La Empresa de Energía de Pereira EEP, conocida como Enerpereira, cuya existencia es patrimonio del pueblo pereirano, atraviesa hoy por la incertidumbre de no saber qué pasará con su carácter de entidad pública, ante la crítica situación suscitada por sus vínculos con el corrupto y poderoso grupo Nule. Esta situación viene siendo investigada por autoridades judiciales y diversos órganos de control como la Procuraduría y Contraloría y ha llevado al congelamiento y posible embargo de una importante cifra del capital de la empresa. Periferia habló al respecto con Francisco Javier Posada, y con Humberto Gutiérrez, de la veeduría ciudadana en defensa de los usuarios de los servicios públicos.
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Según Humberto Gutiérrez, la problemática que vive la electrificadora tiene su origen en la ley 142 del 94, y particularmente en el decreto 030 del 96, expedido por el entonces alcalde de la ciudad Juan Manuel Arango. Este decreto ordenó la división de las Empresas Públicas de Pereira, integradas por ese entonces por la empresa telefónica, la empresa de aseo, la empresa de aguas y la de energía. Pese a la resistencia de la comunidad, en ese momento empezaron a presentarse una serie de hechos que indicaban una política privatizadora; comenzó con la venta de la telefónica en un 56% al capital privado, luego vino el proceso de entrega de la telefónica a EPM, lo cual trajo aumento en tarifas, despidos masivos, etc. Igualmente se entregó en concesión por 20 años la empresa de aseo, lo cual llevó al despido de más de 150 trabajadores como resultado de la implementación de las cooperativas de trabajo impulsadas por ATESA (Empresa de aseo de Pereira).
Posteriormente vino la supuesta crisis de la empresa de energía y es allí donde apareció Alberto Ríos Velilla, quien desde los años 90’s estaba al frente del manejo del alumbrado público con la empresa Enelar. Allí había incrementado el valor del alumbrado hasta en un 5000 % con base en estudios que indicaban que existían 44 mil lámparas en la ciudad. Sin embargo, según Humberto Gutiérrez “se logró establecer luego de exigencias nuestras que existían sólo 22 mil lámparas; pero la rebaja fue sólo del 30% cuando debía ser del 50%”.
Luego, en el segundo mandato de Juan Manuel Arango, Alberto Ríos Velilla le hizo un préstamo a Enerpereira por unos 3800 millones de pesos, lo cual, según Humberto Gutiérrez, es un procedimiento ilegal pues la ley establece que ningún particular le puede prestar plata a entidades del Estado; y es que para eso son las entidades financieras, avaladas por la superintendencia, o en su defecto desde entidades o agrupaciones legalmente constituidas. “Ello ha llevado a que tanto la Procuraduría General de la Nación y la misma Fiscalía abrieran investigación disciplinaria y penal respectivamente”. Y agrega: “Este préstamo se da con el fin de que la Empresa de Energía de Pereira (como se denominaba anteriormente) pudiera participar en la creación de Enertolima. A su vez pretendía Alberto Ríos que, como socios de esta, Enertolima comprara el 49% de las acciones de lo que hoy conocemos como Enerpereira. Aquí lo que ve uno es un círculo.”
Y efectivamente es aquí donde es importante detenerse, pues la maraña tejida alrededor de este negocio es bien compleja. Uno de los elementos que permite entender este círculo es que Enertolima (que es una empresa comercializadora, mas no generadora de energía) pertenece al denominado Grupo Nule, quienes se hicieron socios mayoritarios con una participación accionaria desde Gas capital y MNV (Manuel Nule Velilla), ambas empresas probadamente de los Nule. A su vez Alberto Rios Velilla (primo de los Nule) es también socio de Enertolima, empresa que, como ya dijimos fue constituida con dinero de los Nule y con el mismo dinero que Ríos Velilla prestó a la Empresa de Energía de Pereira.
Luego Enertolima compró el 49% de las acciones de la Empresa de Energía de Pereira, y posteriormente, a través de terceros, los Nule crearon Eninsa, otra empresa relacionada con el comercio de energía, y vendieron a esta sus acciones en Enerpereira, para así no aparecer como propietarios de estas acciones. Es esta situación la que viene investigando la Contraloría General, quien ha ordenado a Eninsa devolver las acciones a los Nule, para que estas sean congeladas y puestas a disposición del pago de los acreedores de las tan mencionadas obras de la 26 en Bogotá.
Lo que hace temer esta situación es que al tener los Nule embargados todos sus bienes, entre ellos su capital en Enertolima, “su capital en Enerpereira pase a los acreedores de los Nule, lo que nos dejará sin ese 49% y la empresa con el 51% no puede funcionar. Lo que puede suceder es una intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos para ponerla en venta al capital privado”, aseguró Francisco Javier Posada. Y agregó: “Hoy el 49% de la empresa de energía de Pereira pertenece a los Nule, quienes participan de ella desde Enertolima, a través de su filial Eninsa (Enertolima Inversiones S.A). Esto fue confirmado por la Contraloría. Pero lo peor es que, pese a que el municipio tiene el 51% de la empresa, quienes administran son los Nule por medio del señor Alberto Rios Velilla”. Cabe resaltar que la junta directiva de Enerpereira está integrada por 5 miembros, tres de los cuales representan los intereses de Enertolima, en cabeza de Alberto Ríos Velilla, quien es a su vez el presidente de la Junta Directiva de Enerpereira.
Y esta situación no es meramente especulativa, ya que Enertolima, en cabeza de Rios Velilla, logró en 2008 condicionar su participación en la capitalización de Enerpereira a que la administración y control de la empresa la ejerciera el grupo de Enertolima a través de Eninsa. Según Francisco Javier Posada, la responsabilidad de ello recae en el actual alcalde de la ciudad de Pereira, Israel Londoño, quien como miembro de la junta directiva de la empresa avaló y permitió esta situación, “más aún cuando durante su campaña en 2007 su bandera de lucha fue la No privatización de la Empresa de Energía de Pereira. Pero desde el momento de su posesión y bajo la excusa de la capitalización de la empresa por 206 mil millones de pesos, ha venido privatizándola”.
También es importante resaltar que a comienzos de julio del presente año, Adriana María Wolff, quien se desempeñaba como gerente de Enerpereira, renunció a su cargo aduciendo presiones por parte del socio Alberto Ríos Velilla para que firmara contratos e hiciera maniobras que, a su juicio, no son debidas para los intereses de la empresa, e incluso iban en contra la Ley.
Una de ellas, dijo la ex gerente, “fue haberse negado a firmar un contrato por una cifra superior a los $300 millones, con un objeto no claro y por fuera de las necesidades de la empresa”. Así mismo, hizo referencia a que le fue solicitado la “modificación de los términos de la oferta mercantil para el suministro de energía del mercado regulado de las vigencias 2013 y 2014, con el propósito de subsanar una deficiencia que tenía la oferta de Enertolima y que incumplía una cláusula de tal contrato. Ésta tiene que ver con la póliza de garantía”. Según Wolff, esta debió presentarse pero no se hizo conforme a lo ofertado.