La actual situación de confrontación armada en Libia, al norte de África, ha hecho que las potencias occidentales se adjudiquen el derecho a intervenir en el conflicto, justificando sus acciones con el supuesto deber de proteger a la población civil. Diferentes voces, entre estas la de académicos y líderes políticos, se han pronunciado a favor y en contra de esta intervención encabezada por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN); algunos, los más críticos, argumentan que esto va en contra del Derecho Internacional y los principios de no intervención y soberanía estatal. Y, sin duda, esos hechos van en contravía de estos principios pero no del nuevo derecho supranacional.{jcomments on}
En agosto de 1945, a propósito del fin de los 31 años de la Guerra Mundial, los países vencedores de esta contienda acordaron e impusieron la reconfiguración del Derecho Internacional, incorporando como principal elemento la limitación de la guerra como instrumento legítimo para dirimir las disputas entre los Estados. Esta medida marcó el final del sistema instaurado con la paz de Westphalia.
Se trata de una nueva era en el Derecho Internacional, caracterizada por la superación de las barreras Estado-nacionales y la aparición de nuevos actores como las corporaciones multinacionales y las ONG. La constitución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en San Francisco (Estados Unidos) en 1945, y la promulgación de la Carta de las Naciones Unidas, el mismo año, constituyen la máxima expresión de los nuevos tiempos. Esta disposición no llegó a realizarse a plenitud sino hasta el final de la Guerra Fría, implicando además la hegemonía del capitalismo como sistema económico y de la democracia liberal como modelo político. A su vez, los nuevos valores del ordenamiento supranacional se han legitimado mediante el discurso de los Derechos Humanos, los cuales han alcanzado una dimensión moral, universal, política y legal.
En el marco de la exigencia del respeto a los Derechos Humanos, esta hegemonía ha conllevado la necesidad de construir sistemas democrático-liberales dentro de las fronteras estatales, estableciéndolos como único sistema político en el cual podrían ser respetados estos derechos. Así, el derecho supranacional penetra y reconfigura la ley domestica de los Estados-nación, por la vía diplomática o por la vía militar. En medio de este nuevo marco político y jurídico, la proliferación de naciones a partir de la desintegración de los países socialistas, como consecuencia del colapso de este modelo político, y las luchas de liberación nacional en el Tercer Mundo han hecho que parte de los Estados nacientes cedan a los nuevos valores del derecho supranacional como requisito para ser aceptados en la comunidad internacional.
La estatalidad empezó a ser condicionada cada vez con más fuerza a través de la existencia de la democracia y la exigencia del respeto a los Derechos Humanos. La imposición de un discurso democratizador universalista, acompañado de las transformaciones ocurridas en los últimos años en el desarrollo del capitalismo global, han traído consigo una transfiguración de la soberanía estatal en soberanía global. Los Derechos Humanos son el núcleo de legitimación de este nuevo modelo. Cualquier violación a estos implica no sólo la autorización para intervenir sino el deber de hacerlo. De esta manera, los Estados son superados por la supranacionalidad del Derecho y el poder de facto en nombre de la paz.
Presenciamos, pues, el renacimiento de la posibilidad interventora de un modelo civilizatorio planteado como moralmente superior en la comunidad internacional, volviendo así a la Teoría de la Guerra Justa. La limitación del ejercicio de la guerra impuesto a los Estados se traduce en el derecho a la guerra por parte de cinco de las naciones más poderosas del planeta. El desarrollo de esa teoría ha llevado a hablar de “imperialismo humanitario”, concepto basado en la capacidad para presentar la fuerza al servicio del derecho y la paz. A esto se reduce la soberanía de los Estados débiles en el mundo contemporáneo, a someterse a los designios de los Estados poderosos.
La guerra en Libia es sólo el último capítulo de este nuevo modelo de intervención humanitaria, iniciado en 1999 con la guerra en Kosovo, donde la OTAN bombardeó un alto número de zonas civiles, y adelantado de manera más reciente con las guerras en Irak y Afganistán (sin dejar de lado posibles intervenciones en países como Somalia).
Este tipo de acciones, aunque basadas en un discurso universalista, no lo son en sus principios, puesto que se ha visto cómo las potencias y la ONU toleran violaciones masivas y sistemáticas a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en otros países sin que tengan igual eco en los organismos supranacionales y los medios masivos de comunicación. Este es el caso de la Operación Plomo Fundido, llevada a cabo entre diciembre del 2008 y febrero del 2009 sobre la Franja de Gaza; o el actual conflicto armado en Costa de Marfil, el cual, según los medios de comunicación, ha producido más de 400 víctimas y el desplazamiento de más de un millón de personas, cifras similares a las presentadas en el caso libio. Este doble rasero de la ONU y los Estados miembro de esta organización, en especial de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, aun cuando se ha dado una justificación política y legal de intervención, orientada a la protección de los Derechos Humanos, deja serías dudas sobre las intenciones humanitarias de Occidente en Libia.
Libia es el país con la mayor cantidad de reservas petrolíferas de África, y cuenta con cerca de 3,5% de las reservas globales de petróleo, más de dos veces las de EEUU, de las cuales cerca del 80% se localizan en la meseta del Golfo de Sirte, zona en donde se registra el mayor número de enfrentamientos. La apropiación de los recursos energéticos y el debilitamiento de la presencia China en el norte de África, la cual había operado a través de la compañía China National Petroleum Corp. (CNPC), juegan un papel importante en los móviles de la intervención militar. Hasta hace poco, la CNPC tenía cerca de 30.000 trabajadores, jugando un papel central en la explotación petrolera en Libia, situación que probablemente cambie después de la guerra.
En los próximos años conoceremos nuevos datos e informes sobre lo que ha ocurrido en ese país, así como la nueva composición de las concesiones petroleras en el norte de África. Veremos cómo se recomponen las actividades de la British Petroleum, Repsol, ExxonMobil, Chevron y la Occidental Petroleum, entre otras compañías.