Por Colombia Informa
Desde el 1 de abril, las personas encarceladas tras el estallido social iniciaron una cuarta huelga de hambre debido a los incumplimientos del Gobierno colombiano. Colombia Informa entrevistó a Juliana Higuera, quien explicó los motivos para comenzar esta nueva huelga de hambre. Juliana Higuera es defensora de derechos humanos, fue judicializada por el paro nacional de 2021, es integrante de la campaña Objetivo Libertad, organización que acompaña y asesora en la mesa técnica al colectivo Jhonatan Sabogal, que lidera la huelga de hambre en la cárcel de Palmira, Valle.
Colombia Informa: ¿Creen que el gobierno será receptivo con la huelga de hambre y por qué creen que el gobierno no ha cumplido?
Juliana Higuera: Nuevamente, quiero aclarar que respondo la entrevista por solicitud de los compañeros del proceso colectivo Jonathan Sabogal, que acompañamos desde la campaña Objetivo Libertad.
Nosotras, a su vez, desde la campaña hacemos parte de la mesa técnica del estallido, un aporte para la paz y la justicia social. En mi caso, también estoy siendo judicializada por mi participación en el paro del 2021.
Es importante generar un contexto alrededor de cuál ha sido el escenario en relación con este Gobierno. Para poder de una u otra manera conseguir una gobernabilidad, este gobierno entre comillas “del cambio” concilió y cedió ante los intereses de la derecha.
Se debe entender que una cosa es estar en el gobierno y otra cosa es ostentar el poder real, y en este caso este gobierno no tiene ese poder real ni esa gobernabilidad. Por lo tanto, para intentar conseguirla, el Gobierno no ha cumplido con las demandas de los sectores y las poblaciones que lo pusieron allí.
Tampoco ha generado un proceso de fortalecimiento de las bases, sino que lo que ha hecho es instrumentalizarnos, ser negligente y generar múltiples acciones con daño.
Lo que hemos recibido por parte del Gobierno se ha quedado únicamente en el discurso. Aunque narrativamente dice apoyarnos y ser de la Primera Línea, entre otras cosas, la realidad es que las y los compañeros continúan detenidos y detenidas.
Quienes estamos en libertad no ha sido gracias al Gobierno, sino por las mismas circunstancias de los procesos judiciales, ya que se han logrado revocatorias de las medidas de aseguramiento y vencimientos de términos, pero esto no tiene que ver con ninguna labor del Gobierno nacional ni con algún logro que hayan generado.
En relación con las Vocerías de Paz, se supone que enfocadas a buscar una medida de excarcelación para las personas que privadas de la libertad por participar en las movilizaciones. La realidad es que esas vocerías de paz tuvieron desde el principio unos vacíos jurídicos enormes que no se subsanaron y que hace que al día de hoy la Corte Constitucional haya declarado la excarcelación mediante estas medidas como inexequibles.
Por otra parte, que la Corte Suprema de Justicia anulará la libertad de una compañera y de un compañero. Ante esto, no ha habido ningún pronunciamiento.
Sin embargo, cuando surge la figura de las Vocerías de Paz, Petro, a finales de 2022, dijo en Pasto que todas las personas de la Primera Línea iban a estar en libertad en sus casas para Navidad y esto no sucedió.
Luego nombraron 17 personas como Voceras de Paz, de las cuales solo cuatro fueron excarceladas mediante estas medidas. Algunas están en libertad por vencimiento de términos y otras continúan detenidas.
Realmente, lo único que hemos recibido son unas acciones con daño que han devenido de un montón de discursos y de expectativas gigantescas que no han sido capaces de cumplir y que lo que han generado es profundizar las afectaciones y los impactos de la persecución, de la criminalización, de la privación, de la libertad y de la judicialización.
En un escenario en el que se supone que habría garantías de derechos, la posibilidad de condiciones para poder participar y movilizarnos, pues no ha sido así.
Igualmente, es importante tener en cuenta que esta Mesa no ha sido una prioridad para el Gobierno porque no hemos contado con las garantías y con las condiciones para el pleno funcionamiento de la Mesa.
Desde que se instaló esta Mesa en julio del año pasado, hubo una serie de incumplimientos permanentes en cada una de las sesiones, en cada una de las gestiones que le correspondían a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, entre otras instancias y dependencias del Gobierno.
Así mismo, desde la última sesión que tuvimos a finales de octubre e inicios de noviembre de 2023 no hubo ninguna comunicación formal por parte del Gobierno. Desde que llegó Otty Patiño como Alto Comisionado para la Paz, no hemos tenido ninguna respuesta. Incluso, en los últimos días cuando se anunció el inicio de la cuarta huelga de hambre, no ha habido ninguna respuesta gubernamental.
Actualmente, el escenario es bastante complejo porque esta huelga de hambre va a ser indefinida hasta que realmente exista una respuesta y unas garantías para la reactivación de la Mesa, cosa que hasta el momento no hemos tenido por parte de ninguna instancia del Gobierno nacional.
CI: ¿Cuántas personas se encuentran detenidas tras el estallido social?
Juliana Higuera: En este momento no tenemos esta cifras exactamente debido a que en los últimos meses se han logrado varios vencimientos de términos. Por tanto, las cifras cambiaron sustancialmente.
Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que aún se encuentran decenas de compañeros y compañeras detenidas tanto en centros carcelarios como en detención domiciliaria y que somos cientos las personas que estamos siendo judicializadas por participar en los procesos de movilización del año 2019 al año 2022.
Es importante tener en cuenta que cada uno de estos procesos judiciales y situaciones de persecución han continuado de la misma manera, independientemente de que esté este gobierno, ya que la doctrina del enemigo interno no ha sido cambiada.
Del mismo modo, continúan la criminalización de la protesta social, las estrategias de persecución y la judicialización contra quienes protestan.
Nosotras y nosotros seguimos enfrentando las judicializaciones sin ningún tipo de garantía, a pesar de que supuestamente este Gobierno se posicione a nuestro favor.
CI: ¿Cuánto tiempo llevan en la cárcel sin que existan soluciones?
Juliana Higuera: Hay personas que llevan detenidas desde los inicios del paro nacional del 2021. Es decir que al día de hoy, llevan casi tres años detenidas.
También existen personas que fueron detenidas en el transcurso del proceso de movilización y otras después de la movilización.
Hubo varias olas de judicialización, detenciones, capturas y allanamientos, pero en términos generales la cifra, el factor común del tiempo de detención, son dos, tres años, de quienes continúan aún en la cárcel.
CI: ¿Qué otros incumplimientos ha cometido el Gobierno con ustedes?
Juliana Higuera: En primera medida no se ha desmontado el ESMAD, el cual continúa violentando y reprimiendo brutalmente a los movimientos y a los sectores populares. Solo le cambiaron el nombre.
Por otra parte, aunque anuncian de manera reiterada la libertad de todas nosotras y nosotros, eso no es verdad. Además, no se trata únicamente de la libertad, sino del cierre de los procesos judiciales.
Todas nosotras y nosotros continuamos con los procesos abiertos y algunas y algunos ya enfrentan condenas, lo que no significa que sean culpables o que merezcan estar en la cárcel, sino que demuestra de manera férrea la criminalización de la protesta social.
Igualmente, no han existido garantías de participación y de diálogo, como lo hemos evidenciado con esta Mesa del Estallido: Un Aporte a la Paz y a la Justicia Social.
Consideramos que nos dieron esta mesa como un mero formalismo, pero no ha sido tratada con la prioridad que merece, entendiendo, por un lado, que es una mesa de carácter nacional, que tiene unas características trascendentales en relación con la criminalización y a la represión a la protesta social.
Aunque este Gobierno se haya posicionado a favor de los movimientos sociales, no ha generado ningún cambio significativo para que existan garantías reales para la protesta social y la defensa de derechos. Muestra de eso es que se sigue criminalizando, persiguiendo, reprimiendo y no ha habido ningún cambio al respecto.
Muchas de las personas que estamos judicializadas hemos sido objeto de amenazas, de persecución, de seguimiento, de hostigamiento, así como nuestras familias. Hay compañeros que fueron asesinados debido a esta situación de persecución, y frente a esto no ha habido ni un solo pronunciamiento ni una sola garantía por parte del Gobierno.
CI: ¿Cómo va el proceso de quienes están detenidos?
Juliana Higuera: La situación jurídica de la mayoría es que estamos entrando a etapa de juicio. Hay varios casos que nos encontramos en este momento en audiencia preparatoria y en otros casos ya existe condena. Algunas de estas condenas responden a preacuerdos donde la Fiscalía por medio de amenazas de amedrentamiento, intimidación y presiones hicieron que las personas se incriminen o se autoincriminen o incriminen a otras personas.
También, existen casos donde por mal asesoramiento algunas personas firmaron estos preacuerdos, lo cual demuestra de diferentes maneras como se configura la criminalización de la protesta social.
Es importante priorizar que más allá de una inocencia o una culpabilidad, es fundamental reconocer y reivindicar las acciones que se generan dentro de las movilizaciones, los diferentes repertorios de movilización que existen y cuáles son los responsables de la represión y de la violencia de la cual supuestamente nos acusan.
Se debe tener en cuenta que el Estado tiene el monopolio de la fuerza y de la violencia, siendo quienes históricamente nos han reprimido en las movilizaciones. Cada una de estas maniobras y estrategias de la Fiscalía, de la Procuraduría y de los juzgados responden a ese ejercicio de criminalización de la protesta social.
Por otra parte, existe un caso en el que se logró la absolución de cuatro compañeros de Soacha. Esa absolución fue apelada por la Fiscalía y aún se está esperando el fallo de segunda instancia para confirmar o no la absolución.
También hay un caso en donde se solicitó la preclusión y la Fiscalía solicitó el cierre del proceso, que es el caso de San Juan de Pasto. Si bien aún no se ha logrado ese cierre del proceso total, ya se han desarrollado varias audiencias frente a esta preclusión.
Igualmente, está la condena de Portal Resistencia, donde en un evidente ejercicio de criminalización y de falta de garantías para la defensa, fueron condenados a 14 años y medio tres hombres y una mujer. Se está esperando la sentencia del fallo de segunda instancia, donde podamos lograr su absolución.
La mayoría de los procesos en este momento están muy dilatados debido a que esto también responde a una estrategia de estas instituciones de desgastarnos, silenciarnos y aislarnos.
CI: ¿Qué situaciones han enfrentado en la cárcel?
Juliana Higuera: Es importante hablar en primera medida de las afectaciones producidas en todas las esferas de la vida, en términos físicos, psicológicos, económicos, familiares, relacionales, académicos, políticos, laborales, entre otros.
Esas afectaciones no solamente se traducen en impactos a nivel individual para la persona que está siendo detenida o judicializada, sino también para su familia, para sus organizaciones, para sus comunidades, para sus redes de apoyo.
Por lo tanto, esas afectaciones son a nivel individual, familiar y colectivo, configuradas de esa manera porque son prácticas sociales genocidas que tienen como objetivo romper el tejido social, disgregar los procesos, a las organizaciones y aislar a las personas.
Todo eso sumado al entramado de violencias que se reproduce dentro de los centros carcelarios y de detención en el país, así como de todo el sistema judicial y penitenciario que los sostiene.
Estas situaciones van desde las afectaciones socioeconómicas al tener que sostener a una persona en la cárcel, con todo lo costoso que es, tener que someterse a un montón de tratos indignos y violatorios de derechos fundamentales y humanos en lo que se refiere a las visitas.
Además de toda la tortura que se genera con relación a las múltiples violencias que se reproducen, como es la mala alimentación, el hacinamiento, el nulo acceso a la salud y al acceso a tener unas condiciones de dignidad.
Por otra parte, es crucial resaltar la masacre que se perpetró en la cárcel de Tuluá, el 28 de junio de 2022. Una de las personas asesinadas fue el compañero Jonathan Sabogal, quien murió incinerado. El compañero estaba en detención preventiva debido a su participación en el paro nacional en el punto de la Ye de Bugalagrande – Andalucía, en el Valle del Cauca. Él fue una de las 57 víctimas mortales de ese incendio, de esa masacre en la cárcel de Tuluá.
Varios de los compañeros de ese caso estaban en ese patio, en esa cárcel, entonces también son sobrevivientes a esa masacre.
De otro lado, está la profundización de todas las violencias patriarcales contra nosotras como mujeres, como mamás, que se traducen en un sostenimiento de estereotipos, de roles de género, donde pasamos a ser malas madres, malas mujeres por protestar, por rebelarse, o por organizarnos.
A esto se suma, la situación permanente en las cárceles donde no hay acceso a elementos para la gestión menstrual, ni hay acceso a la garantía de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, donde se rompen los lazos de la maternidad y la paternidad, de la crianza, entre otras muchas cosas.
Estas situaciones que se han tenido que enfrentar en la cárcel responden a estos elementos, a estas violencias estructurales que sostienen el sistema carcelario, que es profundamente indigno y violatorio de derechos, que está fundamentado en la tortura y en que esos lugares sean centros para la destrucción de la vida.
Además, en el contexto de Colombia existe una doctrina del enemigo interno, donde hay unas estrategias y unas políticas de persecución y de criminalización, donde se entrelaza todo este sistema y estas políticas contrainsurgentes y de persecución.
De esta forma, las afectaciones sean múltiples, permanentes, mutan, escalan y no solamente se desarrollan dentro de los centros carcelarios. No solamente ocurren en el marco de la privación de la libertad, sino en el marco de los procesos judiciales en general, ya que estas no cesan cuando recuperamos la libertad, sino que mutan, se transforman y escalan de diferentes maneras.
*Esta entrevista fue publicada originalmente en la web de Colombia Informa: https://www.colombiainforma.info/
