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Liberación de “Mane” Díaz y los retos del gobierno y el ELN

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Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (XXXV)

Por Caribe Investigación

  1. El desafortunado caso del Luis Díaz

El secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del consagrado futbolista guajiro Luis Díaz, movilizó a gran parte de la sociedad colombiana y del mundo deportivo para exigir su inmediata liberación.

Como es de conocimiento público, luego de que el jefe del equipo negociador del gobierno con el ELN, Otty Patiño, anunciara que el Frente de Guerra Norte (FGN) tenía al padre de Díaz, el gestor de paz de la guerrilla, Juan Carlos Cuéllar, reconoció el hecho e informó que sería liberado.

Lo mismo hizo el Frente de Guerra Norte un día después. Varias consideraciones queremos hacer al respecto.

Citando fuentes del alto “gobierno”, la Revista Cambio afirmó hace cuatro días que el secuestro fue perpetrado por cinco integrantes de una banda delincuencial.

“Ante la presión del gigantesco operativo que la fuerza pública organizó, la madre de Lucho fue liberada a las pocas horas y, al parecer, al padre lo escondieron por varios días en una zona boscosa de la Serranía del Perijá”, escribe Cambio, aunque no aclara cómo terminó en manos de la guerrilla.

A pesar de este “bache” informativo, el ELN reconoció el hecho, y su primer comandante, Antonio García, admitió el sábado pasado que cometieron un error.

El fin de semana el FGN emitió otro comunicado para informar que la liberación se postergaría por fuertes operativos que el gobierno mantenía en la zona.

Desde Caribe Investigación hacemos un llamado al gobierno y al ELN para que se garantice el retorno seguro de Mane Díaz a Barrancas, La Guajira.

Una vez lograda la liberación, y superado este desafortunado hecho, deseamos que el dialogo de paz entre ambas delegaciones continúe su marcha. La paz se ha convertido en el principal clamor de la sociedad colombiana.

Sin duda, la confianza entre ambas delegaciones queda minada. Se suma a lo anterior otras crisis:

  1. La ocasionada por el anuncio de Petro en diciembre pasado de un cese bilateral con el ELN, que inmediatamente fue desmentido por la guerrilla.
  2. El ataque del ELN a una base del Ejército en el Catatumbo, Norte de Santander, con un saldo de nueve militares muertos y nueve heridos.
  3. Las declaraciones del presidente Petro en abril, desde Estados Unidos, sobre un acuerdo militar con Venezuela (país garante de la mesa) para combatir al ELN.
  4. La descalificación que hiciera Petro del ELN en un acto público con el alto mando militar.
  5. El incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos humanitarios para liberar los presos políticos de la guerrilla con graves enfermedades.
  6. Las reiteradas denuncias de la guerrilla sobre operativos militares en conjunto con organizaciones paramilitares en el sur de Córdoba y sur de Bolívar, y con las disidencias de las FARC en Arauca.

Exhortamos entonces al gobierno a investigar las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre alianzas entre militares y el Clan del Golfo en el sur de Bolívar; y a acelerar las negociaciones con los dos principales grupos paramilitares que operan en el Caribe, las AGC y Los Pachencas.

Retomamos la propuesta hecha por el Presidente en junio pasado, y de la cual el ELN también ha fijado una postura, de crear un fondo internacional multidonante para financiar a la insurgencia, de manera que puedan disminuir o pausar circunstancialmente acciones ilegales para la consecución de recursos.

  1. El Tren del Caribe, una realidad

En el primer diálogo regional realizado por el gobierno de Gustavo Petro para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, el entonces gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, retomó la idea de la construcción del ferrocarril del Caribe, un esfuerzo integrador de toda la región, barato, ágil y seguro.

También propuso entonces la construcción de una empresa regional de servicios públicos.

Este primero de noviembre, Valora Analitik aseguró en una nota que el proyecto de construcción del Tren del Caribe está cerca de ser aprobado.

El diseño del proyecto del tren, que conectará Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, está a cargo de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter).

Recordemos que esta entidad es la misma que ha estado promoviendo el plan Diamante Caribe, un proyecto de articulación entre el Caribe y los santanderes.

El ministro de Transporte, William Camargo, aseguró que es posible a finales de año se pueda resolver la cuestión financiera del proyecto de tren.

Con esta iniciativa se articularan otras como la construcción de un aeropuerto en el corregimiento de Bayunca con conexión a Cartagena. De igual manera destacó el ministro que el proyecto impactará en el desarrollo del turismo.

  1. La Guajira: los pobres siguen siendo pobres.

Al decir de los pobladores de La Guajira nada se mueve gratis en el departamento.

Todo está guiado por la lógica del lucro empresarial, es decir, ganar dinero con cualquier actividad sin importar si eso empobrece a la población o las lleva a la muerte por la ausencia y falta de acceso de agua, o si la actividad minera acaba con la biodiversidad de La Guajira.

No permitir que se supere el estado de cosas inconstitucional, definido por la Corte Constitucional hace seis años, y entorpecer la gestión de la emergencia social, económica y ecológica equivale a un genocidio a cuentas gotas.

El lucro desmedido de las transnacionales mineras y de las EPS, intereses inconfesables, el saqueo ejecutado por más de 20 años por los clanes políticos, fue lo que hundió los decretos de emergencia anunciados por el gobierno de Petro hace apenas tres meses.

No hay otra explicación. La crisis institucional de La Guajira conviene a muchos empresarios, quieren obtener ganancias sin ningún tipo de control social o público.

Las políticas del gobierno pretendían sentar las bases para superar la crisis humanitaria, y también apuntaba a la creación de nuevas instituciones y políticas para acabar con la corrupción.

La población de la Guajira esperaba con gran expectativa los cambios propuestos desde el gobierno nacional. Y anhelaba un cambio en la administración del departamento y los municipios, aunque la realidad electoral es otra.

Las expectativas se esfumaron. El clan Deluque, corresponsable del desastre institucional y del saqueo, se hizo con la victoria. La política en La Guajira seguirá siendo un negocio.

  1. Píldoras electorales.

En las pasadas elecciones regionales en el Caribe, fueron elegidos para alcaldes y gobernadores figuras cuestionadas por graves hechos de corrupción, alianzas con paramilitares, todos aliados o integrantes de los clanes políticos regionales.

Un reciente informe de la Fundación PARES explica que el cuestionamiento de los participantes en la contienda pone en riesgo el ejercicio de la democracia y la administración pública. No le fata razón.

PARES tiene registro de 51 clanes políticos en Colombia, de los cuales unos 30 de ellos apoyaron a 41 candidatos a gobernación. De estos últimos fueron elegidos 19 por la maquinaria política de los clanes.

Resalta PARES que en ocho departamentos existe el control total del andamiaje departamental.

Con la excepción de la gobernación del Magdalena y la alcaldía de Santa Marta, ganadas por Fuerza Ciudadana, movimiento alternativo de izquierda, los otros departamentos continuarán bajo el control de los clanes, entre ellos el clan Char en Atlántico, el clan Bell en Bolívar, el clan Gnecco en el Cesar y Deluque en La Guajira.

Deleznable que, días antes de celebrarse las elecciones, le fuera revocada la orden de captura a Cielo Gnecco, jefa de este poderoso clan narco, paramilitar y corrupto.

Trampa Judicial

Fueron las elecciones de las trampas, la compra de votos, la imposición del miedo por organizaciones paramilitares al servicio de los poderosos.

Una trampa de mayor calado fue la de carácter judicial desplegada en la víspera de las elecciones: consistió en el aplazamiento de audiencias judiciales a candidatos de los clanes para no entorpecer sus triunfos electorales, como sucedió con la gobernadora electa del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, a quien se le postergó la audiencia por dos procesos para febrero de 2024, cuando ya esté al mando de su cargo.

Impunidad criminal es lo que puede llamarse esto.

Respeto a la voluntad popular.

“La voluntad popular debe respetarse, de lo contrario, no hay democracia”, manifestó el jefe de Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo, al cierre de la jornada electoral.

Caicedo recordó que antes y durante la campaña el partido sufrió una cruel persecución y estigmatización, el objetivo principal de los ataques buscaba sacarlos del escenario político electoral.

Sin embargo, ganaron la gobernación y la alcaldía de la ciudad de Santa Marta. Toda la semana pasada, Fuerza Ciudadana se vio sometida a las artimañas de los clanes y la Registraduría Nacional, quienes pretenden desconocer el triunfo de Rafael Martínez en la capital de Magdalena.

  1. Barranquilla, crisis fiscal y social.

Según declaraciones del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hizo llegar un préstamo por 100 millones de dólares para la ciudad.

Asegura el alcalde que esto es una prueba de la confianza que tienen las organizaciones internacionales con la ciudad.

Cómo le explicará entonces a la gente que la grave crisis fiscal que vienen acumulando desde hace años, se profundizará con esta nueva deuda, y por lo tanto impactará en la crisis social que padecen los más pobres.

Aumentará el déficit en inversiones sociales en materia de salud, vivienda, empleo y superación de la pobreza. Este nuevo préstamo incidirá en el porcentaje del presupuesto de la ciudad destinado a pagar intereses de la deuda acumulada.

Resultados electorales en el Caribe eran predecibles: se impusieron los clanes Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (XXXIV)

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