Ha pasado un año desde que fue asesinada una juez penal en Saravena (Arauca), Gloria Constanza Gaona, y los jóvenes que el Estado señala de ser responsables llevan ya más de 10 meses tras las rejas, víctimas de un montaje que se ha orquestado por la falta de voluntad o incapacidad (o ambas) por parte de la fiscalía para esclarecer los hechos. En las últimas audiencias del juicio oral se sigue haciendo manifiesta la intención de la Fiscalía por desligar este proceso del caso por la violación y asesinato de 3 niños en Tame, dado que sobre el Ejército recayeron las primeras sospechas, principalmente porque en el despacho de la asesinada juez Gaona se adelantaba el juicio contra el sub teniente Raúl Muñoz Linares (en ese entonces activo de la brigada móvil 5).
En ese sentido, la Fiscalía y muchos de sus testigos (la mayor parte son miembros de la Policía y del Ejército) se han esforzado por evidenciar que en Arauca, y especialmente en Saravena, hay un control total de la guerrilla (ELN) sobre todas las esferas de la vida pública y de la privada. Cabe mencionar, además, que la mayoría de funcionarios de la rama judicial han tenido excelentes relaciones con la fuerza pública, llegando al punto de visitar frecuentemente -con fines recreativos- la guarnición militar que hay en Saravena. Por ejemplo, una de las fiscales que investiga falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales en esa región reconoció que, pese a que tiene a su cargo casos contra integrantes del Ejército, siempre que viaja a Saravena se hospeda en la sede del Revéiz Pizarro, estructura militar de la cual hacen o hicieron parte los presuntos victimarios. Pero la funcionaria va más allá: afirma, sin ninguna reserva, que, además de los motivos de seguridad, se siente muy cómoda en el batallón, porque tiene una relación cercana con el Ejército.
Además de echar mano de los convenientes testimonios de agentes del Estado, también se ha echado mano de otro recurso, que fue duramente criticado por los abogados de la defensa: el uso como prueba de informes de inteligencia, aunque tanto en el escenario internacional como en la jurisprudencia nacional se ha invalidado el uso de estos documentos como prueba judicial. Una de las razones que se han acogido para esto es justamente el origen y la forma en que se fabrican esos informes de “inteligencia”. Pero en este caso no sólo aceptaron los informes de inteligencia, sino que los hicieron públicos en plena audiencia, a pesar de que uno de los abogados llamó la atención respecto a unas minúsculas letras impresas en cada una de las páginas del famoso informe, según las cuales se prohibía expresamente su uso en estrados judiciales.
Otra perla del juicio
La Fiscalía hizo pomposo anuncio de una importantísima prueba para esclarecer el homicidio de la juez: el vídeo tomado desde una cámara de seguridad ubicada a una cuadra del lugar de los hechos. En la audiencia, la expectativa de los periodistas que colmaban el recinto fue decayendo con el pasar de los minutos y horas que tardó el técnico de la policía judicial en proyectar el vídeo: después de gastar toda la tarde en eso, al final la proyección sólo mostraba a diferente a personas caminando por las calles de Saravena, antes, durante y después del homicidio, del cual no se alcanzaba a visualizar absolutamente nada. Sin embargo, este video fue una de las herramientas utilizadas por la fiscalía y la DIJIN para presionar a los sindicados bajo la amenaza de tener “pruebas contundentes” en su contra. Esa maniobra es a todas luces ilegal, pero de cualquier forma no funcionó, porque los tres enjuiciados (presos desde hace 10 meses) no dudaron en declarar su inocencia en cada una de las oportunidades que el juez de conocimiento les ha interrogado al respecto.
Por eso a última hora el fiscal del caso apareció con una estrategia que parecía sacada de un sombrero de mago: un supuesto desmovilizado del ELN que tendría información sobre el homicidio de la juez, que solicitó fuera llamado a declarar en el juicio. Hasta ahora no sabemos cuál es el contenido de las declaraciones del nuevo testigo (fueron entregadas sólo al juez y a los abogados), pero la estrategia se asemeja a la que se utilizó hace unas semanas en el caso de los niños y la niña violados y asesinados en Tame: la defensa del militar enjuiciado resultó con otro supuesto desmovilizado (esta vez de las FARC) que acusaba a esa guerrilla del aberrante crimen cometido contra los menores.
Memoria selectiva
Muchas otras maniobras pudimos ver en las últimas audiencias, pero ninguna como la protagonizada por una de las testigos presenciales del homicidio. Se trata de Mireya Agudelo, ex funcionaria del juzgado penal de Saravena, quien acompañaba a la juez Gaona en el momento de los hechos. En sus primeras versiones rendidas ante la policía judicial (2 entrevistas y un retrato hablado) esta funcionaria judicial afirmó que el homicida medía 1.75 metros de estatura, lo cual no encajaba con las características físicas de Nelson Archila, quien señalado por la Fiscalía de haber disparado contra la juez. Los que hemos podido ver a ese ciudadano, en televisión y en las mismas audiencias, sabemos que mide menos incluso de 1.60. Tal vez esas diferencias fueron las que desanimaron a la Fiscalía a tener en cuenta a Mireya Agudelo como testigo, además de haber intentado infructuosamente que reconociera, mediante fotografías, a Nelson Archila.
Pero luego de la captura se produjo el “milagro” que salvaría el montaje: Mireya Agudelo accedió a señalar a Archila y le buscó una explicación a la contradicción: dijo que por el susto lo había visto “gigante”. Otras características físicas se pueden manipular para engañar a la justicia: dejar o quitar la barba o bigote, cambiar el largo o el color del cabello, etc., pero hacerse 15 centímetros más pequeño, difícilmente. Además de eso, según los defensores, Mireya no fue la única testigo que vio al homicida y que percibió esa característica: dentro del expediente se encuentra la entrevista que la policía judicial le hizo a un taxista que estaba cerca a la víctima y a un policía que vio los hechos desde la ventana de su casa. Ambos dicen que quien disparó medía entre 1.70 y 1.75 metros. “¿Qué razón puede motivar a una funcionaria, amiga personal de la víctima (según afirma) a señalar a conciencia a la persona equivocada?” Parece extraño, pero en el curso de la audiencia y en los recesos se alcanzaron a vislumbrar 2 razones:
1. El penúltimo día se presentó una acalorada discusión entre los abogados defensores (por un lado) y la fiscalía y el procurador (por el otro) acerca de la oportunidad para interrogar a Mireya Agudelo: los primeros exigían que fuera después de evacuadas las pruebas de cargo, mientras que el segundo grupo pedía que se hiciera de una vez. La razón: que la testigo tenía que “hacer un largo viaje” y que quería salir rápido de eso. Luego, en un receso, el Procurador hizo referencia a que Mireya merecía un viaje a Argentina por su actuación en la audiencia.
2. Cuando se preguntó a la testigo por los casos de falsos positivos o ejecuciones que se adelantaban en el despacho de la juez contra miembros del Ejército, no recordó el de los niños de Tame; y cuando se le interrogó concretamente sobre ese reconocido crimen dijo que era un caso muy interesante para los medios de comunicación, pero que no recordaba cuáles eran los delitos que se imputaban al subteniente Muñoz. En cambio sí recordaba con pelos y señales (léase: número de radicación, nombres y apellidos de los procesados, ley procesal aplicable) los procesos que llevaban allí mismo por el delito de rebelión. Eso, aunado a sus frecuentes visitas a la piscina del Revéiz Pizarro, dejan por lo menos dudas acerca de su imparcialidad en general y de la objetividad particular que requiere un testimonio como este, que puede costarle 40 años de prisión a un inocente.
