Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (Edición 89)
Por Caribe Investigación
- Tensión
A pesar de las advertencias y denuncias del presidente Gustavo Petro y de un decreto de prohibición con excepciones emitido en agosto de 2024, casi 1 millón de toneladas de carbón han salido desde Colombia hacia Israel el último año, según lo reveló recientemente el portal de investigación Vorágine.
La semana pasada, el tema llegó al debate nacional por varias razones: son evidentes las contradicciones del Gobierno Nacional por la emisión de un decreto que, por ambiguo, dejó la puerta abierta para que se siguiera exportando carbón a Israel; el mandatario acusó a su exministro de comercio, Luis Carlos Reyes, de no obedecer la prohibición. Al mismo tiempo, hizo un llamado a sabotear las exportaciones para evitar seguir financiando el genocidio contra el pueblo palestino. Ese suceso en específico encendió la discusión, y nos referiremos puntualmente al mensaje del presidente Petro dirigido a las comunidades wayuu y sindicatos del carbón para que paralicen la línea férrea del Cerrejón en La Guajira.
Por atrevido que suene, el mandatario hizo el exhorto consciente de la capacidad de presión que tienen los sindicatos del carbón, especialmente los relacionados a la mina del Cerrejón, ya que en los últimos años han dado una batalla para mantener y recuperar varias reivindicaciones salariales.
La misma fuerza tienen las comunidades indígenas de la Alta Guajira que en 2024, por ejemplo, ejecutaron 333 bloqueos contra la vía férrea del Cerrejón (135 días de interrupción), lo que se tradujo en una reducción significativa de las exportaciones de carbón según informó la propia multinacional en su informe de gestión 2024.
De las contradicciones del Gobierno podemos decir que la ingenuidad no es buena consejera para los asuntos del Estado, mucho menos un Estado como el colombiano, que históricamente ha estado al servicio del capital nacional e internacional. Ni la Glencore, ni la Drummond dejarán de exportar carbón hacia Israel si no existe una prohibición legal clara de por medio. De hecho, la semana pasada zarpó desde Ciénaga la embarcación Fortune con más carbón para Israel, como denunció el portal Vorágine en su cuenta de X.
Cerrejón es responsable de un impacto ambiental y social de magnitudes incuantificables, del desplazamiento de comunidades afro, campesinas y wayuu y del desvío del Río Ranchería, entre muchos otros hechos. Drummond, por su parte, está acusada de financiar el paramilitarismo. Para ambas empresas no importan las implicaciones humanas y morales de sus exportaciones sino la acumulación de capital.
- Chiquita Brands y Drummond
Por primera vez, directivos de la multinacional Chiquita Brands fueron condenados por participar en la financiación del paramilitarismo en Colombia. La sentencia también implica una multa de 13.879 millones de pesos, la emisión de órdenes de captura inmediata y 13 años de prisión para los responsables.
Durante años, la multinacional Drummond también ha estado en el centro de una investigación en Colombia por supuestas relaciones con grupos paramilitares en zonas donde opera su actividad minera. Según investigaciones judiciales, varios de sus altos ejecutivos habrían participado en acuerdos con estos grupos armados para garantizar seguridad privada y control territorial, traducidos en persecución y asesinato de líderes sociales, especialmente en el corredor minero del Cesar. Uno de los casos más emblemáticos involucra el asesinato de dos sindicalistas, lo que llevó a condenas contra intermediarios que, según los testimonios, actuaron en complicidad con la empresa. Las autoridades colombianas han imputado cargos graves a varios exdirectivos, calificando estos actos como parte de un patrón de apoyo al paramilitarismo.
La empresa también ha enfrentado demandas en tribunales extranjeros, principalmente en Estados Unidos, donde familiares de víctimas han alegado que Drummond contribuyó a la violencia y a la represión laboral. En Colombia, la Comisión de la Verdad señaló que existió una alianza tácita entre la empresa, sectores del Ejército y grupos armados ilegales, todo con el fin de mantener sus operaciones mineras sin interrupciones.
Este entramado de poder económico y militar no se limita a Chiquita Brands, Drummond ni a Colombia. Ha sido el actuar de las multinacionales en América Latina durante todo el siglo XX, aprovechando la complicidad de gobiernos sometidos al circuito financiero y a la doctrina de la seguridad nacional de Estados Unidos.
- Zona Económica Binacional
Todos los medios colombianos se hicieron eco de las objeciones y advertencias que la extrema derecha colombiana, sectores afines y los llamados opinadores del “centro” sobre la creación de la Zona Económica Binacional suscrita por los presidentes Petro y Maduro.
El más enconado adversario de esta propuesta fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez. A partir de allí se sumaron varios voceros alertando que supuestamente Colombia perdería soberanía ante Venezuela, pero además, que el Gobierno Petro le estaba entregando parte del territorio nacional a la administración de Maduro.
La memoria tiene patas cortas, especialmente para aquellos que repitieron las demandas de Uribe. Los datos hablan por sí solos:
Los últimos 25 años, la balanza comercial entre Colombia y Venezuela ha sido favorable para Colombia. Particularmente durante el gobierno de Uribe, el superávit comercial alcanzó alrededor de 2.300 millones de dólares, según datos de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).
Habría que recordarle al expresidente Uribe que su administración vendió a Venezuela los activos colombianos de la empresa de fertilizantes Monómeros, radicada en Barranquilla y propiedad del Estado venezolano. Uribe también firmó con el Gobierno del presidente Chávez el acuerdo para la creación del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, construido con dinero venezolano; acuerdo que quedó en el limbo debido a la errática e invasiva política exterior de Santos y Duque con respecto a Venezuela.
El empresario colombiano y su industria, especialmente la radicada en el centro del país, seguirá ganando con el intercambio comercial con Venezuela por hechos concretos: la cercanía con la frontera del lado andino venezolano, lo que reduce los costos de transporte; el acceso inmediato al occidental Lago de Maracaibo, clave para conectarse con los mercados del Caribe y Europa; un mercado venezolano en constante crecimiento a pesar de las sanciones; y costos relativamente bajos de la materia prima en Venezuela: cemento, carbón, metanol, urea, productos intermedios de hierro o acero y acumuladores eléctricos, entre otros.
El comercio binacional entre Venezuela y Colombia alcanzó los 1.137,5 millones de dólares en el período enero-diciembre de 2024. Un aumento del 42,7% respecto a los 797 millones de dólares registrados en 2023, ¿De cuál soberanía hablan?
En el mundo actual el pragmatismo se impone. Esa narrativa seudodemocrática y chovinista choca además con la realidad. Por ejemplo, la administración Trump acaba de emitir una nueva licencia para que la transnacional Chevron siga operando en Venezuela. Esto se conoció apenas unos días después de que los gobiernos de EE.UU. y Venezuela concretaran el intercambio de venezolanos secuestrados en El Salvador por prisioneros venezolanos y estadounidenses presos en Caracas.
Lo más probable es que hoy la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos esté evaluando una licencia que permita la venta de la empresa Monómeros (propiedad venezolana), ya que Venezuela sigue sujeta a sanciones internacionales impuestas por EE.UU.
- Foto multas: uso y abuso
El arquitecto y urbanista Carlos Enrique Paternina nos advierte en un reciente artículo de su autoría que los conductores que transitan entre Sincelejo y Sampués, y Sincelejo y Corozal, en el departamento de Sucre, se enfrentan a un nuevo actor en la vía: las unidades móviles de fotomultas.
Al detalle, Paternina explica que la instalación de las unidades móviles en esta ruta carece de transparencia en cuanto al cumplimiento de la normatividad existente y un entramado de irregularidades, por lo que estaríamos ante una “trampa recaudatoria y el abandono de la seguridad vial” que afectará directamente el bolsillo de los que menos tienen.
“Este modelo de gestión, enfocado en el cobro antes que en el servicio, lamentablemente no es un hecho aislado. Lo vemos reflejado en la también polémica Zonas Azules de Estacionamiento Regulado (ZER) en Sincelejo. Allí, al igual que con las fotomultas, los ciudadanos denuncian abusos en los cobros y falta de claridad en los recursos recaudados. Mientras el bolsillo del conductor es el principal afectado, no se percibe una mejora sustancial en la movilidad urbana ni queda claro en qué se invierten esos recursos. Ambos casos parecen síntomas de un mismo mal: políticas que ven al ciudadano como una fuente de financiamiento y no como el beneficiario final de una gestión pública transparente y eficaz” – concluye Paternina.
- Santa Marta: ¿Qué celebrar?
El defensor de derechos humanos Lerber Dimas se pronunció en la plataforma X por la celebración de los 500 años de Santa Marta. “Dos hombres brutalmente asesinados son la antesala de los 500 años de Santa Marta. La violencia no podía quedarse por fuera del evento mago de la celebración. De esto y de los 104 muertos que van no les hablarán ni Carlos Pinedo (alcalde de la capital samaria), ni Carlos Vives”, posteó Dimas.
A la indignación se sumó también la defensora de derechos humanos Norma Vera Salazar, publicando en la misma red social lo siguiente: “Es feo y poco festivo decir que van 104 homicidios este año y que hoy dos jóvenes fueron encontrados torturados en Puerto Mosquito. Después del baile volveremos a la realidad”
Realidad que, por cierto, es muy parecida a la arremetida paramilitar de la década de 2000. Y lo que es peor, una ciudad carente de un sistema de agua potable y alcantarillado adecuado a la demanda actual. La celebración quedará para discursos.
- Denuncia contra la ANT
Grave la denuncia que hizo en Radio Guatapurí la periodista Katia Ospino sobre ciertas irregularidades que maneja la Agencia Nacional de Tierras en el departamento del Cesar. Ospino acusó a funcionarios y contratistas de formar parte de un cartel dedicado a “traficar influencias y acceder ilegalmente a tierras destinadas a campesinos vulnerables”, como lo destacó la radio en su portal.
Detalló además que “varios individuos cercanos a Alexandra Pineda, asesora visible de la ANT en el Cesar, se inscribieron en el Registro de Sujetos de Ordenamiento como aspirantes a tierras gratuitas, presentándose como pobres campesinos en estado de extrema vulnerabilidad”.
Las declaraciones de Katia Ospino estuvieron acompañadas de documentos y un listado de personas que formarían parte de esta red. Las autoridades deben investigar de inmediato porque estamos ante un grave abuso de poder que vulnera cualquier política agraria destinada a resarcir los derechos a la tierra de las y los campesinos.
- Tierras en la Serranía del Perijá
Organizaciones campesinas de la Serranía del Perijá, jurisdicción del municipio de La Paz, departamento del Cesar, denunciaron a través de un comunicado las recientes actuaciones de la Agencia Nacional de Tierras “en las que, sin un previo proceso de socialización ni de concertación con las expresiones organizativas de las comunidades campesinas” ha estado exhibiendo información catastral desactualizada que no se corresponde con la realidad actual y vulnera el derecho a la tierra de familias campesinas de toda esta región.
La denuncia detalla que la entidad está informando sobre la existencia de tierras con categoría de baldíos del Estado, cuando la realidad indica que por décadas familias campesinas las han habitado y trabajado.
“Desconoce de tajo la condición que ostentamos como Sujetos de Especial Protección Constitucional…situación que ha terminado por profundizar las conflictividades territoriales que hoy en la Serranía del Perijá existen entre el campesinado y el pueblo yukpa”.
Definitivamente, la conducción de la ANT en el Cesar debe ser intervenida e investigada. La denuncia que hace Katia Ospino es gravísima y lo que plantean las organizaciones campesinas de la Serranía del Perijá no es menor, ¿Le sabotean la gestión a Petro?
- Barranquilla y la pobreza
Todos los recursos invertidos en campañas, publicidad, publirreportajes o espacios pagos no son suficientes para ocultar la realidad de Barranquilla. Sobre la inseguridad se han escrito informes y análisis contundentes que dejan al desnudo la realidad de una de las ciudades más violentas de la costa Caribe y de Colombia.
A esto se suma un indicador bastante desalentador: según la última medición del DANE, en Barranquilla la pobreza no bajó absolutamente nada (-0,1%). Tanto despliegue “informativo” para posicionar a Barranquilla como una ciudad pujante en medio de la celebración del Foro de Desarrollo Local de la OCDE, mientras la evolución de la incidencia en la pobreza sigue invariable desde 2022.
Con razón la periodista Tatiana Velásquez Archibold escribió en X: “Y es un indicador que sorprende ante el millonario gasto de la ciudad y sus ambiciosas apuestas de transformación urbana”.
Esto nos lleva a concluir que la reconfiguración urbana de Barranquilla y de otras ciudades del Caribe está al servicio del capital privado nacional e internacional, no de los intereses de la mayoría. Hay muchos anuncios de crecimiento económico y proyectos de infraestructura que escasamente se reflejan en lo social.
