación de la finca y la toma de la maquinaría el 3 de marzo por pescadores y agricultores de Gigante, Garzón y Agrado, más unos 15 acompañantes de varios medios de comunicación alternativa y organizaciones en solidaridad con la resistencia.
Los cafeteros de Agrado no aparecen por ningun lado como afectados en las cuentas de la empresa y el gobierno, pero ellos se sienten muy perjudicados: “Nosotros pensamos en el futuro de nuestros hijos, pensamos en el futuro de nuestros nietos, y el resto de la vida que nos queda a nosotros para trabajar. Para subirse hasta 10 grados de temperatura a una zona cafetera, lo que nos pasará en Agrado por estar frente al espejo del embalse, nos acaba”. Las inconformidades de los habitantes de la zona son muchas. Un campesino de Gigante dijo: “A nosotros los pobres, que necesitamos cortar un palo para arreglar la casa, no nos dejan, pero la CAM y el Ministerio de Medio Ambiente han dado permiso a las empresas para tumbar bosques enteros”.
Jornaleros de la vereda La Honda, en el municipio de Gigante, han decidido volver a las tierras donde trabajaban y han tomado la vereda, aunque la mayoría de los dueños habían vendido las tierras. La vereda eventualmente sería inundada por el proyecto, pero los jornaleros dicen que no se van hasta que reciban las compensaciones. Otros dicen que no se van hasta que estén compensados con tierra. El tejido organizativo de la región del Quimbo siempre ha sido fuerte. Cuenta con 9 empresas comunitarias, que son productos de la reforma agraria de los 60 y 70. Ellos recuperaron los predios y crearon empresas de alta producción, y ahora quieren una reserva campesina agroalimentaria como compensación por la pérdida de sus tierras.
El papel del Estado
La región, conocida como “Quimbo”, historicamente ha sido una zona muy productiva, con patrimonio arqueológico y Reserva Forestal Protectora de la Amazonía, hechos que la empresa Emgesa ha ignorado e irrespetado. Debido al tratamiento ilegal de hallazgos arqueologicos, la obra fue suspendida varios días el año pasado. El Ministerio de Agricultura ya había declarado las tierras de la zona como “insustituibles y de alta producitvida pecuaria y agricola” en 1997. Y en 2009, la Procuraduría General solicitó al Ministerio de Ambiente de “abstenerse de otorgar licencia ambiental para la construcción del proyecto El Quimbo”, debido a que “no es conveniente que se inunden unas de las mejores tierras con aptitud agrícola de la región, cuando se considera que el Huila es pobre en tierras productivas y porque es difícil restituir la actividad productiva por la dificultad de encontrar tierras semejantes”.
“Todo funcionaba bien aquí hasta hace tres años”, contó un pescador de Hobo. “Uno se consigue la comida, uno es libre e independiente. Uno no tiene un patrón. El patrón es el río”. Según Miller Dussán, integrante de Asoquimbo, “El problema de fondo con esta situación es que el Estado desaparece. Todos quedan como si estuvieran en igualdad de condiciones en el mercado. El Estado debe garantizar que todas las reglas son claras.”
Aunque el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minas y el Presidente de la República no han prestado atención a las inconformidades, varios procesos legales se han adelantado debido a la fuerte oposición al proyecto. La Procuraduría y la Fiscalía abrieron investigaciones la semana después de la desviación sobre las irregularidades en el contrato de $334 millones de dólares entre el gobierno y Emgesa. La contraloría comenzó en enero una investigación fiscal contra el Ministerio de Ambiente, la CAM y la Dirreción Nacional de Licencias Ambientales por posibles vicios en su otorgamiento, especificamente las irregularidades en la licencia ambiental, el censo de afectados realizado por la empresa y en los procesos de compensación y reubicación de afectados.
La contraloría ya determinó que la empresa es responsable por el daño causado en agosto a uno de los puentes principales de la zona, Puente Paso el Colegio, por las obras que habían comenzado. Asoquimbo instauró una demanda en el Consejo de Estado, argumentando que se han violado todas las disposiciones ambientales, se han creado nuevos hechos contra el medio ambiente y el entorno y han afectado a más de 500 familias que han sido desplazadas de sus tierras y muchos jornaleros y campesinos han perdido sus empleos y fuentes de subsistencia. El gobierno de Huila ha empezado un proceso de Mesas de Control y Seguimiento a la situación causada por el proyecto. El alcade be Bogotá, Gustavo Petro, envió una delegación de representantes de la Empresa de Energía de Bogotá a la zona de El Quimbo el 5 de marzo, con el ánimo de atender a las demandas hechas por la población.
“Tenemos todos los espacios institucionales y legales agotados. No hay respuesta y no hay garantia. La única respuesta la tienen las comunidades cuando nos empoderemos y cuando decidimos resistir y defender lo que nos pertenece. Cuando desobedecemos. Es la unica opción que hay”, dijo una integrante de Asoquimbo.
La comunidad desobedece y moviliza bajo la represión del Estado
Además de las movilizaciones el 3 de marzo en Paicol y Gigante, otros habitantes de la región se movilizaron ese mismo día en Garzón y la Plata, y hubo demostraciones solidarias en Neiva, Medellín, Cali, Bogotá, Miami, Nueva York, Londrés y Roma. Los cíberactivistas de Anonymous apoyaron a la resistencia bloqueando las páginas de internet del Ministerio de Minas, la Gobernación de Huila y Emgesa. El Ministerio de Minas, el Ministerio de Ambiente y el Presidente de la República han señalado que las movilizaciones estaban “infiltrados por la guerrilla” e impulsados por gente con “intereses oscuros”, sin considerar que los señalamientos ponen en riesgo la seguridad e integridad de los que se están oponiendo el proyecto de forma pacífica.
El pasado 15 de febrero el ESMAD desalojó a las comunidades que estaban acampadas en la localidad de Domingo Arias (corazón del proyecto), tratando de impedir las obras de desvío del río. De manera brutal fueron sacados, gaseados, golpeados y hubo siete heridos y un hombre perdió su ojo. Las comunidades habían iniciado un paro regional el 3 de enero de este año por el avance de las obras de desviación. Por 16 días lograron paralizar la empresa completamente. Insisten además en que el desaolojo del 14 y 15 fue ilegal, no sólo por la brutalidad, sino porque la Constitución y la Ley protege la actividad de la pesca artesanal como de utilidad pública y derecho inalienable. Además, denomina un área ubicada a 30 metros de la margen de todos los ríos de Colombia como imprescriptible e inembargable. Pero la empresa insiste en lo contrario, y según los habitantes de la zona, da órdenes directas al batallón minero-energético (#12) que está únicamente en función de custodiar los avances del proyecto. El desalojo del 14 y 15 de febrero fue ordenado por el Ministro del Interior Germán Vargas Lleras, el hermano del presidente de la Junta Directiva de Emgesa, José Antonio Vargas Lleras. Un pescador que lleva 53 años pescando en el Río Magdalena fue gravamente herido por granadas y explosivos en el desaolojo. Sin embargo, este pescador participó también en las acciones del 3 de marzo, y explicó: “Yo tengo que estar aquí resistiendo. Saco sustento para mi familia, he criado mis hijos de cuenta del río. No tengo otra opción” Un campesino añadió: “No vamos a dejar que nos inunden y no vamos a dejar que nos saquen de acá”.
