Por: Karina Muñoz y Natalia Bedoya Alcaraz
Collages: Catalina Jaramillo Molina Fotografías: Juan José Gómez Agudelo
¿Ha detallado usted un ladrillo?, ¿se ha preguntado de dónde sale así, color terracota y perfectamente rectangular?, ¿ha sentido siquiera un poco de fascinación por sus fisuras?, ¿lo ha olido?, ¿se ha dado cuenta de que le rodean miles de millones de ellos?, ¿ha contemplado el paisaje cuadriculado de rojos y naranjas que crean en la ciudad?, ¿ha sentido tristeza por verlos, rotos y amontonados, en una esquina? Existen muchos ladrillos, parece que todo el mundo los necesita, pero, ¿de dónde es que salen por montón?
Para hacer un ladrillo primero se extrae la arcilla de la tierra, después se tritura, se humecta, se amasa, y se pone en un molde. Cuando obtiene su forma, se deja secar y se pone en cocción en hornos a elevadas temperaturas para endurecerlo. Después, si es perfecto, se vende, sino se abandona. Los impactos de su producción van desde la alteración del suelo y los hábitats, hasta la contaminación del agua, la generación de residuos sólidos, la emisión de ruido y vibraciones, y la dispersión de altas emisiones de CO₂ y material particulado que contaminan el aire.
Respirar aire contaminado, como ya lo han investigado el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional, además de agravar enfermedades respiratorias también tiene una repercusión directa en enfermedades cardiovasculares y de alto impacto, como cánceres, leucemias, linfomas, infartos y diabetes, e incluso tiene incidencia en los embarazos y en la muerte fetal. Se puede llegar hasta ese punto porque nuestro cuerpo, que funciona como un filtro, no puede evitar que partículas contaminantes tan pequeñas como PM10, PM2.5, PM1 o Black Carbón entren hasta nuestros pulmones y hasta nuestro ADN.
Marta Rodríguez, cineasta colombiana, lanzó su película Chircales en 1972. Un “chircal” es un sitio donde se fabrican tejas y ladrillos artesanalmente, una práctica que hoy por hoy está casi extinta. La película retrata las dinámicas de explotación laboral detrás de las familias que trabajaban produciendo estos materiales en las periferias de Bogotá. Desde que salió, cuestionando el lugar del amo y del proletariado, de la industria y del obrero, y de la dignidad y los derechos, ha pasado un largo tiempo. La producción de ladrillos cambió sus técnicas y se consolidó como una industria. En el Valle de Aburrá particularmente, esta industria se establecido al suroccidente. Por su riqueza en arcilla, el municipio de Itagüí ha sido epicentro de canteras y fábricas; al principio en la parte baja —donde está ubicado el Parque de las Chimeneas en honor a la tradición—, y ahora, también en la parte más alta y rural. Este mismo municipio ocupa el lugar número 12 en la lista de los lugares más contaminados de Latinoamérica y el Caribe, según el estudio The 2024 World Air Quality Report. En varias ocasiones, durante el mes de octubre del 2025, el Índice de Calidad del Aire (ICA) de este municipio estuvo en uno de los colores más alarmantes dentro del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA). Ese color es el naranja, el cual indica que el aire está en un nivel “dañino para grupos sensibles”. Varios días en los que se le hizo seguimiento llegó a estar acompañado de los números 160ug/m3 o 162ug/m3, que, si bien no fueron el promedio del día, indican una situación preocupante si se tiene en cuenta que el nivel máximo diario permisible para el PM2.5 es 50 ug/m3, según la Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Medio Ambiente.
De hecho, según el Informe del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente en Antioquia publicado este año por la Contraloría, Itagüí ha superado durante los últimos tres años los niveles máximos anuales permitidos no sólo de PM2.5 sino también de PM10. Para el primero el límite anual es 25 ug/m3 y para el segundo es 50 ug/m3. Los datos se ven así:
Suena espantoso pensar que respiramos aire dos o tres veces más contaminado de lo permitido —y eso que no debería estar permitido el aire contaminado. Contaminación que se hace paisaje entre los afanes propios de los citadinos, y que no tiene porqué representar una preocupación relevante en lugares en los que, por ejemplo, trabajar en una ladrillera es la única opción de vida. El polvo se hace paisaje, el olor se desvanece y la picazón en la nariz y los dolores de cabeza se convierten en algo muy común y corriente asociado a otras causas. 146.607 personas han fallecido en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en los últimos 10 años por enfermedades relacionadas con la contaminación del aire, según la investigación Contaminación atmosférica y sus efectos sobre la salud de los habitantes del Valle de Aburrá 2008-2017, realizada por la Universidad de Antioquia y el Área Metropolitana. Pero, ¿a quién le importa más un dato que poder ganarse el salario de un día?
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En la parte alta de Itagüí, limitando con la reserva natural El Manzanillo, está ubicada la vereda Los Gómez. Si bien su nombre le da categoría rural, es un barrio de edificios, arrabales e industrialización. Allí, desde hace décadas, se concentran las ladrilleras del municipio. Entre las casas de dos o tres pisos, se cuelan en el paisaje chimeneas metálicas o de ladrillo que durante todo el día tienen los hornos encendidos. El humo negro tizna las fachadas, se filtra por las ventanas o cualquier rendija y le da un olor de hollín a la zona.
El activista Edwin Bermúdez asegura que esta problemática de convivencia viene desde hace mucho tiempo. Él llegó a Itagüí en 1986 a una urbanización de la vereda que quedaba al lado de la ladrillera Tejar San José. Lo primero que lo hizo darse cuenta de lo que ocurría, fue el olor permanente a hollín, además de las restricciones a su rutina, “cuando uno lavaba la ropa, tenía que lavarla y ponerla a secar en las mañanas porque en la tarde caía ceniza y residuos de hollín”. Edwin explica que para llegar a la temperatura de cocción ideal para los ladrillos, algunas ladrilleras usan ripio de carbón, madera de segunda o llantas.
Edwin hace parte de la Veeduría Territorial de Itagüí, con ese grupo han realizado investigaciones y han solicitado información sobre las emisiones que generan las ladrilleras y sus efectos en la salud para informar a la ciudadanía. Durante un tiempo, hicieron charlas en la urbanización Laureles del Valle, hasta que algunas personas de los combos de Itagüí fueron a pedirles que pararan. Los residentes de la urbanización tampoco quisieron exponerse, y dejaron de encontrarse. La restricción da indicios de la legalidad e ilegalidad que hay alrededor de un mercado con cadenas de producción muy específicas, y revela también la negligencia de un municipio que nunca ha tomado medidas para proteger la salud y garantizar el derecho a un ambiente sano de sus habitantes
En 2018, se conoció la historia de Matías, un recién nacido de una familia que residía en Laureles del Valle. El bebé desarrolló una bronconeumonía a las pocas semanas de nacer. Su madre supo desde un comienzo que esas complicaciones se debían al mismo humo de las chimeneas, que hacen que los monitores de calidad del aire oscilen entre el amarillo, el naranja y el rojo permanentemente. Según cuenta Alejandro Calle en el medio digital Ciudad Sur, incluso el exalcalde del municipio, León Mario Bedoya, confesó que en su niñez sufrió complicaciones de salud por las mismas chimeneas que le dejaron consecuencias de por vida.
Cuando anochece en la zona, la oscuridad toma el paisaje y las ladrilleras ocultan bajo ella el humo que generan. Diferentes habitantes del barrio advierten que es en las noches cuando el olor se siente más fuerte. El humo puede hacerse más denso, pero la diferencia sigue siendo difícil de ver. Nidia Aguirre, habitante de la vereda y miembro de la Junta de Acción Comunal, cuenta que en las noches se ve más nublado, pero la “niebla” es el humo de las ladrilleras. Además, advierte que la humareda no proviene solo de ellas, sino también de las volquetas que transportan los ladrillos.
Pese a todo, para ella es importante expresar que la comunidad no está en contra de las ladrilleras, pues la mayoría de habitantes trabajan en ellas: “Cerrar o limitar dichas empresas ladrilleras afecta la economía familiar y provoca el aumento de pobreza o la migración hacia otros sectores”, afirma. En la realidad de un ciudadano común de Los Gómez, un dato, un índice de calidad del aire, una estación de monitoreo, no quita o pone más pan de la boca.
La mayoría de las ladrilleras figuran como pequeñas empresas con nombres de personas naturales, sin embargo, hacen negocio con grandes consorcios, como las canteras. Hoy, después de haber sido el motor económico del Valle de Aburrá desde inicios del siglo pasado, en la vereda Los Gómez se han visto obligadas a cerrar y vender sus lotes para proyectos inmobiliarios. Esto resulta más rentable que invertir en maquinarias costosas. El problema se agrava cuando los nuevos inquilinos de estos proyectos llegan con la promesa de un cierre inminente de las fábricas, pero deben barrer cada mañana la fina capa de polvo que dejan las chimeneas en el piso de sus apartamentos.
Hace años se empezó a implementar un plan de tecnificación de las ladrilleras, además de controles más estrictos. Actualmente, hay 9 ladrilleras en la vereda, y hay edificios construidos o en construcción en terrenos en los que antes se moldeaba y quemaba el ladrillo. Para una lectura de ciudad tan reducida como la de la alcaldía municipal, que ni siquiera ha divulgado el Plan de Ordenamiento Territorial con los ciudadanos, la compensación ambiental que pudo exigirse para estos lugares no parece ser significativa frente a la idea de construir más y más edificios de altos pisos.
Frente a esto, Juan Miguel Duran Vélez de la cooperativa de arquitectura Coonvite, señala que un material como el ladrillo tiene que entenderse desde la relación cultural que tiene en la sociedad colombiana. Desde la experiencia que tienen en la cooperativa, la mampostería resuena con su forma de trabajar porque hace parte de los sabes constructivos populares y les permite establecer conversaciones creativas para generar otras formas de uso o reúso del material. Sin embargo, Juan Miguel también apunta que hoy se debe cuestionar qué tan sostenible es la industria y qué tan saludable es para los contextos inmediatos a las ladrilleras:
“El gran problema no es moral, es ético, y tiene que ver con las formas de planeación de la ciudad bajo una mirada antipática, indiferente y autoritaria. Hoy el paradigma cambió y la planeación busca ser parte de la cotidianidad, abrir los datos y hacer lúdicamente la socialización de los problemas para co-crear soluciones entre institucionalidad, comunidad y empresariado o industria” dice él.
Tanto Edwin como Nidia esperan que con los debates vigentes sobre calidad del aire en el Valle de Aburrá, y la transición del Plan de Ordenamiento Territorial que actualiza la vereda a zona urbana, sea mayor la responsabilidad institucional sobre el asunto y puedan hacerse acuerdos justos para la salud y el bienestar de la comunidad; pero, ¿qué pasa mientras eso pasa?
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Ni la autoridad ambiental Corantioquia ni el Área Metropolitana han tomado decisiones respecto al problema de las ladrilleras. Ambas entidades han intentado evadir su responsabilidad, escondiéndose en peleas absurdas sobre quién es el verdadero responsable, dependiendo del carácter rural o urbano de la zona. De esa discusión vacía lo único que ha surgido es una cómoda narrativa de desarrollo tecnológico y gestión ambiental que no trasciende a acciones concretas.
Laura Romero, salubrista y cofundadora de la corporación Las Marías al Aire, señala que la narrativa institucional que hay alrededor del tema es de gestión ambiental netamente. Una que no trasciende ni a la acción ni a focalizar los esfuerzos para prevenir. Según ella, el Área Metropolitana en conjunto con la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia tiene muchos datos sobre la contaminación del aire en el Valle: saben cuáles son las enfermedades, en qué época del año se presentan los picos, quiénes están en riesgo, pero esa información no se hace pública, lo cual sería muy útil para que haya una presión real y las ladrilleras regulen sus emisiones.
El hecho de que haya una normalización de los síntomas y las enfermedades, sumado al poco o nulo acceso a la información de la problemática, hace mucho más difícil que las personas empiecen a tomarse más en serio la realidad contaminante y puedan incidir en ella. En el caso de las mediciones de calidad del aire de la vereda Los Gómez, la estación de monitoreo del aire del Valle de Aburrá se encuentra en la parte baja, mientras que en la parte alta donde están la mayoría de las ladrilleras, hay una estación de monitoreo de Corantioquia, cuyos datos no son públicos.
“Es un asunto que requiere incidencia política y cambios a niveles estructurales, porque este aire lo estamos respirando todos”, señala Laura. Ella también explica que hay un vacío técnico en la gestión ambiental, pues está desarticulada con la salud pública, por lo que los diferentes actores involucrados en estos conflictos socioambientales no convergen y se desconocen las necesidades y capacidades las partes. Además, Laura también afirma que los episodios de contaminación no trascienden más allá de un decreto administrativo, que nisiquiera se sabe donde se publica: “Pareciera que no hay una voluntad de trascender más allá de que se está haciendo gestión ambiental y de que hay estaciones de monitoreo”, dice la integrante de Las Marías al Aire
Susana Vargas, también salubrista y cofundadora de la corporación, recalca igualmente que el tema no puede reducirse meramente a un dato o una plataforma de monitoreo, cuando la ciudadanía no se enferma porque respire un día aire contaminado, sino por la exposición constante y acumulada. Aunque no haya datos específicos de emisiones y contaminación por ladrilleras, y en los sistemas de salud sea todavía muy complejo asociar las muertes y las enfermedades con la mala calidad del aire, en su trabajo sí han encontrado barreras para poder acceder, divulgar o preguntar por información que ya existe, que según ella tambien tienen que ver con la producción economica del sistema y la desviación de la información a otros lugares:
“Hemos identificado que las personas que están allí, las personas que más se exponen, que no viven en las zonas que tienen mayor protección del ambiente, son las personas de las clases populares. Entonces, es un asunto que va más allá de decir que tenemos estructura tecnológica, porque esa estructura tecnológica no está al servicio de la comunidad para disminuir las exposiciones ambientales. Pero como el problema está conectado directamente con el sistema de producción, entonces aparecen un montón de justificaciones. Sí se han hecho inversiones, pero cuando hablamos de que hay que preservar la vida, nos encontramos con que hay que dar más argumentos. ¿Qué más argumentos tengo que darte para que por lo menos se haga una acción que proteja la vida en un episodio?”, expone Susana.
Muchas de las personas que viven en la vereda Los Gómez saben que allá hay una mala calidad del aire por lo perceptible que es; otra cosa es que desconozcan los riesgos a la exposición a largo plazo. Hace dos años, en medio de una investigación, A Nidia le dieron un monitor personal de calidad del aire, y aunque ella ya era consciente de la situación, ver los resultados del monitor la sorprendió.
Las medidas inmediatas que pueden incidir en el control de la calidad del aire propuestas por Las Marías, parten de que las entidades integren en sus acciones a las poblaciones vulnerables, y que implementen lo que ya está escrito en propuestas como el Plan Operacional para enfrentar episodios críticos de contaminación atmosférica (POECA) y el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire (PIGECA).
También proponen trascender la concepción de la planificación territorial basada en la infraestructura: pasar de preguntarse a cuántas cuadras de distancia deben estar las fuentes de contaminación para cumplir con las normas de exposición ambiental, a considerar que una ciudad no son las calles y los ladrillos, sino las personas que la habitan. “Nosotros también somos naturaleza, ¿cómo es que volvemos a reconectarnos para que la planeación del territorio y el desarrollo sea sostenible y saludable dentro de lo que realmente significa la sostenibilidad y la salud de este planeta?”, plantea Kamila Giraldo, directora general de la Corporación.
Las tres voceras de la corporación proponen además acciones que empoderen a las personas para que reconozcan, no sólo los riesgos de un presente en caos, sino también sus propias posibilidades de incidencia como ciudadanas. Empoderar, no únicamente desde la divulgación de la información, sino también desde la proposición de narrativas más esperanzadoras y ancladas a la vida. Vincular la información que existe en la experiencia real y cotidiana de las personas, y lograr que emerjan las denuncias y también las acciones. Así, el conocimiento propio de su entorno puede democratizar las responsabilidades sobre la crisis climática, ambiental y social.
En este momento de la historia, insisten Las Marías, hay que tener una intención y una postura ante los conflictos, más allá de enjuiciarlos. La de ellas, explica Susana, es transformarlos: “Hay que seguir construyendo la postura y la narrativa que nos va a permitir que esto cambie en algún momento. Aun en un panorama que es horrible, hacemos el llamado a que haya una esperanza. Que esto nunca se va a arreglar, no lo sabemos. Hay unas narrativas muy dominantes de que las cosas son así, pero es que no pueden seguir siendo. Los que nos estamos muriendo somos nosotros. Como decía Héctor Abad Gómez: tiene que ser posible”.
