El pasado 28 de julio se presentaron nuevamente disturbios en el campus del Alma Máter. Entre las 10:30 y 11:00, bajo una mañana soleada de jueves, hizo su entrada de nuevo el Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD- por la puerta de Barranquilla, a pesar de que no había a esa hora ningún disturbio, apenas cuatro encapuchados que se esfumaron cuando la policía entró, por eso su incursión fue de apenas 20 minutos, ante el asombro de los estudiantes, que pacíficamente reclamaban por esta irrupción. Sin embargo, a los pocos minutos volvió a entrar el escuadrón agrediendo violentamente a los estudiantes.
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Los ingresos de la fuerza pública a la Universidad se están registrando desde el pasado 15 de septiembre de 2010, debidamente autorizados por el gobernador, Luis Alfredo Ramos. Según un comunicado de la propia rectoría, “hay que recordar que las medidas de seguridad, entre las que se encuentran las cámaras, fueron adoptadas por el Consejo Superior Universitario, ante la difícil situación que la Universidad enfrentaba”.
El rector asegura haber recibido junto con el gobernador cartas de estudiantes donde se les pedía que “salvaran la patria” y por ende, asegura, el deber del gobernador, quien es la autoridad encargada de la seguridad, se limita a hacer uso de la fuerza pública para contrarrestar la alteración del orden. Sin embargo, al parecer en esta respuesta, el gobierno interno de la Universidad queda delegado a la policía y no a la comunidad académica como siempre ha sido.
Ahora para ingresar a la Universidad de Antioquia se necesita una tarjeta especial de identificación que registra su entrada, las personas externas pueden ingresar sólo hasta cierta hora, e inclusive se les ha limitado el ingreso ciertos días, sin excusa alguna. Por otro lado, la empresa privada que se encarga de la seguridad ha tenido percances dentro del claustro con los estudiantes, se han dado casos de acoso por parte de los celadores hacia las estudiantes; el ESMAD hace presencia constante en las afueras y se han instalado cámaras ocultas dentro de la universidad. Estos factores ya habían generado asperezas dentro del ámbito académico.
A parte de eso, después del anuncio del presidente Santos y la ministra de educación, María Fernanda Campo Saavedra, acerca de la ley 30 de 1992, donde se propone el capital privado como inversor en la educación pública, la creación de universidades con ánimo de lucro y el sometimiento de la autonomía universitaria a los criterios de calidad, a la acreditación y la evaluación de la educación superior, y sobre todo, a la vigilancia de la fuerza pública. La comunidad académica de las universidades públicas se cuestionó y ha venido generando movilizaciones en contra de las intenciones del gobierno. Todos estos hechos, en efecto dominó y consecuentes el uno con el otro, se han reforzado para tensionar más la pobre calma de la universidad, manteniendo a la comunidad universitaria en constante de alerta.
Esta vez el detonante de los disturbios y la protesta fueron unas pequeñas cámaras, aproximadamente de 4 x 5 centímetros, que los cuatro encapuchados lograron ubicar y que luego fueron desmontadas por los estudiantes. La mayoría de estas cámaras se encontraban ubicadas en los bloques 9 y 14, estaban ocultas en unas cajas al parecer de electricidad con la etiqueta de “riesgo eléctrico”; por un pequeño hoyo de estas cajas, las cámaras daban cuenta de los movimientos de los estudiantes dentro del claustro. Lo que más indignación causó en los estudiantes fue el hecho de que algunas de estas cámaras apuntaban hacia los baños de mujeres. El vicerrector de la Universidad, por su parte, en entrevista con de la Urbe, defiende la existencia de estas cámaras, asegurando que no estaban ocultas en tanto se encontraban en lugares públicos, más bien estaban camufladas porque de no ser así serían vulnerables. “Tenemos que crear la cultura de que la gente sepa y entienda que esas cámaras estaban en unos sitios en los que era imposible protegerlas del vandalismo si no se camuflaban”.
También en un escueto pronunciamiento de la Universidad, las directivas, aunque niegan haber autorizado la instalación de cámaras en los baños, se sostienen en la legalidad de la estrategia de control: “Además de los vigilantes, existen mecanismos de control, como la TIP y un sistema de cámaras, que han demostrado su eficiencia para reducir las acciones delictivas, y que son herramientas legítimas, legales y pertinentes en toda institución pública… Somos respetuosos de la Constitución y de los principios que ella promulga, y apegados a ese mandato, actuamos en compañía de las autoridades y entes responsables en la seguridad local y regional, siempre con el ánimo y la intención suprema de defender y proteger el bien común y los intereses públicos, en el marco de un Estado social de derecho”.
“La administración de la Universidad siempre da unas respuestas muy ambiguas y muy cómodas ante situaciones como estas –asegura una de las asistentes a la asamblea que se realizó en la Universidad el tres de agosto para discutir esta situación-. Ellos insisten en negar la presencia de cámaras escondidas en los baños y pasillos, pero dicen que resulta muy legítimo como medida de seguridad y control instrumentos como la TIP y las cámaras, haciendo referencia sólo a las visibles. Como si fuera poco esconden sus intenciones detrás de la excusa de que son para disminuir los robos y las drogas, como si ambas problemáticas no siguieran existiendo en la Universidad”.
El uso de las cámaras en los baños de mujeres se ha tornado polémico más allá de ser en sí una de las muchas estrategias de seguridad que se vienen implementando en la Universidad, y es que parece, según los estudiantes y algunos profesores, rebasar los límites que cualquier estrategia legal no puede pasar en una sociedad democrática. “Con el asunto de las cámaras ya sobrepasa cualquier tipo de control que puedan ejercer sobre nosotros y la universidad pública, esto es un estado de persecución”, afirma una estudiante indignada al saber que los baños eran vigilados por cámaras.
En su entrevista con De la Urbe, el vicerrector insiste en reevaluar el asunto de las cámaras argumentando el alto nivel de seguridad al que se ha llegado y lo efectivas que pueden ser tecnológicamente. Afirma incluso que el gobernador no dará un paso atrás en seguridad y que para ellos (las directivas) también es indispensable proteger la Universidad.
El ambiente parece enrarecido definitivamente, sobre todo porque este último acontecimiento deja claro que el gobernador y la rectoría están dispuestos incluso a violar el derecho a la intimidad de los miembros de la comunidad universitaria en aras de un control cada vez más asfixiante. Los estudiantes se han reunido en asamblea para discutir la situación, y han pedido la presencia del rector para que explique la posición de la directiva; pero en vez de asistir a la asamblea, el rector ha insistido en la legalidad de sus medidas; ha dicho, además, que sólo dialogará cuando se conforme una delegación legítima de los estudiantes. Todo esto hace más incierto el futuro cercano de la Universidad de Antioquia, pues los estudiantes insisten en que el espacio legítimo de diálogo es la Asamblea, en donde el rector tendrá que dar cuentas. Por ahora todo parece conducir hacia una asamblea permanente por parte de los estudiantes, en caso de que el rector se siga negando al diálogo. Como si fuera poco, la situación de los profesores, vulnerados a través de la reforma educativa propuesta por el gobierno, también están preparando un paro en los próximos días.