Vamos a mencionar en esta oportunidad aspectos que poco se han publicado sobre algunos resultados del denominado Plan Colombia. Desde el año 2000 se inicia su implantación en territorio putumayense con la fumigación del aérea y la erradicación manual forzada, en una primera etapa que va a hasta el año 2005. En esta fase los proyectos sociales de corto impacto sólo dejan ganancias para muchas de las ONG ejecutoras de los recursos, entre ellas las más importante fueron la CHEMONICS de origen gringo y FUNDAEMPRESA. La segunda fase del Plan Colombia, que va desde el 2005 hasta el 2010, cambia la estrategia de intervención, no para mejorar la planeación cortoplacista, sino, por el contrario, para continuar derrochando los recursos económicos restantes en intentar sostener proyectos productivos sin raíz cultural como el cultivo de pimienta, vainilla, entre otras especies exóticas para esta amazonia.
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En este periodo continúan las fumigaciones con glifosato y se acentúa la erradicación manual forzada; sin embargo, es poca la incidencia en la disminución del área cultivada en coca y, por supuesto, escasísima o nula la mejoría de las condiciones de vida del pueblo putumayense. La tercera fase del Plan Colombia apenas se inicia, pues va desde el 2010 al 2014 con el nombre de Plan Consolidación. Después de 10 años de estarse ejecutando esta política se sigue violando sistemáticamente el derecho constitucional de la participación efectiva de los putumayenses para decidir sobre el futuro de su territorio y de su vida.
La estrategia militar
Alterno a las fumigaciones y a la erradicación forzada, se ha venido desarrollando también el Plan Patriota, estrategia armada del Plan Colombia, cuyo objetivo fue la militarización del territorio putumayense que inicia reforzando la Brigada de Selva No XXVII con sede en Mocoa; se dota con tecnología de punta la Base Naval del Sur, que despliega el control sobre los ríos Caquetá, Putumayo y parte del río San Miguel. Se consolida el Batallón Domingo Rico en el municipio de Villagarzón, donde también se establece la Base Antinarcóticos y se adecúa el aeropuerto Militar. En Puerto Asís se implanta el Batallón Energético y Vial No 11, que establece las bases militares del Cuembí y Quillacinga en el corredor Puerto Vega hasta Teteyé.
También se construyen las instalaciones de la Base Militar en el corregimiento de Santa Ana, que actualmente se convirtió en el Batallón de Artillería No 27 General Luis Ernesto Ordoñez Castillo, y se adecúa la Base Militar en el kilometro 5 de la salida a Mocoa. A comienzos del año 2011 entra a operar en Puerto Asís el Batallón de Ingenieros Mecanizado No 27. De manera creciente se establecen bases militares en Puerto Umbría, Puerto Caicedo, Puerto Ospina, Piñuña Negro y La Hormiga. En Orito se implanta la Brigada Móvil Contraguerrilla, así como bases militares en la zona de Siberia y el Empalme; en San Miguel se establecen las Bases Militares en los pozos petroleros, la Base Antinarcóticos y actualmente se construye el CENAF (Centro Nacional de Atención de Frontera) en territorio ancestral del Pueblo Kofán.
Militarización, explotación petrolera y protesta popular
Y qué coincidencia: a medida que se ha venido extendiendo la militarización, también se expande inexorablemente la explotación petrolera en los municipios del medio y bajo Putumayo y se ahonda la crisis social y humanitaria, la contaminación y la violación sistemática de los derechos humanos. Esto ha sido denunciado insistentemente desde el año 2006 por las organizaciones sociales, a través de comunicados a la opinión pública, reuniones con las instituciones, movilizaciones pacíficas y, finalmente, en la Audiencia Ciudadana por la Verdad, celebrada por la Mesa Departamental de Organizaciones Sociales del Putumayo en Puerto Asís los días 10 y 11 de febrero de 2011.
Después de celebrada esta Audiencia con participación de Honorables Congresistas, se acentuaron los señalamientos, la estigmatización y la judicialización de varios líderes de la Mesa Departamental. Algunos de ellos (4) fueron privados de la libertad en estos últimos meses y otros están a la espera de que se hagan efectivas las siguientes órdenes de captura.
La difícil situación del Putumayo no es del interés de las empresas petroleras (CONSORCIO COLOMBIA ENERGY, VETRA EXPLORACION S.A., AMERISUR, OPA, EMERALD ENERGY, GRAN TIERRA, cuya cabeza principal es SUROCO Energy con casa matriz en Alberta Canadá), que continúan abriendo pozos de manera incesante, violando sistemáticamente el derecho fundamental a la consulta previa con los pueblos indígenas, comprando líderes para aplacar la inconformidad de algunas comunidades, haciendo señalamientos contra dirigentes y contaminando todas las fuentes hídricas de las cuales toman agua las poblaciones rurales y los caseríos del Putumayo, afectando los humedales y el ambiente, con la complicidad de CORPOAMAZONIA y el Ministerio del Medio Ambiente. Todo, mientras los escasos empleos que generan salarios indignos.
Además de la impunidad que envuelve los casos denunciados de homicidios, masacres, desplazamientos forzados masivos, desapariciones forzadas y demás crímenes de Estado, el pueblo putumayense enfrenta casos de extinción de dominio de pequeñas parcelas de propiedad de campesinos, el despojo territorial que las empresas petroleras de manera “legal” vienen haciendo, porque por ley son dueñas y señoras de cinco kilómetros a la redonda de cada pozo petrolero; y para acabar de ajustar, el actual gobierno, el de la prosperidad, ha declarado al Putumayo Distrito Especial Minero, entregando de manera inconsulta concesiones mineras para la explotación de oro y cobre a la ANGLO GOLD ASHANTI en el Alto Putumayo y en el municipio de Mocoa.
La miseria del pueblo putumayense, acrecentada con la caída de las pirámides, ha dinamizado las movilizaciones pacíficas para exigir ante el Estado y el gobierno colombiano, una solución definitiva a la crisis humanitaria. Esta presión por parte del pueblo da como resultado una reunión pendiente en estos días con el Vicepresidente Angelino Garzón, para evaluar los acuerdos pactados en el marco de las movilizaciones desde el año 2006 hasta el 2011 y de los cuales no ha habido cumplimiento alguno. En esta reunión se abordarán problemáticas estructurales como la salida negociada al conflicto armado, combate a la impunidad, la protección efectiva de los dirigentes y de las organizaciones sociales que han resistido valerosamente la violencia desatada en esta parte del país y siguen construyendo patria. Otros temas contemplados en los acuerdos pactados están relacionados con el Plan Colombia, el Plan Consolidación, la política Minero energética y la declaratoria de Distrito Especial Minero, la grave contaminación ambiental por parte de las petroleras y la crisis socioeconómica del pueblo putumayense.