El 30 de agosto se conmemoró el día internacional del desaparecido con manifestaciones en varias ciudades del mundo, a las cuales concurrieron aquellos familiares de desaparecidos, amigos y activistas políticos, defensores de los derechos humanos, homenajeando a las víctimas y rechazando el acto despótico de la desaparición. Medellín no fue la excepción y conmemoró a sus víctimas en el Parque de las Luces o la Plaza Cisneros como también se le conoce.
{jcomments on}
Ante las recientes declaraciones del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Christian Salazar, acerca de las cifras de desaparición forzada, se han encendido de nuevo las alarmas en el país y las diferentes instituciones del Estado han reforzado su labor ante la problemática. A este fenómeno, que tiene una trayectoria desafortunada en el país y se presenta hoy aun con más visibilidad, Salazar le da una escala en Colombia de dimensiones “escalofriantes” y argumenta sus datos basado en el desacato por parte del Estado colombiano de las recomendaciones ya antes dispuestas por la ONU.
Un conflicto armado en Colombia que ha perdurado más de 50 años constituye el factor más fuerte de masacres y desapariciones, pues, principalmente el Estado ha utilizado como estrategia de guerra la desaparición forzada. Lo peor es que dicha estrategia la ha extendido hasta los líderes sociales y populares, identificándolos de entrada con la insurgencia armada. La disputa por el poder mantiene a madres, esposas, hermanos e hijos sin noticia alguna de sus seres queridos en los 16.655 casos de desaparición forzada que se contabilizan desde 1942 hasta el día de hoy, según el Defensor del Pueblo Vólmar Pérez. Puntualmente en Antioquia las víctimas de posible desaparición forzosa se calculan en 4130 personas, de las cuales 437 son mujeres y 3693 son hombres.
Aún con el precedente de un conflicto armado fuerte, se reconoce internacionalmente que la desaparición forzada tiene vías de hecho sólo por el Estado, esto lo convierte en el directo responsable y por ende el llamado a reparar la población afectada. La actualidad refleja la incapacidad de los organismos, sobre todo institucionales, para solucionar esta problemática. Mientras tanto, es la Fiscalía como ente acusador la encargada de fallar los casos y de dar veredictos.
Para los familiares y amigos de los desaparecidos el drama no está sólo en perder a sus seres queridos, dado que la única herramienta legal frente a ellos se constituye en la denuncia, denuncia que para muchos representa miedo o incluso un acto contraproducente. Tal ha sido el caso de aquellas madres víctimas del conflicto armado en la comuna 13 que todavía buscan los cuerpos de sus hijos en la Escombrera, donde según reveló uno de los jefes paramilitares, se arrojaron los cuerpos sin vida. El problema es que esta Escombrera aún sigue funcionando y no ha habido forma de pararla para poder desenterrar los cuerpos.
La desaparición forzada fue, por ejemplo, una de las estrategias del estado, con su fuerza pública y con la ayuda de los grupos ilegales, para desarticular y prácticamente extinguir a la Unión Patriótica, partido de oposición que nació con los acuerdos de Paz entre el gobierno de Belisario Betancourt y la guerrilla de las Farc.
También se recuerdan ahora a las personas desaparecidas tras la retoma del Palacio de Justicia por parte del ejército tras la irrupción de la guerrilla del M-19. Muchas de estas personas fueron vistas salir con vida en compañía de militares, y nunca más se supo de ellas.
Para completar, tenemos una práctica reciente, inaugurada por el ex-presidente Uribe cuando Juan Manuel Santos, hoy presidente de Colombia, era el ministro de defensa y como tal jefe máximo de las fuerzas militares. La modalidad, que todavía se utiliza, era que el ejército desaparecía a líderes campesinos y a gente de la calle para luego hacerla aparecer como guerrilleros dados de baja en combate y así mostrar los resultados exigidos por el presidente y su ministro de defensa. Esta estrategia se constituye en claro ejemplo de un crimen de Estado y que incluso podría llamarse política de Estado.
En entrevista con el investigador social de la Personería de Medellín, Jaime Carrión, nos explicaba como esta institución mantiene una investigación socio – jurídica en los casos de desaparición y que es prioridad de cualquiera de las instituciones del Estado garantizar los derechos humanos tal y como está expuesto en la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas, convención que está ratificada por Colombia. “Nosotros estamos en la obligación de escuchar los reportes de desaparición que se nos presentan y reportar a la entidad judicial que sea necesario, podemos hacerle un seguimiento al caso, sin embargo, constitucionalmente es la Fiscalía quien está directamente autorizado”.
Para la Personería es claro que el reporte de desaparición ha crecido este año, lo cual no significa que haya crecido en realidad la cifra, son casos que varían o que al final se concluyen con el regreso de aquella persona desaparecida. La institución busca el “móvil” o la razón final de desaparición para poder clasificar el caso. “Las cifras no son relevantes, sea uno o muchos casos hay una violación de los derechos humanos igualitarios y eso es lo que cuenta”, aclara el doctor Carrión, quien asegura que esta nueva oleada de desapariciones está generada por una reactivación de las bandas delincuenciales y del crimen organizado, quienes se han encargado de poner la palabra desaparecido en boca de muchos en el territorio colombiano.
El intento del Estado por desmovilizar todos los actores que han sido partícipes de las desapariciones ha sido un montaje más que una realidad, los procesos que se han llevado a cabo demuestran un aumento del conflicto dentro de la ciudad y por supuesto una re-denominación de los grupos de extrema derecha ahora llamados “Bacrim”, que continúan en la práctica de acciones poco ortodoxas para llegar a sus objetivos. Para el Estado que definitivamente ha sido cooptado por estos entes al margen de la ley, es indispensable mantener sus milicias siempre dispuestas.
Frente al caso de las reparaciones estatales hace poco se aprobó en el congreso la ley de reparación y víctimas que acoge a todas aquellas personas afectadas por el conflicto armado a partir de 1991, teniendo en cuenta que nuestra guerra tiene más de 50 años de vigencia. Las instituciones responsables de reparar a las víctimas han aportado lo que está a su alcance; sin embargo, sigue sin hacerse justicia en miles de los casos. Muchas personas aún esperan un reconocimiento del Estado, a sabiendas de las condiciones en que fueron desaparecidos sus familiares, muchos en ejecuciones extrajudiciales que la Fiscalía se ha limitado a guardar y que deja en vilo y con sed de justicia a miles de víctimas. En muchos casos son los mismos funcionarios públicos quienes les han espetado tan desalentadora noticia como que “es mejor dejar así, para no meterse en problemas”
Art. 12 (Constitución Política de Colombia) Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.