El pasado 10 de marzo en el barrio de Santa Fé de Bogotá la fuerza pública realizó el desalojo de once familias desplazadas que dos años atrás se habían tomado un edificio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como su vivienda. Esta noticia evidencia una problemática mucho más amplia: que Colombia es el país con más desplazados forzados y exiliados del mundo, según el informe de CODHES de 2010; desde 1985 podemos contar unos 5,19 millones de colombianos y colombianas desplazadas, y en el año 2010 hubo un promedio de 778 desplazados diarios, la tercera parte proveniente de zonas de “consolidación” de seguridad; es decir, zonas fuertemente militarizadas por la fuerza pública. Desde 1985 estamos hablando de 5,19 millones de colombianos y colombianas desplazadas.{jcomments on}
La toma del edificio del ICBF y su desalojo
No suele ser un hecho muy común, pero once familias lo hicieron. Cansadas de no tener donde vivir, se tomaron un edificio. Tras esas paredes, ahora vacías, cada persona guardó su historia; había familias con orígenes tan dispares como la ciudad de Buenaventura, el departamento de Córdoba, la ciudad de Pereira o la región de Urabá; pero todas compartían algo: no tener casa. El rebusque en Bogotá no es fácil y cada uno ha intentado todo tipo de trabajos, desde fábricas a cafeterías, mano de obra en construcciones o vender dulces en los buses, incluso, tratar de generar su propio empleo con cooperativas.
Tras dos años y medio viviendo en el edificio del ICBF, construyendo un proyecto común, el pasado 10 de marzo, los antimotines de la fuerza disponible de la policía les desalojaron a la fuerza. No faltaron gases y heridos. Esa noche la calle 24 de la capital permanecía cortada con todos los muebles y pertenencias de las familias. A la luz de los fríos postes de luz, la gente se acomodaba como podía entre cajas, armarios y juguetes de niños.
Hasta las 5 de la mañana no se trasladaron a un hotel que les proporcionó la Secretaría de Gobierno mientras aclaraban las negociaciones que finalmente terminaron en una “ayuda humanitaria” de 300.000 pesos por familia y el llamado 3×3, que son otros 300.000 pesos por familia durante tres meses. Después de una semana exigiendo sus derechos y participando en reuniones, sin estar satisfechas pero sí agotadas, estas familias salieron a buscar arriendo y a seguir con su lucha diaria. Sus reivindicaciones hacían hincapié en la inclusión de los programas de vivienda de interés social y en una ayuda para iniciar un proyecto productivo. Ambas opciones, así como las ayudas ofertadas, están contempladas como derechos básicos de la población desplazada.
Desplazadas y desalojadas
Fue en el hotel, donde permanecieron por más de una semana, donde el pasado 13 de marzo nos acercamos para conocer mejor qué historias había detrás. Entrevistamos especialmente a tres mujeres que fueron parte de la experiencia de la toma del inmueble y vivieron el desalojo como un segundo desplazamiento.
Margarita es cabeza de familia, tiene cinco hijos y huyó de cerca de Buenaventura. Y Yoana, de 13 años, ha sentido el desplazamiento de su familia de Córdoba a pesar de haber nacido ya en Bogotá. Las escogimos a ellas, pero sabemos que hay muchas más entre el anonimato de la ciudad. Estas mujeres y las once familias de la toma del edificio del ICBF tienen la particularidad de haber compartido la experiencia de unir sus voces, rompiendo la relación de individualidad que crea el Estado y tornándose más fuertes por ello.
Margarita:
Margarita es una mujer recia de unos cuarenta años de edad, orgullosa de su ascendencia africana. Nació en Cali, de donde recuerda sus experiencias trabajando en casas de familia desde los 12 años. Y fue en un caserío en la orilla de la carretera que va de Cali a Buenaventura donde tuvo a sus hijos y construyó lo que pensaba iba a ser su casa y su lugar. Allá, ella y otras familias cocinaban para los camioneros o les daban posada. Pronto les pidieron que ofertaran otro servicio, lavar uniformes; y Margarita no tuvo problemas en hacerlo, pues representaba otro ingreso para aportar a la economía familiar. Pero no tardaron en llegar los problemas al ser acusadas distintas familias de la zona de informantes por haber lavado los uniformes equivocados…«Entonces que nos teníamos que ir… y es que el Ejército también maltrata. Pero ellos tienen su protección, y entonces que a maltratarnos, golpearnos, y hubo muertos y todo…».
Margarita y su familia se vieron en medio del fuego cruzado del Ejército y las FARC; después de que desapareciera un familiar que vivía con ella decidieron marcharse. Su tía todavía sigue buscando a su hijo para poder enterrarlo.
Volver a empezar en Bogotá fue duro. «Yo llegué con 4.000 pesos, un lunes 9 de noviembre, nunca se me olvida», y eso que ya han pasado más de diez años. Margarita ni siquiera sabía de su condición de desplazada, fue con el tiempo que descubrió tener algunos derechos y que trató de exigirlos. Pero la lista de trámites y burocracia a seguir es una carrera de obstáculos para las familias desplazadas que muchas veces terminan en largas esperas o en ayudas más bien simbólicas y generalmente sólo económicas, pero que no le apuestan a soluciones a largo plazo.
Los trabajos que ha realizado Margarita todo este tiempo son en la mayoría de los casos inestables y en el sector de la economía sumergida: « Tan sólo llegar empecé a vender dulces en los buses. Yo vi que ésta es una ciudad en la que hay que pararse duro para no dejarse llevar por la corriente». Incluso en ese pelear cotidiano por salir adelante Margarita renunció a seguir sus reivindicaciones como desplazada, hasta años después cuando trató de retornar y su antigua casa estaba demasiado cerca de un campamento paramilitar.
Margarita ya conocía el edificio del ICBF porque había sido un hogar infantil en el que ella también había colaborado. Pero irónicamente lo evacuaron, según cuenta ella, para instalar allí a 16 familias desplazadas; sin embargo, el edificio quedó desocupado por varios años. «Una vez que yo no tenía pa’l arriendo pasé por ahí, y dije: ¡Oye, uno necesitando donde vivir y este edificio aquí botado…! No me parece justo. Me puse a mirar y a averiguar qué pasaba con el edificio, consulté con un abogado…. y dije: yo me voy a meter ahí a vivir con mis hijos, imposible que siendo de Bienestar Familiar nos vayan a sacar. Y así fue como nos metimos diez familias, y de ahí para acá lo que ustedes conocen».
Una noche de agosto de 2008 entraron por la ventana a su nueva vivienda. “Y la semana siguiente llegó Acción Social a censarnos y nos dijeron que qué pedíamos. Y la propuesta que hicimos siempre fue que nos incluyeran en los proyectos de vivienda de interés social. Esa era la principal demanda, pues todos teníamos algo en común, no teníamos casa ni donde vivir y casi todos somos familia numerosa».
Yoana:
Yoana tiene 13 años y es la hija de Milton Rosales, un desmovilizado del insurgente EPL de Córdoba y quien ha sido el principal vocero de las reivindicaciones de la comunidad de vecinos del edificio ocupado del ICBF. Ella nació en Bogotá, es hija del desplazamiento. «A mi papá le andaban buscando para matarlo y él no puede ir allá porque lo sacan. Entonces nos da miedo ir allá y que le pase algo. En el 2007 nosotros viajamos, pero como a los ocho días nos tocó devolvernos porque ya lo andaban buscando». A Milton lo persiguieron primero por haber sido parte del grupo insurgente ya mencionado, posteriormente trataron de reclutarlo para las filas de los paramilitares e incluso en el periodo de desmovilización él mismo denunció haber sido amenazado por la fuerza pública.
«Una se siente como un poco excluida sabiendo que no puede ir donde los abuelos porque igual le pasa algo a la familia de uno, una vive con ese temor siempre». De cuando estuvo en Montería contaba que «es muy distinto, allá es como más alegre, la gente es más unida; acá es más difícil sobrevivir».
El día del desalojo fue especialmente duro para niños y jóvenes. Algunos se escondieron debajo de las camas; sin embargo Yoana, al ser mayor debía ayudar a cuidar a los más pequeños. Aguardaban todos en una misma pieza. «Por un huequito de la puerta veíamos cómo pegaban a los adultos. Entonces dijeron que abriéramos la puerta y no queríamos porque ya sabíamos que estaban todos los policías dentro. Empezaron a empujar la puerta, a golpearla con los bolillos y la dañaron. Entraron y corrí hacia donde estaba mi hermanita. Yo estaba toda histérica y no dejaba que nadie me tocara. Me rodearon un poco de policías y me gritaban “¡que baje, que baje!” y una policía me cogió de la cabeza y casi me hace caer por las escaleras».
Yoana recuerda también ver a su familia y vecinos heridos y los gases lacrimógenos usados por la policía: «tragué un poco de ese gas y me ardía la garganta y los ojos». Si se le pregunta por la policía tras este día su respuesta es que «son abusivos y brutos». Añade: «Sentía rabia y a la vez estaba nerviosa, pero sentía rabia porque supuestamente ellos protegen a los niños. Pues había mujeres con los niños y las iban pegando. Y por ejemplo, una policía casi le pega a un niño de 9 años si Maritza no se mete en medio…».
En el hotel, Yoana afirmaba sentirse rara e incómoda con la situación, ya que «no hay nada como estar con sus cosas, durmiendo en la cama de uno». De esos días rescata la solidaridad de sus amigos y amigas del colegio y de los profesores que les habían llevado comida y expresado su apoyo.
Desenlace abierto
Ha pasado un mes desde el desalojo del hogar de las familias de Margarita, Yoana y las demás. Hoy en día se encuentran en distintos lugares de la capital, en viviendas de renta que no saben por cuánto tiempo podrán pagar. Su principal demanda —ser incluidos en proyectos de vivienda de interés social— no les fue otorgada según nos cuenta Milton Rosales. El edificio del barrio Santa Fe está vacío y no ha tenido ningún movimiento. Margarita dice que todavía no ha podido pasar por delante, le trae demasiados recuerdos. Lo que construyeron con tanto esfuerzo, el Estado se lo arrebató en unas horas.