El segundo gobierno de Uribe Vélez ha entrado en la recta final. Han sido cerca de ocho años en donde el personaje de marras ha pregonado a los cuatro vientos los que considera son los tres pilares de su reinado: la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social. Vistos en conjunto, los tres responden, más allá de la retórica patriotera, a un mismo objetivo: salvaguardar y fortalecer una sociedad tremendamente inequitativa y excluyente. En otras palabras, mantener el vergonzoso statu quo colombiano. Este artículo propone algunas lecturas de los pilares mencionados, acudiendo para ello a una vieja pero oportuna observación del cubano José Martí: en política lo real es lo que no se ve.
Seguridad Democrática: guerra contra el pueblo
No deja de ser paradójico que la principal política destinada a reprimir el movimiento social del país (en sus distintas variantes: indígena, estudiantil, obrera, campesina) reciba el nombre de seguridad democrática. Desde luego, se trata de un eufemismo que pretende esconder la esencia elitista de dicha política, bajo un manto de supuesto beneficio general, democrático. Si en algo se ha caracterizado este gobierno es en utilizar el lenguaje como un arma para defender los intereses de la facción que representa. Diversos casos pueden ponerse sobre la mesa para demostrar lo anterior. Aquí haremos referencia a los “falsos positivos” (no es casualidad nuevamente el eufemismo). Como se ha demostrado, se trata de asesinatos de Estado cometidos sobre personas inermes. ¿Es casual que los muertos hayan sido pobres? Desde luego que no. En este caso los asesinatos satisfacen varias demandas: dinero fácil y ascensos, estadísticas sobre efectividad en la lucha contra el “terrorismo” y exterminio de “gente indeseable”. No en vano el ex ministro Londoño, manifestando su desprecio hacia el populacho, celebró “las bajas” ocasionadas por el Ejército de “aquellos delincuentes que, después de atormentar a sus vecinos de Soacha, se fueron a buscar mejores aires con las bandas armadas del narcotráfico en el Catatumbo”
Es contradictorio que, por un lado, el gobierno celebre bullosamente el éxito de la seguridad democrática, y, por otro lado, se haya disparado la cifra de asesinatos en las principales ciudades del país. ¿Dónde está entonces el éxito de dicha política? ¿Acaso se ha derrotado a la guerrilla como se había prometido? El crecimiento de la violencia armada en las ciudades es un hecho elocuente que debería ser cuestionado por los colombianos: recientemente Medicina Legal informó que el número de homicidios en 2009 llegó a 16.363. La cifra de muertos por asesinatos producto de enfrentamientos entre carteles, bandas y delincuencia común supera de lejos la de muertos por cuenta de los enfrentamientos entre las guerrillas y el Estado.
Confianza Inversionista: que los ricos se sigan enriqueciendo
En la lógica del gobierno, el éxito de la seguridad democrática es la condición básica para que se genere la confianza inversionista. Detrás de los nobles conceptos, se da cuenta de una situación preestablecida: los ricos, además de existir, tienen derecho a incrementar sus riquezas. Para que eso ocurra deben tener garantizado un escenario de paz jurídica y social. Aquí es donde se encuentra el verdadero carácter clasista del régimen de Uribe. En buen cristiano, la confianza inversionista significa velar para que los negocios y fortunas de los ricos no solo se conserven sino que aumenten. Y que lo hagan al precio que sea, sin importar las trampas, violando la normatividad jurídica si es del caso, y utilizando al Estado para sus fines.
Es evidente que Uribe tiene un su mente un país donde los poderosos mantengan sus privilegios (amasados durante décadas gracias a la explotación del pueblo) y los pobres se conformen con las migajas (tipo Familias en Acción) que de vez en vez se dejen caer de la mesa. De qué otra manera se pueden entender hechos como el de Carimagua, Agro Ingreso Seguro (la pirámide de los ricos, como oportunamente fue llamado) o el de la Zona Franca de Mosquera (en donde los delfines Tomás y Jerónimo Uribe se llenaron los bolsillos con millones de pesos en pocas horas contando con el favoritismo del Estado).
Sin embargo, el de Saludcoop es uno de los casos más descarados. Recientemente Daniel Coronel se refirió, a propósito de los decretos emitidos por el Ministerio de la Desprotección Social, a la manera como se erigió este emporio que trafica con la salud de los colombianos: según el periodista, Saludcoop empezó con un capital de 2500 millones de pesos y hoy, después de 16 años, tiene en sus arcas una cifra cercana a los 439.391 millones de pesos. En vez de frenar esa situación, Uribe ha querido seguir beneficiando a las EPSs, como lo ha hecho con los empresarios, terratenientes, banqueros y multinacionales, sin importarle la suerte de los millones de pobres del país.
Cohesión Social: pensamiento único y autoritaritarismo
El último componente uribista es la socorrida cohesión social, embeleco retardatario propio de una sociedad carcelaria, esgrimida hoy por los corifeos de turno como un novedoso planteamiento en teoría política. Lo que se busca detrás de tal adefesio es que simple y llanamente todos los colombianos piensen y actúen de acuerdo a lo convalidado por los sectores dominantes del país. Quien se aleje de lo políticamente correcto es asumido como un anormal y debe ser intervenido pronto, ya a las malas, ya a las buenas. Así, se busca la consolidación de un pensamiento único (el de la derecha), refrendado en la aceptación sin más del actual orden de cosas. Augusto Comte, el pensador francés del siglo XIX, obsesivo como ningún otro con la idea del orden, hablaba de la necesidad de una armonía espontanea en la sociedad. En el caso colombiano, la estrategia uribista acude a mecanismos como la coacción física y simbólica para garantizar el orden.
Algunos casos muestran con mediana claridad como Uribe pregona y consolida su cohesión social. Por ejemplo, la persecución al pensamiento crítico reivindicado y erigido por profesores y estudiantes de institutos de enseñanza del país. Los casos más renombrados son los de Miguel Ángel Beltrán, William Javier Díaz, Edgar Fajardo, Alfredo Correa de Andreis, entre otros. Se trata de generar un hecho público que sirva de escarmiento para quienes insistan en cuestionar al tirano, o lo que es lo mismo, mostrar la falsedad de sus planteamientos y acciones. También las chuzadas, la persecución a los miembros de la oposición en el parlamento, la promoción de la cultura del sapeo han sido ejemplos de iniciativas tendientes a buscar la cohesión social. El último caso registrado es el cierre de la revista Cambio por parte de la Casa Editorial El Tiempo y la persecución a periodistas críticos como Claudia López.