Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (Edición 105)
Por: Caribe Investigación
Violencia generalizada
El panorama actual del Caribe colombiano, correspondiente a la última semana de enero de 2026, se define por una compleja crisis en materia de seguridad con serias implicaciones en materia de derechos humanos. La violencia armada constituye la preocupación más apremiante para la región, con un patrón de disputas territoriales entre grupos armados, consolidación de control social sobre importantes zonas o el crecimiento desenfrenado del poder de fuego de bandas en las principales ciudades del Caribe.
La Defensoría advirtió recientemente sobre graves consecuencias humanitarias en varias zonas del Caribe, incluyendo el temor generalizado de la población a denunciar, lo que incide en el subregistro, el riesgo de reclutamiento de menores y la vulnerabilidad de líderes sociales, mujeres y comerciantes. Entre las recomendaciones a autoridades nacionales y locales se incluyen medidas de prevención, protección humanitaria para familias desplazadas y la activación de rutas de protección para poblaciones en riesgo, ninguna de las cuales es tomada en cuenta por el Gobierno.
El aumento de la violencia por parte de las AGC contra las comunidades quedó expuesto con el desplazamiento masivo de 67 familias de El Roble, en el departamento de Sucre, donde esta organización paramilitar no solo consolida su poder de control social, sino que incrementa la barbaridad armada para frenar el avance de otros grupos armados y asegurar el dominio sobre el corredor que conecta con el Golfo de Morrosquillo.
La extorsión, como medida de control social y como fuente de financiamiento criminal, no solo es un problema de ciudades como Santa Marta o Barranquilla, donde pequeños y medianos comerciantes, tenderos, vendedores ambulantes y operadores turísticos han estado sometidos a constantes amenazas y ataques. En Sincelejo sobrepasó lo imaginable: la Policía Nacional anunció un plan piloto de seguridad denominado “Comercio 24/7”, con el cual desplegarán guardias de 24 horas para resguardar los comercios.
Se observa una intensificación de los enfrentamientos entre las AGC y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en la ciudad de Riohacha y otras subregiones de La Guajira. Por ejemplo, hasta el viernes 23 de enero se reportaron 33 homicidios (13 en Riohacha, 11 en Maicao y cinco en San Juan del Cesar), mientras que el sábado 31 de enero cerró con la segunda masacre cometida en este departamento. En Barranquilla, la ciudad más golpeada por la violencia, se reseñaron cinco ataques violentos durante la tarde y noche del 28 de enero, con el resultado de cinco hombres asesinados y dos personas heridas en el municipio de Soledad y Malambo.
Existe un patrón mucho más peligroso en toda esta espiral de violencia. Las respuestas de las autoridades —que la prensa repite sin desparpajo—. Sin mayor constatación, rigor o profundidad, suelen concluir que las víctimas de sicariatos o masacres, en su mayoría, tenían antecedentes penales y que los casos reportados responden a enfrentamientos entre bandas. Es la manera más mediocre de eludir su responsabilidad ante la grave situación que padecen los ciudadanos del Caribe, como si la vida de una persona con antecedentes penales valiera menos que la de un ciudadano que no ha cometido un delito, como bien cuestionó el articulista guajiro Luis Colmenares.
Ya no es exclusiva esta excusa de los alcaldes y autoridades policiales de Cartagena y Barranquilla, que durante todo su período de gobiernos repiten sin cesar: es un reacomodo de los grupos criminales. Lo repiten el secretario de gobierno de La Guajira, el gobernador y varios alcaldes del departamento. Es decir, el Estado ausente, indolente y al margen de toda responsabilidad, sin soluciones ni alternativas a las conflictividades sociales que afectan el territorio, sobre todo en temas de seguridad y derechos humanos.
Por otro lado, el reclutamiento de menores por parte de agrupaciones paramilitares y delincuenciales sigue siendo tema de preocupación regional, con métodos de captación que se han modernizado mediante ofertas económicas, incentivos estéticos y el uso de plataformas digitales para campañas de reclutamiento, plataformas que también funcionan como herramientas para el amedrentamiento de la población, como sucedió hace pocos días en Valledupar con un video atribuido a las ACSN.
Otros entornos urbanos sobreviven ante el avance de la extorsión, como es el caso de Santa Marta y el corredor turístico que conecta hasta Riohacha, Barranquilla o Sincelejo. Las autoridades siguen apostando a la fracasada intervención policial y militar, el incremento de pie de fuerza como medida de contención, sin resolver las conflictividades sociales de fondo que sirven de combustión al delito y a la violencia. Si los jóvenes caribeños, principales víctimas de esta violencia desmesurada, no tienen alternativas de vida y de participación en el circuito productivo y educativo de la región, muy poco podrá resolver el Estado con medidas represivas.
Finalmente, el período electoral en curso introduce una variable de vulnerabilidad para candidatos, liderazgos y comunidades. Por lo general, los candidatos suelen recibir esquemas de protección reforzados, pero los liderazgos comunitarios y las comunidades quedan a la deriva: la semana pasada comunidades del sur y suroccidente de Barranquilla tuvieron que retirar propaganda política de sus calles tras la circulación de un audio intimidatorio en grupos de WhatsApp, con el cual los amenazaban de ser considerados “objetivo militar” so pena de pagar multas de hasta dos millones de pesos a quienes exhibieran avisos en sus viviendas.
Ya no es la compra de votos lo que preocupa, vieja práctica instrumentalizada por los partidos y casas políticas de la región, sino la coacción directa a la libre determinación de las comunidades a ejercer campañas políticas por sus candidatos.
Aracataca asechada
Distante queda la imagen de Aracataca como fuente de inspiración de la cosmovisión macondiana creada por Gabriel García Márquez. El municipio del Magdalena enfrenta una crisis de seguridad lamentable, pero consecuente con todo el panorama que afecta al departamento.
En todo 2025 se registraron 18 homicidios. “Hoy, el promedio se acelera peligrosamente”, escribió El Tiempo en una nota publicada el 27 de enero. “En apenas 26 días de 2026, cuatro personas han sido asesinadas, dos más resultaron heridas de bala y un policía lucha por su vida tras un ataque armado contra la fuerza pública”, precisa el diario.
“Lo que alarma a la comunidad es el patrón: en Aracataca ya no matan de uno en uno. Aquí están matando de a dos”, refiere El Tiempo. Más adelante, el diario describe una situación que tristemente se ha normalizado en toda la región Caribe, pero impensable en el pueblo natal de Gabo hasta hace pocos años: un ataque armado reciente contra la Policía, aumento de expendios de drogas y cobro de extorsiones a comerciantes, miedo generalizado que obliga a la gente a guardarse después de las 6:00 p. m. y el crecimiento de la violencia en el municipio más inmediato, Fundación.
En pocos meses, la escasa y débil economía turística que opera en Aracataca quedará a merced de grupos o bandas delincuenciales, como sucede en la mayoría de las ciudades del Caribe.
Respuesta a alias Naín
Lejos de tranquilizar a las comunidades donde opera alias Naín, uno de los temidos jefes de las ACSN, el despliegue militar para lograr su captura en la Sierra Nevada de Santa Marta deja en entredicho otros asuntos cruciales para la paz en la región: ¿solo se desplegó el Ejército por la amenaza que lanzara Naín al presidente Petro? No somos partidarios de las respuestas militares a temas que tienen raíces más complejas, pero queda la sensación de que, por las comunidades y liderazgos, es poco o nada lo que el Estado está dispuesto a hacer.
Las ACSN han jugado a querer la paz con anuncios que parecen convincentes, pero mantienen bajo control férreo las zonas donde operan y se han llegado a expandir a otros territorios; amenazan, castigan, imponen penas de muerte y órdenes de limpieza social, administran rentas extorsivas de todo tipo de actividad comercial donde tienen presencia. Por su parte, el Gobierno Nacional no ha pasado de amagar con un proceso de diálogo con esta organización.
Todo queda en intenciones; la realidad sigue golpeando la vida de la gente. Las propuestas de acompañamiento a un eventual proceso de paz presentadas por comunidades, líderes indígenas, campesinos y organizaciones defensoras de derechos humanos, han sido ignoradas por el Alto Comisionado para la Paz. La Sierra Nevada de Santa Marta está sumergida en una crisis humanitaria como la del Catatumbo, Cauca o Sur de Bolívar, y esto no parece importarle al Gobierno.
Mentiras sistemáticas
Cada día sorprende menos la información distorsionada o manipulada que las Fuerzas Militares dejan colar en la prensa. La semana pasada, tropas del Gaula Militar del Ejército Nacional desmantelaron un centro de acopio de drogas en el corregimiento Conejo, jurisdicción del municipio de Fonseca, en La Guajira. El titular de la nota nos lleva a dudar incluso del contenido de esta: “Desmantelan centro de acopio en La Guajira que era utilizado para la distribución de droga del Tren de Aragua, Clan del Golfo y ELN”.
Se puede entender que sea una práctica de la Fuerza Pública, incluso en el contexto de los señalamientos que en ocasiones hace el presidente Petro hacia organizaciones armadas ilegales, a veces fuera de contexto, a veces manipulando la realidad, según sea el caso. Pero ya es demasiada irresponsabilidad que un periodista no tenga el más mínimo discernimiento sobre la naturaleza de estos tres actores y repita la información sin ningún rigor.
El ELN, antagónico y en disputa con las AGC, y en confrontación con el Tren de Aragua en el pasado reciente en la frontera colombo-venezolana, utilizando un mismo centro de acopio para drogas, es algo que ni el mismo periodista se debe creer. La verdad y el periodismo son víctimas constantes en Colombia.
Crisis eléctrica
La intervención estatal en la empresa eléctrica Air‑e se encuentra en un punto crítico. El Gobierno nombró un nuevo agente interventor como si esta medida fuese a solucionar la grave crisis que atraviesa la empresa y el servicio eléctrico en el Caribe. Mientras tanto, la deuda se ha hecho insostenible, las alternativas que ha presentado el Gobierno se han caído o no han avanzado lo suficiente, la infraestructura sigue demandando inversión, lo que aviva la desconfianza y desesperanza de los usuarios, y pone en riesgo la estabilidad del servicio.
Los gobernadores del Caribe, que en todo momento se opusieron a las iniciativas del Gobierno Nacional, ahora aparecen como los salvadores proponiendo un Plan Energético Regional que busca desarrollar el potencial solar y eólico de la zona para superar las fallas de un sistema eléctrico obsoleto. Si no fueron capaces de sentarse con el Gobierno, sin arrogancias, para diseñar un plan que condujese a una solución progresiva, no serán capaces de desarrollar por cuenta propia una solución definitiva porque parecen más interesados en los réditos que les da oponerse porque sí a la administración Petro.
Además, los sectores políticos que hoy critican al Gobierno por la crisis eléctrica fueron los responsable de apoyar dos de las decisiones que hoy dejaron contra las cuerdas a la región: aplaudieron a Duque cuando decidió trasladar los costos de pérdidas por robo y falta de pago a los usuarios y acompañaron la denominada opción tarifaria o preferencial implementada durante la pandemia; esta última, convirtió en deuda de las comercializadores el congelamiento de las tarifas a los usuarios en pandemia.
Estamos repitiendo la historia de la fracasada Electricaribe, repleta de deudas, sobrecostos, falta de inversión en infraestructura e intervenciones estatales sin soluciones estructurales.
