Carmen Palencia Cabrales nació en una región agraria de Valencia, Cordoba, ciudad construida sobre el inmenso valle donde serpentean las turbulentas aguas del río Sinú. Este río majestuoso nace en las agrestes montañas del Paramillo, y durante centurias arrastró partículas de arena fina desprendidas de los extensos cultivos de arroz y maíz, antes que el terrorismo de Estado transformara su impetuoso caudal de aguas cristalinas en vertedero de cadáveres descuartizados. Esta luchadora social, a quien el gobierno francés otorgó el premio de Derechos Humanos Antonio Nariño, sobrevivió a varios atentados, entre ellos, el de abril 21 de 2008. Actualmente es directora de “Tierra y Vida”, asociación creada en defensa de las tierras despojadas.
Dejemos que sea Carmen quien nos cuente su historia social y política.{jcomments on}
Nací en Valencia Córdoba el 15 de febrero de 1964, expedí mi cédula de ciudadanía declarando ante el registrador haber nacido en 1963, pues deseaba votar por mi esposo, candidato conservador a la alcaldía de este municipio. Provengo del campo, de una familia pobre y muy revolucionaria, dedicada al trabajo pacífico y creador. Algunos de mis familiares simpatizaron con la línea política de las FARC y del M19, pero nunca con su estructura armada. Cuando la campaña política por la alcaldía alcanzó su auge máximo, el triunfo electoral de mi esposo ya era previsible, pero nadie imaginó que la muerte, como ave agorera, se abatía sobre él.
En la fecha en que los paramilitares asesinaron a mi esposo, él era presidente del Concejo de Valencia. Su asesinato se debió al hecho de estar negociando una coalición política con la Unión Patriótica – UP-; a los 2 meses lo mataron, luego fueron por mí, pero llegaron tarde, había huido con mis 3 hijos, llevando junto con mi duelo el traje que vestía ese día nefasto. Me dejó viuda a los 24 años.
Escapamos dejando abandonada la sociedad familiar y la sociedad particular que mi esposo organizó con un compadre, cuyo inventario registraba 200 cabezas de ganado vacuno y 266 hectáreas de tierras. Los activos de la sociedad familiar incluían bienes raíces e inmobiliarios, pero todo lo robaron los paramilitares. Me fui a vivir a una vereda de Urabá con mi mamá y mis hermanos; allí compré dos hectáreas sembradas de plátano y empecé a trabajar. En esa vereda el EPL tenía fuerte incidencia y mis tíos eran miembros del frente político de esa organización.
En 1988, inicié en la vereda un trabajo comunitario, para poner fin a la intermediación ventajista de las empresas exportadoras de plátano, donde los campesinos trabajan en condiciones aberrantes a cambio de un salario miserable. Posteriormente, con el aval del EPL fundamos la cooperativa Productores de Plátano de Urabá, COPAURABÁ, con 2 mil afiliados. A partir de ese momento, y como gestora de la cooperativa, me eligieron funcionaria del consejo directivo durante reelecciones sucesivas. Antes de cumplir un año de su fundación, los activos de la cooperativa crecieron vertiginosos e imparables, pero finalmente la cooperativa fue gradualmente “desangrada” por las Farc, los paras, y por los dirigentes del desmovilizado EPL, a quienes por permanecer tiempo completo en la cooperativa, les llamaban los “profesionales” del EPL o del PCCML, en cuya vertiente política milité. Después de la quiebra de COPAURABÁ, los paramilitares iniciaron una desproporcionada carnicería indiscriminada de líderes y de todas aquellas personas sospechosas de empatizar con la guerrilla, fue en ese momento que tomé la decisión de exiliarme en Venezuela.
Regresé a los 4 meses y me vinculé al comité de salud del Barrio Obrero e inicié la creación de un frente de lucha por los servicios públicos, y todas esas vainas. Regresé porque nada debía, en contrario, fue la cooperativa quien contrajo deudas con migo, ya que durante mucho tiempo presté mis servicios a cambio de nada; sin embargo, me calumniaron diciendo que yo había edificado mi casa con platas de la cooperativa, acusación injusta que se debilitó cuando mostré mis documentos donde constaba que ese lote y esa vivienda la había adquirido, mediante la compraventa de mi casa con sede en Medellín.
La Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras de Urabá.
Nuestra asociación es producto de la lucha colectiva en defensa de las víctimas que un día salimos de nuestros territorios para dejarlos a merced de los paramilitares y políticos, que hoy disfrutan impunemente de bienes y tierras que otros trabajaron. En las regiones se percibe la tragedia de tanta gente acorralada por sucesivos gobiernos, profundizada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuya doctrina heredó Juan Manuel Santos. Es preocupante que las denuncias sobre violencia contra la sociedad agraria campesina sean ignoradas por las autoridades.
Ante esta desprotección, algunos campesinos me han manifestado su intención de abandonar la región, pero el vicepresidente nos invitó para reunirnos en el salón esmeralda del Hotel Tequendama, para continuar debatiendo la fecha a partir de la cual la ley debe amparar los derechos de las víctimas. Éste ha sido el tema más candente y polémico del debate. Expusimos un documento de nueve puntos, de los cuales dos ya están aprobados como exigíamos, los otros siete puntos deben incluirse, entre ellos, el de las dos fechas: en una nos dicen que la condición de víctima regirá a partir del año 1984, y en otra dicen que reconocerán el despojo desde 1991.
Esto deja en evidencia la mala fe del gobierno, con lo que favorece a los delincuentes. A mi no me van a decir que me vine de Valencia en el 88 ¿y me despojaron cuando?, ¿en el 91?, ¡no jodan¡ En estos términos se lo dije al vicepresidente: volvámonos serios y hablemos un solo idioma, pero un idioma transparente, ¡no jodan¡ que sea una sola fecha establecida por la ley para reconocimiento de víctimas y reconocimiento del despojo. Y la otra fecha con la que pretenden envolatarnos establece que la ley comenzaría a regir a partir de esa fecha hasta el 2011, queriendo decir que vivimos como Alicia en el “País de las maravillas”, sin conflictos. Eso no es cierto, el conflicto y los asesinatos se han recrudecido en estos tres últimos años, mucho más que antes de la desmovilización de estos bandidos paramilitares.
De aprobarse la ley, como quiere el gobierno, desconociendo los derechos de las víctimas, mostraría su doble moral, ya que la masacre de San José de Apartadó, por ejemplo, tuvo lugar en 1989 y tiene reconocimiento de la Corte Penal Internacional, que ha expedido medidas cautelares. ¿Con qué coraje viene el gobierno a desconocer crímenes de lesa humanidad, diciendo que las víctimas de San José de Apartadó no tienen derechos, ya que la ley sólo amparará las víctimas a partir de 1991?
Es un proyecto de ley lleno de micos, de trampas, de mala fe, una maricada para enredarnos la vida, máxime cuando han nombrado jueces agrarios facultados para certificar si el reclamante es víctima o no, y luego para certificar su despojo requiere otro reconocimiento. Pero si éste certifica que no – que será lo más probable porque ya pasó con Acción Social-, debe acudirse a una segunda instancia que tarda de 10 a 15 años. En mi caso particular, si el fallo me es favorable, tendría 70 años de edad y para esa eventualidad ya estaría en la antesala de la muerte.
Los dirigentes asesinados
En la medida en que hemos ganado representatividad en el tema de reclamar los derechos humanos y restitución de tierras por la vía de hecho, ya que las administraciones están cooptadas por el paramilitarismo organizado por el monstruo – Álvaro Uribe -, nadie puede reclamar sus tierras porque lo acusan de guerrillero. Partiendo de estas reflexiones, el discurso del gobierno central, no es coherente con el de gobiernos locales. Para los alcaldes, la reclamación de tierras es una utopía, no se logrará mientras el terrorismo oficial y paramilitar se oponga a la devolución de tierras y la población viva bajo pánico colectivo infundido por la misma autoridad férreamente aliada del paramilitarismo. A toda persona que pretenda denunciar la acusan de terrorista para justificar su asesinato.
Además de los 50 líderes que han sido asesinados en el país, es necesario recordar que ya son nueve los líderes campesinos y reclamantes de sus tierras asesinados en Antioquia y otros sitios de la costa Caribe: Juan Jiménez Vertel, Benigno Gil, Jaime Antonio Gaviria, Adriano Pino, Ana Gómez, Albeiro Valdés Martínez, Hernando Pérez Hoyos, Óscar Manuel Mausa y David Góez Rodríguez, todos han perdido la vida, de manera brutal, por reclamar sus tierras. El último de ellos, David Góez Rodríguez, fue asesinado de cinco disparos el miércoles 23 de marzo de 2011, a las 12:40 del mediodía, en las afueras de un centro comercial de la ciudad de Medellín, por dos sicarios que andaban en una moto. David Góez era un prestigioso dirigente en la restitución de tierras y fundador de la Asociación de Víctimas del Urabá para la Restitución de Tierras y Bienes (Asoviresti). En 1987 había sido desplazado de su finca el Descanso, la cual esperaba recuperar.
¿Qué pasa con las tierras robadas?
Primero hay que aclarar que no sólo las robaron los paramilitares; muchos congresistas están enredados en estos crímenes de lesa humanidad, y el ex presidente Uribe Vélez, como jefe de Estado evadió su responsabilidad en estos asesinatos. Todas las alternativas criminales que el gobierno uribista tuvo en su momento las puso a disposición de sus siniestros escuadrones terroristas. Ayer los dirigentes sociales de Mompos me dijeron que de 400 familias victimizadas, a 280 le robaron sus tierras, y desean afiliarse a nuestra organización. Me contaron una cantidad de barbaridades brutales, cometidas por un tal Agudelo y un señor del departamento del Cesar, miembro de la familia Castro Araujo, testaferros de Álvaro Uribe Vélez.
Estas dos personas alcanzaron a robar 2.500 hectáreas de tierras. Fue tan aberrante la matazón de quienes se negaron a salir, que los goleros devoraron sus cadáveres; todo el mundo en esta región de Mompos veía los buitres como si se tratara de un funeral celeste, devorando los cadáveres, que por orden del ex presidente Álvaro Uribe no permitieron sepultar. Hoy esas tierras están a nombre de esos testaferros, como están miles de hectáreas en Necoclí, Arboletes o Mutatá, pero todo el mundo sabe que son de Uribe Vélez y el día que la Fiscalía haga una sucinta investigación, hasta las piedras hablaran.
Los representantes de los victimarios están poniendo trabas para desconocer los derechos de las víctimas; así, de esta manera, el gobierno prepara una ley para perpetuar la ignominia contra la gente despojada, pero al mismo tiempo armoniza con las víctimas para justificar su próxima reelección.