Por Periferia Prensa
Desde hace muchísimo tiempo, la palabra participación no estaba tan de moda en los medios de comunicación y en los círculos políticos. En realidad, nunca ha estado de moda, mucho menos en donde nos interesa que esté presente: en las decisiones más importantes de la precaria Nación colombiana. El régimen que orienta las costumbres políticas en nuestro país ha hecho hasta lo imposible para que este elemental concepto, corazón de la democracia, termine reducido a la simple práctica de elegir y ser elegido en un mar de corrupción.
Hay que reconocer que hubo momentos en los que las comunidades organizadas, las etnias, y los procesos sociales lograron poner en práctica algunos mecanismos legales y constitucionales de participación, diferentes eso sí al manido escenario electoral. Lo hicieron a través de consultas populares que buscaban frenar la voracidad de las transnacionales depredadoras del medio ambiente, que amenazaban sus vitales derechos al agua, la alimentación y el aire puro, con el fin de extraer oro, esmeraldas, carbón, entre otros bienes comunes.
Esas consultas fueron contundentes. Las comunidades unidas en defensa de sus territorios las ganaron todas, con resultados apabullantes de más del 90 %. Sin embargo, el Estado se burló diciendo que las comunidades eran dueñas del suelo, pero el Estado lo era del subsuelo. Por esta razón, y por tratarse de proyectos de interés social y general que beneficiaban a la Nación, entonces la participación y el triunfo en las urnas no servía para nada.
Pese a ese intento de bloquear la participación voluntaria de las comunidades, gracias al nefasto gobierno de Iván Duque, la crisis generada justamente por el modelo extractivista, el genocidio contra los líderes, lideresas sociales, y los firmantes del Acuerdo de Paz de las Farc, el pueblo volvió a las calles en 2019, 2020 y 2021 con sendos levantamientos populares como jamás se había registrado en la historia de Colombia. La participación directa, en las calles, veredas, carreteras, campos y ciudades, frenaron un paquete de reformas neoliberales abusivas que los uribistas le querían clavar al empobrecido pueblo colombiano.
Esa participación decidida y directa también catapultó al Gobierno del cambio que está próximo a completar un año. Las reformas profundas que intentó impulsar se vieron frenadas por las jugaditas corruptas de los políticos tradicionales de derecha, por la traición de algunos pusilánimes aliados del centro, y, hay que decirlo, por la equivocada estrategia de Petro y compañía, que prefirieron la conciliación y la transacción con los corruptos de siempre, antes que la participación de la gente que lo eligió esperanzada.
Ante este panorama, es histórico el reto que tiene el movimiento social en frente. Las tensiones son obvias y evidentes. El método y la narrativa está en disputa. Mientras que el Gobierno ha pretendido ser el eje que articule la juntanza y la participación de la sociedad civil, el movimiento social trata de recalcar que ese rol lo ha desempeñado el pueblo organizado históricamente. Las organizaciones sociales y la izquierda no están para aplaudir al Gobierno, ni para aceptar que los espacios de participación solo consistan en tomar una foto. Es en el trabajo con las comunidades, llenando de contenido las propuestas transformadoras, manteniendo su postura crítica, su disposición de lucha, y la movilización en las calles, la forma en la que se materializa el poder y la participación popular.
Los errores hay que señalarlos. La autocrítica honesta ayuda más que dedicarse a defender al Gobierno desde una postura sumisa y pasiva. Acudir a la justificación, a la esperanza o la emocionalidad sin acción, no sirve. Todo lo que se haga mal desde el Gobierno y sus instituciones, la derecha se lo va a cobrar con su poderoso aparato de propaganda mediática; hasta en eso ha fallado el proyecto del cambio, dejando que, sin apoyo alguno, la prensa popular y alternativa se sigue batiendo sola en duelos de David contra Goliat.
Tampoco frenará la voracidad del capital el hecho de que el Gobierno declame discursos sobre el fortalecimiento del capitalismo, y siga desarrollando negocios mineroenergéticos con las grandes potencias y sus transnacionales. Negocios que si bien se llaman “verdes”, no dejan de ser depredadores. Mientras en Bogotá y Europa se habla de una transición mineroenergética y darle un respiro al planeta, en la Guajira, el Cesar y el Chocó siguen a la espera de que se le repare por las afectaciones que han traído las grandes minas y los proyectos extractivos. La élite capitalista colombiana ha demostrado ser la más cruel, fría, colonial y fascista del continente: pactar con potencias mundiales —crueles, frías, y colonialistas—, es pactar con el demonio.
Es momento de que la participación del pueblo vuelva a ser proactiva y orgánica, como lo fue hasta antes de las elecciones presidenciales. La participación debe ir más allá de la coyuntura y sus estados de opinión. Queremos reformas, pero profundas. Al Gobierno del cambio solo le quedan tres años, y la participación es de tiempos lentos.
