Por Juan Santoyo
Avanza una crisis ambiental global que amenaza con la multiplicación de los conflictos sociales, la disputa por el acaparamiento, uso y aprovechamiento de los bienes comunes tales como el agua, mediada por las lógicas del mercado y de las armas. La carrera por controlar las fuentes energéticas convencionales, no convencionales y alternativas, que permitan afrontar la escasez y asegurar nuevas fuentes de energía, son objeto de transacción y de negocio.
Lejos de allí, entre los pasillos de marfil de las agencias multilaterales y en los centros de poder, se diseñan las hojas de ruta de la transición energética, orientadas por las tecnologías y el mercado financiero. En estos lineamientos evocados por el Programa de las Naciones Unidas sobre la energía en 2021, permanecen visiones eurocéntricas alejadas de la ruralidad y con notoria miopía al intentar interpretar la realidad de los territorios que padecen el extractivismo en su cotidianidad.
Las expectativas trazadas no se alcanzan a la vuelta de la esquina, ni la fabricación de las herramientas para la transición energética serán limpias. Se prevé que, por cerca de dos décadas, el sector minero energético podría seguir representando el 20% de las exportaciones colombianas, y las demandas de gas crecerán hasta el 4% anual impulsadas por el sector industrial, petrolero y residencial. Esto significa que la inversión privada intensificará el uso y búsqueda de materiales para dicha transición, materiales que se encuentran debajo de las tierras donde habitan las comunidades y en los ríos que las bañan.
Las brechas de la transición energética
El dinero y el capital financian la transición energética, y son las mismas empresas multinacionales extractivistas las que están invirtiendo, renovando sus símbolos, reverdeciendo sus discursos y posicionando un lenguaje y un imaginario esperanzador, como si esto anulara, perdonara o los eximiera de sus responsabilidades en el caos climático provocado, y en la violación a los derechos humanos que han propiciado históricamente.
Prueba de ello es que la multinacional Naturgy, hoy con su nuevo nombre e imagen, da lecciones internacionales de responsabilidad corporativa y premia la investigación e innovación para la transición energética. Esta transnacional española entró a Colombia a finales de los años 90 con una imagen favorable, de solvencia, eficacia y transparencia para manejar la electricidad en la región Caribe y el sur del Pacifico, y así reemplazar la gestión de un Estado endeudado por la construcción de centrales hidroeléctricas, y fuertemente criticado por su ineficiencia luego del apagón provocado por las sequías del 92.
La empresa Unión Fenosa (como se llamaba antes Naturgy) provocó un ecocidio en 2001 en el río Anchicayá, brazo fluvial de Buenaventura, tras derramar en el río, por falta de mantenimiento, 500 millones de litros de lodos podridos represados en su hidroeléctrica, afectando a más de 2.000 habitantes y al ecosistema. Hasta el día de hoy, la firma española no ha respondido por los daños provocados.
Este ejemplo evidencia la impunidad corporativa de la que gozan estas empresas. Luego del desastre, la multinacional española se desentendió del problema vendiendo la central hidroeléctrica a la colombiana CELSIA, perteneciente al grupo empresarial ARGOS. La nueva empresa dueña del proyecto ha desconocido la tragedia y se opone a reparar integralmente a las víctimas. CELSIA, empresa colombiana líder en investigación para las energías renovables, demuestra que el reverdecimiento del lenguaje empresarial y la inversión en nuevas tecnologías para la transición energética no implica una transformación del negocio capitalista.
Estas viejas y nuevas empresas capitalistas se encuentran en una fase de expansión de las fronteras del sector minero industrial a territorios antes no explotados o considerados no rentables, pero hoy posibles gracias a la revolución tecnológica en la industria, así como por el financiamiento e inserción en sistemas de infraestructura globales. Materiales como el cobre, el aluminio, el níquel, el hidrógeno, el litio, el cobalto, el indio, el grafito y el vanadio son algunos de los materiales necesarios para la fabricación y mantenimiento de la energía del mañana, por lo cual se espera que su extracción experimente un crecimiento de hasta un 500%, lo que significa nuevas acumulaciones en manos de monopolios privados y nuevos conflictos por la tierra.
La política pública para la transición energética en Colombia se ha caracterizado por la escasa participación de las comunidades. Las energías comunitarias son iniciativas populares de generación eléctrica a partir del biogás, deshidratadores solares, energías fotovoltaicas e hidráulicas que existen y son desarrolladas por organizaciones sociales, urbanas y rurales en Colombia y toda América Latina. Estas propuestas demuestran cómo las comunidades avanzan en la generación de alternativas para permanecer en sus territorios y enfrentar los impactos que genera el modelo de desarrollo hegemónico, pese a no contar con apoyos ni reconocimientos por parte del Estado, mucho menos de las empresas.
El lawfare extractivista
Hay sectores del capital que buscan los nichos de negocio de las energías renovables conservando el control privado del proceso, por lo cual, la apuesta energética estratégica del capitalismo sigue siendo la de los combustibles fósiles. La gobernanza neoliberal de los modelos extractivistas se acompaña de un sistema de influencia político-económico sobre la ley y la justicia, que se edifica a través de múltiples niveles y jurisdicciones del derecho público y privado.
El uso represivo del derecho, también conocido como lawfare, evidencia patrones cada vez más comunes de criminalización, estigmatización y violencia contra quienes defienden el territorio. La criminalización incluye, entre otras acciones, demandas judiciales de empresas a activistas por daños morales o materiales, el uso de mecanismos estatales que suspenden sus derechos fundamentales de participación, asociación y expresión durante determinados períodos o de manera definitiva.
Una muestra clara de lawfare se ha intentado desarrollar actualmente en Francia, donde el gobierno, y en particular el ministro del interior, estigmatiza, criminaliza y persigue públicamente a los activistas ecologistas reunidos en el movimiento “El Levantamiento de la Tierra”, señalados por el ministro Darmanin como “ecoterroristas” por realizar acciones multitudinarias para desmantelar proyectos devastadores que privatizan el agua, o por intentar frenar la construcción de carreteras sobre pasillos ecológicos críticos. Este movimiento que reúne más de 157.000 personas ha resistido a las presiones mediáticas y judiciales que buscan estigmatizar la legítima desobediencia civil y desarticular su proceso reivindicativo.
Este modus operandi ocurre también en Colombia. Recientemente, en el municipio de Jericó, suroeste de Antioquia, luego de que aproximadamente 43 humildes campesinos se opusieran a la llegada de Anglogold Ashanti, la minera sudafricana los impugnó por el delito de bloquear el paso de los trabajadores que realizaban tareas de exploración en el territorio.
Desafortunadamente, el uso de la fuerza pública en la defensa de los intereses de las empresas privadas extractivistas es una realidad reiterativa en países del sur global, sin mencionar el accionar de grupos armados ilegales y paramilitares en contra de los líderes comunitarios, sociales y ambientales que alzan su voz por la defensa del territorio.
Recientes investigaciones realizadas por Rutas del Conflicto demuestran cómo en Colombia las empresas y grupos empresariales como ARGOS, que hoy ondean las banderas de la sostenibilidad energética, resultan siendo parte del ciclo del despojo, al ser los compradores de las tierras de las familias campesinas desplazadas por la violencia, como fue el caso de los Montes de María, en los departamentos de Bolívar y Sucre.
Estos mismos grupos empresariales, renovados por su maquillaje discursivo, crecen con las concesiones de predios facilitados por las corporaciones ambientales, quienes adjudican permisos sobre reservas ambientales y tierras restituidas a víctimas, entre otros casos de corrupción. En el Oriente antioqueño, una de las subregiones del país más afectadas por la violencia a finales de siglo XX y, “coincidencialmente”, una zona de proyectos hídricos para la generación eléctrica, las empresas han multiplicado sus proyectos para la transición energética mediante la construcción desbordada de centrales hidroeléctricas a filo de agua y en escala, las cuales fueron proyectadas por el gobierno como una solución viable para la generación limpia de energía. Sin embargo, la multiplicación de las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) generan una presión a distintas escalas: aumenta el costo del precio del predial y los costos de vida, la deforestación y la pérdida de los bienes comunes, la privatización de los ríos y sus espacios de vida, la mercantilización de los cuerpos de las mujeres, la sobreexplotación del agua, entre otros.
Finalmente, y no menos importante, los procesos y acciones jurídicas en defensa del extractivismo no involucran exclusivamente a las poblaciones afectadas, también implican a los Estados. Las multinacionales, al verse atacadas por los tribunales nacionales que ponen en riesgo sus proyectos, han demandado económicamente a los Estados latinoamericanos, por ejemplo, cuando los gobiernos o agencias ambientales no les conceden licencias de explotación, pero también por pausar o reconsiderar sus políticas.
Las apuestas políticas
El llamado de las organizaciones sociales que padecen los impactos del extractivismo, parte de un problema de fondo que es el modelo de producción y consumo de la energía. Más que una transición energética, urge un cambio de modelo en donde la planificación democrática de la producción de energía se oriente desde las capacidades y necesidades territoriales, y hacia la sobriedad energética.
Por lo pronto, las comunidades rurales y étnicas exigen acciones concretas: se oponen a que la normativa vigente que promueve la transición energética conceda beneficios tributarios a los proyectos liderados por las mismas empresas contaminantes, y solicitan que las propuestas populares para la generación energética sean reconocidas y apoyadas. Del mismo modo, incentivar la reutilización de los materiales y capacitar con herramientas y con recursos a las comunidades para fortalecer la autogestión de las economías populares y solidarias.
Si las decisiones sobre la transición energética provenientes de miradas técnicas reemplazan el pensamiento indígena, el conocimiento afrodescendiente y el saber campesino, sería un fracaso y agente responsable de mayores desplazamientos y desarraigos. La transición energética, por ende, debe partir su accionar desde la puesta en marcha de mecanismos que retribuyan, fortalezcan y complementen el cuidado que las comunidades llevan realizando sobre el territorio, asegurando su permanencia y una vida digna.
Frente a la necesidad inaplazable de actuar frente a la crisis climática y ambiental, es fundamental acabar con la lógica mercantil que perpetúa las secuelas del modelo energético e invisibiliza los desarrollos comunitarios que lograron comprender las relaciones energéticas desde otros paradigmas, y desarrollan propuestas alternativas viables y populares.
