"El 24 de marzo de 2006, la tuneladora que excavaba el túnel para la línea ferroviaria de alta velocidad Córdoba-Málaga (España) reventó los acuíferos de la sierra del Valle de Abdalajís. Y ello, pese a que estos acuíferos estaban perfectamente delimitados en el atlas hidrológico de la provincia de Málaga de 1988. En menos de una semana el primero de sus manantiales dejó de verter agua, en julio le ocurrió lo mismo al manantial más emblemático, Los Atanores. De igual manera, se secó el depósito municipal que abastecía de agua a la población”. (1)
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En una amena charla que sostuve en estos días con Mauricio Jaramillo, ingeniero civil y director de la Corporación Artes y Oficios de Santa Elena (Arcadia), en el alto de Santa Elena, allegué a datos y elementos de análisis propios de una persona que no sólo analiza la potencial obra con el corazón de un ambientalista, sino que también le ha puesto la garra de la ciencia para entender todo lo que se mueve en el seno de este megaproyecto.
"Llevo más de once años luchando por sacar adelante la idea de parar una obra que no sólo no necesita la región, desde el punto de vista de la malla vial, sino que urge detenerla en tanto el deterioro ambiental que se avecina así lo amerita". Ingeniero de la Universidad de Medellín, artista e impulsor del arte en las instituciones educativas del corregimiento de Santa Elena y humanista por convencimiento, es uno de los líderes que busca afanosamente que el municipio y la región se concientice de todos los elementos vacuos y peligrosos que alberga en su seno el esperpento jurídico, ambiental y social que le dio vía libre en 1997, cuando fungía como gobernador Álvaro Uribe Vélez.
"Cómo le parece que dos semanas antes de terminar su mandato, dejó la obra amarrada a la Concesión Vial Túnel de Oriente, el cual extrañamente fue el único proponente para hacerse cargo de los peajes que a partir de ese año recogería de unas obras viales en las cuales nunca participó como socio, ni invirtió un peso". Sin siquiera figurar dentro del plan de desarrollo Primero Antioquia, fue suscrito amañadamente por Uribe sin auditoría de ninguna especie.
Santa Elena, corregimiento de Medellín, es una zona declarada junto con los silleteros y la Feria de las Flores, como patrimonio cultural de la nación por la ley 838 de 2003; de una extensión aproximada de 74 km², con una población cercana a los 14.000 habitantes y especializada en agricultura y turismo, sería la gran afectada, además de secciones de territorio aledañas a esta y pertenecientes a los municipios de Guarne, Rionegro y Envigado, de tal forma que se podría hablar de una afectación cercana a 110km², o sea a 110.000 hectáreas.
Hagamos un poco de historia
Corría el año 1996 cuando Uribe Vélez solicitó licencia ambiental para el proyecto denominado Túnel y vías rápidas entre los valles de San Nicolás y de Aburrá en el departamento de Antioquia, y para ello el 1 de noviembre de ese año el Ministerio del Medio Ambiente, mediante la resolución #1184, designó a Cornare -Corporación Autónoma Regional del Río Nare- para que iniciara y culminara el trámite correspondiente. En junio de 1997 Cornare estableció los términos de referencia para dicho proyecto.
El 21 de noviembre de 2000 la Procuraduría Judicial Agraria manifestó que debido a que estaba incompleto el estudio de impacto ambiental no podría otorgarse la licencia ambiental en tanto no cumplía con los requerimientos de ley. Pero el 5 de mayo de 2001, el gobernador Guillermo Gaviria instaló las mesas de trabajo regionales como mecanismos de participación ciudadana para responder las dudas, preguntas e inquietudes de la comunidad respecto de la viabilidad de la obra. Según Mauricio Jaramillo, "allí participó una parte de la comunidad del Oriente aturdida tanto por la falta de información como por la ausencia de un empoderamiento real al sentir que tenían voz pero ausencia de voto".
Para ese entonces ya se había entregado la concesión vial hasta el año 2021, ahora ampliada hasta 2037, sin aún haberse aprobado la licencia ambiental; o sea, se empezó a explotar por manos privadas una obra hecha por el departamento, para supuestamente beneficiar con esos dineros la posterior obra del túnel, desconociendo que la licencia es el corazón de toda obra que afecte de alguna manera el patrimonio de la nación. La Concesión se entregó a proponente único, y nunca se tuvo en cuenta las disponibilidades presupuestales.
Según Jorge Gómez, representante a la Asamblea de Antioquia por el Polo Democrático, en 2001 se habían presentado tantas irregularidades y disposiciones en contra de las finanzas del Departamento, que un grupo de ciudadanos interpuso una acción popular, cuyo fallo por parte del Consejo de Estado obligó a un replanteamiento del contrato de concesión. Con el Acuerdo de Modificación Bilateral # 4 de diciembre 17 de 2004, se pactó el reinicio de las obras, con algunos cambios que en lo fundamental buscaban atender el fallo del Consejo de Estado. En este acuerdo, el cual está vigente hasta el día de hoy, se excluyó el túnel como obra obligatoria.
A pesar de que en todas las mesas de trabajo que se hicieron en 2001 nadie estaba de acuerdo con ese megaproyecto, en 2002 Cornare aprobó la licencia ambiental, la misma que fue impugnada por Ecofondo (de la cual hacen parte Corporación Penca de Sábila, Corporación Vamos Mujer, Corporación CIER- Centro de investigación de estudios rurales, y otros) en el año 2003 ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual vino a fallar en 2009 en contra de Cornare y obviamente contra la licencia ambiental por ella otorgada. Esto cual paralizaba de hecho el proyecto. Extrañamente en ese mismo año, un abogado de la Concesión a nombre de Cornare, lo cual es ilegal, demandó ante el Consejo de Estado el fallo proferido por el Tribunal Administrativo por razones de debido proceso relacionadas más con la parte documental, o sea de información del fallo proferido, pues alegaban que nunca llegó a los afectados y el cual misteriosamente tampoco apareció en los archivos del Tribunal, como si nunca esto se hubiera dado. El fallo del Consejo de Estado del 4 de mayo de 2011, anuló el proceso iniciado por el Tribunal Administrativo pero nunca afirmó, ni se puede inferir de él, que la licencia aprobada en 2002 estuviera vigente.
Los medios de comunicación muy tendenciosamente han desinformado a la opinión pública aseverando que el Consejo de Estado le dio vía libre al Túnel de Oriente, máxime que a la fecha el trazado original por el cual Cornare aprobó la licencia fue cambiado, pues ahora se pretende iniciar con un pequeño túnel de 786 metros, que pasa por debajo del Seminario de las Palmas y terminaría en la Bocana, en la vía a Santa Elena. Anteriormente no se tenía trazado ningún túnel previo y el inicio de la obra sería mucho más abajo del Seminario. Como afirma Mauricio: "es de lógica que si se aprueba una licencia sobre la base de un trazado y éste posteriormente se cambia, pues la licencia anterior pierde validez".
A la fecha se tienen instauradas varias acciones legales contra el Tribunal Superior de Antioquia por fraude procesal, en tanto se les hace muy extraño a los dirigentes que la documentación haya desaparecido tan misteriosamente, además de una tutela contra el Consejo de Estado en tanto éste tomó a la Concesión y a la Gobernación de Antioquia como parte querellante, cuando se debió haber proferido el fallo a favor de Cornare, institución del Estado que debía ser la litigante en tanto ella era la que había otorgado la licencia y contra ella fue que se profirió el fallo del Tribunal. Por todo lo anterior, el movimiento va a instaurar una acción popular que evite el inicio de cualquier obra hasta que no se aclaren todos los conceptos anteriores.
Aspectos sociales y ambientales
El único estudio de impacto ambiental que se ha hecho hasta la fecha lo realizó la firma Integral S.A. en el año 2009, obteniendo como resultado 33 impactos negativos entre los que se destacan: generación de expectativas, el cual obtuvo un puntaje de 20736 que es producto de la calificación ponderada obtenida de la multiplicación de la probabilidad de la ocurrencia del impacto, la magnitud del deterioro, la duración de la condición alterada y el tipo de impacto. Le sigue el cambio en la disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas (13824). Ambos suficientemente críticos en tanto la población va a sufrir un deterioro en la cotidianidad por las expectativas creadas por la obra, puesto que están en juego múltiples factores sociales y económicos tales como el ingreso, el valor de la propiedad, la tenencia de la tierra, la actividad económica, la raigambre al territorio, la seguridad, etc., y además se le suma el cambio en la disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas, lo cual significa que el túnel se convierte en una amenaza a los múltiples nacimientos de agua, a las aguas superficiales y a los acuíferos, pudiendo llevar a cambios drásticos en el nivel freático, pues en el punto del túnel la presión hidrostática es cero, lo cual significa que por ley hidráulica las aguas espontáneamente viajan hacia él y por tanto generaría la pérdida de múltiples quebradas, hundimientos de tierras con todo lo que eso significa para las viviendas y por ende se perderían para siempre parte importante de la fauna y la flora locales.
Según los estudios de Integral, la montaña que atravesaría el túnel presenta cinco fallas geológicas y tres más en formación, lo cual implica deslizamientos posteriores poniendo en riesgo la vida de los pobladores tanto de Santa Elena como del barrio El Poblado. Es de anotar que el túnel de 8,2 kilómetros atravesaría el sector de Cerro Verde, zona en donde nacen varias quebradas que alimentan algunos de los acueductos más importantes de la región. Esta zona es jurisdicción de la Reserva Forestal Protectora Nacional del Río Nare, por lo cual el megaproyecto violaría la legislación ambiental colombiana e internacional. Esta reserva de 8829 hectáreas se declaró bajo la categoría de Zona de Manejo Forestal Protectora según la resolución 1510 de agosto 05 de 2010 por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
En caso de acometerse la obra, y teniendo en cuenta que el túnel se convierte automáticamente en un centro de confluencia de aguas, se puede pensar que se mezclarían aguas abajo; no sólo las aguas subterráneas dulces sino también los bolsones de agua salada, puesto que en cierta zona de Santa Elena se encuentran yacimientos de sal debidamente contenidos y antaño explotados por nuestros indígenas. Si a lo anterior le sumamos los minerales agregados por el arrastre de material rocoso que sería removido en la obra civil, se puede asegurar que las aguas de los acueductos posteriores a Santa Elena saldrían contaminadas y por lo tanto no aptas para consumo humano.
Para entender el impacto ambiental que se desprendería de dicha obra, miremos los resultados ambientales de la obra Túnel de Occidente, que comunica a Medellín con el Occidente y el Urabá Antioqueño: "la Contraloría General de Antioquia hizo un informe en 2006 que hablaba de aspectos delicados que se habían presentado en ese corregimiento, cuales eran: disminución de las actividades propiamente rurales, descomposición de la economía campesina, agotamiento y deterioro de los recursos naturales(suelo, agua, flora y fauna); heterogeneidad en el uso del suelo rural, desarrollo urbano caótico y pérdida del patrimonio cultural. El gas carbónico extraído del túnel por su sistema de ventilación, es expulsado a la parte alta de la vereda Naranjal, generando contaminación que afecta la salud de la población. ¿Por dónde, en el caso de Santa Elena, expulsarían los gases de los vehículos en los 8.2 kilómetros de longitud y a quiénes afectarían?
Con esta obra, se dilapidaron tres fuentes de agua y las restantes disminuyeron su caudal cerca de un 60% desde el momento mismo de la excavación. Se perdió el nivel freático del suelo, lo que ha obligado a utilizar sistemas de riego y productos químicos. Obstrucción de infraestructuras de aguas negras, faltas de mantenimiento a quebradas, impactos paisajísticos, desestabilización de taludes que afectan por impacto visual, y muchas cosas más que deben esperarse antes de que se estabilice totalmente el terreno, lo cual no sucederá antes de 10 años de haberse terminado la obra"(3). En el corregimiento de Palmitas fueron desplazadas cerca de cincuenta familias por deterioro de su hábitat. Y debemos considerar algo relativamente delicado: en esa zona no existe la riqueza hídrica de Santa Elena ni tiene las fallas geológicas de ésta.
Se extrajeron alrededor de 10 millones de metros cúbicos de tierra. Si hacemos la respectiva extrapolación en tanto el túnel de Santa Elena es el doble de largo, pues tendríamos un movimiento de cerca de 20 millones de metros cúbicos, equivalente a casi tres millones de viajes de volqueta, lo cual nos dice bastante de la contaminación que de hecho la misma obra generará además del deterioro de los accesos al corregimiento.
Es importante tener en cuenta que en otros espacios geográficos del país tales como en la población de Calarcá, Tolima, el túnel de La Línea conllevó no sólo a problemas de deslizamientos de tierra sino que contaminó irremediablemente las aguas que surten dicha población y nunca Cortolima se pronunció al respecto. En suma, lo que vemos es megaproyectos y población afectada, y el gobierno central ahí, sin ejercer su labor de cuidado del medio ambiente y de la población.
También en Europa, ahora mismo, están teniendo problemas grandes en Málaga, España, con la construcción del túnel ferroviario, el cual llevó a la pérdida de cuatro ríos. Ejemplos mil podríamos hallar y exponer para tenerlos como referencia en este debate que debe ir asociado a la lucha tanto en los tribunales como en las calles de nuestra ciudad.
(1) Tomado de Ecologistas en Acción, Marzo 2007)”
(2) El túnel del Oriente y el culto al avispado. Escrito por Jorge Gómez, diciembre 12 de 2010
(3) Conexión, Periódico comunitario del Corregimiento de San Cristóbal, edición 3, septiembre de 2006