Durante el año 2011, la amenaza por la realización de un proyecto de explotación minera en el páramo Santurbán generó una fuerte coyuntura, donde las organización sociales protagonizaron un gran movimiento en rechazo a lo que sería un exterminio ambiental a manos de la multinacional Greystar, que dejaría sin agua a varios municipios de dos departamentos. Las acciones legales y la movilización de más de cinco mil personas lograron “tumbarle” la licencia. Por hoy, apenas cuatro meses después vuelve la amenaza por parte de otras compañías y sigue la resistencia de la comunidad por salvar el agua y la vida.
El páramo de Santurbán está ubicado en la zona nororiental de Colombia, y riega con sus aguas la zona metropolitana de Cúcuta, pasando por la Orinoquia, traspasando la frontera hasta el lago de Maracaibo, Venezuela, además de llegar al río grande de la Magdalena, donde está ubicado el área metropolitana de Bucaramanga. Entre los dos Santaderes se benefician otros 22 municipios, en total tres millones de habitantes se alimentan de estas aguas.
En cuanto a biodiversidad, es un páramo de bosque alto andino muy bien conservado, cuenta con gran biodiversidad en fauna y flora, con especies endémicas, amenazadas y en vía de extinción y un laboratorio vivo de agua. Tiene un complejo de 67 lagunas, de cada una nace un río, que luego será fuente de agua para las regiones.
José Ángel Mejía, integrante del comité para la defensa del agua y la vida del páramo Santurbán, nos cuenta cómo desde hace unos años llegaron las empresas trasnacionales buscando explotar oro, plata, cobre, carbón y otros minerales, y con mayor incidencia la multinacional canadiense GreyStar Resources, la cual tenía la licencia para la explotación.
Contradicciones, mentiras y pugnas en el proyecto
El proyecto cada vez demostraba más irregularidades, no sólo jurídicas sino también en cuanto a las supuesta ganancias que generaba para la región y el país, pues según Ingeominas “con base en un informe de buena fe”, del oro que saquen a Colombia le corresponde a un 3%. Por los demás minerales no pagan nada. Además, “el material tiene que ir limpio, sin ninguna contaminación” por el riego de inversión. “Es decir, aquí nos dejan toda la contaminación y ellos se llevan toda la ganancia”.
En el estudio de impacto ambiental sobre el proyecto de esta multinacional se evidenció que se generaría un gran detrimento de los recursos naturales, principalmente con el agua. “El área de páramo y los complejos lagunares los están afectando, los acueductos veredales se están secando, están tumbando mucho bosque, ya el terreno empezó a sufrir “, dice Mejía. La empresa se retiró del proyecto por esta razón y la contundencia de las movilizaciones. Pero cambió de razón social y volvieron a la región con el nombre Eco Oro Minerals Corporation.
Para hacer frente a tan desproporcionada ambición, se conformó el Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán, que agrupa a numerosas organizaciones sociales, sindicatos, estudiantes, ambientalistas, profesionales, docentes y muchas otras expresiones de sectores de la sociedad bumanguesa, en una campaña de resistencia al proyecto, abanderados con la consigna “salvemos el agua y la vida”.
“Nosotros pedimos los estudios de impacto ambiental y queríamos ver cómo avanzaba el proceso de licencias. Queríamos confrontarlo en cuatro puntos claves para tener soportes técnicos: jurídicos, económicos, sociales y, para evidenciar dónde estaban las fallas. En lo ambiental nos apoyamos con geólogos, hidrólogos, ingenieros forestales y biólogos. Fue ahí dónde se estableció que un porcentaje alto del agua desaparecería, perjudicando no sólo a los pueblos aledaños, sino también acueductos que surten gran parte de los departamentos, más de 3 millones de habitantes quedarían sin agua, además esta agua quedaría contaminada de por vida, pues usarían 40 toneladas de cianuro diarias y 200 toneladas diarias de explosivos”.
“En lo jurídico -continúa Mejía- violaban no sólo la ley colombiana, sino también tratados y convenios internacionales de cambio climático. En los social se ha alterado el diario vivir de los pueblos en los cuales se proyectan las obras, llevando prácticas, costumbres propios de la ciudad, que afectan estos territorios, con espectáculos musicales para los trabajadores como estímulo moral, y fomentando un nuevo comercio emergente. En lo económico: entregamos todo, y nos queda un desierto, un país inviable en menos de 10 años”.
Además de estos estudios y las denuncias, este comité convocó foros, eventos culturales, plantones y marchas, logrando desarrollar una movilización con más de 50000 personas. Todo esto desencadenó que le quitaran la licencia a la GreyStar, pero en estos momentos las grandes multinacionales están presionando al alto gobierno, que les está pidiendo estudios a las corporaciones autónomas regionales para que declaren las zonas de exclusión ambiental, pues en los páramos no se pueden intervenir y ofrecerles estos territorios en licencias.
El problema es que las autoridades ambientales de los Santanderes aún no delimitan claramente cuáles son las áreas de páramo. Ya hay un estudio de las zonas de exclusión minera en páramos y se conocen gracias al trabajo especializado del Instituto de Investigación Alexander von Humboldt, pero no está autorizado por Corponor de Norte de Santander y corporación en defensa de la meseta de Bucaramanga.
“Uno de los obstáculos para que se sancione debidamente lo ambiental es que las corporaciones autónomas están apoyando los proyectos; Ingeominas, el ministerio de minas y el alto gobierno están con ellos. Además de los directores de parques nacionales, que dicen que hay que primar el desarrollo por encima de la conservación. ¿Qué esperanza tenemos con esas instituciones? Ninguna, nos toca luchar a nosotros”, concluye Mejía.
Un nuevo capítulo comienza
Según información que circula recientemente, el antiguo Ingeominas otorgó una concesión por 20 años para explotar oro en el páramo de Santurbán a la firma Leyhat Colombia. El permiso fue avalado por el exdirector de esa entidad, Darío Ballesteros, quien antes de dejar el cargo le concedió a dicha compañía un periodo de explotación de 20 años y seis meses en un sector de 24 hectáreas y 5.893 metros cuadrados, en el municipio de Vetas, Santander, donde está ubicado este páramo protegido. Si a ello se suma que esa empresa contaría ya con el permiso ambiental correspondiente, Leyhat Colombia tendría luz y podría iniciar explotación minera en la zona.
Así que esto pone un nuevo momento en la lucha de las comunidades. Para esto ya el comité convocó a principios de marzo un foro con expertos nacionales e internacionales con el tema de de minería subterránea y riqueza hídrica, buscando continuar el estudio y la profundización de conocimientos sobre la minería en alta montaña e identificar sus efectos ambientales, sociales y económicos. También están convocando a marchar el 16 de marzo en contra de los proyectos extractivos, aprovechando la conmemoración del día de los comuneros, raíces libertarias de esta región y del país.
